Rigoberto Bueno López
Expediente 2061/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2061/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 15/05/2018
Partes del expediente
- Rigoberto Bueno López
- RIGOBERTO BUENO LÓPEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de abril del año en curso (fojas 91 a 94), este juzgado se pronunció respecto al cumplimiento efectuado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del titular de dicha dependencia, por lo que se le requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente devolviera a la secretaría financiera la cantidad de $1,0000.01 (mil pesos 01/100 moneda nacional) pagado en exceso a su favor; sin embargo, a la fecha en que se actúa los quejosos y la autoridad responsable no han informado si se ha efectuado la devolución de referencia, no obstante de encontrarse debidamente notificados para ello (fojas 99 y 100). De igual manera, se desprende que mediante diverso acuerdo de diecinueve de abril del año en curso (foja 101), se le requirió a la secretaría en cita, a efecto que dentro del término de tres días, siguientes al en que recibiera el oficio relativo, informara si la parte quejosa había realizado la devolución indicada en el párrafo que antecede, lo cual no ha acontecido, máxime que se encuentra debidamente notificada para tal efecto como se aprecia a foja ciento tres. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "...". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 52 a 65), se determinó conceder a Rigoberto Bueno López y Adriana Georgina Franco Sánchez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $27,802.32 (veintisiete mil ochocientos dos pesos 32/100 moneda nacional), que pagó por concepto, entre otro, de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit ; respecto de los actos jurídicos que se consignan en el instrumento público número treinta y seis mil trescientos cincuenta y siete, tomo centésimo nonagésimo, libro tercero, del Protocolo a cargo del Notario Público número Ocho de esta ciudad, Licenciado Héctor Eduardo Velázquez Gutiérrez; conforme se advierte del comprobante de pago respectivo; en la inteligencia de que el quejoso deberá cubrir la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió". (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de los quejosos de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverles la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de marzo del dos mil dieciocho (fojas 85 y 86), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, en representación del secretario responsable con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $29,095.83 (veintinueve mil noventa y cinco pesos 83/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria. Por lo que, por proveído de cuatro de marzo pasado (fojas 91 a 94), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria en análisis y se determinó que ésta no se encontraba cabalmente cumplida, toda vez que se advirtió un exceso pagado a favor de la parte quejosa de $1,0000.01 (mil pesos 01/100 moneda nacional), por las razones expuestas en dicho auto, por lo que este órgano jurisdiccional requirió a la parte quejosa a realizar la devolución del citado excedente a dicha autoridad responsable, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera a los peticionario del amparo la cantidad que solicitó y si ésta es mayor a la peticionada es responsabilidad del ente responsable; además de que dicho ente debió de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de abril del año en curso (fojas 91 a 94), este juzgado se pronunció respecto al cumplimiento efectuado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del titular de dicha dependencia, por lo que se le requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente devolviera a la secretaría financiera la cantidad de $1,0000.01 (mil pesos 01/100 moneda nacional) pagado en exceso a su favor; sin embargo, a la fecha en que se actúa los quejosos y la autoridad responsable no han informado si se ha efectuado la devolución de referencia, no obstante de encontrarse debidamente notificados para ello (fojas 99 y 100). De igual manera, se desprende que mediante diverso acuerdo de diecinueve de abril del año en curso (foja 101), se le requirió a la secretaría en cita, a efecto que dentro del término de tres días, siguientes al en que recibiera el oficio relativo, informara si la parte quejosa había realizado la devolución indicada en el párrafo que antecede, lo cual no ha acontecido, máxime que se encuentra debidamente notificada para tal efecto como se aprecia a foja ciento tres. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "...". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 52 a 65), se determinó conceder a Rigoberto Bueno López y Adriana Georgina Franco Sánchez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $27,802.32 (veintisiete mil ochocientos dos pesos 32/100 moneda nacional), que pagó por concepto, entre otro, de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit ; respecto de los actos jurídicos que se consignan en el instrumento público número treinta y seis mil trescientos cincuenta y siete, tomo centésimo nonagésimo, libro tercero, del Protocolo a cargo del Notario Público número Ocho de esta ciudad, Licenciado Héctor Eduardo Velázquez Gutiérrez; conforme se advierte del comprobante de pago respectivo; en la inteligencia de que el quejoso deberá cubrir la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió". (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de los quejosos de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverles la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de marzo del dos mil dieciocho (fojas 85 y 86), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, en representación del secretario responsable con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $29,095.83 (veintinueve mil noventa y cinco pesos 83/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria. Por lo que, por proveído de cuatro de marzo pasado (fojas 91 a 94), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria en análisis y se determinó que ésta no se encontraba cabalmente cumplida, toda vez que se advirtió un exceso pagado a favor de la parte quejosa de $1,0000.01 (mil pesos 01/100 moneda nacional), por las razones expuestas en dicho auto, por lo que este órgano jurisdiccional requirió a la parte quejosa a realizar la devolución del citado excedente a dicha autoridad responsable, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera a los peticionario del amparo la cantidad que solicitó y si ésta es mayor a la peticionada es responsabilidad del ente responsable; además de que dicho ente debió de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de abril del año en curso (fojas 91 a 94), este juzgado se pronunció respecto al cumplimiento efectuado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del titular de dicha dependencia, por lo que se le requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente devolviera a la secretaría financiera la cantidad de $1,0000.01 (mil pesos 01/100 moneda nacional) pagado en exceso a su favor; sin embargo, a la fecha en que se actúa los quejosos y la autoridad responsable no han informado si se ha efectuado la devolución de referencia, no obstante de encontrarse debidamente notificados para ello (fojas 99 y 100). De igual manera, se desprende que mediante diverso acuerdo de diecinueve de abril del año en curso (foja 101), se le requirió a la secretaría en cita, a efecto que dentro del término de tres días, siguientes al en que recibiera el oficio relativo, informara si la parte quejosa había realizado la devolución indicada en el párrafo que antecede, lo cual no ha acontecido, máxime que se encuentra debidamente notificada para tal efecto como se aprecia a foja ciento tres. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "...". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 52 a 65), se determinó conceder a Rigoberto Bueno López y Adriana Georgina Franco Sánchez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $27,802.32 (veintisiete mil ochocientos dos pesos 32/100 moneda nacional), que pagó por concepto, entre otro, de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit ; respecto de los actos jurídicos que se consignan en el instrumento público número treinta y seis mil trescientos cincuenta y siete, tomo centésimo nonagésimo, libro tercero, del Protocolo a cargo del Notario Público número Ocho de esta ciudad, Licenciado Héctor Eduardo Velázquez Gutiérrez; conforme se advierte del comprobante de pago respectivo; en la inteligencia de que el quejoso deberá cubrir la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió". (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de los quejosos de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverles la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de marzo del dos mil dieciocho (fojas 85 y 86), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, en representación del secretario responsable con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $29,095.83 (veintinueve mil noventa y cinco pesos 83/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria. Por lo que, por proveído de cuatro de marzo pasado (fojas 91 a 94), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria en análisis y se determinó que ésta no se encontraba cabalmente cumplida, toda vez que se advirtió un exceso pagado a favor de la parte quejosa de $1,0000.01 (mil pesos 01/100 moneda nacional), por las razones expuestas en dicho auto, por lo que este órgano jurisdiccional requirió a la parte quejosa a realizar la devolución del citado excedente a dicha autoridad responsable, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera a los peticionario del amparo la cantidad que solicitó y si ésta es mayor a la peticionada es responsabilidad del ente responsable; además de que dicho ente debió de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el proveído de cuatro de abril del año en curso (fojas 91 a 94), se aprecia que se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, acudiera a las oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a fin de que devolviera la cantidad que le fue entregada en exceso en el cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo. Ahora bien, en virtud de que a la fecha en que se actúa no se ha tenido conocimiento si la parte agraviada acudió a dicha institución a devolver lo indicado en el párrafo que antecede; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable en comento, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, informe al respecto. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo.
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