Rigoberto Aguilera Salazar

Expediente 1180/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1180/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Rigoberto Aguilera Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Se resuelve: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Rigoberto Aguilera Salazar, por conducto de su apoderado José de Jesús Cruz Vejan.

  2. Principal

    V I S T O S, los autos para dictar sentencia definitiva los autos del juicio de amparo 480/2023; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y Laboral, ******************** por propio derecho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él preciso. De igual forma, indicó como derecho humano violado lo contenido en el artículo 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional, la cual se registró en el libro de gobierno electrónico con el número 480/2023, en el cual, se le previno a efecto de aclarar el acto reclamado atribuido al Oficial Mayor Notificador adscrito a la mesa F3 del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se acordara conforme a derecho. En consecuencia, por auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la suscrita hizo efectivo el apercibimiento decretado y no se tuvo como autoridad responsable al Oficial Mayor Notificador adscrito a la mesa F3 del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. TERCERO. Admisión y trámite. En auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se ordenó requerir a las autoridades responsables, para que, en un término de quince días, rindieran su informe con justificación, se dio la intervención legal que corresponde al representante social adscrito; y, finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se efectuó en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que regulan la competencia territorial de este juzgado, así como de las materias que conoce. Lo anterior, por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse actos de autoridad residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la materia del problema jurídico planteado en este juicio se concreta a lo siguiente: Del Pleno, Secretario General adscrito a la mesa "F" y Auxiliar de instrucción adscrito a la mesa "F3" todos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco les reclama: La omisión de dictar interlocutoria de designación de beneficiarios en el juicio laboral ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables fueron omisas en rendir su informe con justificación no obstante encontrarse debidamente notificadas para ello y haber transcurrido el plazo que se les otorgó, como se advierte de los acuses de recibo de los oficios 11882/2023, 11883/2023 y 1184/2023 agregados en el expediente físico, por lo que con apoyo en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se les atribuyen. De igual manera, resulta aplicable al caso la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En el caso, se considera que, en relación al acto reclamado, se surte la hipótesis de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción V, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida de que la quejosa no acreditó su interés jurídico necesario para acudir a esta vía, al no demostrar su calidad de parte en el juicio natural, como a continuación se demuestra. Para verificar la actualización de la causa de improcedencia, es menester establecer que la disposición mencionada, así como el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. La figura del interés jurídico está íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de nuestra carta magna que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. ." Atento a lo previamente transcrito el agravio que resienta la persona gobernada debe ser personal y directo y, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. En tal tesitura, el interés jurídico necesario para promover un juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, entre otros, sólo lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de la autoridad judicial de que se trate, por grave que éste pudiere parecer. Entonces, el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado, y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. En ese orden de ideas, la tutela del derecho únicamente comprende los bienes jurídicos reales y objetivos, razón por la cual las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir algún perjuicio, de manera que la naturaleza intrínseca de dicho acto reclamado es la que determina el perjuicio o la afectación en la esfera jurídica del particular. Sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE." Importa destacar que para efectos del juicio de amparo el interés jurídico debe acreditarse plena o fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio constitucional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, porque encierra una declaración de restitución de los derechos afectados, o bien, violados por el acto de la autoridad judicial respectiva. De igual forma, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia doscientos ochenta y nueve, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por lo anterior, puede decirse que la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, o sea, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo, por lo que debe demostrar de manera fehaciente ser el titular del derecho que se considera vulnerado por el acto de la autoridad judicial; esto es, el interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el propio juicio constitucional, de ahí que, como derecho jurídicamente tutelado, es lógico señalar que para promover el juicio de amparo debe estarse a la naturaleza del acto que se reclame. En el caso, cabe recordar, que el acto atacado por la parte quejosa, es: La omisión de dictar interlocutoria de designación de beneficiarios en el juicio laboral ********************, del índice de las autoridades responsable. Para lo cual la propia parte inconforme sustenta su pretensión en el hecho de que es parte en el juicio de origen y que se ha retardado indebidamente el juicio. No obstante lo anterior, la parte inconforme omite acreditar que, por lo menos, le asiste el carácter de parte en el juicio de origen, precisamente, porque no propuso elemento dirigido a acreditar el extremo de que se trata, lo que, desde luego, es un requisito sine qua non para el interés jurídico en la vía que nos ocupa. En ese sentido, la parte quejosa no exhibió pruebas para demostrar el carácter de parte en el juicio de origen, y controvertir la omisión que reclama. Lo anterior, pues si bien es cierto que el acto reclamado es la omisión de dictar interlocutoria de designación de beneficiarios, la parte quejosa debió exhibir documento idóneo y suficiente para demostrar su interés jurídico en el juicio laboral ********************. De ahí que, si tratándose de procedimientos jurisdiccionales, como en este caso, el interés jurídico para promover el juicio de amparo deriva del carácter de parte de la relación jurídico-procesal correspondiente. Lo que en el caso no se acredita fehacientemente. Por lo que, basta imponerse de las constancias existentes en este juicio de amparo, para claramente advertir que la parte quejosa no demostró que, en realidad, formar parte de la relación jurídico-procesal del juicio de donde deriva el acto reclamado en esta vía, tal como inexactamente lo quiere hacer ver. Incluso, ya en el mejor de los casos la parte impetrante no demostró el estado procesal en que está el juicio natural, esto es, que el juicio se encuentre en el estado procesal idóneo para emitir el auto respectivo, y mucho menos que el tribunal ha incurrido en una dilación y tardanza tal, que repercute en el derecho de tutela jurisdiccional y acceso a la justicia. Por lo demás, es evidente que los actos reclamados en el juicio de amparo que nos ocupa, no son inconstitucionales en sí mismos, lo cual también es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se tiene presente que un acto es en sí mismo violatorio de la constitución federal, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar, con ningún medio de convicción, que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto en la ley fundamental, lo que, se insiste, no sucede en el caso. Sobre ese particular, cabe citar las tesis sustentadas por la entonces integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación rubro y texto, son los siguientes: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO." "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL." Siendo así, no hay duda que el acto reclamado en este juicio, por sí, no causa a la parte impetrante un perjuicio actual y directo en su esfera jurídica, por no estar demostrado que irrumpe en su individualidad al grado de generarle un agravio en su esfera de derechos, de manera actual y directa, lo cual, como se dijo, es un requisito para efecto de la procedencia del juicio de amparo. De ahí que, opera la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe invocar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO." Tampoco se desatiende que el tercer párrafo, del artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que el tribunal deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto; esta obligación solamente surge cuando el juez constitucional, previo examen de los actos reclamados, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de base a la responsable para emitir dichos actos, o bien, cuando en el expediente de donde emana, obren pruebas que resulten indispensables para fallar el juicio de amparo. Sin embargo, en el caso no se trata de pruebas que deban recabarse oficiosamente, y asumir un criterio contrario equivaldría a ignorar lo establecido expresamente en el párrafo tercero del artículo 117 de la ley de la materia, es decir, que ante la falta del informe justificado de las autoridades responsables, queda a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° del mismo ordenamiento legal. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Consiguientemente, dado que la parte quejosa no exhibió prueba fehaciente que acredite su interés jurídico se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se sobresee en este juicio. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se aprueba el siguiente: R E S O L U T I V O: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por a ********************, contra los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos establecidos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

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