Ricardo Telles Puga
Expediente 937/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ricardo Telles Puga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el siete de septiembre de dos mil diecisiete; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Ahora, toda vez que en autos obra copia del documento con firmas autógrafas que exhibió la parte quejosa, consiste en la audiencia de dieciséis de marzo del año en curso, celebrada ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del punto del Acuerdo referido, prevéngasele para que acuda a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger el documento en comento, dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo, seguirá la suerte del expediente en que se actúa.
- Principal
Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el siete de septiembre de dos mil diecisiete; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Ahora, toda vez que en autos obra copia del documento con firmas autógrafas que exhibió la parte quejosa, consiste en la audiencia de dieciséis de marzo del año en curso, celebrada ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del punto del Acuerdo referido, prevéngasele para que acuda a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger el documento en comento, dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo, seguirá la suerte del expediente en que se actúa.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de uno de septiembre del año en curso, remite copia certificada de la diligencia de cuatro de los cursantes, relativa al cotejo y compulsa de la prueba documental consistente en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre las partes del juicio de origen. Asimismo, en proveído de uno de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido de la autoridad responsable su diverso oficio mediante el cual remitió copia certificada de la diversa diligencia del veintinueve de agosto del año en curso, relativa al cotejo y compulsa de la copia de recibo de nómina de la semana del seis al doce de abril de dos mil dieciséis, con el original que obra en el expediente 506/2016, que cursa ante esa junta especial. Ahora bien, se trae a colación que el acto que RICARDO TELLEZ PUGA reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Junta responsable de llevar a cabo el desahogo de las diligencias de cotejo y compulsa, ordenadas en la audiencia de veinte de abril del año en curso, para practicarse en los archivos de esa Junta Especial y en los archivos de la central, las cuales fueron ofrecidas por la parte demandad en el juicio laboral 978/2016. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al no realizar el desahogo de las diligencias de cotejo ofrecidas como pruebas por la parte demandada en audiencia de fecha veinte de abril del año en curso, en el expediente laboral 978/2016. Sin embargo, de las constancias que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con su informe justificado, para acreditar la legalidad del acto que le atribuye, se advierte que el veintinueve de agosto del año en curso, se celebró la diligencia de cotejo y compulsa de la copia del recibo de nómina de la semana del seis al doce de abril de dos mil dieciséis y el cuatro de los actuales, se llevó a cabo el desahogo de la diligencia relativa al cotejo del contrato colectivo de trabajo de fecha uno de abril de dos mil dieciséis, en el juicio laboral de origen 978/2016. Dichas documentales por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el veintinueve de agosto del año en curso y el cuatro de septiembre de esta anualidad, en el juicio laboral 978/2016, se desahogaron las diligencias de cotejo y compulsa de la documentación de que se trata, ofrecidas como pruebas en ese juicio laboral, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud y celeridad en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable al no resolver de manera inmediata sobre el desahogo de las pruebas ofrecidas de que se duele, lo que en el caso se subsana con la actuación de la autoridad responsable al llevar a cabo el desahogo de las diligencias de cotejo de referencia. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOIS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. ...
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de uno de septiembre del año en curso, remite copia certificada de la diligencia de cuatro de los cursantes, relativa al cotejo y compulsa de la prueba documental consistente en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre las partes del juicio de origen. Asimismo, en proveído de uno de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido de la autoridad responsable su diverso oficio mediante el cual remitió copia certificada de la diversa diligencia del veintinueve de agosto del año en curso, relativa al cotejo y compulsa de la copia de recibo de nómina de la semana del seis al doce de abril de dos mil dieciséis, con el original que obra en el expediente 506/2016, que cursa ante esa junta especial. Ahora bien, se trae a colación que el acto que RICARDO TELLEZ PUGA reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Junta responsable de llevar a cabo el desahogo de las diligencias de cotejo y compulsa, ordenadas en la audiencia de veinte de abril del año en curso, para practicarse en los archivos de esa Junta Especial y en los archivos de la central, las cuales fueron ofrecidas por la parte demandad en el juicio laboral 978/2016. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al no realizar el desahogo de las diligencias de cotejo ofrecidas como pruebas por la parte demandada en audiencia de fecha veinte de abril del año en curso, en el expediente laboral 978/2016. Sin embargo, de las constancias que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con su informe justificado, para acreditar la legalidad del acto que le atribuye, se advierte que el veintinueve de agosto del año en curso, se celebró la diligencia de cotejo y compulsa de la copia del recibo de nómina de la semana del seis al doce de abril de dos mil dieciséis y el cuatro de los actuales, se llevó a cabo el desahogo de la diligencia relativa al cotejo del contrato colectivo de trabajo de fecha uno de abril de dos mil dieciséis, en el juicio laboral de origen 978/2016. Dichas documentales por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el veintinueve de agosto del año en curso y el cuatro de septiembre de esta anualidad, en el juicio laboral 978/2016, se desahogaron las diligencias de cotejo y compulsa de la documentación de que se trata, ofrecidas como pruebas en ese juicio laboral, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud y celeridad en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable al no resolver de manera inmediata sobre el desahogo de las pruebas ofrecidas de que se duele, lo que en el caso se subsana con la actuación de la autoridad responsable al llevar a cabo el desahogo de las diligencias de cotejo de referencia. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOIS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. ...
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