Rita Maria Antonia Ferrari Marchioni
Expediente 103/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 14/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rita Maria Antonia Ferrari Marchioni
- RITA MARIA ANTONIA FERRARI MARCHIONI y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes, generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia, determinación que causó estado en esta fecha; por tanto, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se negó la medida cautelar; glósese el cuaderno original del referido incidente, con la indicación de que también es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente expediente, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo de cuenta. De conformidad con lo establecido en artículos 119 y 123 de la referida ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su informe de cuenta. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa Rita María Antonia Ferrari Marchioni, reclama de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la omisión de acordar el escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 16757/2017/11. Precisado lo anterior, en el caso, el suscrito considera que respecto de la aludida omisión reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, como se señaló con antelación, la impetrante del amparo reclama la omisión por parte de la Junta responsable de acordar su escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 16757/2017/11. Por su parte, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en su informe justificado de cuenta, manifiesta que no es cierto el acto reclamado, pues el once de febrero de dos mil diecinueve, se emitió la determinación respectiva en el expediente laboral de origen, tal como se desprende de la documental que acompaña a su aludido informe de ley, consistente en copia certificada del acuerdo de la citada data, de la que se advierte que se atendió el escrito recibido en la referida Junta el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, signado por la aquí quejosa Rita María Antonia Ferrari Marchioni, y se acordó favorable la petición de copias certificadas solicitadas. En este orden de ideas, se aprecia que la omisión reclamada en esta instancia constitucional fue subsanada, tal como se acredita con la documental a la que se ha hecho referencia con antelación, lo que origina que han cesado los efectos de la misma, porque con la emisión del acuerdo respectivo, se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la aquí quejosa en el goce de sus derechos fundamentales y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que dicha omisión ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por la omisión de autoridad. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del uno de marzo de dos mil diecinueve, en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo de cuenta. De conformidad con lo establecido en artículos 119 y 123 de la referida ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su informe de cuenta. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa Rita María Antonia Ferrari Marchioni, reclama de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la omisión de acordar el escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 16757/2017/11. Precisado lo anterior, en el caso, el suscrito considera que respecto de la aludida omisión reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, como se señaló con antelación, la impetrante del amparo reclama la omisión por parte de la Junta responsable de acordar su escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 16757/2017/11. Por su parte, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en su informe justificado de cuenta, manifiesta que no es cierto el acto reclamado, pues el once de febrero de dos mil diecinueve, se emitió la determinación respectiva en el expediente laboral de origen, tal como se desprende de la documental que acompaña a su aludido informe de ley, consistente en copia certificada del acuerdo de la citada data, de la que se advierte que se atendió el escrito recibido en la referida Junta el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, signado por la aquí quejosa Rita María Antonia Ferrari Marchioni, y se acordó favorable la petición de copias certificadas solicitadas. En este orden de ideas, se aprecia que la omisión reclamada en esta instancia constitucional fue subsanada, tal como se acredita con la documental a la que se ha hecho referencia con antelación, lo que origina que han cesado los efectos de la misma, porque con la emisión del acuerdo respectivo, se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la aquí quejosa en el goce de sus derechos fundamentales y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que dicha omisión ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por la omisión de autoridad. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del uno de marzo de dos mil diecinueve, en autos del presente juicio de amparo.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por la quejosa Rita María Antonia Ferrari Marchioni, mediante el cual manifiesta que ratifica el desistimiento en el presente juicio de amparo, en atención a lo anterior, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días que se le concede, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, ratifique ante la presencia judicial el contenido del escrito de cuenta, esto es, deberá presentarse personalmente en las instalaciones de este órgano jurisdiccional para tal efecto, o hacerlo ante el Actuario Judicial de la adscripción al momento de la notificación, apercibida que de no hacerlo se continuará con el procedimiento del presente juicio. En ese tenor, se faculta al Actuario de la adscripción para que al momento de notificar este proveído recabe dicha ratificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, del Tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio.". Notifíquese y, personalmente a la parte quejosa.
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