Rigel Antonio Moreno Hernández

Expediente 1470/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1470/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Rigel Antonio Moreno Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexos enviado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con dese en esta ciudad, fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su informe justificado; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas las pruebas que anexa a su oficio de cuenta, mismas que serán relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional. De igual manera, como lo solicita y con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se le tiene designando como delegados a las personas que al efecto señala en su oficio de cuenta.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito electrónico de cuenta suscrito por Jesús Montalván Ramírez; atento a su contenido, téngase desahogada la prevención formulada en proveído de veintiséis de octubre del presente año, y por señalando los acuerdos en los que la autoridad responsable Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se ha negado a cumplir con el laudo, esto es, los proveídos de trece de julio de dos mil dieciocho, veintidós de marzo y veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de su admisión, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca el artículo 113 de la ley de la materia, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En principio, conviene señalar que el artículo en cita dispone que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por "manifiesto", según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. A lo anterior resulta aplicable, la jurisprudencia publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. "ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E "INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el "artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos "manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la "demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, "que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista "haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el "auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia "de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por "el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, "evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede "dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en "comento, se desprende que si la improcedencia de la acción "constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo "suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la "conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la "idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de "defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la "audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa "de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, "no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con "posterioridad". Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo y el desahogo de cuenta, es posible para este juzgador determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto el criterio jurisprudencial P./J.40/2000, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional lo siguiente: "A la primera responsable, se reclama: LA OMISION DE ACORDAR SOBRE LA AMPLIACIÓN DE EMBARGO Y LA OMISION A REALIZAR UNA EJECUCION DEL LAUDO DE MANERA INTEGRAL Y EFECTIVA SIN PRIVILEGIAR LA IOLUCIÓN DEL CONFLICTO, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A la segunda responsable se reclama: LA NEGATIVA INJUSTIFICADA DE CUMPLIR EL LAUDO EN LOS TERMINOS EN QUE LE FUE REQUERIDA POR PRIMERA RESPONSABLE, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora bien, respecto a la segunda de las autoridades responsables denominada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad la suscrita estima que al respecto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 17, ambos de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De la literalidad de los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente; es decir, en contra de aquéllos que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que prevé la ley, siendo el término general para la promoción del juicio de amparo de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación del acto o resolución que se reclame conforme a la ley que rige el acto, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos; término genérico, respecto del cual operan diversas excepciones establecidas en las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, antes transcrito. Ahora bien, toda vez que en el presente caso se señala como acto reclamado a la autoridad responsable Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, la negativa de cumplir con el laudo establecida en los acuerdos de trece de julio de dos mil dieciocho, veintidós de marzo y veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, emitidos dentro del expediente laboral 314/2005; resulta que tales actos, no se encuentran comprendidos en alguna de las hipótesis de excepción del término de quince días hábiles que para la interposición de la demanda de amparo establecidos en las diversas fracciones del artículo 17, de la Ley de la Materia, pues el acto reclamado, no implica un reclamo de una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; no se trata de sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; ni es contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; tampoco, el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese orden de ideas, es evidente que los actos reclamados a la mencionada responsable por el quejoso Rigel Antonio Moreno Hernández, debe ajustarse al término genérico de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia. Lo anterior es así, toda vez que de la certificación de cuenta se tiene que tuvo conocimiento de los acuerdos de trece de julio de dos mil dieciocho y veintidós de marzo de dos mil diecinueve, desde el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, fecha en el que le notificaron dentro del juicio de amparo indirecto 313/2019 del propio índice, el cumplimiento informado por la autoridad responsable de dicho asunto, en el que anexó dichos acuerdos, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y por cuanto hace al acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, de las mismas constancias que anexa al escrito de cuenta, se advierte que fue notificado el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 314/2005, actos que hoy combate en el presente juicio de amparo, por lo que sea aprecia la improcedencia del juicio de amparo con respecto a los actos destacados en párrafos que anteceden. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 5, del rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Por tanto, si la parte quejosa, tuvo conocimiento de los actos reclamados desde las fechas veinticinco y veintisiete de junio de dos mil diecinueve, es evidente que el término para promover el juicio de amparo transcurrió en exceso, pues comenzó a correr al día siguiente, en que le fueron notificadas dichas determinaciones. Respalda las anteriores consideraciones, la tesis visible que obra a foja 235 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XI-junio de 1993, Octava Época bajo el texto: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. - Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Bajo esta tesitura, si la demanda de que se trata fue presentada hasta el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, es evidente que dicha presentación se realizó en forma extemporánea, ya que el plazo de quince días hábiles a que se refiere el invocado numeral 17 de la Ley de la Materia, transcurrió de la siguiente manera: para los acuerdos de trece de julio de dos mil dieciocho y veintidós de marzo de dos mil diecinueve, del veintiséis de junio al seis de agosto de dos mil diecinueve; y, para el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, del veintiocho de junio al ocho de agosto de dos mil diecinueve; de ahí que deba tenerse como consentido tácitamente los autos de trece de julio de dos mil dieciocho, veintidós de marzo y veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, reclamados por la parte quejosa, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el antes mencionado numeral, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, únicamente en lo que se refiere a los actos reclamados a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por resultar manifiesta e indudablemente improcedente. No obstante lo anterior, por cuanto hace al acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de acordar sobre la ampliación de embargo y a realizar una ejecución del laudo de manera integral y efectiva; y toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causas de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del juicio; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Rigel Antonio Moreno Hernández, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, contra el acto señalado emitido por el Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni advertirse que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Es importante destacar que si bien, el artículo 124 de la Ley de Amparo, dispone que las audiencias constitucionales serán públicas, aquellas no están supeditadas para su desahogo, a que deban comparecer las partes. De ahí que pueda llevarse a cabo aún sin su asistencia. Como criterio orientador para sustentar lo determinado, se cita como hecho notorio en términos de lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la Circular SECNO/12/2020, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual informó el punto de acuerdo aprobado en sesión de 24 de junio de 2020 por la Comisión Especial, relativo a la "Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal", en el que otras cosas, se determinó: "A partir de las consultas recibidas, se presenta el siguiente problemario: [.] 14. Hay juicios de amparo indirecto que ya están integrados y sólo falta que se fije fecha para la celebración de la audiencia constitucional, ¿puede fijarse esa fecha y celebrarse ésta? Como se señaló en la circular SECNO/7/2020, ello dependerá del tipo de asunto de que se trate, y puede haber variantes dependiendo de las particularidades de cada caso concreto. (i) En los casos no urgentes tramitados físicamente, sólo puede fijarse la fecha para la celebración de la audiencia si, a juicio de la o el titular, el auto donde se informa la nueva fecha y hora no tiene que notificarse personalmente o por oficio a las partes. (ii) Si se trata de un juicio tramitado electrónicamente, o de uno calificado como urgente o de resolución prioritaria (en términos del Capítulo IV del AG 13/2020), podrá fijarse fecha para la celebración de la audiencia constitucional, sin la presencia física de las partes, pudiendo recibirse alegatos vía electrónica o física, según sea el caso. Asimismo, la audiencia constitucional puede celebrarse por videoconferencia, en términos de lo previsto en el AG 12/2020. [.]" No obstante, lo anterior, para el caso de que las partes requieran asistir a la audiencia constitucional, deberán solicitarlo con la anticipación debida, a fin de proveer lo conducente. INFORME JUSTIFICADO. Con copia de la demanda pídase a las autoridades responsables su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberán rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Con el apercibimiento que 1) de no rendir sus informes, de no acompañar las constancias relativas, o 2) no comunicar la existencia de alguna causa de sobreseimiento; se les impondrá una multa por las cantidades comprendidas, en su orden, en el primer caso, entre cien y mil Unidades de Medida y Actualización vigente, y en el segundo, de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 251 y 260 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y Adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis. TERCERO INTERESADO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5° de la ley de la materia, se tiene como tercero interesado al Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, emplácesele por medio de oficio que se le gire en el domicilio de su residencia oficial, para los efectos legales a que haya lugar. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como autorizados de la parte quejosa, en los términos precisados en el acuerdo que antecede. DOCUMENTALES Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la citada ley, se tienen exhibidas las documentales que anexa a su demanda y al escrito que se provee, con las que se ordena dar cuenta al momento de la celebración de la audiencia constitucional. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Lo anterior queda supeditado a las gestiones pertinentes que realice el referido quejoso, establecidas en el artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR). NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; en el entendido que la utilidad que le dé a esos documentos, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a las autoridades responsables que en caso de que deseen incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. Se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, se instruye al actuario judicial adscrito que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y el secretario licenciado Salvador Vázquez Galeana, con quien actúa y da fe, quien queda facultado para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano