Rigoberto Hernández Nuñez

Expediente 1161/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1161/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
08/08/2018

Partes del expediente

  • Rigoberto Hernández Nuñez
  • Fernando Hernández Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURACIÓN, dado que, en la especie, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en las carátulas del principal e incidente los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni de garantía, toda vez que no se exhibieron en este asunto, ni la segunda en el incidente de suspensión. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA RIGOBERTO Y FERNANDO, AMBOS DE APELLIDOS HERNANDEZ NUÑEZ, EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE ACUERDO Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Presidente Municipal de Maravatío, Michoacán, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 45 a 52), se dictó la sentencia en la que, por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Rigoberto y Fernando, ambos de apellidos Hernández Núñez. Por auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho (fojas 71 y 72), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Presidente Municipal de Maravatío, Michoacán, mediante oficios sin número presentados el trece de abril y veinticinco de junio del presente año, remitió las boletas de datos personales y situación jurídica de personas detenidas en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Maravatío, Michaocán, de veintiséis de agosto y veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, así como del acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 79 a 83 y 104 a 106). Bajo ese contexto, por auto de veintiséis de junio de dos mil dieciocho (foja 107), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo al quejoso, para el efecto de que el Presidente Municipal de Maravatío, Michoacán, dejara insubsistente la orden de restringir la libertad personal de los quejosos, misma que se hizo extensiva respecto al acto de ejecución de dicho mandato, atribuido a la Policía de Michoacán, con sede en Maravatío (foja 52). Al respecto, el Presidente Municipal de Maravatío, Michoacán, realizó lo siguiente: 1. Mediante oficio de doce de abril de dos mil dieciocho (foja 79 y 80), remitió las boletas de datos personales y situación jurídica de personas detenidas en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Maravatío, Michoacán, de las que se advierte que fueron puestas en libertad el mismo día de su detención (fojas 81 a 83). 2. Mediante oficio de veintidós de junio del presente año, remitió el acuerdo dictado el veinte de junio de dos mil dieciocho, del que se advierte lo siguiente: "El suscrito Ing. José Luis Abad Bautista, en cuanto Presidente Municipal del Municipio de Maravatío, Michoacán, en base a las facultades discrecionales que son atribuidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, además en cumplimiento a la ejecutoria dictada el día veintiocho de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, por el C. Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, dentro del juicio de amparo número V-1161/2017, promovido por Rigoberto Hernández Núñez y Fernando Hernández Núñez, contra actos del Presidente Municipal de Maravatío, Michoacán; motivo por el cual, el suscrito en nuestro carácter de autoridad responsable ordenador procedo a dar cumplimiento a la citada ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo V-1161/2017, que se tramitó en el Juzgado Cuarto de Distrito del Décimo Primer Circuito, lo cual me permito en los siguientes términos: . Tomando en consideración que el Juez Cuarto de Distrito ha requerido a esta autoridad responsable para efectos de que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo número V-1161/2017, lo cual me permito hacer en los siguientes términos: Por medio del presente acuerdo hago de su conocimiento que se deja insubsistente la orden de restringir la libertad personal de los señores RIGOBERTO HERNÁNDEZ NÚÑEZ Y FERNANDO HERNÁNDEZ NÚÑEZ, respecto de los hechos narrados en su escrito inicial de demanda que dieron origen al amparo que nos ocupa, lo cual se hace extensivo respecto del acto de ejecución de dicho mandato, atribuido a la Policiía Michoacán, con sede en Maravatío, Michoacán; debiendo señalar que el suscrito en ningún momento emití acuerdo o resolución alguna que restringiera la libertad personal de los mencionados quejosos, lo cual hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ." Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violado contenido en los artículos 14 y 16 constitucionales, en razón de que dejó insubsistente la orden de restringir de la libertar personal a los aquí quejosos. Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Presidente Municipal de Maravatío, Michoacán, cumplió con el fallo protector, pues el veinte de junio de dos mil dieciocho, dictó un acuerdo en el que dejó insubsistente la orden de restringir de la libertar personal a los aquí quejosos. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO" . Esto es así, porque la responsable ordenadora acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dejó insubsistente la orden de restringir de la libertar personal a los aquí quejosos; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA RIGOBERTO Y FERNANDO, AMBOS DE APELLIDOS HERNANDEZ NUÑEZ, EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE ACUERDO Visto el oficio del Presidente Municipal en Maravatío, Michoacán, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues remite la constancia siguiente; Acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciocho. Por consiguiente, dése vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y parte quejosa con la constancia relacionada, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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