Rigoberto Cabrera Ríos
Expediente 586/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 27/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Guerrero y Álvarez. Ciudad.
- Rigoberto Cabrera Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia definitiva dictada en este juicio y a su vez se ordenó el archivo del mismo como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, y dado que no es necesario seguir conservando las copias certificadas derivadas de la carpeta judicial C-270/2019, así como dos copias de los discos compactos en formato DVD, derivados de la misma carpeta judicial; devuélvanse las mismas al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez, residente en esta ciudad. Sin que haya ha lugar a solicitarle el acuse de recibo por tratarse de copias certificadas.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como del contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que dicha sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E"; y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. Por tanto, al no quedar cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido, y acuérdese lo procedente respecto a la valoración de original y duplicado del incidente de suspensión respectivo, dado que éste se tramita por cuerda separada al juicio principal en que se actúa. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Por lo anterior, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General antes referido, procédase a su destrucción, además de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 del multi referido Acuerdo General. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del multi mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse derivado de este asunto, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como con el estado jurídico procesal que guardan los autos del juicio principal del que deriva el presente incidente, en específico el proveído de esta fecha, en el que se declaró ejecutoriada la sentencia definitiva; por tanto, deja de surtir sus efectos la medida cautelar concedida, y a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, se procede a la valoración de los presentes cuadernos. En mérito de lo anterior, por lo que respecta al original del incidente de suspensión, dado que en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, e interlocutoria de veinticinco de noviembre del mismo año, se concedió la suspensión definitiva solicitada, es susceptible de ser depurado, una vez transcurridos tres años a partir de la presente fecha, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General; y respecto al duplicado del citado incidente, éste deberá de ser destruido una vez transcurridos seis meses a partir de esta data, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo General; en consecuencia, remítanse los cuadernos aludidos al archivo de este órgano jurisdiccional hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados. Háganse las anotaciones respectivas, en la carátula del expediente, así como en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E". Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse derivado de este cuaderno, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese por lista.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el diez de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, Rigoberto Cabrera Ríos, por propio derecho, contra las autoridades y actos que a continuación se especifican. "AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Los Bravo, Guerrero y Álvarez, con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público del Fuero Común de Investigación del Distrito Judicial de Guerrero, con residencia en Tixtla, Guerrero. Coordinador de Zona de la Policía Investigadora Ministerial Adscrito al Distrito Judicial de Guerrero, residente en Tixtla, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "A.- De la responsable ordenadora, señalo como acto reclamado la orden de comparecencia de fecha doce de agosto del presente año, resuelta por la ordenadora Juez de Control y enjuiciamiento Penal del Estado. ORDEN DECRETADA EN LA CARPETA JUDICIAL c-270/2019, EN LA QUE SE ORDENE QUE SE MEPRESENTE EL DÍA OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS CATORCE HORAS.". Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 586/2020, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete, se emplazó a los terceros interesados, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; además por reclamarse actos atribuidos a autoridades con residencia en la circunscripción territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por el quejoso son los siguientes: La orden de comparecencia girada en su contra, así como su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no ser así, resultaría ocioso, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio análisis de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el examen de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado con sede en Chilpancingo, con jurisdicción y competencia en los Distrito Judiciales de Los Bravo, Álvarez y Guerrero, dado que así lo expresó la propia Juez al rendir su informe justificado. Acto que se tiene plenamente probado en términos de la tesis de jurisprudencia número 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la foja 830 del Tomo II, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con registro 1002815 que a continuación se reproduce: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igual determinación corresponde hacer en torno al acto de ejecución que se atribuye a Agente del Ministerio Público del Fuero Común de Investigación del Distrito Judicial de Guerrero; y Coordinador de Zona de la Policía Investigadora Ministerial Adscrito al Distrito Judicial de Guerrero, ambos residentes en Tixtla, Guerrero, no obstante que al rendir su correspondiente informe justificado negaron su existencia. Lo anterior, por la naturaleza propia de sus atribuciones, al haberse señalado al Coordinador aludido como autoridad ejecutora, y al representante social por haberse encargado la ejecución por la autoridad ordenadora, de ahí que, es inconcuso que se encuentran en aptitud de ejecutar el mandamiento judicial que constituye el acto reclamado. Certeza que se corrobora, con las copias certificadas que acompañó el Juez de Control, a su informe justificado, relativas a la carpeta judicial C-270/2019, y discos compactos en formato DVD, que contiene actuaciones dentro de la referida carpeta, documentales que merecen valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, por tratarse de documentos públicos, expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, además la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), del Apéndice de 1995, con registro 394182, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como el criterio de la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, con registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causa de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden público y de estudio preferente, sea que lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Como lo prevé el precepto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en el procedimiento judicial y que por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumados de modo irreparable; entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado algún acto, sea legalmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho constitucional violado sin afectar la nueva situación jurídica que rige. Ahora, en el caso, la parte quejosa reclama la orden de comparecencia girada por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado con sede en Chilpancingo, con jurisdicción y competencia en los Distrito Judiciales de Los Bravo, Álvarez y Guerrero, en auto de doce de agosto de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial C-270/2019; y una vez que fueron analizados los medios probatorios que exhibió la autoridad responsable, se advierte que en efecto el doce de agosto de dos mil veinte, el referido Juez de Control, determinó procedente librar orden de comparecencia al aquí quejoso, ello, a fin de efectuar la correspondiente audiencia inicial, dejando a cargo del Ministerio Público y por conducto de la policía la presentación del aquí quejoso, a fin de que lo presentaran a las catorce horas del ocho de septiembre del mismo año (2020), ante la presencia judicial para el verificativo de la referida audiencia de ley. También resulta que mediante oficio 503/2021 de doce de marzo de dos mil veintiuno, y recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el dieciséis siguiente, la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado con sede en Chilpancingo, con jurisdicción y competencia en los Distrito Judiciales de Los Bravo, Álvarez y Guerrero, informó que el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia inicial o de formulación de imputación en la carpeta judicial de la que deriva el acto reclamado (C-270/2019), ello, en razón de que el aquí quejoso compareció ante esa autoridad jurisdiccional, asimismo, informó que el diez siguiente, se vinculó a proceso al imputado -aquí quejoso-. Manifestaciones que se corroboran con las copias certificadas y discos compactos en formato DVD, allegados mediante oficio sin número, de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el seis de abril de dos mil veintiuno, a las que se ha dado valor probatorio en párrafos que anteceden. En ese orden, de lo señalado en párrafos que anteceden, se aprecia que en el caso ha operado un cambio de situación jurídica que trae como consecuencia que sea imposible analizar la orden reclamada por el promovente del amparo, toda vez que, con posterioridad a ésta, se dictó una resolución en la que se le vinculó a proceso dentro de la carpeta judicial que se le instruye. Luego entonces, se insiste en que se actualiza la causa de improcedencia en comento, pues el acto que rige actualmente la situación jurídica del quejoso es la contenida en la resolución emitida en la continuación de audiencia inicial de diez de marzo de dos mil veintiuno, en la que se vinculó a proceso a Rigoberto Cabrera Ríos, por los delitos de allanamiento de morada, daños a la propiedad y amenazas, en agravio de Anastacio Pérez de la Cruz y Regina Cabrera Peralta, dentro de la carpeta judicial C-270/2019, y no la contenida en la orden de comparecencia que en esta vía constitucional reclama, por lo que los efectos de esta última (orden de comparecencia) no continúan surtiendo sus efectos a razón de haber sido superada por el auto de vinculación a proceso descrito, y ello hace imposible jurídicamente su análisis sin afectar la ulterior. Cabe citar por su contenido la Tesis I.11o.C.28 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Décima Época, Materias Constitucional y Común, página 1065, con registro digital 2018570, de la literalidad siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia." En tales condiciones, al resultar improcedente el juicio de amparo en contra del acto reclamado (orden de comparecencia), resulta imposible jurídicamente realizar un estudio respecto de la constitucionalidad planteada; por lo que, en tales condiciones al actualizarse la causa de improcedencia invocada y analizada, procede decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyen a las autoridades responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común de Investigación del Distrito Judicial de Guerrero, con residencia en Tixtla, Guerrero; y Coordinador de Zona de la Policía Investigadora Ministerial Adscrito al Distrito Judicial de Guerrero, residente en Tixtla, Guerrero; en razón de que no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia. En apoyo se invoca la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 549, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS 230605, cuyo rubro y texto es: "SOBRESEIMIENTO, PROCEDENCIA DEL, RESPECTO DE ACTOS DE EJECUCION. Si en el juicio de garantías surge alguna causal de improcedencia que motive el sobreseimiento del juicio, igual declaración debe hacerse respecto de los actos que resulten ser consecuencia del que fue materia del sobreseimiento, así como de los actos de ejecución si éstos no se reclaman por vicios propios." De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante de amparo, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, mismo que fue notificado por lista de acuerdos el veintidós siguiente, como se constata de actuaciones. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 63 fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rigoberto Cabrera Ríos, por propio derecho, contra los actos y autoridades mencionados en el resultando primero, y por las razones precisadas en el punto considerativo cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés pública y seguridad nacional o bien, como confidencial. Notifíquese personalmente a las partes; dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y anótese en el libro de registro.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes
- Rigel Antonio Moreno Hernández1470/2022
- Rigel Antonio Moreno Hernández145/2018
- Rigel Antonio Moreno Hernández749/2014
- Rigoberta Santos Gutiérrez947/2017
- Rigoberto Anacleto Vázquez Hernández30/2019
- Rigoberto Barragán Zamora742/2022
- Rigoberto Cabrera Ríos538/2020
- Rigoberto Carreto Díaz1387/2015
- Rigoberto González Vega515/2022
- Rigoberto González Vega289/2021
- Rigoberto Payán Mejía y Otros.243/2016
- Rigoberto Payan Mejia248/2011