Ricardo Toscano García

Expediente 1069/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1069/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Toscano García y Otros.
  • Ricardo Toscano García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que los quejosos omitieron recurrir el auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, así como a que carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Al expediente el escrito de cuenta de los quejosos, donde desahogan la prevención inicial de cinco y la diversa de ocho, ambos de noviembre del presente año. Luego se advierte que en acuerdo de cinco de noviembre del presente año se mandó a prevenir la demanda de amparo, al estimar que al haberse impugnado tanto una resolución administrativa, como la consecuente orden de traslado, se debía considerarse que en las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad por ambos quejosos, indicaron que el treinta de octubre del año en curso, fueron trasladados por el personal del consejo técnico interdisciplinario del centro de reinserción social en esta ciudad, al diverso de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Sin embargo dejaron de expresar bajo protesta de decir verdad y como parte de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados si dicho traslado por parte del consejo técnico en mención derivaba o no de una resolución administrativa donde se estableciera ese traslado, y de ser así, tampoco señalaron con precisión si deseaban reclamar tal resolución del aludido consejo técnico, aunado a que omitieron aclarar si habían recurrido o no tal resolución administrativa y orden de traslado. De ahí que se les haya prevenido para lo siguiente A. Indicaran si el acto consistente en la resolución administrativa que en su caso haya ordenado su traslado, se lo desean reclamar al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Puebla, y de ser así, como parte de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, deberán expresar bajo protesta de decir verdad, si dicha información hecha de su conocimiento por parte del consejo técnico en mención, deriva o no de una resolución administrativa emitida por tal consejo, donde se estableciera ese traslado y B. Manifestaran bajo protesta de decir verdad y como parte de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados si previamente a promover el presente juicio de amparo interpusieron el recurso o medio de impugnación procedente ante la autoridad judicial competente, para combatir la resolución administrativa y orden de traslado que reclaman en este juicio de amparo. Por lo cual en escrito recibido en este juzgado de distrito el siete de noviembre del presente año dichos quejosos pretendieron desahogar los requerimientos formulados pero en acuerdo de ocho de noviembre del presente año se estimó omitieron en cumplir la misma por lo que se insistió en esa prevención. En ese orden de ideas del escrito de cuenta se advierte que los quejosos manifestaron esencialmente que su traslado a diverso centro de reinserción llevado a cabo por el personal del consejo técnico interdisciplinario derivó de una resolución administrativa además, señalan como autoridad responsable al Consejo Técnico del Centro de Reinserción Social "en el Estado sic" y manifestaron bajo protesta de decir verdad y como parte de los antecedentes del acto reclamado, que no interpusieron medio de impugnación ordinario ante la autoridad judicial competente. Así es, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de protección, debe examinar los actos combatidos y de existir una causa manifiesta de improcedencia respecto de ellos, habrá de desecharla. En cumplimiento a esa obligación, se examinó la demanda de los quejosos y el escrito de cuenta, se detectó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad, por las razones jurídicas que a continuación se exponen: De conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal , las personas privadas de su libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria con el fin de controvertir los hechos, actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Luego conforme a lo dispuesto en los ordinales 115 y 117, fracción III del ordenamiento legal citado cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediata pues de lo contrario, quedarían sin materia como acontece con las órdenes de traslado, los internos deberán acudir directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición. En cuyo caso el citado juez de acuerdo con la naturaleza de la pretensión de oficio o a petición de parte ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Como se ve, el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia, presenta las siguientes características El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez para plantearle su petición. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez, de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada, el juez reparará la afectación. Tal petición genera la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, para examinarse de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De ese recurso conocerá la alzada y revisará la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación, y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Conforme a lo expuesto, si una persona privada de su libertad reclama actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como es una orden de traslado, debe agotar el recurso denominado control judicial, establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Pues dicho procedimiento judicial cumple todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus condiciones de internamiento, porque otorga al juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado; y, es en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Sobre todo porque el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo cuando proceda en su contra algún juicio recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados salvo que se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor del establecido para otorgarla. Condicionante que el control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento, sí cumple, porque si el interno desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenará a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Así, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla, y tampoco prevé un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario ese control judicial ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones determinaciones actos u órdenes que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social; lo cual otorga la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente frente al interno, ordene el cese inmediato del acto u omisión reclamada, es decir la suspensión del acto reclamado. En suma las personas privadas de su libertad antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De hecho, porque la suspensión que prevé tiene los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo pero también porque por la naturaleza del mecanismo señalado su petición se desahogará y tramitará en la misma audiencia en la cual la haga valer. Sustentan lo anterior las tesis de rubros siguientes OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO y "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA. En ese contexto si el acto reclamado en este juicio de amparo es la resolución administrativa que ordenó el traslado de los quejosos de un centro penitenciario a otro centro de reinserción social y los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad que se desatendió el recurso ordinario o medio de impugnación ordinario, previo a la promoción del presente juicio de amparo. Luego es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda de amparo, los quejosos debieron agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Por tanto de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentaron los quejosos, y sus aclaraciones porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la orden de traslado debe impugnarla primero a través del medio judicial mencionado con antelación.

  3. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- Al expediente el escrito de cuenta de los quejosos, donde desahogan la prevención inicial de cinco y la diversa de ocho, ambos de noviembre del presente año. Luego se advierte que en acuerdo de cinco de noviembre del presente año se mandó a prevenir la demanda de amparo, al estimar que al haberse impugnado tanto una resolución administrativa, como la consecuente orden de traslado, se debía considerarse que en las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad por ambos quejosos, indicaron que el treinta de octubre del año en curso, fueron trasladados por el personal del consejo técnico interdisciplinario del centro de reinserción social en esta ciudad, al diverso de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Sin embargo dejaron de expresar bajo protesta de decir verdad y como parte de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados si dicho traslado por parte del consejo técnico en mención derivaba o no de una resolución administrativa donde se estableciera ese traslado, y de ser así, tampoco señalaron con precisión si deseaban reclamar tal resolución del aludido consejo técnico, aunado a que omitieron aclarar si habían recurrido o no tal resolución administrativa y orden de traslado. De ahí que se les haya prevenido para lo siguiente A. Indicaran si el acto consistente en la resolución administrativa que en su caso haya ordenado su traslado, se lo desean reclamar al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Puebla, y de ser así, como parte de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, deberán expresar bajo protesta de decir verdad, si dicha información hecha de su conocimiento por parte del consejo técnico en mención, deriva o no de una resolución administrativa emitida por tal consejo, donde se estableciera ese traslado y B. Manifestaran bajo protesta de decir verdad y como parte de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados si previamente a promover el presente juicio de amparo interpusieron el recurso o medio de impugnación procedente ante la autoridad judicial competente, para combatir la resolución administrativa y orden de traslado que reclaman en este juicio de amparo. Por lo cual en escrito recibido en este juzgado de distrito el siete de noviembre del presente año dichos quejosos pretendieron desahogar los requerimientos formulados pero en acuerdo de ocho de noviembre del presente año se estimó omitieron en cumplir la misma por lo que se insistió en esa prevención. En ese orden de ideas del escrito de cuenta se advierte que los quejosos manifestaron esencialmente que su traslado a diverso centro de reinserción llevado a cabo por el personal del consejo técnico interdisciplinario derivó de una resolución administrativa además, señalan como autoridad responsable al Consejo Técnico del Centro de Reinserción Social "en el Estado sic" y manifestaron bajo protesta de decir verdad y como parte de los antecedentes del acto reclamado, que no interpusieron medio de impugnación ordinario ante la autoridad judicial competente. Así es, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de protección, debe examinar los actos combatidos y de existir una causa manifiesta de improcedencia respecto de ellos, habrá de desecharla. En cumplimiento a esa obligación, se examinó la demanda de los quejosos y el escrito de cuenta, se detectó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad, por las razones jurídicas que a continuación se exponen: De conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal , las personas privadas de su libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria con el fin de controvertir los hechos, actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Luego conforme a lo dispuesto en los ordinales 115 y 117, fracción III del ordenamiento legal citado cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediata pues de lo contrario, quedarían sin materia como acontece con las órdenes de traslado, los internos deberán acudir directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición. En cuyo caso el citado juez de acuerdo con la naturaleza de la pretensión de oficio o a petición de parte ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Como se ve, el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia, presenta las siguientes características El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez para plantearle su petición. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez, de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada, el juez reparará la afectación. Tal petición genera la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, para examinarse de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De ese recurso conocerá la alzada y revisará la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación, y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Conforme a lo expuesto, si una persona privada de su libertad reclama actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como es una orden de traslado, debe agotar el recurso denominado control judicial, establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Pues dicho procedimiento judicial cumple todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus condiciones de internamiento, porque otorga al juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado; y, es en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Sobre todo porque el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo cuando proceda en su contra algún juicio recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados salvo que se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor del establecido para otorgarla. Condicionante que el control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento, sí cumple, porque si el interno desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenará a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Así, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla, y tampoco prevé un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario ese control judicial ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones determinaciones actos u órdenes que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social; lo cual otorga la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente frente al interno, ordene el cese inmediato del acto u omisión reclamada, es decir la suspensión del acto reclamado. En suma las personas privadas de su libertad antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De hecho, porque la suspensión que prevé tiene los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo pero también porque por la naturaleza del mecanismo señalado su petición se desahogará y tramitará en la misma audiencia en la cual la haga valer..... En ese contexto si el acto reclamado en este juicio de amparo es la resolución administrativa que ordenó el traslado de los quejosos de un centro penitenciario a otro centro de reinserción social y los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad que se desatendió el recurso ordinario o medio de impugnación ordinario, previo a la promoción del presente juicio de amparo. Luego es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda de amparo, los quejosos debieron agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Por tanto de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentaron los quejosos, y sus aclaraciones porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la orden de traslado debe impugnarla primero a través del medio judicial mencionado con antelación.

  4. Principal

    Del estado procesal de las actuaciones, se desprende que resulta necesario proveer lo siguiente: Con motivo de la readscripción del Juez Rafael González Castillo al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, se realizó la designación de José Alberto Joo Moreno, como secretario en funciones de Juez de Distrito de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, hasta en tanto la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal lo determine o el Pleno de dicho Consejo adscriba Titular en este Órgano Jurisdiccional, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, según oficio CCJ/ST/5550/2019 de veintidós de octubre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, en virtud de que la jurisprudencia 2a./J. 67/2011 de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", establece que el secretario autorizado en términos del párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación -como en este caso- está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido; procede avisar a las partes de dicha sustitución. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria, se otorga un plazo de tres días a las partes para que en caso de considerar actualizada alguna causa de impedimento de las establecidas en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, gestionen la recusación que amerite. Lo cual se dispone también por la tesis jurisprudencial 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Se apercibe a las partes: si omiten gestionar la recusación en el plazo otorgado, se determinará que ningún impedimento existe para la resolución de este juicio -a cargo de quien firma al final del presente acuerdo- y se continuará el trámite hasta el archivo definitivo. Lo anterior, con el único fin de salvaguardar los principios de independencia e imparcialidad, tutelados desde el artículo 17 de la constitución federal -al margen de que ningún impedimento se advierte-. Con motivo de lo anterior, se ordena enviar los oficios que se generen de este acuerdo, dirigidos a las autoridades ejecutoras, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que éste realice las notificaciones a las responsables. Lo anterior, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve y el ordinal 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tal secretario funge como superior jerárquico de la Policía Federal. Por lo tanto, se requiere al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contados a partir del momento en el cual surta efectos la notificación del presente proveído, acredite el cumplimiento dado a lo requerido, es decir, remita los acuses de notificación dirigidos a las responsables, al siguiente correo electrónico 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Se le apercibe: si omite cumplir lo ordenado, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización diarias, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.

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