Rigoberto Aguilera Salazar
Expediente 283/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 283/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2023
Partes del expediente
- Rigoberto Aguilera Salazar
- Presidente Auxiliar de la Mesa "H" de la Décimo Tercera Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación secretarial de cuenta, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia dictada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento en el juicio; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Destino expediente principal. Con fundamento en el artículo 21 inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior con motivo de que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 283/2023, promovido por Rigoberto Aguilera Salazar, por conducto de su apoderado especial José de Jesús Cruz Verjan, contra actos del Presidente Especial de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado de manera electrónica el seis de febrero de dos mil veintitrés; y turnada a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; Rigoberto Aguilera Salazar, por conducto de su apoderado especial José de Jesús Cruz Verjan solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El ocho de febrero de dos mil veintitrés; se admitió la demanda; se registró con el número 283/2023, se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse actos de autoridad residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: Al Presidente Especial, al Presidente Auxiliar y al Actuario Notificador, todos adscritos a la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco les reclama: La omisión de señalar y celebrar la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y de emplazar a la parte demandada en el juicio 1064/2020-H, del índice la responsable. TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. El Presidente Especial, Presidente Auxiliar y Actuario Notificador, todos adscritos a la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, fueron omisos en rendir su informe con justificación, no obstante de encontrarse debidamente notificados para ello y haber transcurrido el plazo que se les otorgó, como se advierte de los acuses de sello de recibo de los oficios 5291/2023, 5292/2023 y 5293/2023 agregados en el expediente, por lo que con apoyo en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se les atribuyen. De igual manera, resulta aplicable al caso la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En el caso esta resolutora considera que, en relación al acto reclamado, se surte la hipótesis de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción V, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida de que el quejoso no acreditó su interés jurídico necesario para acudir a esta vía, al no demostrar su calidad de parte en el juicio natural, como a continuación se demuestra. Para verificar la actualización de la causa de improcedencia actualizada, es menester establecer que la disposición mencionada, así como el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. La figura del interés jurídico está íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de nuestra carta magna que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. ." Atento a lo previamente transcrito el agravio que resienta el gobernado debe ser personal y directo y, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. En tal tesitura, el interés jurídico necesario para promover un juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, entre otros, sólo lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de la autoridad judicial de que se trate, por grave que éste pudiere parecer. Entonces, el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado, y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho únicamente comprende los bienes jurídicos reales y objetivos, razón por la cual las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir algún perjuicio, de manera que la naturaleza intrínseca de dicho acto reclamado es la que determina el perjuicio o la afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE." Importa destacar que para efectos del juicio de amparo el interés jurídico debe acreditarse plena o fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio constitucional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, porque encierra una declaración de restitución de los derechos afectados, o bien, violados por el acto de la autoridad judicial respectiva. De igual forma, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia doscientos ochenta y nueve, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos nueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por lo anterior, puede decirse que la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, o sea, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo, por lo que debe demostrar de manera fehaciente ser el titular del derecho que se considera vulnerado por el acto de la autoridad judicial; esto es, el interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el propio juicio constitucional, de ahí que, como derecho jurídicamente tutelado, es lógico señalar que para promover el juicio de amparo debe estarse a la naturaleza del acto que se reclame. En el caso, cabe recordar, que el acto atacado por la parte quejosa, es: La omisión de señalar y celebrar la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y de emplazar a la parte demandada en el juicio 1064/2020-H, del índice la responsable. Para lo cual la propia parte inconforme sustenta su pretensión en el hecho de que es parte en el juicio de origen y que se ha retardo indebidamente el juicio. No obstante lo anterior, la parte inconforme omite acreditar que, por lo menos, le asiste el carácter de parte en el juicio de origen, precisamente, porque no propuso elemento dirigido a acreditar el extremo de que se trata, lo que, desde luego, es un requisito sine qua non para el interés jurídico en la vía que nos ocupa. En ese sentido, la parte quejosa, no exhibió pruebas, para demostrar el carácter de parte en el juicio de origen, y controvertir la omisión que reclama. De ahí que, si tratándose de procedimientos jurisdiccionales, como en este caso ocurre con el juicio génesis del acto atacado que nos ocupa, el interés jurídico para impugnar algún acto deriva del carácter de parte de la relación jurídico-procesal correspondiente. Cierto, como parte en un juicio la actividad que se lleva a cabo consiste en someter una pretensión ante la autoridad judicial, siendo el juzgador el que debe resolver lo conducente de acuerdo con los elementos de prueba desahogados en el proceso, de modo que cuando alguna parte ve desestimada su pretensión o existe alguna actuación contraria a sus intereses en el juicio, sufre una afectación en su calidad de parte en la relación procesal, respecto de lo cual, sin duda, está en condiciones de reclamar transgresión al derecho al debido proceso que se ejerce para evitar la autotutela prohibida por el artículo 17 constitucional. En tal virtud, tratándose de actos meramente jurisdiccionales basta con que una persona intervenga como parte en el juicio de que se trate, para así considerar que cuenta con el interés jurídico necesario para controvertir las actuaciones vinculadas al propio juicio, ya sea desde una óptica jurídica como fáctica. Esto no sucede en el caso que nos ocupa. Cierto, basta imponerse de las constancias existentes en este juicio de amparo, para claramente advertir que la parte quejosa no demostró que, en realidad, formar parte de la relación jurídico-procesal del juicio de donde deriva el acto reclamado en esta vía, tal como inexactamente lo quiere hacer ver. Incluso, ya en el mejor de los casos la parte impetrante no demostró el estado procesal en que está el juicio natural, esto es, que el juicio se halla en el estado procesal idóneo para el dictado del fallo respectivo, y mucho menos que la junta ha incurrido en una dilación y tardanza tal, que repercute en el derecho de tutela jurisdiccional y acceso a la justicia. Por lo demás, es evidente que los actos reclamados en el juicio de amparo que nos ocupa, no son inconstitucionales en sí mismos, lo cual también es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se tiene presente que un acto es en sí mismo violatorio de la constitución federal, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar, con ningún medio de convicción, que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto en la ley fundamental, lo que, se insiste, no sucede en el caso. Sobre ese particular, cabe citar las tesis sustentadas por la entonces integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación rubro y texto, son los siguientes: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO." "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL." Siendo así, no hay duda que el acto reclamado en este juicio, por sí, no causa a la parte impetrante un perjuicio actual y directo en su esfera jurídica, por no estar demostrado que irrumpe en su individualidad al grado de generarle un agravio en su esfera de derechos, de manera actual y directa, lo cual, como se dijo, es un requisito para efecto de la procedencia del juicio de amparo, que, por cierto, no se satisface en la especie, de ahí que, desde luego, opera la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe invocar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO." "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE." Tampoco se desatiende que aun cuando en la actualidad, el tercer párrafo, del artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que el tribunal deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto; esta obligación solamente surge cuando el juez constitucional, previo examen de los actos reclamados, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de base a la responsable para emitir dichos actos, o bien, cuando en el expediente de donde emana, obren pruebas que resulten indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando como en el caso, tanto la citada autoridad responsable y la parte quejosa, omitieron exhibir constancia alguna que acredite la existencia de la omisión reclamada, porque no se trata de pruebas que deban recabarse oficiosamente, y asumir un criterio contrario equivaldría a ignorar lo establecido expresamente en el párrafo tercero del artículo 117 de la ley de la materia, es decir, que ante la falta del informe justificado de las autoridades responsables, queda a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° del mismo ordenamiento legal. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Consiguientemente, dado que la parte quejosa no exhibió prueba fehaciente que acredite su interés jurídico se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se sobresee en este juicio. Finalmente, se debe precisar que, similar criterio adoptó el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 69/2021, originado con motivo del recurso interpuesto en contra de la sentencia pronunciada en el juicio 1265/2020, del índice de este juzgado, lo que se invoca como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto analizado en párrafos anteriores, procede decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Rigoberto Aguilera Salazar, contra los actos reclamados al Presidente Especial, al Presidente Auxiliar y al Actuario Notificador, todos adscritos a la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, que precisado quedo en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. Notifíquese.
- Incidental
Zapopan, Jalisco, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Ofrece prueba. A sus autos el escrito de Mario César Rentería Carlos, autorizado de la parte tercera interesada, mediante el cual, ofrece pruebas documentales supervenientes consistentes en: 1. Documental Pública, consistente en copia certificada de la totalidad de constancias, pruebas, resoluciones y documentos que integran el juicio de nulidad ******************** del índice de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 2. Documental Pública, consistente en copia certificada de la totalidad de constancias, pruebas, resoluciones y documentos que integran el recurso de reclamación ******************** del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Como lo solicita el promovente, a efecto de acreditar una posible causa de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco para que remita copia certificada de la totalidad de constancias, pruebas, resoluciones y documentos que integran el juicio de nulidad ********************; de igual forma, se requiere a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para que en el término antes indicado remita copia certificada de la totalidad de constancias, pruebas, resoluciones y documentos que integran el recurso de reclamación ******************** de su índice. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, se le impondrá una multa equivalente al valor de cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 237, fracción I en relación con eI 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 con relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada se inconformara con la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, por la que se determinó sobreseer en este juicio de amparo, y que así, hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se declara que ha causado estado conforme lo previsto en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. Por otro lado, al resultar innecesario que permanezca en autos el documento exhibido por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, requiérasele para que acuda a recibirlo en las instalaciones que ocupa este juzgado de Distrito, dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no acudir por éste dentro del plazo indicado, será destruido junto con el expediente sin necesidad de emitir ulterior acuerdo. Devolución de tomo de prueba. Finalmente, por permitirlo el estado procesal, devuélvase a las autoridades responsables un cuaderno de prueba que se formó con las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado, ya que resulta innecesario conservarlo en este juzgado de Distrito.
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