Ricardo Valente Ramírez

Expediente 961/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
961/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
30/09/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Valente Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo (fojas 37 a 40). En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Ahora bien, en términos del punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio serán destruidos, al haberse negado la medida cautelar definitiva; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción de los mismos. Finalmente, en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede.

  2. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal; toda vez que mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (fojas 37 a 40), se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sin embargo, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo, expídase copia del citado proveído.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve (foja 24), remite copia certifica de la diligencia de otorgamiento de perdón, a favor del quejoso Ricardo Valente Ramírez, dentro de los autos de la causa penal 29/2016-II. Así, de las constancias de referencia, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que ha operado un cambio de situación jurídica, respecto del acto reclamado en esta vía constitucional, por lo que, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde sobre las consecuencias jurídicas, que en el presente asunto genera la emisión del referido auto de plazo constitucional. Sobre el tema, la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Conforme a la fracción del precepto legal transcrito, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y en el mismo se suscita un cambio de situación jurídica, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar el nuevo contexto en que se ubica la parte quejosa. En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de reaprehensión, girada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, dentro de la causa penal 29/2016-II; y el seis de agosto de dos mil diecinueve, en la diligencia de otorgamiento de perdón se ordenó la cancelación de la orden de captura de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve, en contra del quejoso Ricardo Valente Ramírez. Lo anterior conduce a estimar que, conforme a lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de reaprehensión reclamada, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de garantías, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mientras que el seis de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable ordenó la cancelación de la orden de detención emitida en contra del quejoso. Entonces, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la sola emisión del auto de formal prisión implica que la parte quejosa se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de reaprehensión que aduce es inconstitucional, de modo que las violaciones cometidas en la primera deben considerarse consumadas de modo irreparable y precisamente por tal motivo, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si en nada puede variar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Aplica al caso por analogía la tesis 1a./J. 95/2007, con número de registro, 171,841, consultable a página cincuenta, tomo XXVI, Agosto de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejosa. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Así como la diversa Tesis 2a./J. 10/2003, página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a la(s) autoridad(es) ejecutora(s), por no haber sido combatidos por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación la tesis con número de registro 239008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en la Séptima Época, en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 24, Tercera Parte, consultable en la página cincuenta, de la literalidad siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 24 vuelta. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificado del proveído de diecisiete de julio de dos mil diecinueve (fojas 11 a 14), por el cual se solicitó dicho informe, lo que se corrobora con el acuse de notificación que obra en autos a foja veintidós. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, por conducto de su titular *****, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, remita a este juzgado federal copias certificadas legibles, autorizadas y en orden cronológico de la totalidad de las constancias que integran el acto reclamado, toda vez que las mismas resultan necesarias para estar en aptitud de resolver el juicio de amparo en que se actúa. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con 49/100 moneda nacional); lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.

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