Rita Linda Duran Capistran
Expediente 1651/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1651/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rita Linda Duran Capistran
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán; treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de citada Ley de Amparo, contra el acuerdo mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida RITA LIDIA DURAN CAPISTRAN, contra el acto que reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social en su Área de Coordinación de Evaluación de Salud en el Trabajo; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con su admisión, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo y se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia. El precepto citado en primer término, es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXXVI/99, visible en la página 373, Tomo IX, junio de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, interpretó el artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, similar al artículo 61 actual, en los siguientes términos:IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno a las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción. De acuerdo con este criterio, la improcedencia del juicio de amparo con base en el artículo en comento sólo puede derivar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. En ese sentido, la interpretación, a contrario sensu, de los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia, evidencian que el presente juicio de amparo es improcedente en razón de lo siguiente: En primer término, es necesaria la remisión al texto de estas últimas normas, las cuales establecen: Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Según la primera disposición en cita, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el segundo artículo define, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad, estableciéndose por ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conforme a lo anterior, se debe verificar si en el caso concreto el acto reclamado constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Cobra aplicación al caso la tesis I.13o.A.29 K, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1620, febrero de dos mil cinco, Tomo XXI, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, , del siguiente rubro y texto son del siguiente tenor: ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha delimitado el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, como puede observarse en el contenido de la tesis P. XXVII/97, consultable en la página 118, tomo V, febrero 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Atendiendo a las consideraciones contenidas en el criterio invocado, quien resuelve, concluye que una autoridad para efectos del juicio de amparo es, la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella; todo lo cual, válidamente permite a la vez estimar que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: 1. Que su emitente tenga características de órgano público; 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, 3. Que sea emitido unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. En ese orden de ideas, también se concluye con todo sustento que el concepto de autoridad para efectos del amparo, excluye los actos de particulares, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente. Ahora, conviene atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Establecido lo anterior, como se precisó, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es la resolución de nueve de julio del año en curso, y confirmada el veintitrés de agosto del año que transcurre, en la cual la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social en su área de Coordinación de Evaluación de Salud en el Trabajo, negó un seguro de invalidez total a favor de la quejosa, y que por ende, puede acceder a su trabajo. Por tanto, el acto reclamado no puede catalogarse como una relación de autoridad-gobernado, para que se traduzca en un acto de autoridad. En efecto, el acto reclamado carece de las notas que definen todo acto de autoridad como son la imperatividad, coercitividad y unilateralidad; sin que dicho acto se desdoble en efectos que de alguna manera o en alguna medida modifiquen, restrinjan o alteren los derechos de los gobernados. De ahí que el hecho de que a dicha autoridad señala como responsable, se le reclama la resolución en la cual la autoridad responsable, negó el seguro de invalidez total solicitado a la parte quejosa, es claro que el acto impugnado no participa de las características de un acto de autoridad, sino que se trata de una controversia entre un asegurado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre la prestación que la ley otorga, por lo que deberá tramitarse dicha controversia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo establece el ordinal 295 de la Ley del Seguro Social, en cual dice: Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa." De lo anterior se advierte que, el acto reclamado lo emite el Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador, en una relación de coordinación, por lo que no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio del amparo indirecto, toda vez que no se encuentra investido de facultades de imperio, ya que la relación con sus asegurados se establece bajo un plano de igualdad por tratarse de prestaciones de seguridad social, tan es así, que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, establece que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto, podrán ventilarse ante los Tribunales Federales en materia laboral (sin necesidad de agotar previamente el recurso de inconformidad); esto evidentemente porque la relación jurídica que une al Instituto Mexicano del Seguro Social con los asegurados y sus beneficiarios no es en su carácter de autoridad, de lo contrario conocerían sus controversias el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (como sí sucede cuando frente a los patrones actúa como Organismo Fiscal Autónomo), en conclusión, cuando actúa frente a los asegurados y sus beneficiarios no lo hace con su potestad de autoridad, sino en un plano de coordinación. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 134/2011, con registro 160995 de la Novena Época, instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV de septiembre de 2011, materia común, página 1511 que establece: SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. En efecto, de la Jurisprudencia anterior, en lo que aquí interesa, deriva que la Sala consideró que en el caso de la resolución del recurso de inconformidad, resuelto por Consejo Consultivo del Instituto mexicano del Seguro Social, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. Así también, ilustra lo anterior la tesis aislada IX.1o.9 A, con registro 195647 de la Novena Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Agosto de 1998, materia administrativa, página 840 que reza: CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIONAL DEL IMSS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL, EN LA INCONFORMIDAD REFERENTE A LA NEGATIVA DE RECONOCIMIENTO DE INVALIDEZ. Los artículos 275 de la anterior Ley del Seguro Social, y el 295 de la vigente, dicen expresamente que las controversias entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus asegurados y familiares, "podrán" tramitarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y una apreciación literal y aislada de su texto, conllevaría a concluir que es optativo el acudir ante esa autoridad laboral; sin embargo, la conclusión es contraria, una vez analizada esta cuestión, a la luz de las diversas disposiciones que norman la procedencia del juicio de amparo, como los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 73, fracción XV, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, disposiciones de las que se desprenden dos cuestiones fundamentales en el caso: 1) que el acto reclamado debe provenir de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, y 2) que dicho acto debe ser definitivo. Ahora bien, es importante destacar que el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social no ha resuelto la inconformidad propuesta por la quejosa, como autoridad, para los efectos del juicio de amparo, sólo se trata de una controversia entre particulares, y como tal, debe ser sometida aún a la autoridad competente. Así es, bajo el contexto anotado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es un organismo público descentralizado encargado de garantizar el derecho a la salud, proteger los medios de subsistencia y servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, entre otros; por lo que para determinar la naturaleza de sus relaciones con los particulares habrá que identificar en ejercicio de qué tipo de funciones lo está haciendo, así, resulta inconcuso que cuando actúa como organismo fiscal autónomo, tiene el carácter de autoridad, y cuando actúa como ente asegurador, al ubicarse en un plano de coordinación frente a los asegurados y sus beneficiarios, carece del carácter de autoridad, tal y como se relató en párrafos precedentes, por lo que en el presente juicio, el acto está íntimamente ligado con las funciones que ejerce como ente asegurador, que se caracteriza porque los sujetos relacionados deben acudir a los tribunales ordinarios para dirimir sus controversias. En tales términos, por no estar en presencia de actos atribuibles a una autoridad para efectos de la materia, es de concluirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, por lo que se desecha el presente juicio de amparo. No se soslaya que la quejosa en su demanda solicitó la suspensión de plano, aduciendo que requiere de dicha medida cautelar para preservar su salud en virtud de su padecimiento, al manifestar: Que se me restituya de manera inmediata mis derechos de acceso a pensión y atención médica, ya que mis quimioterapias vencen este diecisiete de septiembre y dicho instituto ya me dijo abiertamente que no voy a tener acceso a la atención médica en mérito de la resolución y como mi situación me impide trabajar, necesario la atención médica y las prestaciones de pensión por invalidez definitiva, esto ya que mi situación empeoró a base de las negligencias de la ahora responsable, tal virtud (sic) pido me sea OTORGADA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Sin embargo, el acto reclamado que hizo consistir, como se dijo, en la resolución negativa a otorgar el seguro de invalidez total a su favor, no se encuentra entre los supuestos que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo en los que proceda otorgar dicha suspensión de plano, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, no debe pasarse por alto que dada la naturaleza de la resolución reclamada, conforme a los numerales 119 y 126 de la Ley del Seguro Social, la negativa del seguro de invalidez definitivo solicitado, no tiene por efecto privarle de la atención médica que refiere, en su capítulo de suspensión. De ahí que no obstante sus manifestaciones, no haya lugar a conceder dicha medida cautelar. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; y como sus autorizados pero con las limitaciones que establece la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a las personas mencionadas en su demanda de amparo. Asimismo, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa las notificaciones que sean de carácter personal que sean necesarias durante la contingencia sanitaria, mediante correo electrónico y teléfono proporcionado en la demanda de amparo, por la parte promovente, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia parte promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía, quedando a salvo el derecho de la parte quejosa para señalar uno diverso si conviene a sus intereses. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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