Ricardo Uribe Arellano

Expediente 976/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
976/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Uribe Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Oficio. Visto el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Sin que obste que dicho comunicado, se haya obtenido de forma íntegra del Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE), recibido a través del módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo. Acuerdo. En tal virtud, téngase por devuelto diligenciado el exhorto 222/2022, número de orden 222/2022, del índice de este juzgado. Acuse de recibo. Sin que haya lugar acusar recibo de estilo, toda vez que el sistema por el que fue remitido lo genera en automático. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Escrito. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Ricardo Uribe Arellano, en el cual solicita se informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo. Acuerdo. Como lo solicita, infórmesele al quejoso que mediante proveído de siete de septiembre del año en curso, este juzgado declaró carecer de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, por ello se declinó la misma en favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, en turno, con residencia en Saltillo; posteriormente, el veintidós de septiembre de este año, se tuvo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, por informando que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio con el número estadístico 1019/2022-IIIM; de ahí entonces, en la misma fecha se ordenó el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Notificación por exhorto. Ahora bien, para informar lo anterior y considerando que el quejoso Ricardo Uribe Arellano, se encuentra recluido en el Centro Federal Número 18 "CPS Coahuila", con sede en Ramos Arizpe, es decir, fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva ordenar al actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en el centro penitenciario ya mencionado, y notifique de manera personal al quejoso Ricardo Uribe Arellano, el presente auto, así como los diverso de siete y veintidós de septiembre de dos mil veintidós, corriéndole traslado con copia de los mismos y del oficio número 33032/2022, por el que se informa sobre la aceptación de la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. De igual forma, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a las autoridades jurisdiccionales que les corresponda conocer del presente asunto, para que habiliten días y horas inhábiles, a fin de realizar dicha encomienda y, hecho que sea lo anterior, devuelva la comunicación que nos ocupa por los medios que considere más expeditos con las constancias que acrediten su diligenciación. En el entendido que la comunicación oficial que se ordena, deberá enviarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes haciendo uso de la firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los artículo 107 y 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; tomando en consideración la naturaleza de la misma, de conformidad con el numeral 110 del referido acuerdo, no existe la necesidad de que el juzgado exhortado acuse de recibo vía ordinaria; asimismo, se destaca que la devolución de las constancias respectivas deberá realizarse únicamente mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Solicitud. En otro entorno, toda vez que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en veintidós de septiembre del año en curso, se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, solicítese atentamente a dicha autoridad federal, que de no tener inconveniente legal, se sirva acusar recibo de los incidentes de suspensión que le fueron remitidos en esa misma fecha. Notifíquese y mediante exhorto al quejoso Ricardo Uribe Arellano.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el juicio de amparo 976/2022-VA, del cual deriva este cuaderno de antecedentes, e informa que dicho órgano aceptó la competencia declinada por este juzgado, por lo que se avocó al conocimiento del juicio con el número de expediente 1019/2022-IIIM; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, remítanse los cuadernos incidentales y solicítese al juzgado homólogo el acuse de recibo respectivo. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se certifica que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como las constancias que obran en el presente sumario, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material en otra jurisdicción, pues en el caso se reclama la omisión de contestar una solicitud de beneficios preliberacionales, de ahí que, conlleva una ejecución que se vincula al lugar de reclusión del aquí Ricardo Uribe Arellano, quien aparece que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS", con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila. Incompetencia. En consecuencia, este Juzgado carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo en razón de territorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 y 48 ambos de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para corroborar dicho aserto, debe tenerse presente que la competencia objetiva de un órgano jurisdiccional es un presupuesto procesal de orden público que, por imperativo constitucional contenido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, debe de analizarse de oficio a fin de no transgredir las reglas fundamentales que norman el juicio de amparo. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia I.2o.P.J/40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, agosto de 1992, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Por otra parte, la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar lo juzgado en las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho, desde luego, en el ámbito de su respectiva competencia. La función de conocer y juzgar los litigios, así como de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa restricción de sus atribuciones, como medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón del territorio se distribuye entre diversos Circuitos, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a los que se les asigna una especialización o materia mixta, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, mixtos, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad o en su caso en todas las materias. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia por territorio es el criterio que determina la circunscripción territorial en la que ha de tener su sede el órgano jurisdiccional que deberá dirimir la controversia; es decir, el lugar físico donde se encuentran los sujetos u objeto de la controversia o donde se produjo el hecho que motiva el juicio, por tanto, es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes dentro de una determinada zona geográfica. Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto transcrito se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que son: Primera. Cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución, de conformidad con el último párrafo del numeral en comento. En este caso, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama radica dentro del ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. Segunda. Esta se encuentra específicamente contenida en el primer párrafo del numeral en estudio y se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. Tercera. Más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, esta constituye un matiz de la hipótesis antes mencionada, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. Por tanto, al tratarse de un acto reclamado que requiere ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, conforme lo dispone el primer párrafo de ordinal transcrito. Dicho lo anterior, del análisis integral de la demanda que se atiende, así como de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que el quejoso Ricardo Uribe Arellano, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS", con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila, y en el caso reclama esencialmente la omisión de acordar su escrito de petición para el otorgamiento de beneficios preliberacionales. Al respecto, resulta conveniente precisar que cuando un sentenciado solicita un beneficio preliberacional para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad y la autoridad correspondiente niega o no da trámite a su solicitud de otorgamiento del beneficio, a partir de ese momento, su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la negativa u omisión de que se trata. Por tanto, la omisión de dar trámite o la resolución que decida sobre alguno de los beneficios mismos que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es consecuencia de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa, o en el caso, ese desechamiento de plano. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 56/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, tomo XIV, noviembre de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL. El derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva, por lo que la resolución que reconozca a los sentenciados alguno de los beneficios de que se trata, aun cuando distinta de la sentencia condenatoria, por no ser una exteriorización de la función jurisdiccional, puede considerarse como un agregado de la misma al constituir una especialización de la pena que favorece al reo. En estas condiciones, cuando se ha solicitado por el reo alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta por la autoridad judicial y la autoridad correspondiente niega su tramitación o el beneficio mismo, resulta claro que a partir de ese momento su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la negativa de que se trata. Por tanto, es indudable que la resolución en que se niega el trámite, o bien, alguno de los beneficios mismos que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es consecuencia de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa; por lo que es claro que ese tipo de resoluciones se ubican en el caso de excepción previsto por el legislador en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo y contra ellas puede promoverse juicio de amparo en cualquier tiempo." (Lo subrayado no es de origen) En tal virtud, conforme a las reglas de competencia previstas en la Ley de Amparo, al continuar la situación de privación de libertad personal del agraviado, se advierte que dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido el quejoso y por tanto, la competencia para conocer del juicio de garantías en el que se impugna la omisión de acordar la petición para el otorgamiento de beneificios preliberacionales, radica en un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro de readaptación en el que se encuentra interno el quejoso. Por tanto, se estima que este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, carece de competencia legal para conocer de la demanda que nos atañe, por razón de territorio, y que corresponde su conocimiento al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 48/2005, emitida por la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXI, junio de 2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Pues se reitera, de acuerdo con las reglas que sobre la competencia establece el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, para que este Juzgado de Distrito sea el competente para conocer del presente juicio de amparo, es menester que las consecuencias del acto reclamado se materialicen dentro de la jurisdicción de este juzgado, lo que en el caso no acontece, sin embargo, las mismas se materializan y se ejecutan en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS", con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila. De ahí que se sostenga que es competente para conocer del presente juicio de garantías el Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno, pues en el caso ejerce jurisdicción territorial en citado lugar donde se encuentra recluido el quejoso, de conformidad con los puntos primero, segundo y cuarto, fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con número de registro 316005, publicada en la página 119, Quinta Época, tomo CXXX, materia administrativo, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO: Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso esta regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia." Sin que obste el hecho de que la autoridad señalada como responsable, tenga su domicilio en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; lo anterior tomando en cuenta que en caso de ejecutar sus funciones, lo harán en el lugar de jurisdicción del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 73 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 217-228 Tercera Parte, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y considerando que fue resuelta la suspensión definitiva, este Juzgado declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente asunto, y declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forma remítase por mensajería acelerada "Estafeta", el presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de aquella localidad; solicitando el acuse respectivo por la misma vía; asimismo se sirva comunicar a este órgano de control constitucional, lo que tenga a bien determinar, respecto de la competencia declinada. Cancelación de la audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Notifíquese personalmente.

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