Ricardo Tuz Mukul
Expediente 673/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ricardo Tuz Mukul
Actuaciones
- Principal
MESA I. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso RICARDO TUZ MUKUL, con el que cumple la prevención realizada en acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por la citada parte quejosa, contra actos del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, y el escrito aclaratorio de cuenta, de los que se advierte que el acto que en concreto reclama la parte quejosa consiste en la sentencia interlocutoria de siete de mayo de dos mil dieciocho, dictada dentro del recurso de revocación interpuesto en contra del auto dictado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 686/2012, por la autoridad responsable, y la falta de notificación de la sentencia de mérito. Por tanto, por lo que ve al acto reclamado por la parte quejosa, consistente, medularmente, en la sentencia interlocutoria de siete de mayo de dos mil dieciocho, la cual le fue notificada a través del Diario Oficial del Estado de Yucatán, el quince de mayo del año en curso, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte la quejosa impugna de la autoridad responsable, la resolución interlocutoria de siete de mayo de dos mil dieciocho, la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintiocho de febrero de ese propio año, dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 686/2018, misma que le fue notificada el quince de mayo de dos mil dieciocho, a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado. Asimismo, del propio escrito de demanda, específicamente en los apartados de antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación, el quejoso Ricardo Tuz Mukul indica que en el juicio ejecutivo mercantil promovido por Wilmer Antonio Braga Durán y Samuel Alejandro Martín Kuyoc, endosatarios en procuración del citado Tuz Mukul, se embargó el predio quinientos diez, de la calle treinta y seis, de Tizimín, Yucatán, por lo que en diversas ocasiones le pidió al Juez responsable de someter a remate el bien embargado, el cual le fue negado, por lo que el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el Juez primigenio ordenó la cancelación del embargo del predio de los demandados en el juicio de origen, aduciendo que han transcurrido más de dos años sin que se haya promovido juicio, ante lo cual se inconformó a través del recurso de revocación, siendo que en resolución interlocutoria dictada el siete de mayo de dos mil dieciocho, la cual declaró improcedente dicho recurso, le fue notificada a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado, el quince de mayo del año que transcurre, manifestando que tuvo conocimiento de sus existencia hasta el veintiuno de mayo citado. Sentado lo anterior, este Juzgador Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera de término que para tal efecto establece el artículo 17 y 18 de la invocada ley. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Por su parte, el numeral 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, establecen: "...Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo." "...Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Se afirma lo anterior, toda vez que del contenido de la propia demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la sentencia interlocutoria dictada se le notificó al quejoso a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el quince de mayo de dos mil dieciocho; sin que pase inadvertido la manifestación que realiza en el sentido que tuvo conocimiento de dicha resolución hasta el veintiuno de mayo citado. Lo anterior, toda vez que formuló conceptos de violación en cuanto a la resolución interlocutoria dictada el siete de mayo de dos mil dieciocho, en la cual la Juzgadora responsable, declaró improcedente el recurso de revocación, interpuesto contra el auto de veintiocho de febrero de ese propio año, en el que se determinó cancelar el embargo del predio quinientos diez, de la calle treinta y seis, de la ciudad de Tizimín, Yucatán, en el juicio ejecutivo mercantil 686/2012, notificada por medio de lista el quince de mayo último. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, respecto al acto reclamado consistente en la notificación de la resolución interlocutoria de siete de mayo de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial del Estado, derivado del juicio ejecutivo mercantil 686/2012, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Partiendo de las anteriores premisas, un acto se entiende consentido tácitamente, cuando siendo a ser susceptible de ser recurrido por la vía de amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley; esto es, si de lo expresado por el propio impetrante, se desprende tuvo conocimiento el quince de mayo de dos mil dieciocho, del recurso de revocación de siete de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 686/2012, toda vez que fue notificado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, notificación que surtió efectos al día siguiente, en términos del artículo 1075 del Código de Comercio; por ende, el plazo para presentar su demanda de amparo comenzó a correr y contarse al día siguiente, por lo que es inconcuso que a la fecha en que, mediante a la presentación de la demanda, según aparece de la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, fue el ocho de junio del año en curso, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, tuvo conocimiento del acto reclamado el quince de mayo de dos mil dieciocho, en tanto que presentó su escrito de demanda hasta el ocho de junio de dos mil dieciocho, es notorio que resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. Asimismo, no pasa por inadvertido para este Juzgador, que la parte quejosa haya asentado en su apartado de acto reclamado de la demanda de amparo (del escrito aclaratorio) que se enteró de la existencia de la sentencia interlocutoria de manera fortuita hasta el veintiuno de mayo último, pues, como ya se indicó en párrafos que anteceden del análisis integral de la demanda de amparo, esto es, de los apartados de antecedentes del acto reclamado, la resolución que combate, le fue notificada el quince de mayo de dos mil dieciocho, por medio de lista en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por RICARDO TUZ MUKUL, respecto al acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria de siete de mayo de dos mil dieciocho, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, precisada en la fracción XIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cuanto al diverso acto que reclama Ricardo Tuz Mukul, en la demanda de amparo que promueve, consistente en la falta de notificación personal de la resolución interlocutoria dictada el siete de mayo de dos mil dieciocho, que le fue notificada a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el quince de mayo de dos mil dieciocho, por el órgano jurisdiccional señalado como responsable, en autos del juicio ejecutivo mercantil 686/2012, del índice de la citada autoridad, del que manifiesta ser la parte actora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal como se expondrá a continuación. De la lectura integral a la demanda se pone de manifiesto que la parte quejosa reclama la falta de notificación personal de la sentencia interlocutoria dictada el siete de mayo de dos mil dieciocho, por la autoridad responsable en el juicio ejecutivo mercantil 686/2012, misma que le fue notificada a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado, el quince de mayo citado, refiriendo que no se cumplió con las formalidades escenciales del procedimiento, dado que toda sentencia deber ser notificada personalmente en el domicilio señalado para ello, y que al hacerlo en forma distinta lo deja en estado de indefensión, pues lo cual le impidió conocer oportunamente dicha sentencia. Precisado lo anterior, en el caso, se estima que la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (...)" Es menester puntualizar que el precepto anteriormente transcrito contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. Ilustra a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 126, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto señalan: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." Asimismo, es de precisar que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. Ilustra a lo anterior, el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 115/99, visible a foja 448, Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso, tal como se adelantó en líneas precedentes, el presente juicio resulta improcedente al no satisfacerse el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual se encuentra inserto en la fracción III del artículo 107 Constitucional que expresa: ".Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes. a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." En efecto, el juicio de amparo tiene una naturaleza extraordinaria, y por tanto, sólo procede respecto de actos definitivos, lo que significa que en contra de dichos actos no exista recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados o revocados. Así, es necesario transcribir el contenido de los artículos 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, en términos de su numeral 1054, aplicable al Juicio Ejecutivo Mercantil 686/2012, del cual deriva el acto reclamado, que a la letra dicen: ".ARTICULO 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." ".Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva." De lo que se sigue, que la notificación de la sentencia de siete de mayo de dos mil dieciocho, es impugnable mediante el incidente de nulidad. De tal manera que, al no haberse agotado antes de la promoción de la demanda de amparo tal medio ordinario de defensa legal, no se cumple con el principio de definitividad, el cual es presupuesto básico para la procedencia del amparo, pues sólo es factible cuando se hayan agotado los recursos o medios de defensa por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. En efecto, en el caso resulta indudable que el juicio de amparo deviene improcedente de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Ley Fundamental, toda vez que contra la notificación de la resolución de siete de mayo de dos mil dieciocho, debió interponerse el incidente de nulidad referido. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la parte impetrante alega que el acto reclamado viola en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el precepto 14 constitucional; sin embargo, ello de ningún modo puede entenderse como una excepción al principio de definitividad; lo anterior, en primer lugar, porque el quejoso es parte en el juicio de origen, por tanto, es evidente que tuvo oportunidad de hacer valer los medios de defensa que considerara pertinentes en contra de la determinación de la responsable. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión del suscrito, no obstante se admitiera la demanda, y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudiera allegarse las partes. Viene al caso citar la siguiente jurisprudencia de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del Tomo XIV, Octubre de 2001. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por RICARDO TUZ MUKUL, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia del juicio constitucional, precisadas en las fracciones XVIII y XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.
- Principal
MESA I. Vista la demanda de cuenta promovida por RICARDO TUZ MUKUL, contra un acto del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente del amparo reclama lo siguiente: "resolución interlocutoria dictada dentro del RECURSO DE REVOCACIÓN interpuesto por el suscrito en contra del auto de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y falta de notificado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el veinte de marzo del mismo año, recurso de revocación admitido el 24 de marzo y resuelto siete de mayo del presente, pero notificado a través de lista en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el quince de mayo de dos mil dieciocho. Es decir, faltando a las normas relativas a la notificación de una sentencia, que debe ser personal y a domicilio". De la anterior transcripción, no se advierte con claridad el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable, así como tampoco señala los antecedentes del o de los actos reclamados, en qué etapa procesal se encuentra el acto reclamado, el estado procedimental del mismo, en juicio de origen, el número de expediente y la naturaleza del juicio. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, fracción I, II y IV de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla lo que a continuación se expone: Precise el acto reclamado Realice un extracto o transcripción del acto reclamado. c) Señale permorizadamente los antecedentes del acto reclamado. c) La naturaleza del juicio. d) El número de expediente. e) Precise la etapa procedimental en que se encuentra el juicio en el cual fue dictado el acto reclamando. f) Relate de manera cronológica, los antecedentes del acto reclamado, pues en la demanda de amparo no fueron señalados. f) Precise si es parte en el juicio de origen. En la inteligencia que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la ley de Amparo, deberá acompañar cuatro copias de su escrito aclaratorio, para distribuirlas entre las partes que integren el presente juicio de amparo, ya que dicho memorial forma parte integral de la demanda de amparo. Al caso, resulta aplicable al caso la jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibido que de no cumplir con lo dispuesto en los incisos que anteceden se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en el proemio de su demanda de amparo, y como sus autorizados para tal fin a José Manuel Rodríguez Romero, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y con las limitaciones a que se refiere el citado precepto legal a Lincoln José Palma Rodríguez, José María Osorno Medina y Gloria Angélica Chay Jiménez, toda vez que no se encuentran inscritos en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales de la Federación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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