Ricardo Rubén Martínez
Expediente 973/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/08/2022
Partes del expediente
- Ricardo Rubén Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 33/2022. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Se hace del conocimiento de las partes, que el órgano colegiado revisor resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se DECLARA LEGALMENTE COMPETENTE para conocer de la demanda al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México" En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, once de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial decretado en el presente asunto, registrándolo con el número de toca C.C.A. 33/2022; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en esta Ciudad, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción no aceptó la competencia declinada para conocer del juicio de amparo 973/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, por los motivos que expone. Ahora bien, del análisis integral de actuaciones se aprecia que en proveído de doce de julio del año en curso, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la presente demanda, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, ya que se plantea una controversia respecto de relaciones de naturaleza laboral, pues lo que se combate, en esencia es, la omisión por parte de la responsable de otorgar el salario al quejoso, así como brindar la atención médica, a que tiene derecho por ser auxiliar administrativo dependiente de la Dirección de Operación Aduanera 1, con número de empleado 02022035772, cargo que viene desempeñando desde hace veintitrés años. En ese sentido, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone: ... Lo que pone de manifiesto que la materia de esas disposiciones encuadra en el ámbito de especialización del derecho laboral. Máxime que los actos que aquí se reclaman se encuentran contemplados en el artículo 123, apartado B, fracciones IV y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, la competencia radica ante un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo, quien debe conocer del juicio de amparo que nos ocupa. Posteriormente, la demanda de amparo fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, y mediante proveído de dieciocho de julio del año en curso, determinó no aceptar la competencia planteada por este órgano de control constitucional, bajo el argumento siguiente: ? La parte quejosa reclama la orden de la Agencia Nacional de Aduanas que emitió a efecto de retener al salario del quejoso, así como la negativa y/u omisión de brindarle el servicio de salud, como derechohabiente del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y con ello la consecuente denegación del servicio médico. ? De los citados actos, el relativo a la negativa y/u omisión de brindarle la atención médica al quejoso, es un acto material y formalmente administrativo, pues afecta el derecho contemplado en favor del quejoso, por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que no incide sobre alguno de los Derechos establecidos en el artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que solamente se trata de un acto formalmente administrativo. ? Por lo cual, los actos reclamados vinculados con la denegación de servicio médico no se considera que encuadren dentro de alguna de las hipótesis que refiere el artículo 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues tanto las autoridades a quienes se atribuyen, son de materia administrativa. De lo que concluyo que los actos reclamados son de orden administrativo y por tal motivo, es un órgano especializado en dicha materia, el que debe conocer de la demanda de amparo que se analiza. Motivos por los cuales no aceptó la competencia planteada por este juzgado. Pues bien, al margen de que este órgano de control constitucional comparta o no la respetable opinión del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, insiste en considerar que carece de competencia legal (por razón de la materia) para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por los mismos motivos expuestos en el aludido acuerdo de doce de julio del año en curso; por lo que se concluye que el estudio del presente asunto corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Asimismo, a criterio de quien esto resuelve se considera que analizar si los actos reclamados provienen o no de una autoridad, para efectos del juicio de amparo, previo a determinar la competencia de este juzgado para realizarlo, es prejuzgar y hacer uso de una facultad que, en su caso, la ley no confiere. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P.J. 83/98 sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, cuyo rubro y contenido son: ... Así las cosas, toda vez que este órgano jurisdiccional, insiste en declinar la competencia en su favor, con base en los motivos y argumentos precisados en el acuerdo de doce de julio del año en curso y reiterados en este acuerdo, por tanto, remítanse los presente autos, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a efecto de que se sirva resolver el conflicto de competencia aquí suscitado. Lo anterior, hágase del conocimiento al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a efecto de que, de estimarlo procedente, realice las manifestaciones que considere pertinentes ante la Superioridad que conozca del conflicto competencial de mérito. Sin que sea necesario conformar cuaderno de antecedentes, toda vez que en auto de trece de agosto, se ordenó lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, doce de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso **********************, mediante el cual desahoga en sus términos la prevención que le fue formulada en auto de veintiocho de junio del año en curso, por lo que es procedente proveer lo siguiente: Sentido de la determinación inicial. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo que nos ocupa, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de materia, toda vez que corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, conocer del presente asunto. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose este dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Sobre dicho criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que el legislador tomó como base dos criterios: i) la naturaleza del acto reclamado y ii) la naturaleza de la autoridad responsable. Por lo que solo deben tomarse en cuenta esos elementos, sin acudir a los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ********************; reclama de la Agencia Nacional de Aduanas: . Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, se plantea una controversia respecto de relaciones de naturaleza laboral, pues lo que se combate, en esencia es, la omisión por parte de la responsable de otorgar el salario al quejoso, así como brindar la atención médica, a que tiene derecho por ser auxiliar administrativo dependiente de la Dirección de Operación Aduanera 1, con número de empleado *************, cargo que viene desempeñando desde hace veintitrés años. En ese sentido, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone: . Por tanto, el acto reclamado no es de la especialización de este juzgado, sino del Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por lo que es éste el que debe conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, ya que éste goza de la formación, especialidad y dominio de la materia laboral, necesarios para resolver de manera más autorizada y con mayor prontitud la cuestión sometida a su jurisdicción. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase el expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias mínimas indispensables. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
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