Rigoberto Atonal Sánchez
Expediente 1015/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 25 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 17/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rigoberto Atonal Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Causa estado cumplimiento. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de catorce de junio de dos mil dieciocho (fojas 896 a 899), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno de original del incidente de suspensión, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. En el entendido de que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo General, por tanto, es susceptible de depuración. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo tres días otorgado en proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (foja 886), a efecto la quejosa y tercera interesada manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, este Juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia. ... Ahora, mediante resolución constitucional de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, (fojas 825 a 852), este órgano jurisdiccional determinó que la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa, para los efectos siguientes: "XII. DECISIÓN. "106. En relatadas circunstancias, al no ser considerado el Secretario adscrito al Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, como autoridad responsable, en los términos apuntados, se sobresee en el juicio, respecto de los actos atribuidos a la misma, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. 107. Por lo ante expuesto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a Rigoberto Atonal Sánchez, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil de servidumbre legal de paso 108/2013, a partir de la radicación, incluida la resolución que le puso fin, y ordene nuevamente el emplazamiento del aquí quejosa. 108. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Diligenciaria adscrita al Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y al Encargado de la Dirección Operativa y de la Policía Estatal acreditable de la Comisión Estatal de Seguridad, dado que no se combatieron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la atribuida al acto de la autoridad ordenadora." Transcurrido el término legal, sin que las partes hubieran promovido recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, causó ejecutoria por auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (fojas 868 a 870). Luego, mediante oficio recibido en proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (foja 886), Laura Marcela Ramos Vela, Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (antes Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe), remitió copia certificada de los autos dictados el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente 108/2013, de su índice, de los cuales se advierte que dejo insubsistente todo lo actuado en el expediente referido, a partir de la radicación incluida la resolución que le puso fin a dicho juicio y ordenó el emplazamiento del aquí quejoso Rigoberto Atonal Sánchez. Asimismo, ante la imposibilidad de realizar el emplazamiento del quejoso de mérito, se requirió a la aquí tercera interesada, a afecto de que señalara domicilio actual y correcto del quejoso Rigoberto Atonal Sánchez, a efecto de realizar su emplazamiento. Documentales a las que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En consecuencia, es evidente que la mencionada autoridad responsable acreditó haber dado cumplimiento con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa y tercero interesado la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, pueden interponer recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Rigoberto Atonal Sánchez, el contenido del proveído de catorce de junio de dos mil dieciocho...Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo tres días otorgado en proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (foja 886), a efecto la quejosa y tercera interesada manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, este Juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia. ... Ahora, mediante resolución constitucional de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, (fojas 825 a 852), este órgano jurisdiccional determinó que la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa, para los efectos siguientes: "XII. DECISIÓN. "106. En relatadas circunstancias, al no ser considerado el Secretario adscrito al Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, como autoridad responsable, en los términos apuntados, se sobresee en el juicio, respecto de los actos atribuidos a la misma, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. 107. Por lo ante expuesto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a Rigoberto Atonal Sánchez, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil de servidumbre legal de paso 108/2013, a partir de la radicación, incluida la resolución que le puso fin, y ordene nuevamente el emplazamiento del aquí quejosa. 108. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Diligenciaria adscrita al Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y al Encargado de la Dirección Operativa y de la Policía Estatal acreditable de la Comisión Estatal de Seguridad, dado que no se combatieron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la atribuida al acto de la autoridad ordenadora." Transcurrido el término legal, sin que las partes hubieran promovido recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, causó ejecutoria por auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (fojas 868 a 870). Luego, mediante oficio recibido en proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (foja 886), Laura Marcela Ramos Vela, Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (antes Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe), remitió copia certificada de los autos dictados el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente 108/2013, de su índice, de los cuales se advierte que dejo insubsistente todo lo actuado en el expediente referido, a partir de la radicación incluida la resolución que le puso fin a dicho juicio y ordenó el emplazamiento del aquí quejoso Rigoberto Atonal Sánchez. Asimismo, ante la imposibilidad de realizar el emplazamiento del quejoso de mérito, se requirió a la aquí tercera interesada, a afecto de que señalara domicilio actual y correcto del quejoso Rigoberto Atonal Sánchez, a efecto de realizar su emplazamiento. Documentales a las que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En consecuencia, es evidente que la mencionada autoridad responsable acreditó haber dado cumplimiento con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa y tercero interesado la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, pueden interponer recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días.
- Principal
Agréguese el oficio referido en la cuenta secretarial signado por el Encargado de la Dirección Operativa y de la policía Estatal Acreditable de la Comisión Estatal de Seguridad, mediante el cual informa que instruyó a los Comisarios y/o Encargados de las diferentes comisarias adscritas a esa Comisión Estatal de Seguridad, para efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que haya lugar a mayor pronunciamiento, en razón de que mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con copia del oficio y anexos, signado por Laura Marcela Ramos Vela, Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (antes Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe), el cual remitió en cumplimiento al fallo protector dictado en autos. Además, de que en la sentencia dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa se resolvió que la concesión del amparo se hacía extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Diligenciaria adscrita al Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y al Encargado de la Dirección Operativa y de la Policía Estatal acreditable de la Comisión Estatal de Seguridad, dado que no se combatieron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la atribuida al acto de la autoridad ordenadora.
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