Rita María Antonia Ferrari Marchioni
Expediente 125/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rita María Antonia Ferrari Marchioni
- Rita Maria Antonia Ferrari Marchioni, Albacea de los Bienes de Quien En Vida Llevara el Nombre de Santiago Alfredo Salas de Leon
Actuaciones
- Principal
Razón: En trece de marzo de dos mil diecinueve, el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste.San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el ocurso de cuenta suscrito por la quejosa Rita María Antonia Ferrari Marchioni, por derecho propio, y ostentándose albacea de los bienes de quien en vida respondía al nombre de Santiago Alfredo Salas de León; en consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Ahora bien, en la demanda de amparo y sus escritos aclaratorios la promovente señala como actos reclamados en el presente asunto los acuerdos de catorce y veintidós de enero del año en curso, los cuales no se atacan por vicios propios, sino que la promovente hace depender su inconstitucionalidad de lo siguiente: Que la autoridad responsable no le reconoce el carácter de cónyuge supérstite (aun cuando se lo volvió a pedir al juez responsable a través del escrito por el cual interpuso recurso de apelación extraordinaria en contra del proveído de catorce de enero de dos mil diecinueve), y en tal virtud, al estar ordenando que la persona moral Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, admita como socia a Luz Elena Banda Enríquez, y se liquiden a favor de esta última las acciones de las cuales era titular Santiago Alfredo Salas de León, se está afectando el 50% (cincuenta por ciento) de tales acciones, las cuales refiere son de su propiedad porque fueron adquiridas por el de cujus previo a su fallecimiento. Además, la quejosa aduce que el actuar de la autoridad responsable violenta en su perjuicio los derechos humanos establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que al negársele personalidad en el controvertido 802/2017, se le negó la igualdad y el derecho de ser oído públicamente con justicia por un tribunal independiente e imparcial, además que se adjudicó la totalidad de un inmueble sin excluir la parte de los derechos no renunciados por la cónyuge. Y al efecto cita la tesis XXI.3o.16 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Noviembre de 2004, página 2036, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. TIENE ESE CARÁCTER LA CÓNYUGE SUPÉRSTITE PARA INSTAR EL JUICIO DE AMPARO BIINSTANCIAL, SIN QUE ESTÉ OBLIGADA A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO HUBIERE REPUDIADO LA HERENCIA RESPECTO DE UN BIEN INMUEBLE SUJETO AL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, SI CON POSTERIORIDAD AL REPUDIO SE HUBIERE ADJUDICADO EN SU TOTALIDAD A LOS COHEREDEROS. Si durante el desarrollo del juicio intestamentario, y previo a la etapa relativa a la declaración de herederos, la cónyuge supérstite repudia la herencia y derechos que correspondían al de cujus respecto del único bien inmueble afecto a la masa hereditaria, tal proceder no implica renuncia alguna a los derechos que de origen sigue conservando la cónyuge sobre el cincuenta por ciento del mencionado bien, cuando se encuentre sujeto al régimen de sociedad conyugal, dado que el juicio sucesorio únicamente se constriñe a la adjudicación de los bienes y derechos de que disponía el de cujus, de manera que con el aludido repudio se deja de ser parte formal en el procedimiento intestamentario, porque los derechos que la vinculaban con la parte proporcional del bien hereditario con ello se han extinguido, sin embargo, jurídicamente sigue conservando íntegro su derecho respecto del otro cincuenta por ciento del bien que no es materia de la sucesión intestamentaria. De manera que si con posterioridad se adjudica la totalidad del inmueble a los coherederos, sin excluir la parte de los derechos no renunciados por la cónyuge, incuestionablemente que ello se traduce en un acto violatorio de sus garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que los reseñados derechos son la esencia de su interés jurídico que la legitima para instar el juicio de amparo biinstancial, sin que se encuentre obligada a agotar el principio de definitividad, debido a que por la renuncia y repudio de los derechos hereditarios dejó de ser parte en el juicio sucesorio, y entonces le resulta el carácter de tercero extraño por equiparación, con legitimación para ejercitar el juicio constitucional, según lo establece la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo". De lo anterior se aprecia que lo reclamado en la presente instancia constitucional es que en el Juzgado Quinto Familiar en esta ciudad, se tramita el juicio testamentario 802/2017, respecto del cual es tercera extraña y se le están afectando sus bienes [el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones que le corresponden de la sociedad Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y un inmueble]. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado en el presente asunto el laudo que refiere después de las transcripciones realizadas de los artículos Décimo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Catorceavo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que la promovente en la demanda de amparo, así como en los escritos aclaratorios, señaló expresamente que el acto reclamado lo son únicamente los precisados en párrafos que preceden. Expuesto lo anterior, el suscrito considera que respecto los actos reclamados por Rita María Antonia Ferrari Marchioni, por derecho propio, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". De la lectura del artículo transcrito se advierte que la acción constitucional es improcedente cuando el mismo quejoso reclama a idénticas autoridades, iguales actos, con anterioridad en diverso juicio de amparo, el cual ha sido resuelto por resolución firme, aunque alegue violaciones constituciones diferentes. La razón es evitar que se tramiten tantos juicios como lo considere necesario el quejoso, contra el mismo acto reclamado, pues esto podría dar lugar a sentencias contradictorias. Además, esta causa de improcedencia tiene sustento en que en el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada formal, la cual acaece cuando el juzgador no entró al fondo del asunto y durante una de las fases del procedimiento dicta resolución que adquiere el carácter de definitiva, por no ser recurrible o porque siéndolo no se impugnó, esa resolución adquiere el carácter de irrecurrible; dicha institución jurídica dota a las partes en litigio de seguridad y certeza legal. Ilustra lo anterior la tesis XVII.2o.C.T.13 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Julio de 2004, página 1705, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA FORMAL. ADQUIERE EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA MATERIAL CUANDO SE EMITE RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO QUE LA HACE INDISCUTIBLE. La doctrina moderna distingue dos especies de cosa juzgada, la formal y la material. La primera está encaminada a operar exclusivamente en el proceso, pues consiste en la irrecurribilidad de la sentencia en su certeza jurídica, en virtud de que con la realización de ciertos actos o con el transcurso de los plazos, se extingue el derecho que pudiera haberse ejercido para realizar determinados actos procesales. En cambio, la material, además de tener como base esa irrecurribilidad de la sentencia dentro del proceso, su firmeza o inmutabilidad debe ser respetada fuera del proceso, o en cualquier otro procedimiento en que se pretenda promover exactamente el mismo litigio. Luego, la primera es el presupuesto de la segunda y el significado de ambas puede condensarse así: cosa juzgada formal, igual a irrecurribilidad; cosa juzgada material, igual a indiscutibilidad. Ahora bien, si el juzgador no entró al fondo del asunto y durante una de las fases del procedimiento dicta resolución que adquiere el carácter de definitiva, por no ser recurrible o porque siéndolo no se impugnó, esa resolución adquiere el carácter de irrecurrible, de manera que en atención a la cosa juzgada formal no podrá ejercitarse esa misma acción en la vía que se declaró improcedente cuando se funde en el mismo documento". La citada institución procesal encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal cumplimiento íntegro se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico, como resultado de que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia, pues dentro de aquélla se encuentra no solo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice el cumplimiento de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 85/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 589, que dispone: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Para que se determine la inatacabilidad de los actos reclamados, debe atenderse a que las razones o circunstancias que hayan actualizado el desechamiento o sobreseimiento del asunto, hagan imposible instar la acción de amparo en modo absoluto. Tal es el caso de los actos consumados de manera irreparable, o los que cesaron sus efectos, o fueron consentidos, o los que no afectan los intereses jurídicos del promovente del amparo, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro 1002280 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Séptima Época, Materia Común, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Primera Parte, página 232, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Es aplicable al caso la anterior tesis, porque el contenido del artículo 73, fracción IV de la Ley de Amparo abrogada que en ella se analiza es semejante al numeral 61, fracción XI, de la ley de la materia vigente. Ahora bien, para evidenciar por qué se considera que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia mencionada, resulta conveniente estudiar el juicio de amparo 285/2018-III, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. De lo que conviene destacar, los siguientes antecedentes: I. Mediante escrito de demanda recibido el dieciséis de marzo del año que transcurre en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, remitido el mismo día a este órgano jurisdiccional, la quejosa Rita María Antonia Ferrari Marchioni promovió juicio de amparo en contra del Juez Quinto del Ramo Familiar de esta ciudad, en el cual, previa aclaración de demanda, señaló como acto reclamado el acuerdo notificado por medio de lista el treinta de enero de dos mil dieciocho, a través del cual dicho Juez negó reconocerle legitimación para acudir a la sucesión dentro de los autos del juicio testamentario 802/2017, a bienes de Santiago Alfredo Salas de León, en su carácter de cónyuge supérstite. I.1 Cabe precisar que del diverso juicio de amparo 882/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido también por la aquí quejosa, se advierte que mediante proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se hizo una relación de las constancias que integran dicho procedimiento sucesorio 802/2017, de los que desprende que Noel Aguilar Víquez y Luz Elena Banda Enríquez, el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, promovieron juicio sucesorio testamentario a bienes de Santiago Alfredo Salas de León, correspondiendo conocer al Juzgado Quinto Familiar en esta ciudad, quien lo admitió mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. I.2 Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, Luz Elena Banda Enríquez solicitó se abriera la segunda sección del aludido juicio, asimismo formuló el inventario y avalúo de los bienes que formaban parte del acervo hereditario, el que se encontraba integrado, entre otras cosas, por: ".III.- Efectos de comercio o de industria: Sí hay. 1.- Veinte acciones adquiridas en Agropremium Invernaderos en la Zona Media S.C. de R.L. de C.V. A. Las primeras diez establecidas con Certificado de Aportación del número 051-060 por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una, mismas que se acreditan con un Certificado de Aportación con numero 027 por una cantidad total de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), establecidas en la Ciudad Fernández, San Luis Potosí. (Anexo uno y dos). b. Las otras diez establecidas con un certificado de Aportación con Numero 061-070 por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una, mismas que se verifican con un Certificado de Aportación con numero 028 por una cantidad total de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), establecidas en la Ciudad Fernández, San Luis Potosí. (Anexo tres y cuatro). Así, tomando en consideración las acciones descritas, estimo conveniente asignarle un valor total de $1'000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.) 2.- Tres inversiones de operaciones de fondos tanto de compra o venta dentro del mercado Internacional con la Firma Estadounidense IFX Markets Inc. Representada por la Empresa Buffet de Asesoría Integral González Duarte S.C, con domicilio en Calzada de San Pedro número 250, interior 314, colonia Miravalle, establecida en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. A. La primera con un Fondo de Inversión en la Subcuenta número 11805-1013, por la cantidad de US $72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL DOLARES AMERICANOS) generando una utilidad anual neta del 18%. (Anexo cinco) B. La segunda con un Fondo de Inversión en la Subcuenta número 11805-1013, por la cantidad de US $35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL DOLARES AMERICANOS) generando una utilidad anual neta del 18%. (Anexo seis) C. Tercera con un Fondo de Inversión en la Subcuenta número 11805-1023, por la cantidad de US $40,000.00 (CUARENTA MIL DOLARES AMERICANOS) generando una utilidad anual neta del 18%. (Anexo siete) Así, tomando en consideración las acciones descritas, estimo conveniente asignarle un valor de $147,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOLARES AMERICANOS.)". I.3 Seguido el trámite del aludido procedimiento sucesorio, a través de la misiva presentada el quince de enero de dos mil dieciocho en la oficina de correspondencia del Juzgado Quinto Familiar en esta ciudad, la aquí quejosa solicitó se le diera intervención ostentándose cónyuge supérstite. A dicha solicitud recayó el acuerdo de veintinueve de enero del año en curso, notificado por medio de lista el treinta siguiente, en el que se determinó que era improcedente otorgar la personalidad que solicitaba, en su calidad de cónyuge supérstite, toda vez que no se encontraba legitimada para acudir a dicho juicio, en razón de que del contenido del testamento otorgado por el de cujus, no se le había nombrado heredera de los bienes de Santiago Alfredo Sala de León. Lo anterior se patentiza con las siguientes transcripciones: Escrito presentado el quince de enero de dos mil dieciocho: ".La que suscribe C. RITA MARIA ANTONIA FERRARI MARCHIONI mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho, señalando para oír y recibir toda clase de notificaciones, citas y avisos en la calle de JIMENEZ #315 ZONA CENTRO en esta Ciudad y designando como mis apoderadas Jurídicas a las P.D. FABIOLA CEJUDO OROZCO con número de carta de pasantía 80039, y a la P.D. ROCIO DE GUADALUPE TREVIÑO GALINDO para que en conjunto o indistintamente conforme a lo dispuesto en los numerales 107 y 118 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, se impongan de autos y me representen, con el debido respeto paso a exponer lo siguiente: Por mi propio derecho y con fundamento en los artículos 40 fracción I, 41, 44, 45, 52 y 53 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí. 11 y 1159 del Código Civil del Estado de San Luis Potosí, y en los artículos 44, 46, 91, 92, 285, 323, 354, 376, 482, 483, 484, 619, 622 y 632 fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de San Luis Potosí, solicito a Usted Juez Quinto de lo familiar se me otorgue personalidad en el juicio testamentario bajo el número de expediente 802/17 que se encuentra en este Juzgado Quinto Familiar, a cargo de los bienes de mi difunto esposo el señor SANTIAGO ALFREDO SALAS DE LEON, personalidad que acredito con el acta de matrimonio que contraje con el finado SANTIAGO ALFREDO SALAS DE LEON en la cual se aprecia que nos casamos por sociedad conyugal, misma que anexo al presente ocurso...". Acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho: "San Luis Potosí, S.L.P., a 29 veintinueve de enero de 2018, dos mil dieciocho. Se agrega al sumario el escrito que digna RITA MARÍA ANTONIA FERRARI MARCHIONI, junto con 2 dos anexos y 1 un juego de copias de traslado, recibido el 15 quince del mes y año actuales.- Visto el contenido del de cuenta, se dice a la compareciente que es improcedente otorgar la personalidad que solicita en su calidad de cónyuge supérstite que dice tener, toda vez que no se encuentra legitimada para acudir al presente juicio sucesorio testamentario, lo anterior, en razón de que del contenido del testamento otorgado por el de cujus, en ningún momento se desprende que haya sido instituida como heredera de los bienes de SANTIAGO ALFREDO SALAS DE LEON, por tanto, se insiste no ha lugar a proveer de conformidad con su petición.- Notifíquese por lista.". I.4 Luego, mediante resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, se adjudicaron los bienes del de cujus Santiago Alfredo Sala de León, a favor de Luz Elena Banda Enríquez, entre los que estaban diversas acciones, así como los depósitos contenidos en el Fondo de Inversión en la Subcuenta 11805-1013, y que fueron previamente inventariados, desde el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, esto es -incluso- antes de que la quejosa solicitara al juez responsable que le diera intervención en el consabido juicio testamentario. La referida adjudicación se patentiza con la siguiente reproducción: ".PRIMERO.- Se adjudican los bienes del de cujus SANTIAGO ALFREDO SALAS DE LEÓN a favor de LUZ ELENA BANDA ENRÍQUEZ, de la siguiente manera: "1.- Veinte acciones adquiridas en Agropremium Invernaderos en la Zona Media S.C. de R.L. de C.V.: A. Las primeras diez establecidas con Certificado de Aportación del número 051-060 por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una, mismas que se acreditan con un Certificado de Aportación con numero 027 por una cantidad total de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), establecidas en la Ciudad Fernández, San Luis Potosí. B. Las otras diez establecidas con un certificado de Aportación con Numero 061-070 por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una, mismas que se verifican con un Certificado de Aportación con numero 028 por una cantidad total de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), establecidas en la Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Así, tomando en consideración las acciones descritas, estimo conveniente asignarle un valor total de $1'000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.) 2.- Tres inversiones de operaciones de fondos tanto de compra o venta dentro del mercado Internacional con la Firma Estadounidense IFX Markets Inc. Representada por la Empresa Buffet de Asesoría Integral González Duarte S.C: A. La primera con un Fondo de Inversión en la Subcuenta número 11805-1013, por la cantidad de US $72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL DOLARES AMERICANOS) generando una utilidad anual neta del 18%. B. La segunda con un Fondo de Inversión en la Subcuenta número 11805-1013, por la cantidad de US $35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL DOLARES AMERICANOS) generando una utilidad anual neta del 18%. C. Tercera con un Fondo de Inversión en la Subcuenta número 11805-1023, por la cantidad de US $40,000.00 (CUARENTA MIL DOLARES AMERICANOS) generando una utilidad anual neta del 18%. Así, tomando en consideración las acciones descritas, estimo conveniente asignarle un valor de $147,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOLARES AMERICANOS.).". II. Retomando los antecedentes del juicio de amparo 285/2018-III, inicialmente indicado (ver antecedente I): Mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional determinó desechar la demanda de amparo, promovida contra el ya citado acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, a través del cual el Juez responsable negó a la aquí quejosa reconocerle legitimación para acudir a la multicitada sucesión 802/2017, tramitada a bienes de Santiago Alfredo Salas de León, en su carácter de cónyuge supérstite. Lo anterior, porque se actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, ya que ésta se presentó fuera del término de quince días que otorga la ley de la materia, lo que originó que tal acto se tuviera como tácitamente consentido. Tal determinación causó estado el dieciséis de abril de dos mil dieciocho. En ese contexto, la confrontación de la demanda que dio origen al citado juicio de amparo 285/2018-III, de este órgano jurisdiccional, frente a la demanda que aquí propone, se observa una identidad en el objeto: En ambos, la parte quejosa parte de la -idéntica- premisa de que al haber estado casada con el autor de la sucesión bajo el régimen de sociedad conyugal, le asiste el carácter de cónyuge supérstite y, sobre esa misma base, ha referido y afirma que le asisten derechos de propiedad sobre los bienes que integran la sucesión de quien en vida respondió al nombre de Santiago Alfredo Salas de León. Proposición a partir de la cual primero intentó combatir el auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, que le negó intervenir en ese procedimiento con el indicado carácter y con el que ahora nuevamente, pero en esta demanda, reclama que en el multicitado juicio testamentario 802/2017, se está afectado el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones que le corresponden de la sociedad Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, así como un bien inmueble. Asimismo, tanto el anterior amparo 285/2018-III, como la demanda materia del presente análisis, están dirigidos a señalar que la promovente tiene la calidad de tercera extraña en estricto sentido por no haber sido llamada al juicio de origen. Y también en uno y otro la causa de pedir ha versado en que lo anterior vulnera su garantía de audiencia previa contenida en el artículo 14 constitucional. Luego, si ese carácter con que la quejosa se ostentó, tanto de cónyuge supérstite como de tercera extraña a la sucesión de mérito, así como la invocación de que por ello le asisten derechos de propiedad sobre los bienes que desde un inicio fueron vinculados a tal sucesión y que ante todo ello se viola en su perjuicio el referido precepto constitucional, ya se reflejaban en la demanda de amparo registrada con el número 285/2018-III, del índice de este Juzgado de Distrito, cuyo desechamiento por consentimiento tácito está firme; entonces es inconcuso que ha operado la cosa juzgada al respecto. Lo que hace inejercitable -nuevamente- la acción constitucional sobre las mismas bases (ya anotadas) y objetos: (i) que se respeten los derechos de propiedad que dijo ostentar y su respectiva garantía de audiencia en el juicio sucesorio; (ii) específicamente sobre bienes que previo a su solicitud de intervención a aquél procedimiento ya habían sido inventariados. Ante lo cual, cabe precisar, no obsta a lo anterior que en la nueva demanda exista o no plena igualdad entre los actos reclamados, pues es claro que la identidad apuntada impide abordar aquel tema. Al respecto incluso se abunda: Ciertamente, si en el amparo 285/2018-III, del índice de este órgano jurisdiccional, se señaló como acto reclamado el acuerdo notificado por medio de lista el treinta de enero de dos mil dieciocho, a través del cual el Juez Quinto Familiar en esta ciudad, negó reconocerle legitimación para acudir a la sucesión dentro de los autos del juicio testamentario 802/2017, en su carácter de cónyuge supérstite, en el cual en la data en que se promovió ya estaban ingresados en la masa hereditaria los bienes de Santiago Alfredo Salas de León, entre los que se encuentran las referidas acciones y depósitos en el fondo de inversión. Y en el presente juicio de amparo se controvierten los acuerdos dictados el catorce y veintidós de enero del año en curso, dictados en el expediente 802/2017, en la parte relativa a las ordenes dirigidas a Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para que admita como socia a Luz Elena Banda Enríquez, y liquide tales acciones en favor de esta última. Lo cierto es que esto último es consecuencia directa de que a través del escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, Luz Elena Banda Enríquez formuló el inventario y avalúo de los bienes que formaban parte del acervo hereditario, integrándolos desde ese momento al controvertido referido, por lo que el hecho de que con posterioridad hayan sido adjudicados a favor de ésta, mediante resolución de catorce de septiembre del presente año, y se esté ordenando por diverso auto (acto respecto del cual se insta la presente demanda) actuar de cierto modo a la persona moral para que hagan socia a la adjudicataria y le sean liquidadas las acciones, no varía el carácter con el que la quejosa se ostenta ni los derechos de propiedad y garantía de audiencia que aducía desde aquel anterior amparo. Asumir una posición contraria implicaría que la quejosa pueda válidamente promover tantos amparos como actos posteriores de las autoridades llegaren a verificarse en el futuro a lo largo del procedimiento sucesorio, siempre alegando aquélla el mismo carácter y bajo idénticas premisas fácticas (ya descritas) en total detrimento no solo de la impartición de justicia de las autoridades de instancia, que además de decidir tienen facultad de ejecutar lo resuelto, sino también con repercusión en la Justicia Federal que emplearía más recursos y material humano en analizar algo ya juzgado (en el caso fue calificado como consentido tácitamente) por esta misma instancia federal; situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. De esta manera, ya no es dable que se ejerza nuevamente la acción de amparo respecto del acto reclamado en la demanda cuenta, pues ello equivaldría a desconocer lo resuelto en el diverso juicio de amparo 285/2018-III de este índice. Resulta aplicable, en lo conducente y por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 20/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 332, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión". Asimismo, apoya lo expuesto las tesis IV.1o.C.23 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, agosto de 2005, página 1801, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EN UNA SEGUNDA DEMANDA LA MISMA QUEJOSA, COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL COMBATE ACTOS QUE SON CONSECUENCIA DE LOS YA RECLAMADOS EN UN PRIMER JUICIO DE GARANTÍAS QUE CONCLUYÓ DETERMINANDO QUE NO TENÍA LA CALIDAD DE PERSONA EXTRAÑA. La fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo relacionada con la diversa III consagra el respeto a la autoridad de la cosa juzgada que envuelve la ejecutoria pronunciada en un primer juicio de garantías, evitando resoluciones contradictorias; así, la identidad a que alude la norma también se refiere al "objeto" del amparo, es decir, a la coincidencia entre la nueva demanda y el amparo previamente concluido, en lo que hace a la clase o naturaleza de violación de garantías que se hiciera valer en ambos. Por ello, se surte aquella improcedencia cuando en una segunda demanda de amparo la misma quejosa, como tercera extraña al juicio natural y con el fin de hacer respetar su garantía de audiencia -no así por vicios propios-, combate actos que son consecuencia de los reclamados en un primer juicio de garantías que concluyera con la decisión de que no le asistía tal calidad de persona extraña, dada la causahabiencia existente con relación al demandado del juicio de origen; pues con independencia de que en la nueva demanda se señalen o no a las mismas autoridades responsables y a la plena igualdad o no entre los actos reclamados, es claro que la identidad entre el "objeto" de lo ahora sostenido y lo previamente resuelto, impide nuevamente abordar aquel tema. Asumir una posición contraria implicaría que dicha persona pueda válidamente promover tantos amparos como actos posteriores de las autoridades que llegaren a verificarse en el futuro, en total detrimento no sólo de la impartición de justicia de las autoridades de instancia, que además de decidir tienen facultad de ejecutar lo resuelto, sino también con repercusión en la Justicia Federal que emplearía más recursos y material humano en analizar algo ya juzgado por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo". Así como la diversa tesis I.3o.C.94 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, agosto de 2017, Tomo IV, página 3176, del tenor siguiente: "TERCERO EXTRAÑO. SU LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SURGE CON EL PRIMER ACTO JUDICIAL QUE AFECTA SU ESFERA JURÍDICA Y NO SE REGENERA CON ACTOS POSTERIORES. Quien se ostenta como tercero extraño al juicio natural puede promover amparo contra el procedimiento judicial que afecta su esfera jurídica, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, una sola vez, y tiene derecho a que se tramite su acción para que se determine la existencia y tutela del derecho que ostenta; en el entendido de que si lo promueve una vez, con ello agota el derecho a promover otro juicio de amparo con esa calidad, y de no demostrar en la audiencia constitucional, que es donde tiene el derecho a ofrecer pruebas y alegar en los plazos señalados en la ley citada, no lo podrá volver a ejercer; esto es, su legitimación como tercero extraño, para promover el juicio de amparo indirecto, surge con el primer acto judicial que afecta su esfera jurídica y no se regenera con actos posteriores". Sobre tales bases resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de dicho ordenamiento, se desecha respecto de Rita María Antonia Ferrari Marchioni, por derecho propio. Por otra parte, respecto de los actos reclamados por Rita María Antonia Ferrari Marchioni, ostentándose albacea de los bienes de quien en vida respondía al nombre de Santiago Alfredo Salas de León, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales instituyen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del contenido de dichos preceptos legales, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término que prevé la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo, es decir, que al haber permitido que transcurriese el plazo señalado por el ordenamiento en cita para impugnar el acto reclamado, se entiende debidamente aceptado el mismo. Lo anterior es así, toda vez que de la parte inicial del numeral 17 del ordenamiento legal referido, se desprende en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, con las salvedades a que alude el ya señalado artículo, en cuyas hipótesis no se encuentra el acto reclamado por la quejosa; asimismo, del segundo de los dispositivos en comento, se desprenden tres supuestos jurídicos para el cómputo del plazo establecido para el ejercicio de la acción constitucional, siendo éstos los siguientes: a. Que el plazo de quince días para promover el amparo, se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso, de la resolución o acuerdo que impugne, conforme a la ley de la materia que rige el acto reclamado; y, b. Que dicho plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, el precepto en consulta hace una clara distinción de los momentos en los que imperativamente debe promoverse el juicio de amparo, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que dichos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Además, debe precisarse que la persona que se ostenta albacea de una sucesión a bienes de una persona, lo que conoció como persona física también lo conoce con el carácter referido, pues es materialmente imposible que lo ignore en alguno de los dos supuestos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia IV.3o. J/30, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Octubre de 1997, página 682´, que dispone: "REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL. Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física". Así como la tesis con registro 321030, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCII, página 1018, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DE (ALBACEAS). No puede admitirse que quien es notificado en lo personal de un acuerdo, lo ignore en cuanto a su personalidad, como albacea de una sucesión, por lo que si tuvo conocimientos de una resolución, debió intentar el recurso ordinario correspondiente, para defender a la sucesión representada, máxime, si no es imputable a la responsable el hecho de que la notificación no se haya hecho a la sucesión, sino al albacea en lo personal". Ahora bien, como se adelantó, en el presente asunto no se reclaman por vicios propios los acuerdos de catorce y veintidós de enero del año en curso, sino que la promovente hace depender su inconstitucionalidad de que la autoridad responsable no le reconoce el carácter de cónyuge supérstite, y en tal virtud al estar ordenando que la persona moral Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, admita como socia a Luz Elena Banda Enríquez, y se liquiden a favor de esta última las acciones de las cuales era titular Santiago Alfredo Salas de León, se está afectando el 50% (cincuenta por ciento) de tales acciones, las cuales refiere son de su propiedad porque fueron adquiridas por el de cujus previo a su fallecimiento. De los antecedentes reseñados en el presente acuerdo, se advierte que el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, Luz Elena Banda Enríquez solicitó dentro de los autos del juicio génesis de los actos reclamados, se abriera la segunda sección del aludido juicio, y formuló el inventario y avalúo de los bienes que formaban parte del acervo hereditario, entre los que se encontraban las acciones adquiridas en Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Luego, el quince de enero de dos mil dieciocho, la aquí quejosa solicitó se le diera intervención ostentándose cónyuge supérstite, a la cual recayó el acuerdo de veintinueve de enero del año en curso, notificado por medio de lista el treinta siguiente, en el que se determinó que era improcedente otorgar la personalidad que solicitaba, en su calidad de cónyuge supérstite. Mediante resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, se adjudicaron los bienes del de cujus Santiago Alfredo Sala de León, a favor de Luz Elena Banda Enríquez, entre los que estaban las acciones referidas. De lo expuesto resulta claro que las acciones adquiridas a Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, se integraron a la masa hereditaria del juicio sucesorio testamentario 802/2017, el veintidós de agosto de dos mil diecisiete. En otro orden, del cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo 882/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, se advierte que la aquí quejosa reclamó del Juez Quinto de lo Familiar en esta ciudad y otras autoridades, la omisión de darle intervención en su carácter de cónyuge supérstite en el juicio sucesorio testamentario 802/2017, entre otros. Por auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se previno a la quejosa para que aclarara su demanda, y además se requirió al aludido Juez Quinto del Ramo Familiar en esta ciudad, para que permita a la promovente en este asunto consultar el expediente 802/2017 de su índice, y se le facilitara la obtención de copias simples en caso de solicitarlas, a efecto de que la impetrante del amparo se encontrara en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento formulado. Luego, el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, Rita María Antonia Ferrari Marchioni desahogó la prevención aludida, informó bajo protesta de decir verdad que el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo a Luz Elena Banda Enríquez, presentando el inventario y avaluó en el juicio sucesorio testamentario 802/2017, y que por auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se emitió un acuerdo en el que se aprobó el inventario y avalúo referido. A tal misiva anexó copia simple del referido inventario, del que se advierte que en el inciso III denominado "Efectos de comercio o de industria", se precisó que existían veinte acciones adquiridas en Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, entre otros bienes muebles e inmuebles. De lo anterior resulta inconcuso que Rita María Antonia Ferrari Marchioni conoció por lo menos desde el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, que en el juicio sucesorio testamentario 802/2017, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Familiar en esta ciudad, formaba parte de la masa hereditaria las veinte acciones adquiridas en Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, así como de los demás bienes. Además, atendiendo a que la promovente del amparo en su último escrito aclaratorio manifestó bajo protesta de decir verdad, que desde el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, comenzó a fungir como albacea de los bienes de quien en vida respondía al nombre de Santiago Alfredo Salas de León, de ahí que, al haber sido posteriores a tal data los hechos reseñados en el párrafo inmediato que precede, es evidente que a partir del diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, tuvo pleno conocimiento en el carácter de albacea referido que en el controvertido aludido se encontraban inmersos diversos bienes que fueron propiedad del de cujus, entre los que se encuentran las acciones adquiridas en Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y respecto de las cuales refiere en la presente instancia que le asiste el 50% (cincuenta por ciento). Por consiguiente, si la aquí quejosa tuvo conocimiento pleno, por derecho propio y con el carácter de albacea con el que se ostenta, que en el juicio sucesorio testamentario 802/2017, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Familiar en esta ciudad, se encontraban integrados a la masa hereditaria diversos bienes de Santiago Alfredo Salas de León, entre los que se encuentran las referidas acciones, desde el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, entonces el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo respecto de tal acto comenzó a computarse el día hábil siguiente, que lo fue el dieciocho de septiembre siguiente. Ante lo cual, dicho término transcurrió del dieciocho de septiembre al ocho de octubre de dos mil dieciocho, sin tomar en consideración los días inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el ocho de febrero del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, según sello fechador que aparece a foja dos de autos; es claro que ya había transcurrido el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia vigente, lo que genera que el acto que reclama sea un acto consentido tácitamente. Consecuentemente, ello hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa a través de este medio constitucional. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En tal virtud, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de que se trata respecto de los actos reclamados por Rita María Antonia Ferrari Marchioni, ostentándose albacea de los bienes de quien en vida respondía al nombre de Santiago Alfredo Salas de León. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el ocurso de cuenta suscrito por la quejosa Rita María Antonia Ferrari Marchioni, por derecho propio, y ostentándose albacea de los bienes de quien en vida respondía al nombre de Santiago Alfredo Salas de León; en consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Ahora bien, en la demanda de amparo y sus escritos aclaratorios la promovente señala como actos reclamados en el presente asunto los acuerdos de catorce y veintidós de enero del año en curso, los cuales no se atacan por vicios propios, sino que la promovente hace depender su inconstitucionalidad de lo siguiente: Que la autoridad responsable no le reconoce el carácter de cónyuge supérstite (aun cuando se lo volvió a pedir al juez responsable a través del escrito por el cual interpuso recurso de apelación extraordinaria en contra del proveído de catorce de enero de dos mil diecinueve), y en tal virtud, al estar ordenando que la persona moral Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, admita como socia a Luz Elena Banda Enríquez, y se liquiden a favor de esta última las acciones de las cuales era titular Santiago Alfredo Salas de León, se está afectando el 50% (cincuenta por ciento) de tales acciones, las cuales refiere son de su propiedad porque fueron adquiridas por el de cujus previo a su fallecimiento. Además, la quejosa aduce que el actuar de la autoridad responsable violenta en su perjuicio los derechos humanos establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que al negársele personalidad en el controvertido 802/2017, se le negó la igualdad y el derecho de ser oído públicamente con justicia por un tribunal independiente e imparcial, además que se adjudicó la totalidad de un inmueble sin excluir la parte de los derechos no renunciados por la cónyuge. Y al efecto cita la tesis XXI.3o.16 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Noviembre de 2004, página 2036, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. TIENE ESE CARÁCTER LA CÓNYUGE SUPÉRSTITE PARA INSTAR EL JUICIO DE AMPARO BIINSTANCIAL, SIN QUE ESTÉ OBLIGADA A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO HUBIERE REPUDIADO LA HERENCIA RESPECTO DE UN BIEN INMUEBLE SUJETO AL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, SI CON POSTERIORIDAD AL REPUDIO SE HUBIERE ADJUDICADO EN SU TOTALIDAD A LOS COHEREDEROS. Si durante el desarrollo del juicio intestamentario, y previo a la etapa relativa a la declaración de herederos, la cónyuge supérstite repudia la herencia y derechos que correspondían al de cujus respecto del único bien inmueble afecto a la masa hereditaria, tal proceder no implica renuncia alguna a los derechos que de origen sigue conservando la cónyuge sobre el cincuenta por ciento del mencionado bien, cuando se encuentre sujeto al régimen de sociedad conyugal, dado que el juicio sucesorio únicamente se constriñe a la adjudicación de los bienes y derechos de que disponía el de cujus, de manera que con el aludido repudio se deja de ser parte formal en el procedimiento intestamentario, porque los derechos que la vinculaban con la parte proporcional del bien hereditario con ello se han extinguido, sin embargo, jurídicamente sigue conservando íntegro su derecho respecto del otro cincuenta por ciento del bien que no es materia de la sucesión intestamentaria. De manera que si con posterioridad se adjudica la totalidad del inmueble a los coherederos, sin excluir la parte de los derechos no renunciados por la cónyuge, incuestionablemente que ello se traduce en un acto violatorio de sus garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que los reseñados derechos son la esencia de su interés jurídico que la legitima para instar el juicio de amparo biinstancial, sin que se encuentre obligada a agotar el principio de definitividad, debido a que por la renuncia y repudio de los derechos hereditarios dejó de ser parte en el juicio sucesorio, y entonces le resulta el carácter de tercero extraño por equiparación, con legitimación para ejercitar el juicio constitucional, según lo establece la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo". De lo anterior se aprecia que lo reclamado en la presente instancia constitucional es que en el Juzgado Quinto Familiar en esta ciudad, se tramita el juicio testamentario 802/2017, respecto del cual es tercera extraña y se le están afectando sus bienes [el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones que le corresponden de la sociedad Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y un inmueble]. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado en el presente asunto el laudo que refiere después de las transcripciones realizadas de los artículos Décimo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Catorceavo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que la promovente en la demanda de amparo, así como en los escritos aclaratorios, señaló expresamente que el acto reclamado lo son únicamente los precisados en párrafos que preceden. Expuesto lo anterior, el suscrito considera que respecto los actos reclamados por Rita María Antonia Ferrari Marchioni, por derecho propio, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". De la lectura del artículo transcrito se advierte que la acción constitucional es improcedente cuando el mismo quejoso reclama a idénticas autoridades, iguales actos, con anterioridad en diverso juicio de amparo, el cual ha sido resuelto por resolución firme, aunque alegue violaciones constituciones diferentes. La razón es evitar que se tramiten tantos juicios como lo considere necesario el quejoso, contra el mismo acto reclamado, pues esto podría dar lugar a sentencias contradictorias. Además, esta causa de improcedencia tiene sustento en que en el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada formal, la cual acaece cuando el juzgador no entró al fondo del asunto y durante una de las fases del procedimiento dicta resolución que adquiere el carácter de definitiva, por no ser recurrible o porque siéndolo no se impugnó, esa resolución adquiere el carácter de irrecurrible; dicha institución jurídica dota a las partes en litigio de seguridad y certeza legal. Ilustra lo anterior la tesis XVII.2o.C.T.13 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Julio de 2004, página 1705, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA FORMAL. ADQUIERE EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA MATERIAL CUANDO SE EMITE RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO QUE LA HACE INDISCUTIBLE. La doctrina moderna distingue dos especies de cosa juzgada, la formal y la material. La primera está encaminada a operar exclusivamente en el proceso, pues consiste en la irrecurribilidad de la sentencia en su certeza jurídica, en virtud de que con la realización de ciertos actos o con el transcurso de los plazos, se extingue el derecho que pudiera haberse ejercido para realizar determinados actos procesales. En cambio, la material, además de tener como base esa irrecurribilidad de la sentencia dentro del proceso, su firmeza o inmutabilidad debe ser respetada fuera del proceso, o en cualquier otro procedimiento en que se pretenda promover exactamente el mismo litigio. Luego, la primera es el presupuesto de la segunda y el significado de ambas puede condensarse así: cosa juzgada formal, igual a irrecurribilidad; cosa juzgada material, igual a indiscutibilidad. Ahora bien, si el juzgador no entró al fondo del asunto y durante una de las fases del procedimiento dicta resolución que adquiere el carácter de definitiva, por no ser recurrible o porque siéndolo no se impugnó, esa resolución adquiere el carácter de irrecurrible, de manera que en atención a la cosa juzgada formal no podrá ejercitarse esa misma acción en la vía que se declaró improcedente cuando se funde en el mismo documento". La citada institución procesal encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal cumplimiento íntegro se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico, como resultado de que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia, pues dentro de aquélla se encuentra no solo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice el cumplimiento de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 85/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 589, que dispone: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Para que se determine la inatacabilidad de los actos reclamados, debe atenderse a que las razones o circunstancias que hayan actualizado el desechamiento o sobreseimiento del asunto, hagan imposible instar la acción de amparo en modo absoluto. Tal es el caso de los actos consumados de manera irreparable, o los que cesaron sus efectos, o fueron consentidos, o los que no afectan los intereses jurídicos del promovente del amparo, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro 1002280 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Séptima Época, Materia Común, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Primera Parte, página 232, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Es aplicable al caso la anterior tesis, porque el contenido del artículo 73, fracción IV de la Ley de Amparo abrogada que en ella se analiza es semejante al numeral 61, fracción XI, de la ley de la materia vigente. Ahora bien, para evidenciar por qué se considera que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia mencionada, resulta conveniente estudiar el juicio de amparo 285/2018-III, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. De lo que conviene destacar, los siguientes antecedentes: I. Mediante escrito de demanda recibido el dieciséis de marzo del año que transcurre en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, remitido el mismo día a este órgano jurisdiccional, la quejosa Rita María Antonia Ferrari Marchioni promovió juicio de amparo en contra del Juez Quinto del Ramo Familiar de esta ciudad, en el cual, previa aclaración de demanda, señaló como acto reclamado el acuerdo notificado por medio de lista el treinta de enero de dos mil dieciocho, a través del cual dicho Juez negó reconocerle legitimación para acudir a la sucesión dentro de los autos del juicio testamentario 802/2017, a bienes de Santiago Alfredo Salas de León, en su carácter de cónyuge supérstite. I.1 Cabe precisar que del diverso juicio de amparo 882/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido también por la aquí quejosa, se advierte que mediante proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se hizo una relación de las constancias que integran dicho procedimiento sucesorio 802/2017, de los que desprende que Noel Aguilar Víquez y Luz Elena Banda Enríquez, el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, promovieron juicio sucesorio testamentario a bienes de Santiago Alfredo Salas de León, correspondiendo conocer al Juzgado Quinto Familiar en esta ciudad, quien lo admitió mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. I.2 Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, Luz Elena Banda Enríquez solicitó se abriera la segunda sección del aludido juicio, asimismo formuló el inventario y avalúo de los bienes que formaban parte del acervo hereditario, el que se encontraba integrado, entre otras cosas, por: ".III.- Efectos de comercio o de industria: Sí hay. 1.- Veinte acciones adquiridas en Agropremium Invernaderos en la Zona Media S.C. de R.L. de C.V. A. Las primeras diez establecidas con Certificado de Aportación del número 051-060 por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una, mismas que se acreditan con un Certificado de Aportación con numero 027 por una cantidad total de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), establecidas en la Ciudad Fernández, San Luis Potosí. (Anexo uno y dos). b. Las otras diez establecidas con un certificado de Aportación con Numero 061-070 por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una, mismas que se verifican con un Certificado de Aportación con numero 028 por una cantidad total de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), establecidas en la Ciudad Fernández, San Luis Potosí. (Anexo tres y cuatro). Así, tomando en consideración las acciones descritas, estimo conveniente asignarle un valor total de $1'000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.) 2.- Tres inversiones de operaciones de fondos tanto de compra o venta dentro del mercado Internacional con la Firma Estadounidense IFX Markets Inc. Representada por la Empresa Buffet de Asesoría Integral González Duarte S.C, con domicilio en Calzada de San Pedro número 250, interior 314, colonia Miravalle, establecida en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. A. La primera con un Fondo de Inversión en la Subcuenta número 11805-1013, por la cantidad de US $72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL DOLARES AMERICANOS) generando una utilidad anual neta del 18%. (Anexo cinco) B. La segunda con un Fondo de Inversión en la Subcuenta número 11805-1013, por la cantidad de US $35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL DOLARES AMERICANOS) generando una utilidad anual neta del 18%. (Anexo seis) C. Tercera con un Fondo de Inversión en la Subcuenta número 11805-1023, por la cantidad de US $40,000.00 (CUARENTA MIL DOLARES AMERICANOS) generando una utilidad anual neta del 18%. (Anexo siete) Así, tomando en consideración las acciones descritas, estimo conveniente asignarle un valor de $147,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOLARES AMERICANOS.)". I.3 Seguido el trámite del aludido procedimiento sucesorio, a través de la misiva presentada el quince de enero de dos mil dieciocho en la oficina de correspondencia del Juzgado Quinto Familiar en esta ciudad, la aquí quejosa solicitó se le diera intervención ostentándose cónyuge supérstite. A dicha solicitud recayó el acuerdo de veintinueve de enero del año en curso, notificado por medio de lista el treinta siguiente, en el que se determinó que era improcedente otorgar la personalidad que solicitaba, en su calidad de cónyuge supérstite, toda vez que no se encontraba legitimada para acudir a dicho juicio, en razón de que del contenido del testamento otorgado por el de cujus, no se le había nombrado heredera de los bienes de Santiago Alfredo Sala de León. Lo anterior se patentiza con las siguientes transcripciones: Escrito presentado el quince de enero de dos mil dieciocho: ".La que suscribe C. RITA MARIA ANTONIA FERRARI MARCHIONI mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho, señalando para oír y recibir toda clase de notificaciones, citas y avisos en la calle de JIMENEZ #315 ZONA CENTRO en esta Ciudad y designando como mis apoderadas Jurídicas a las P.D. FABIOLA CEJUDO OROZCO con número de carta de pasantía 80039, y a la P.D. ROCIO DE GUADALUPE TREVIÑO GALINDO para que en conjunto o indistintamente conforme a lo dispuesto en los numerales 107 y 118 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, se impongan de autos y me representen, con el debido respeto paso a exponer lo siguiente: Por mi propio derecho y con fundamento en los artículos 40 fracción I, 41, 44, 45, 52 y 53 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí. 11 y 1159 del Código Civil del Estado de San Luis Potosí, y en los artículos 44, 46, 91, 92, 285, 323, 354, 376, 482, 483, 484, 619, 622 y 632 fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de San Luis Potosí, solicito a Usted Juez Quinto de lo familiar se me otorgue personalidad en el juicio testamentario bajo el número de expediente 802/17 que se encuentra en este Juzgado Quinto Familiar, a cargo de los bienes de mi difunto esposo el señor SANTIAGO ALFREDO SALAS DE LEON, personalidad que acredito con el acta de matrimonio que contraje con el finado SANTIAGO ALFREDO SALAS DE LEON en la cual se aprecia que nos casamos por sociedad conyugal, misma que anexo al presente ocurso...". Acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho: "San Luis Potosí, S.L.P., a 29 veintinueve de enero de 2018, dos mil dieciocho. Se agrega al sumario el escrito que digna RITA MARÍA ANTONIA FERRARI MARCHIONI, junto con 2 dos anexos y 1 un juego de copias de traslado, recibido el 15 quince del mes y año actuales.- Visto el contenido del de cuenta, se dice a la compareciente que es improcedente otorgar la personalidad que solicita en su calidad de cónyuge supérstite que dice tener, toda vez que no se encuentra legitimada para acudir al presente juicio sucesorio testamentario, lo anterior, en razón de que del contenido del testamento otorgado por el de cujus, en ningún momento se desprende que haya sido instituida como heredera de los bienes de SANTIAGO ALFREDO SALAS DE LEON, por tanto, se insiste no ha lugar a proveer de conformidad con su petición.- Notifíquese por lista.". I.4 Luego, mediante resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, se adjudicaron los bienes del de cujus Santiago Alfredo Sala de León, a favor de Luz Elena Banda Enríquez, entre los que estaban diversas acciones, así como los depósitos contenidos en el Fondo de Inversión en la Subcuenta 11805-1013, y que fueron previamente inventariados, desde el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, esto es -incluso- antes de que la quejosa solicitara al juez responsable que le diera intervención en el consabido juicio testamentario. La referida adjudicación se patentiza con la siguiente reproducción: ".PRIMERO.- Se adjudican los bienes del de cujus SANTIAGO ALFREDO SALAS DE LEÓN a favor de LUZ ELENA BANDA ENRÍQUEZ, de la siguiente manera: "1.- Veinte acciones adquiridas en Agropremium Invernaderos en la Zona Media S.C. de R.L. de C.V.: A. Las primeras diez establecidas con Certificado de Aportación del número 051-060 por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una, mismas que se acreditan con un Certificado de Aportación con numero 027 por una cantidad total de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), establecidas en la Ciudad Fernández, San Luis Potosí. B. Las otras diez establecidas con un certificado de Aportación con Numero 061-070 por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una, mismas que se verifican con un Certificado de Aportación con numero 028 por una cantidad total de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), establecidas en la Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Así, tomando en consideración las acciones descritas, estimo conveniente asignarle un valor total de $1'000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.) 2.- Tres inversiones de operaciones de fondos tanto de compra o venta dentro del mercado Internacional con la Firma Estadounidense IFX Markets Inc. Representada por la Empresa Buffet de Asesoría Integral González Duarte S.C: A. La primera con un Fondo de Inversión en la Subcuenta número 11805-1013, por la cantidad de US $72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL DOLARES AMERICANOS) generando una utilidad anual neta del 18%. B. La segunda con un Fondo de Inversión en la Subcuenta número 11805-1013, por la cantidad de US $35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL DOLARES AMERICANOS) generando una utilidad anual neta del 18%. C. Tercera con un Fondo de Inversión en la Subcuenta número 11805-1023, por la cantidad de US $40,000.00 (CUARENTA MIL DOLARES AMERICANOS) generando una utilidad anual neta del 18%. Así, tomando en consideración las acciones descritas, estimo conveniente asignarle un valor de $147,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOLARES AMERICANOS.).". II. Retomando los antecedentes del juicio de amparo 285/2018-III, inicialmente indicado (ver antecedente I): Mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional determinó desechar la demanda de amparo, promovida contra el ya citado acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, a través del cual el Juez responsable negó a la aquí quejosa reconocerle legitimación para acudir a la multicitada sucesión 802/2017, tramitada a bienes de Santiago Alfredo Salas de León, en su carácter de cónyuge supérstite. Lo anterior, porque se actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, ya que ésta se presentó fuera del término de quince días que otorga la ley de la materia, lo que originó que tal acto se tuviera como tácitamente consentido. Tal determinación causó estado el dieciséis de abril de dos mil dieciocho. En ese contexto, la confrontación de la demanda que dio origen al citado juicio de amparo 285/2018-III, de este órgano jurisdiccional, frente a la demanda que aquí propone, se observa una identidad en el objeto: En ambos, la parte quejosa parte de la -idéntica- premisa de que al haber estado casada con el autor de la sucesión bajo el régimen de sociedad conyugal, le asiste el carácter de cónyuge supérstite y, sobre esa misma base, ha referido y afirma que le asisten derechos de propiedad sobre los bienes que integran la sucesión de quien en vida respondió al nombre de Santiago Alfredo Salas de León. Proposición a partir de la cual primero intentó combatir el auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, que le negó intervenir en ese procedimiento con el indicado carácter y con el que ahora nuevamente, pero en esta demanda, reclama que en el multicitado juicio testamentario 802/2017, se está afectado el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones que le corresponden de la sociedad Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, así como un bien inmueble. Asimismo, tanto el anterior amparo 285/2018-III, como la demanda materia del presente análisis, están dirigidos a señalar que la promovente tiene la calidad de tercera extraña en estricto sentido por no haber sido llamada al juicio de origen. Y también en uno y otro la causa de pedir ha versado en que lo anterior vulnera su garantía de audiencia previa contenida en el artículo 14 constitucional. Luego, si ese carácter con que la quejosa se ostentó, tanto de cónyuge supérstite como de tercera extraña a la sucesión de mérito, así como la invocación de que por ello le asisten derechos de propiedad sobre los bienes que desde un inicio fueron vinculados a tal sucesión y que ante todo ello se viola en su perjuicio el referido precepto constitucional, ya se reflejaban en la demanda de amparo registrada con el número 285/2018-III, del índice de este Juzgado de Distrito, cuyo desechamiento por consentimiento tácito está firme; entonces es inconcuso que ha operado la cosa juzgada al respecto. Lo que hace inejercitable -nuevamente- la acción constitucional sobre las mismas bases (ya anotadas) y objetos: (i) que se respeten los derechos de propiedad que dijo ostentar y su respectiva garantía de audiencia en el juicio sucesorio; (ii) específicamente sobre bienes que previo a su solicitud de intervención a aquél procedimiento ya habían sido inventariados. Ante lo cual, cabe precisar, no obsta a lo anterior que en la nueva demanda exista o no plena igualdad entre los actos reclamados, pues es claro que la identidad apuntada impide abordar aquel tema. Al respecto incluso se abunda: Ciertamente, si en el amparo 285/2018-III, del índice de este órgano jurisdiccional, se señaló como acto reclamado el acuerdo notificado por medio de lista el treinta de enero de dos mil dieciocho, a través del cual el Juez Quinto Familiar en esta ciudad, negó reconocerle legitimación para acudir a la sucesión dentro de los autos del juicio testamentario 802/2017, en su carácter de cónyuge supérstite, en el cual en la data en que se promovió ya estaban ingresados en la masa hereditaria los bienes de Santiago Alfredo Salas de León, entre los que se encuentran las referidas acciones y depósitos en el fondo de inversión. Y en el presente juicio de amparo se controvierten los acuerdos dictados el catorce y veintidós de enero del año en curso, dictados en el expediente 802/2017, en la parte relativa a las ordenes dirigidas a Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para que admita como socia a Luz Elena Banda Enríquez, y liquide tales acciones en favor de esta última. Lo cierto es que esto último es consecuencia directa de que a través del escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, Luz Elena Banda Enríquez formuló el inventario y avalúo de los bienes que formaban parte del acervo hereditario, integrándolos desde ese momento al controvertido referido, por lo que el hecho de que con posterioridad hayan sido adjudicados a favor de ésta, mediante resolución de catorce de septiembre del presente año, y se esté ordenando por diverso auto (acto respecto del cual se insta la presente demanda) actuar de cierto modo a la persona moral para que hagan socia a la adjudicataria y le sean liquidadas las acciones, no varía el carácter con el que la quejosa se ostenta ni los derechos de propiedad y garantía de audiencia que aducía desde aquel anterior amparo. Asumir una posición contraria implicaría que la quejosa pueda válidamente promover tantos amparos como actos posteriores de las autoridades llegaren a verificarse en el futuro a lo largo del procedimiento sucesorio, siempre alegando aquélla el mismo carácter y bajo idénticas premisas fácticas (ya descritas) en total detrimento no solo de la impartición de justicia de las autoridades de instancia, que además de decidir tienen facultad de ejecutar lo resuelto, sino también con repercusión en la Justicia Federal que emplearía más recursos y material humano en analizar algo ya juzgado (en el caso fue calificado como consentido tácitamente) por esta misma instancia federal; situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. De esta manera, ya no es dable que se ejerza nuevamente la acción de amparo respecto del acto reclamado en la demanda cuenta, pues ello equivaldría a desconocer lo resuelto en el diverso juicio de amparo 285/2018-III de este índice. Resulta aplicable, en lo conducente y por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 20/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 332, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión". Asimismo, apoya lo expuesto las tesis IV.1o.C.23 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, agosto de 2005, página 1801, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EN UNA SEGUNDA DEMANDA LA MISMA QUEJOSA, COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL COMBATE ACTOS QUE SON CONSECUENCIA DE LOS YA RECLAMADOS EN UN PRIMER JUICIO DE GARANTÍAS QUE CONCLUYÓ DETERMINANDO QUE NO TENÍA LA CALIDAD DE PERSONA EXTRAÑA. La fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo relacionada con la diversa III consagra el respeto a la autoridad de la cosa juzgada que envuelve la ejecutoria pronunciada en un primer juicio de garantías, evitando resoluciones contradictorias; así, la identidad a que alude la norma también se refiere al "objeto" del amparo, es decir, a la coincidencia entre la nueva demanda y el amparo previamente concluido, en lo que hace a la clase o naturaleza de violación de garantías que se hiciera valer en ambos. Por ello, se surte aquella improcedencia cuando en una segunda demanda de amparo la misma quejosa, como tercera extraña al juicio natural y con el fin de hacer respetar su garantía de audiencia -no así por vicios propios-, combate actos que son consecuencia de los reclamados en un primer juicio de garantías que concluyera con la decisión de que no le asistía tal calidad de persona extraña, dada la causahabiencia existente con relación al demandado del juicio de origen; pues con independencia de que en la nueva demanda se señalen o no a las mismas autoridades responsables y a la plena igualdad o no entre los actos reclamados, es claro que la identidad entre el "objeto" de lo ahora sostenido y lo previamente resuelto, impide nuevamente abordar aquel tema. Asumir una posición contraria implicaría que dicha persona pueda válidamente promover tantos amparos como actos posteriores de las autoridades que llegaren a verificarse en el futuro, en total detrimento no sólo de la impartición de justicia de las autoridades de instancia, que además de decidir tienen facultad de ejecutar lo resuelto, sino también con repercusión en la Justicia Federal que emplearía más recursos y material humano en analizar algo ya juzgado por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo". Así como la diversa tesis I.3o.C.94 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, agosto de 2017, Tomo IV, página 3176, del tenor siguiente: "TERCERO EXTRAÑO. SU LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SURGE CON EL PRIMER ACTO JUDICIAL QUE AFECTA SU ESFERA JURÍDICA Y NO SE REGENERA CON ACTOS POSTERIORES. Quien se ostenta como tercero extraño al juicio natural puede promover amparo contra el procedimiento judicial que afecta su esfera jurídica, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, una sola vez, y tiene derecho a que se tramite su acción para que se determine la existencia y tutela del derecho que ostenta; en el entendido de que si lo promueve una vez, con ello agota el derecho a promover otro juicio de amparo con esa calidad, y de no demostrar en la audiencia constitucional, que es donde tiene el derecho a ofrecer pruebas y alegar en los plazos señalados en la ley citada, no lo podrá volver a ejercer; esto es, su legitimación como tercero extraño, para promover el juicio de amparo indirecto, surge con el primer acto judicial que afecta su esfera jurídica y no se regenera con actos posteriores". Sobre tales bases resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de dicho ordenamiento, se desecha respecto de Rita María Antonia Ferrari Marchioni, por derecho propio. Por otra parte, respecto de los actos reclamados por Rita María Antonia Ferrari Marchioni, ostentándose albacea de los bienes de quien en vida respondía al nombre de Santiago Alfredo Salas de León, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales instituyen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del contenido de dichos preceptos legales, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término que prevé la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo, es decir, que al haber permitido que transcurriese el plazo señalado por el ordenamiento en cita para impugnar el acto reclamado, se entiende debidamente aceptado el mismo. Lo anterior es así, toda vez que de la parte inicial del numeral 17 del ordenamiento legal referido, se desprende en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, con las salvedades a que alude el ya señalado artículo, en cuyas hipótesis no se encuentra el acto reclamado por la quejosa; asimismo, del segundo de los dispositivos en comento, se desprenden tres supuestos jurídicos para el cómputo del plazo establecido para el ejercicio de la acción constitucional, siendo éstos los siguientes: a. Que el plazo de quince días para promover el amparo, se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso, de la resolución o acuerdo que impugne, conforme a la ley de la materia que rige el acto reclamado; y, b. Que dicho plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, el precepto en consulta hace una clara distinción de los momentos en los que imperativamente debe promoverse el juicio de amparo, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que dichos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Además, debe precisarse que la persona que se ostenta albacea de una sucesión a bienes de una persona, lo que conoció como persona física también lo conoce con el carácter referido, pues es materialmente imposible que lo ignore en alguno de los dos supuestos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia IV.3o. J/30, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Octubre de 1997, página 682´, que dispone: "REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL. Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física". Así como la tesis con registro 321030, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCII, página 1018, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DE (ALBACEAS). No puede admitirse que quien es notificado en lo personal de un acuerdo, lo ignore en cuanto a su personalidad, como albacea de una sucesión, por lo que si tuvo conocimientos de una resolución, debió intentar el recurso ordinario correspondiente, para defender a la sucesión representada, máxime, si no es imputable a la responsable el hecho de que la notificación no se haya hecho a la sucesión, sino al albacea en lo personal". Ahora bien, como se adelantó, en el presente asunto no se reclaman por vicios propios los acuerdos de catorce y veintidós de enero del año en curso, sino que la promovente hace depender su inconstitucionalidad de que la autoridad responsable no le reconoce el carácter de cónyuge supérstite, y en tal virtud al estar ordenando que la persona moral Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, admita como socia a Luz Elena Banda Enríquez, y se liquiden a favor de esta última las acciones de las cuales era titular Santiago Alfredo Salas de León, se está afectando el 50% (cincuenta por ciento) de tales acciones, las cuales refiere son de su propiedad porque fueron adquiridas por el de cujus previo a su fallecimiento. De los antecedentes reseñados en el presente acuerdo, se advierte que el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, Luz Elena Banda Enríquez solicitó dentro de los autos del juicio génesis de los actos reclamados, se abriera la segunda sección del aludido juicio, y formuló el inventario y avalúo de los bienes que formaban parte del acervo hereditario, entre los que se encontraban las acciones adquiridas en Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Luego, el quince de enero de dos mil dieciocho, la aquí quejosa solicitó se le diera intervención ostentándose cónyuge supérstite, a la cual recayó el acuerdo de veintinueve de enero del año en curso, notificado por medio de lista el treinta siguiente, en el que se determinó que era improcedente otorgar la personalidad que solicitaba, en su calidad de cónyuge supérstite. Mediante resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, se adjudicaron los bienes del de cujus Santiago Alfredo Sala de León, a favor de Luz Elena Banda Enríquez, entre los que estaban las acciones referidas. De lo expuesto resulta claro que las acciones adquiridas a Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, se integraron a la masa hereditaria del juicio sucesorio testamentario 802/2017, el veintidós de agosto de dos mil diecisiete. En otro orden, del cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo 882/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, se advierte que la aquí quejosa reclamó del Juez Quinto de lo Familiar en esta ciudad y otras autoridades, la omisión de darle intervención en su carácter de cónyuge supérstite en el juicio sucesorio testamentario 802/2017, entre otros. Por auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se previno a la quejosa para que aclarara su demanda, y además se requirió al aludido Juez Quinto del Ramo Familiar en esta ciudad, para que permita a la promovente en este asunto consultar el expediente 802/2017 de su índice, y se le facilitara la obtención de copias simples en caso de solicitarlas, a efecto de que la impetrante del amparo se encontrara en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento formulado. Luego, el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, Rita María Antonia Ferrari Marchioni desahogó la prevención aludida, informó bajo protesta de decir verdad que el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo a Luz Elena Banda Enríquez, presentando el inventario y avaluó en el juicio sucesorio testamentario 802/2017, y que por auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se emitió un acuerdo en el que se aprobó el inventario y avalúo referido. A tal misiva anexó copia simple del referido inventario, del que se advierte que en el inciso III denominado "Efectos de comercio o de industria", se precisó que existían veinte acciones adquiridas en Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, entre otros bienes muebles e inmuebles. De lo anterior resulta inconcuso que Rita María Antonia Ferrari Marchioni conoció por lo menos desde el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, que en el juicio sucesorio testamentario 802/2017, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Familiar en esta ciudad, formaba parte de la masa hereditaria las veinte acciones adquiridas en Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, así como de los demás bienes. Además, atendiendo a que la promovente del amparo en su último escrito aclaratorio manifestó bajo protesta de decir verdad, que desde el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, comenzó a fungir como albacea de los bienes de quien en vida respondía al nombre de Santiago Alfredo Salas de León, de ahí que, al haber sido posteriores a tal data los hechos reseñados en el párrafo inmediato que precede, es evidente que a partir del diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, tuvo pleno conocimiento en el carácter de albacea referido que en el controvertido aludido se encontraban inmersos diversos bienes que fueron propiedad del de cujus, entre los que se encuentran las acciones adquiridas en Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y respecto de las cuales refiere en la presente instancia que le asiste el 50% (cincuenta por ciento). Por consiguiente, si la aquí quejosa tuvo conocimiento pleno, por derecho propio y con el carácter de albacea con el que se ostenta, que en el juicio sucesorio testamentario 802/2017, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Familiar en esta ciudad, se encontraban integrados a la masa hereditaria diversos bienes de Santiago Alfredo Salas de León, entre los que se encuentran las referidas acciones, desde el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, entonces el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo respecto de tal acto comenzó a computarse el día hábil siguiente, que lo fue el dieciocho de septiembre siguiente. Ante lo cual, dicho término transcurrió del dieciocho de septiembre al ocho de octubre de dos mil dieciocho, sin tomar en consideración los días inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el ocho de febrero del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, según sello fechador que aparece a foja dos de autos; es claro que ya había transcurrido el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia vigente, lo que genera que el acto que reclama sea un acto consentido tácitamente. Consecuentemente, ello hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa a través de este medio constitucional. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. En tal virtud, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de que se trata respecto de los actos reclamados por Rita María Antonia Ferrari Marchioni, ostentándose albacea de los bienes de quien en vida respondía al nombre de Santiago Alfredo Salas de León. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta signado por Rita María Antonia Ferrari Marchioni, por medio del cual pretende desahogar las prevenciones realizadas en autos; en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Del estado de autos se advierte que mediante proveído de once de febrero de dos mil diecinueve, se previno a la quejosa para que manifestara: ".1. En virtud de que la parte quejosa reclama el auto publicado por medio de lista el quince de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 802/2017, del índice del Jugado Quinto de lo Familiar de esta ciudad, en el cual se impuso una multa de veinte días del valor de la unidad y medida y actualización a una persona moral, y de igual manera se le formulo a esta última un requerimiento para los efectos ahí contenidos (véanse los capítulos V y VI de la demanda, así como el anexo 1), sin que al efecto haya precisado la promovente en la misiva que se analiza si promueve la presente instancia constitucional también en favor de la "moral" a que hace alusión el acto reclamado. En tal virtud, deberá manifestar la promovente: 1.1 Si el juicio de amparo lo promueve por propio derecho y en representación de una persona moral, en caso de no ser así, manifieste expresamente que solo lo promueve por derecho propio. 1.2 De instar el juicio en que se actúa por derecho propio y en favor de una persona moral, deberá manifestar el nombre completo y correcto de ésta, exhibiendo el original o copia certificada del documento idóneo con el que acredite el carácter con el que se ostente respecto de dicha persona moral, apta para promover en su representación el presente juicio de amparo, y debiendo anexar una copia simple de dicho documento para correr traslado a cada una de las partes...". Luego, por acuerdo de quince de febrero de dos mil diecinueve, atendiendo a lo manifestado por la quejosa en su escrito registrado con el folio 1821, relativo a que el presente juicio de amparo no se promovía a favor de alguna persona moral en virtud de que desconocía el nombre de ésta, así como el contenido íntegro del acuerdo reclamado, pues refirió que por no tener personalidad en el aludido expediente no tiene acceso a éste, y que el Juez Quinto Familiar en esta ciudad, en cumplimiento a lo requerido remitió copia certificada del acto reclamado del cual se desprendío que la moral aludida era Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, se le corrió traslado con copia autorizada del acuerdo reclamado de catorce de enero del presente año, y se le requirió para que manifestara bajo protesta de decir verdad si era o no la representante legal, administradora general o responsable de la moral Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. No obstante lo anterior, al desahogar en el escrito de cuenta el punto 1.1, la quejosa manifestó que éste amparo lo promueve por derecho propio, como esposa de Santiago Alfredo Salas de León y como "administradora" de los bienes del "cujus" derivado del juicio testamentario 805/2018, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Familiar en esta ciudad, información ésta última que viene a ser superveniente, ya que en el escrito inicial, así como el primer aclaratorio de ésta, la signataria siempre manifestó instar el presente asunto por derecho propio, existiendo únicamente la incertidumbre si promovía en favor de Agropremium Invernaderos en la Zona Media, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (la cual quedó subastada a través de lo informado en la misiva de cuenta). En tal virtud, atendiendo a la información superveniente referida, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la quejosa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I, y 114 fracciones I y III, de la Ley de la Materia, requiérase a la quejosa para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, esto es, dos para las autoridades responsables, una para la tercera interesada, una para el Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito y dos más para los cuadernos incidentales, de cumplimiento a lo siguiente: 1. Informe con qué carácter en específico promueve la demanda de amparo, esto es: (i) como albacea o (ii) "administradora de los bienes del cujus", designada en el juicio testamentario 805/2018, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Familiar en esta ciudad, debiendo acreditar en cualquiera de los dos casos con copia certificada el carácter con el que se ostenta. Hágase del conocimiento de la quejosa que en el presente asunto no queda duda que también lo promueve por derecho propio, por lo que su desahogo deberá concretarse a precisar únicamente el carácter citado y exhibir copia certificada de la documental con la que lo acredite. 2. De conformidad con las constancias del juicio testamentario 805/2018, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Familiar en esta ciudad, precise bajo protesta de decir verdad la fecha exacta con la que comenzó a fungir con el carácter a que se refiere el punto 1 que antecede, y exhiba copia simple de este. Ilustra lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.1/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Enero de 1996, página 47, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19 a 21, con los títulos de "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo". Asimismo, es de aplicación a lo antepuesto, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J. 37/2001, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, publicada en la página 125, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J. 43/96 de este Tribunal Pleno, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo". Apercíbase a la promovente que de no cumplir con las prevenciones precisadas en este auto, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en su carácter de "administradora de los bienes del cujus", designada en el juicio testamentario 805/2018, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Familiar en esta ciudad.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta suscrito por la quejosa ***, mediante el cual desahoga parcialmente el requerimiento que se le formuló mediante proveído de once de febrero de dos mil diecinueve. Por otra parte, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Juez Quinto del Ramo Familiar de esta ciudad, a través del cual remita copia certificada de la documental requerida en proveído de once de enero de dos mil diecinueve. Ahora bien, atendiendo a lo manifestado por la quejosa en su escrito de cuenta, relativo a que el presente juicio de amparo no se promueve a favor de alguna persona moral en virtud de que desconoce el nombre de dicha moral, así como el contenido íntegro del acuerdo reclamado, pues refiere que por no tener personalidad en el aludido expediente no tiene acceso a éste. Sin embargo, atendiendo a que el Juez Quinto Familiar en esta ciudad, en cumplimiento a lo requerido en autos, remitió copia certificada del acto reclamado del cual se desprende que la moral aludida es ***. En tal virtud, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la aquí quejosa, y además para que ésta se encuentre en posibilidades de dar cumplimiento a cabalidad a las prevenciones contenidas en los incisos 1.1 y 1.2 del acuerdo de once de febrero del presente año, córrasele traslado con copia autorizada del acuerdo reclamado de catorce de enero del presente año. Asimismo, atendiendo a la información superveniente deberá manifestar bajo protesta de decir verdad si es o no la representante legal, administradora general o responsable de la moral ***. A efecto de que cumpla con lo anterior, se le concede el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a proveer sobre la demanda únicamente por derecho propio, y se le tendrá como no representante legal, administradora general o responsable de la moral citada. Hágase del conocimiento de la promovente que en el escrito a través del cual desahogue lo anterior, deberá limitarse a expresar sí o no respecto a lo ahí requerido, sin que se haga necesario que abunde en relación a lo ahí pedido. Sirve de apoyo, la siguiente jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, página 133, que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda".
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