Ricardo Urbina Fabián

Expediente 105/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
105/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Urbina Fabián

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la autoridad que ahí se indica, en representación del Secretario de Gobernación, mediante el cual rinde su informe justificado, designa delegados y señala domicilio para oír y recibir notificaciones y solicita el uso de medios electrónicos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de mérito, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De igual manera, de conformidad con el numeral 9° de la ley que nos ocupa, se tienen por designados como Delegados a las personas que menciona, y por señalado como su domicilio procesal el que indica, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, siempre y cuando corresponda al de su domicilio oficial. Sin que haya lugar a dictar mayor proveído en relación con el uso de medios electrónicos que solicita, toda vez que con anterioridad se autorizó a la totalidad de las partes el uso de los mismos. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, once de febrero de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por *****************, por propio derecho; contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 105/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Una vez analizada la demanda de amparo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en el artículo 61 de dicho ordenamiento legal, pues dicho dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de garantías. En ese sentido, el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Aunado a que las causales de improcedencia son una cuestión que debe analizarse de oficio, debido a que son de orden público, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por tratarse de actos intraprocesales que no son de imposible reparación, en la medida en que no afectan derechos sustantivos del promovente. Con el fin de demostrar lo anterior, es necesario conocer el contenido de dichos artículos, que es el siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y enlos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano seaparte". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en alguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable señalar que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. En efecto, en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando éstos sean de imposible reparación. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del propio artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.1 Empero, tratándose de violaciones cometidas dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de Distrito, siempre y cuando dicha violaciones superen lo meramente adjetivo, es decir, cuando los actos sean de imposible reparación, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Bajo esa tesitura, respecto a los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se advertía que: "(.) el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que nonecesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables". En ese contexto, se puede concluir que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal -siempre y cuando no rebasen lo puramente procedimental-, toda vez que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una resolución favorable o una sentencia acorde a sus pretensiones, al agotar los medios de impugnación ordinarios a su alcance. Razones de la improcedencia. Del análisis que ahora se realiza a la demanda de amparo se tiene que el quejoso reclama lo siguiente: "El ACUERDO DE ADMISIÓN DE PRUEBAS de fecha DIESICIETE (sic) DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, derivado del Procedimiento Administrativo incoado en mi contra radicado bajo el número de expediente administrativo *****************" En ese sentido, es importante señalar que dicho acto al proveer respecto de las pruebas aportadas al procedimiento, debe entenderse como un acto intraprocesal que solo afecta derechos adjetivos y no sustantivos. De ahí que, puede estimarse para efectos de la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado al ser de carácter intraprocesal, puesto que al tratarse de admisión o no de pruebas no es definitivo, pues no pone fin a la instancia administrativa, ni tampoco es de imposible reparación, pues hasta ese momento procesal aún no se ha dictado la resolución definitiva en el procedeimiento incoado en contra del quejoso. Siendo, por tanto, hasta que se pronuncie resolución definitiva dentro del procedimiento administrativo ********************, es cuando se pudiera actualizar tal perjuicio, pues, puede suceder que dicha resolución le sea favorable y, en esa virtud, no se patentizaría la afectación a la parte quejosa y, en caso contrario, indefectiblemente podrá hacerlo valer, como una violación procesal en el medio de impugnación correspondiente a la resolución definitiva que en éste se dicte. Aunado a que al tratarse de un acto intraprocesal que no rebasa lo puramente procedimental, no puede considerarse que no tenga reparación alguna para hacer procedente el juicio de garantías; lo anterior es así, ya que no afecta los derechos protegidos a través de las garantías individuales, que deban ser analizados mediante el juicio constitucional, sin necesidad de esperar al dictado de la resolución definitiva, pues con tal circunstancia no se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa. De ahí, que el acuerdo de admisión de pruebas de diecisiete de enero de dos mil veintidós, derivado del procedimiento administrativo incoado en contra del quejoso, radicado bajo el número de expediente administrativo ***************, no es una actuación que hasta este momento procesal le cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, que de facto deba ser atendido en esta vía constitucional, pues se insiste sí aún no se ha dictado la resolución respectiva, la consecuencia que acarrea la determinación reclamada, trae en sí efectos meramente procesales, que en el momento oportuno puede hacer valer como una violación procesal en el medio de impugnación correspondiente a la resolución definitiva. Así, debe considerarse que respecto del acto bajo análisis se actualiza la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente.2 Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta.3 En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezcan en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) hay pruebas documentales [anexos de la demanda que contienen el acto reclamado] que demuestran su naturaleza jurídica; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado (lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos); (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Conclusión Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 113, en relación con los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la misma legislación, a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías, promovida por *******************, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades. Domicilio y Autorizados Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************* toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello.4 Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.5 Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

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