Ricardo Vargas Guillen

Expediente 802/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
802/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
04/07/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Vargas Guillen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    * Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, en la que hace constar el motivo por el cual no le fue posible notificar al quejoso Ricardo Vargas Guillen, el proveído de primero de julio de dos mil diecinueve (fojas 14 a 15) , emitido en el presente juicio de amparo. Sin embargo, de dicha actuación se advierte que el actuario judicial adscrito, se constituyó en el domicilio ubicado en calle Fresno, manzana II, lote 5, colonia las Palmas de esta ciudad, lugar en donde se entrevistó con dos personas del sexo masculino, quienes le informaron que en dicho domicilio rentan cuartos y que aproximadamente son como quince en total y que ellos conocen a todos los inquilinos, pero desconocen sí el quejoso Ricardo Vargas Guillen, rente en dicho domicilio. No obstante lo anterior, de las constancias que integran el presente juicio, también se advierte que en diecisiete de junio de dos mil diecinueve (foja 11), el actuario judicial adscrito, se constituyó en el domicilio ubicado en calle Fresno, manzana II, lote 5, colonia las Palmas de esta ciudad, lugar en donde se entrevistó con quien manifestó llamarse Salvador Silva Barrientos, a quien le dejo el citatorio a fin de que el quejoso Ricardo Vargas Guillen, acudiera a este órgano jurisdiccional a notificarse del proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, dentro del plazo de dos días siguientes. En consecuencia, debido a que existe una actuación realizada con anterioridad a la razón de cuenta, se comisiona al actuario judicial adscrito y se constituya en el domicilio situado en calle Fresno, manzana II, lote 5, colonia las Palmas de esta ciudad, a fin de que notifique en términos del artículo 27, de la Ley de Amparo, al quejoso Ricardo Vargas Guillen, el proveído de uno de julio de dos mil diecinueve, o en su caso, se cerciore de que efectivamente el precitado quejoso no tiene su domicilio procesal en dicho domicilio. *

  2. Principal

    * Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera recurrido el proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve (fojas 6 a 9), en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Ricardo Vargas Guillen, por propio derecho, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el expediente en que se actúa transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica y no existen documentos originales que devolver a las partes. *

  3. Principal

    auto de 1 de julio de 2019. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera recurrido el proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve (fojas 6 a 9), en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Ricardo Vargas Guillen, por propio derecho, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el expediente en que se actúa transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica y no existen documentos originales que devolver a las partes. auto de 4 de julio de 2019. Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, en la que hace constar el motivo por el cual no le fue posible notificar al quejoso Ricardo Vargas Guillen, el proveído de primero de julio de dos mil diecinueve (fojas 14 a 15) , emitido en el presente juicio de amparo. Sin embargo, de dicha actuación se advierte que el actuario judicial adscrito, se constituyó en el domicilio ubicado en calle Fresno, manzana II, lote 5, colonia las Palmas de esta ciudad, lugar en donde se entrevistó con dos personas del sexo masculino, quienes le informaron que en dicho domicilio rentan cuartos y que aproximadamente son como quince en total y que ellos conocen a todos los inquilinos, pero desconocen sí el quejoso Ricardo Vargas Guillen, rente en dicho domicilio. No obstante lo anterior, de las constancias que integran el presente juicio, también se advierte que en diecisiete de junio de dos mil diecinueve (foja 11), el actuario judicial adscrito, se constituyó en el domicilio ubicado en calle Fresno, manzana II, lote 5, colonia las Palmas de esta ciudad, lugar en donde se entrevistó con quien manifestó llamarse Salvador Silva Barrientos, a quien le dejo el citatorio a fin de que el quejoso Ricardo Vargas Guillen, acudiera a este órgano jurisdiccional a notificarse del proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, dentro del plazo de dos días siguientes. En consecuencia, debido a que existe una actuación realizada con anterioridad a la razón de cuenta, se comisiona al actuario judicial adscrito y se constituya en el domicilio situado en calle Fresno, manzana II, lote 5, colonia las Palmas de esta ciudad, a fin de que notifique en términos del artículo 27, de la Ley de Amparo, al quejoso Ricardo Vargas Guillen, el proveído de uno de julio de dos mil diecinueve, o en su caso, se cerciore de que efectivamente el precitado quejoso no tiene su domicilio procesal en dicho domicilio.

  4. Principal

    * Visto el escrito de demanda de amparo promovida ***, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 802/2019 y fórmese expediente. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, el acto reclamado por Ricardo Vargas Guillen, consiste en: "[.] 1.- La resolución de fecha 26 de abril del año 2019, de manera específica el considerando II". Luego, como antecedentes del acto reclamado, el peticionario del amparo narró lo siguiente: "1.- Con fecha 09 de octubre del año 2018, interpuse demanda civil en contra del licenciado Jorge Ochoa Jiménez, notario número 3 en esta ciudad, que por razón de turno toco conocer al C. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente 424/2018-I. 2.- El notario en su escrito de contestación a la (sic) contestar la demanda omitió acreditar la personalidad al no acompañar en su escrito contestatario la patente que lo acredita como notario público. 3.- Por auto de fecha 16 de noviembre del año 2018, el Juez natural, previno al demandado para que en un término de tres días acreditara la calidad de notario. 4.- Con fecha 23 de noviembre del año 2018, interpuse reconsideración interpuesto (sic) en contra del auto de fecha 16 de noviembre del año 2018. 5.- Por auto de fecha 06 de diciembre del año 2018, el Juez primario, rechazó de plano el recurso de reconsideración interpuesto sin entrar al estudio de los agravios expresados. 6.- Por auto de fecha 06 de diciembre del año 2018, el Juez primario, tuvo por contestada la demanda instaurada en contra del licenciado Jorge Ochoa Jiménez en su carácter de notario público. 7.- Por escrito de fecha 07 de enero del año 2019, interpuse recurso de apelación en contra del auto de fecha 06 de diciembre del año 2018, que tuvo por contestada la demanda instaurada en contra del licenciado Jorge Ochoa Jiménez en su carácter de notario público. 8.- Con fecha 26 de abril del año 2019, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el Toca 188/2019 dicto sentencia definitiva al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 06 de diciembre del año 2019." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales e los que el Estado Mexicano sea parte;". De la interpretación conjunta de los referidos artículos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, por citar algunos. Sentado lo anterior, en el caso a estudio el acto reclamado, consistente en la resolución interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, dictada en el toca 188/2019, del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual se tuvo por contestada la demanda en el juicio de origen, el cual no produce una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Es así, porque los efectos adversos que, en su caso, podrían producirse con el acto reclamado son únicamente formales y no materiales, como lo aduce la recurrente, ya que pueden desaparecer al obtener una resolución definitiva favorable, sin que por el momento se esté en posibilidad de saber si habrá o no de trascender la esfera de derechos del inconforme, por lo cual, en caso de que estas violaciones procesales incidan en su resultado y éste sea desfavorable, podrá reclamarlas por la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto por los numerales 170, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que hasta ese momento puede determinarse si se vulneró la defensa del accionante, trascendiendo la violación al resultado del fallo, ya que de lo contrario, si obtiene una sentencia favorable a sus intereses, no habría violación alguna en perjuicio del peticionario, dejando clara la inexistente vulneración a los derechos de Iegalidad, audiencia y acceso a la justicia. Lo anterior, en virtud de que conforme a lo ya apuntado, en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala de manera precisa qué es lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, definiendo de manera clara que son aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna o en los Tratados en los que el Estado sea parte; y, que para ser calificados como irreparables, se precisa que la afectación sea de gravedad tal que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no sólo una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; precisándose además que la afectación incida sobre derechos o bienes jurídicos que no provengan exclusivamente de leyes adjetivas, sino que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; característica que, evidentemente no se actualiza en los actos reclamados. Definición que, como ya se había adelantado, fue adoptada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estableció de manera clara que, conforme al texto de la actual Ley de Amparo y, tratándose de actos en juicio que sean de imposible reparación, el juicio de amparo biinstancial sólo procederá cuando se afecten materialmente derechos sustantivos; sin seguir siendo aplicable la directriz anteriormente sustentada e invocada por el recurrente, relativa a que los actos procesales que afectaban de modo predominante o superior podían combatirse excepcionalmente en amparo indirecto, pues conforme a lo preceptuado por la ley de la materia, cuando se reclamen actos de imposible reparación en dicha vía, para que ésta pueda prosperar, es menester que la afectación causada por el acto reclamado incida en forma material en un derecho sustantivo. De ahí que, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio procesal el que indica en el escrito que se provee; y, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Jessica López Mora y Rafael Jiménez González, toda vez que cuentan con el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a Francisco Hernández Bautista, por no tener su registro en el aludido Sistema. *

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