Rigoberto Andrade Chávez

Expediente 522/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
522/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/07/2018

Partes del expediente

  • Rigoberto Andrade Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto veinte de junio de dos mil dieciocho (foja 11 a 15), que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Rigoberto Andrade Chávez, por conducto de su apoderada jurídica Alma Delia Pérez Muniz o Muñiz, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, queda FIRME el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso 12308 e informando que la presidencia de dicho tribunal admitió a trámite el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ALMA DELIA PÉREZ MUNIZ O MUÑIZ, QUIEN SE OSTENTA APODERADA JURÍDICA DE RIGOBERTO ANDRADE CHÁVEZ. Radicación. Vista la demanda promovida por Alma Delia Pérez Muniz o Muñiz, quien se ostenta apoderada jurídica de Rigoberto Andrade Chávez, carácter que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, virtud al documento que exhibe por así tenerlo reconocido ante la responsable, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese con el número V-522/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ? Consideraciones previas. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil , ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." ? Análisis integral de la demanda. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que el acto reclamado en el presente asunto es el siguiente: ? Auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 487/2012, en el cual, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán declaró al trabajador actor confeso en el aludido contradictorio, al no haber comparecido al desahogo de la prueba confesional fijada para el veintiocho de mayo pasado. Una vez precisado el acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último interpretado a contrario sensu, por lo cual, se realizará el estudio respectivo. ? Estudio de la improcedencia actualizada. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal , prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. No pasa inadvertido que, en una diversa fracción (VIII), el legislador estableció la procedencia del juicio de amparo contra un derecho adjetivo o procesal, pero él mismo determinó el supuesto específico. Lo anterior resulta relevante en el caso que nos ocupa, pues la distinción realizada por el legislador en las fracciones aludidas permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto . Expuesto el marco legal de la causa de improcedencia examinada, este órgano jurisdiccional explicará porqué se estima actualizada. En el caso, la parte quejosa reclamó el auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 487/2012, en el cual, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán declaró al trabajador actor confeso en el aludido contradictorio, al no haber comparecido al desahogo de la prueba confesional fijada para el veintiocho de mayo pasado. Conviene mencionar que, bajo protesta de decir verdad, el peticionario de amparo manifestó que la autoridad responsable celebró la audiencia de conciliación demanda y excepciones el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, sin que las partes hubieran conciliado, por lo cual desahogó las etapas siguientes. El agraviado agregó que la autoridad responsable al proveer sobre las pruebas ofrecidas por las partes en el contradictorio señaló las "11:00 ONCE HORAS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE MADEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO", para el desahogo de la prueba confesional a cargo de la quejosa. La exposición de los antecedentes del acto reclamado a cargo de la parte quejosa evidencia que aquél se ubica dentro de juicio; asimismo, que a la fecha no se ha dictado el laudo respectivo. Empero, debe indicarse que el acto reclamado de ninguna manera afecta, en forma directa, inmediata y material, los derechos sustantivos del quejoso reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales; ello se afirma en virtud de que no afecta la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Lo expuesto permite concluir válidamente que el acto reclamado por el quejoso no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de un juicio, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno del agraviado. En otras palabras, se trata de un acto dictado en juicio que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos los cuales, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. En efecto, la circunstancia de que el tribunal responsable haya determinado declarar confeso al quejoso sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales. Ello es así, pues aun ante esa determinación [auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, que declaró confeso al actor al no haber comparecido al desahogo de la testimonial a su cargo], el ahora quejoso podría obtener un laudo favorable en el contradictorio de origen, ya que, según sus antecedentes, puede advertirse que el juicio laboral se encuentra en la fase probatoria, por lo cual, ante la posibilidad de un fallo en favor de sus intereses, quedarían reparadas las posibles violaciones que se cometieran a causa de esa determinación. De ahí que se considere que el acto reclamado sólo implicaría violaciones formales reparables en el laudo que llegue a dictarse en el precitado juicio laboral. Además, las posibles violaciones que pudieran cometerse con el acto reclamado, al constituir únicamente posibles infracciones a las leyes del procedimiento, acorde a lo dispuesto en el artículo 172, fracción IV, de la ley de la materia , podrán quedar subsanadas con posterioridad si la resolución que ponga fin al procedimiento resulta favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarlas en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra el laudo respectivo. Consecuentemente, lo expuesto en este apartado permite sostener, como se ha venido haciendo, que el acto reclamado en este asunto no tiene sobre el quejoso una afectación a sus derechos de imposible reparación, sino que se trata de posibles violaciones a derechos procesales o adjetivos, lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia Jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia analizada respecto del auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 487/2012, en el cual, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán declaró confeso al quejoso en el aludido contradictorio, al no haber comparecido al desahogo de la prueba, por no constituir un acto de "imposible reparación". ? Desechamiento. Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, del ordenamiento legal en cita, este último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Rigoberto Andrade Chávez. No pasa inadvertido que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito , cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, las examinadas se actualizaron de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. ? Domicilio procesal y autorizado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y como autorizado para ese efecto a la persona que indica, por así expresarlo la promovente. ? Habilitación de días y horas inhábiles; capturas, anotaciones e integración del expediente electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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