Rigoberto Castañeda Naranjo
Expediente 2309/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2309/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/03/2018
Partes del expediente
- Rigoberto Castañeda Naranjo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos se advierte que en acuerdo de nueve de marzo de este año, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informó el cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio, como lo justificó con la copia inserta del cheque 000333 de veintiuno de febrero del año en curso, con firma original de recibido, así como con la diversa documental simple que adjuntó. En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte promovente del amparo, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que durante dicho plazo hubiera hecho uso de ese derecho, como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que existen en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario constitucional el veintitrés de enero del año en curso, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Rigoberto Castañeda Naranjo, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito." (.) "2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelvan a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $4,807.89 (cuatro mil ochocientos siete pesos con ochenta y nueve centavos), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "36,468", emitido por el Notario Público número uno, con sede en Tepic, Nayarit, que se cubrió el uno de noviembre de dos mil diecisiete." (.) "3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el numeral 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..." Resolución que causó ejecutoria el catorce de febrero de este año. De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A) Que no le fuera aplicado al quejoso el artículo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; esto es, para que vigilaran que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolver al impetrante el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $4,807.89 (cuatro mil ochocientos siete pesos con ochenta y nueve centavos); cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Al respecto, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, informó que se había dado cumplimiento al fallo protector, tal y como lo demostró con la copia inserta del cheque 000333 de veintiuno de febrero del año en curso, con firma original de recibido, así como con la diversa documental simple que adjuntó. En ese tenor, si tenemos que debía entregarse a la parte quejosa la cantidad de $4,527.89 (cuatro mil quinientos veintisiete pesos con ochenta y nueve centavos), por ser ésta el excedente de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto del monto de $4,807.89 (cuatro mil ochocientos siete pesos con ochenta y nueve centavos), debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Ahora, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el uno de noviembre de dos mil diecisiete y en el mes de febrero del año actual, se elaboró el cheque a favor de la parte quejosa por la cantidad precisada en la ejecutoria de que se trata; por ende, la actualización de que se habla comprende el periodo transcurrido entre dichos meses; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, en el caso, los meses de octubre del año inmediato anterior y enero de la presente anualidad. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero de este año entre el índice para el mes de octubre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores al periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecisiete fue de 128.717; y para el mes de enero del año actual de 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02168. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $4,527.89 (cuatro mil quinientos veintisiete pesos con ochenta y nueve centavos), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $4,626.05 (cuatro mil seiscientos veintiséis pesos con cinco centavos moneda nacional); entonces, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa a reintegrar, esto es, $4,527.89 (cuatro mil quinientos veintisiete pesos con ochenta y nueve centavos), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $98.16 (noventa y ocho pesos con dieciséis centavos moneda nacional). Por tanto, si el director responsable entregó al quejoso un cheque valioso por el monto de $4,626.07 (cuatro mil seiscientos veintiséis pesos con siete centavos moneda nacional), es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Bajo ese contexto, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos el libelo de cuenta mediante el cual el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio, como lo justifica con la copia inserta del cheque 0000333 de veintiuno de febrero del año en curso, con firma original de recibido; así como con la diversa documental simple que adjunta. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de referencia, dése vista a la parte quejosa a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, con apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en la ejecutoria de que se trata y demás constancias que obran en el presente sumario, este órgano jurisdiccional se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que la quejosa **, no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la sentencia amparadora que declaró la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, no obstante de encontrarse debidamente notificado para tal efecto, como lo acredita con el anexo que acompaña. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el líbelo de cuenta y anexo, así como requiérasele, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la Dirección antedicha a fin de que le hagan entrega del cheque emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. ...
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución emitida el veintitrés de enero de dos mil dieciocho (fojas 79 a 94); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, visto el sentido de dicha sentencia, de conformidad a lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente al Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de diez días, siguientes al en que reciban el oficio de notificación correspondiente, dén cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia de que dicho lapso comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que sean debidamente notificados. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a las responsables, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa a cada una de ellas equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido, de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, acorde con los dispositivos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. De igual manera, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.
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