Rigoberto Fernández Fernández

Expediente 339/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
339/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Rigoberto Fernández Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Homólogo solicita información. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual solicita le sea informado el domicilio actual y correcto que se tenga registrado de ********************, terceras interesadas dentro del juicio de amparo 307/2023-I del índice de ese Juzgado; personas quienes tienen esa misma calidad dentro del presente juicio de amparo. En consecuencia, hágase de su conocimiento que mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, únicamente se tuvo a ********************, con el carácter de tercera interesada y con domicilio procesal para efecto de ser emplazada el ubicado en Avenida de las Torres mil trescientos ocho letras "A", Colonia Jardines de Apizaco, Tlaxcala, y en ese sentido, por similar de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, al haber transcurrido el plazo de dos días hábiles otorgado mediante aviso el veintiuno de marzo del presente año, se ordenó emplazar a dicha persona por medio de lista que se fija en el local de este órgano jurisdiccional; lo que se informa para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.ajb

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta, mediante el cual ********************, Agente Investigadora adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, informa que no ocupa el cargo de Agente del Ministerio Público, razón por la cual no tiene a su cargo carpeta de investigación alguna. En atención a su contenido, se tiene a la autoridad de mérito, dando cumplimiento al requerimiento formulado, y por recibida la información que señala. Se precisa que el oficio de cuenta fue recibido vía correo electrónico institucional, el cual fue confirmado en su contenido y recepción por fedatario judicial, lo cual genera confiabilidad en la información ahí consignada; resulta aplicable por analogía la jurisprudencia I.3º.P. J/3 (10ª.), con registro 2016852, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de dos mil dieciocho, tomo III, Décima Época, materia común, página 2178, del rubro siguiente: "CORREO ELECTRONICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRÁVES DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTA CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.". Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los autos del presente sumario constitucional, de los que se advierte que mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se reservó proveer lo conducente respecto al desahogo de la pericial en caligrafía, grafoscopía, grafometría y documentoscopía, ofrecida por la tercera interesada ********************atendiendo a la información que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad De Investigación Especializada de Delitos de Violación de Secretos; de Responsabilidad Profesional; Delitos de Falsedad y Delitos por Infracciones a las Leyes y Reglamentos sobre Inhumaciones y Exhumaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Apoyo policial de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la misma Fiscalía, emitirían respecto a los sellos del Notario Número Uno del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. Ahora bien, de autos se desprende que las autoridades antes precisadas no cuentan con el sello requerido para el desahogo del dictamen que nos ocupa y que tampoco fue posible recabar los ejercicios caligráficos del notario correspondiente. Requerimiento de documento a autoridad En ese sentido, a efecto de evitar mayores dilaciones en la substanciación del presente sumario constitucional, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Notarías de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla, para que en el término de tres días, remita a este juzgado, con el carácter devolutivo, un documento original, homólogo y contemporáneo al instrumento notarial número ********************, relativo al ********************, pasado ante la fe del Notario Número Uno del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, precisando que el documento que remita deberá contener sello y firma original del notario ********************. Sirve de apoyo la contradicción de tesis 8/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1997, en sesión de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente de cincuenta a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo vigente. ( Diferimiento. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de derechos, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa, no se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Jueza Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, las constancias consistentes en copia certificada del expediente 570/2022, que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rigoberto Fernández Fernández, por propio derecho y en su carácter de albacea definitivo de Ygnacio Fernández Pedraza y/o Ignacio Fernández y Guadalupe Fernández y/o Guadalupe Fernández Vázquez y/o María Guadalupe Fernández, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución

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