Ricardo Valenzuela Ortega
Expediente 447/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 447/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Ricardo Valenzuela Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Se tiene por recibida la ejecutoria emitida en el recurso de queja 89/2022, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante la cual el tribunal pleno resolvió: Acúsese recibo. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en los términos del numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, Diseño Corporativo Lagunero, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de Administrador Único Ismael Luis Chapa Mejía solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "V. AUTORIDADES RESPONSABLES. A priori, y sin tener pleno conocimiento de los actos reclamados, considero que les asiste tal carácter a: 1. R. Ayuntamiento de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango 2. C. Presidenta Municipal de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango. 3. H. Congreso del Estado de Durango, con residencia en Durango, Durango. VI. ACTOS RECLAMADOS. 1. De las autoridades responsables señaladas en el apartado que antecede, denominadas R. Ayuntamiento de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango y C. Presidenta Municipal de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, se les reclama indistintamente y de manera particular los siguientes actos de autoridad: a) La falta de emplazamiento y/o llamamiento al procedimiento administrativo iniciado en contra de mi mandante "Diseño Corporativo Lagunero, S.A. de C.V.", para la rescisión de la concesión hasta por quince años, que celebró el R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, con mi mandante, para que se operara, manejara y mantuvieran 10 puentes peatonales ubicados en la Ciudad de Gómez Palacio, Durango. b) La emisión de oficios de requerimientos, solicitudes o cualquiera otro relacionado con la rescisión de la concesión antes mencionada y que se encuentre dirigido a la parte quejosa en el presente juicio de amparo en relación con la falta de emplazamiento y/o llamamiento reclamados en el punto que antecede, los cuales se reclaman de manera general y a priori por desconocerse. c) La determinación, resolución y/u oficio que se hubiesen emitido por las autoridades responsables para rescindir, en su caso, la concesión ya mencionada. 2. Del H. Congreso del Estado de Durango, se reclama la Resolución que, en su caso, hubiese emitido para aprobar la rescisión de la concesión que mi mandante tiene celebrado con el R. Ayuntamiento de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, así como la emisión de cualquier determinación relacionada con el citado acto jurídico, que tenga por efecto modificar o extinguir los derechos que mi mandante tiene para la concesión pública de los puentes peatonales de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango. También se le reclama la emisión de cualquier determinación tendente a la rescisión y/o extinción de la concesión que se le otorgó" SEGUNDO. Trámite del incidente. Por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, previa aclaración se radicó el juicio de amparo con el número 341/2021-VIII, se ordenó tramitar el incidente de suspensión y se proveyó respecto a la suspensión provisional de los actos reclamados; asimismo, se requirió a las autoridades responsables su informe previo y se señaló fecha para la audiencia incidental. En resoluciones interlocutorias de uno de junio de dos mil veintidós, dieciséis de abril y uno de junio de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva. TERCERO. Ampliación. Mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por ampliada la demanda en los siguientes términos: Mediante acuerdo de esa misma fecha se ordenó la apertura del incidente y se proveyó respecto la suspensión provisional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este incidente. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este asunto, pues solamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el incidente, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte impetrante exponga en relación con el acto reclamado respectivo. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de localización y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del incidente que nos ocupa, revelan que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: La falta de emplazamiento y/o llamamiento al procedimiento administrativo iniciado en contra. ii. La orden verbal de resolución y/o extinción de la concesión de puentes que se otorgó en favor de su mandante. El procedimiento administrativo Luego, al no advertirse algún otro acto atacado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de la suspensión. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables locales toda vez que al rendir su informe previo, aceptó el mismo; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar por analogía la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Suspensión improcedente. Menciona el representante de la empresa quejosa, que el Congreso del Estado de Durango, aprobó mediante decreto la autorización para que el Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango y su representada, celebraran un convenio de concesión para que operara y manejara diez puentes peatonales, cuya construcción y mantenimiento sería por su cuenta y la ubicación determinada por el Republicano Ayuntamiento mencionado, motivo por el cual, la suspensión para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no se aplique ninguna sanción pues manifiesta que no ha sido emplazada al procedimiento administrativo de origen. En ese contexto, la procedente a juicio de este Juzgado Federal, es negar la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Esto en virtud de que, de concederse, se perjudicaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues no obstante que por su naturaleza, tales actos son susceptibles de ser suspendidos a través de la medida cautelar de que se trata y, si bien es cierto, que existe petición de la medida cautelar por parte del agraviado, también es verdad que en el caso particular no se reúne el segundo requisito que para la concesión de la suspensión del acto reclamado exige la fracción II del citado artículo 128 de la Ley de Amparo, pues de concederse la medida suspensional solicitada, se contravendrían disposiciones de orden público y se perjudicaría al interés social, pues el mantenimiento construcción y operación de los puentes peatonales tiene como objeto dar seguridad a las personas que transitan por ellos, con la mayor seguridad posible en beneficio de la sociedad, el cual es preferente al interés del quejoso; lo anterior no obstante que si bien con la imposición de la misma se le podrían ocasionar daños y perjuicios, no menos cierto es que resulta de mayor peso el interés de proteger la integridad física de las personas que tienen que ver con el mantenimiento, operación y construcción de los puentes peatonales, al servicio de la colectividad. Toda vez que de la ponderación entre el derecho que tienen los particulares a quienes se les otorgó una concesión para prestar dicho servicio y el interés social inmerso en las disposiciones que lo limitan o restringen, en términos del artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que debe privilegiarse, por encima del interés particular, el bien común, derivado de la regulación y mejoramiento en la prestación de los servicios públicos, como en el caso acontece con el del mantenimiento operación y construcción de los puentes peatonales. Apoya a lo anterior, por identidad de razón, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2559, Registro 2011577, Décima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE, POR REGLA GENERAL, CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES. Este tipo de obras benefician, por sí mismas, a la sociedad, pues: 1. Al ser públicas, generan un beneficio colectivo; 2. Es manifiesto y evidente que son vías de comunicación que se construyen para mejorar el tránsito de los vehículos, pues con su realización se pretende, entre otras cosas, disminuir la carga vehicular en determinados caminos, evitar accidentes y reducir los tiempos de viaje; 3. Su construcción representa un servicio público que presta el Estado, en atención a las indicadas finalidades prioritarias en materia de tránsito terrestre; 4. Se busca brindar un crecimiento y un desarrollo ordenados de las poblaciones; y, 5. Las vialidades no son para beneficio exclusivo de los pobladores de determinada región, zona o ciudad, sino de cualquier persona que necesite transitar por éstas. Por tanto, debe negarse la suspensión en el amparo contra la construcción de dichas obras, porque se afectaría el orden público y el interés social, pues se perjudicaría a la sociedad, ya que se le privaría de los beneficios descritos, provocándole un daño que de otra manera no resentiría. Aunado a lo anterior, debe considerarse que las vialidades constituyen el medio idóneo para los fines indicados, ya que no existe otro mecanismo para satisfacer ese tipo de interés público. Cabe acotar que si bien, por regla general, debe negarse la suspensión en la hipótesis descrita, ello no descarta el análisis relativo a si la vialidad, por su ubicación, objeto o fines, no beneficiará a la colectividad, caso en el cual, estará sujeto a prueba el beneficio colectivo. Así como, la tesis jurisprudencial 204/2009, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, registro electrónico 165694, que expresa: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." De igual forma, tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 44, consultable en el Informe de 1973, Parte II, Materia Común, correspondiente a la Séptima Época, que dice: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Y la tesis de jurisprudencia I.3°.A. J/16, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 383, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyo epígrafe es el siguiente: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." QUINTO. Diferimiento. Por otro lado, ante la ausencia en autos del informe previo de la autoridad responsable Congreso del Estado de Durango, así como tampoco se ha recibido el acuse correspondiente por el cual se le solicitó su informe. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy únicamente por lo que se refiere a la autoridad precisada en este considerando, y se fijan las nueve horas con quince minutos del siete de junio de dos mil veintidós, para que tenga su verificativo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base además en lo establecido por los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva. SEGUNDO. Se difiere la audiencia incidental en los términos del considerando quinto. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de mayo de dos mil veintidós. Recurso de inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito de la quejosa Patricia Murra Murra de Villarreal, mediante el cual interpone recurso de inconformidad en contra del auto de cinco de abril de dos mil veintidós. Radicación. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 203, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 5/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de septiembre de dos mil trece, remítanse los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, así como el original del escrito de interposición del recurso de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común. Cuaderno de antecedentes. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado porque no obran las constancias requeridas al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en proveído admisorio, relativas a informar sobre los elementos y las operaciones aritméticas que fueron tomados en cuenta para determinar la tarifa de $20,000.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional) contenida en los artículos 54, fracción II y 60, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, que supuestamente sea exacta o aproximada al costo general al Estado. Se reitera requerimiento. En consecuencia, se reitera el requerimiento formulado en autos a la autoridad responsable referida en el párrafo precedente a fin que en el plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente auto, remita a este órgano jurisdiccional las constancias mencionadas. Apercibimiento. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en autos al respecto. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las nueve horas con diez minutos del dos de junio de dos mil veintidós. Notifíquese.
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