Ricardo Toscano Garcia
Expediente 266/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 266/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ricardo Toscano Garcia
- Jose Enrique Toscano Garcia
Actuaciones
- Principal
De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte que los quejosos omitieron recurrir el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO HA QUEDADO FIRME (CAUSÓ ESTADO). Por lo tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
Al expediente, el oficio de cuenta de los magistrados de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, donde rinde el informe justificado que le corresponde, y remite las constancias que lo sustenta. Por otra parte, el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que los quejosos reclamaron lo siguiente: ".la dilación en emitir sentencia firme de segunda instancia en el proceso penal de los hoy quejosos, por errores omisiones y descuido en sus respectivas funciones (sic)." (foja 2). Dicho acto negativo lo hicieron desprender (según sus manifestaciones hechas en la demanda) de que desde el once de febrero de dos mil diecinueve se celebró la audiencia de vista dentro del toca de apelación ***, derivado del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria emitida en el proceso penal ***. Pero en el trámite de este juicio se recibió el informe justificado de los magistrados de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el cual negaron el acto reclamado. Es así, porque las constancias que remitió la autoridad responsable junto con el oficio de cuenta, se advierte que el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia donde los magistrados de la sala penal de origen confirmaron la resolución de primera instancia condenatoria en el toca de apelación *** en contra de los aquí quejosos *** y ***, por los delitos de robo agravado y asociación delictuosa. Tal sentencia se les notificó el dieciséis de abril de dos mil diecinueve en el domicilio que señalaron para oír y recibir notificaciones en segunda instancia. En razón de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Sobre todo porque la notificación de dicha sentencia a los quejosos fue notificada de manera posterior a la presentación de la demanda de amparo . Por tanto, resulta innecesario examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues este juicio tenía como objeto obligar a la sala responsable a emitir la sentencia de segundo grado y cuya omisión en ser pronunciada (dilación) fue reclamada; pero los efectos del acto reclamado cesaron al haberse dictado dicha resolución. Sirve de sustento al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Luego, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Encuentra aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, esto es, las diez horas con treinta y cuatro minutos del veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno, también en el sistema electrónico (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en su totalidad.
- Principal
Al expediente, el oficio de cuenta del presidente de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, donde refiere a ***, le reviste el carácter de tercero interesado y proporciona domicilio para ello. Pero el acto reclamado que habrá de involucrar el presente juicio de amparo, es la dilación en emitir sentencia de segunda instancia en el toca de apelación ***. De ahí que se descarte el emplazamiento de la víctima como tercero interesado, al no encontrarse en las hipótesis previstas por el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo.
- Principal
Se recibe la demanda de amparo signada por ******y *******, por propio derecho, contra un acto de los magistrados de la Segunda Sala Penal en el Estado de Puebla (sic). En particular reclaman la dilación en emitir sentencia firme de segunda instancia. Lo cual encuadra en la hipótesis de omisiones, que de momento conduce a la procedencia de la acción de tutela constitucional -salvo lo que pueda resultar en el trámite de este juicio-. Debido a que cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se descarta tramitar el incidente de suspensión, porque los quejosos fueron omisos, y tampoco se advierte la hipótesis prevista en el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que se trate de un acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir el goce del derecho involucrado. Por otro lado, se ordena notificar en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia certificada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente. Por otro lado, se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de que haya quedado legalmente hecha la notificación, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Se hace notar a la autoridad responsable que el informe deberá reunir los requisitos del artículo 117, cuarto párrafo, de la ley en comento, por lo cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberá remitir a este juzgado copia certificada completa, legible y ordenada de las constancias relativas a la omisión combatida, para apoyar el informe de contestación, el cual podrá rendir a través de los medios legales establecidos. Se apercibe a la responsable que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar copia certificada completa y legible de la causa, para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización diarias, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Pero si a la fecha cuando reciba la notificación de este acuerdo, ya hubiera proveído el dictado de la sentencia dentro del toca de apelación 71/2018 (la omisión reclamada) se hace saber a la autoridad judicial responsable que deberá remitir copia certificada de la misma, para apoyar el informe justificado que rinda en este juicio. Incluso conviene indicarle que ello puede evitar que se declare en la sentencia de este juicio, una violación al derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución federal. Además, se requiere a la autoridad responsable que manifieste si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Por otra parte, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad judicial responsable para que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de la persona que en su caso pudiera tener el carácter de tercera interesada, así como remita las constancias de donde se desprende tal información. Se apercibe a la autoridad judicial responsable que si omite cumplir lo requerido en el párrafo anterior en el plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización diarias, conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo. Dicho plazo se concede al considerar el hecho notorio consistente en la carga de trabajo de la autoridad responsable, pese a que el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla un plazo de tres días, así como el hecho de que el incumplimiento del presente requerimiento le generaría consecuencias de trascendencia relevante, tanto en lo económico, como en su caso, de naturaleza penal, por resistirse a dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal; lo anterior, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 262, fracción V, de la Ley de Amparo. Pero si en el plazo de cinco días otorgado con anterioridad, llega a dictar la sentencia correspondiente, se hace saber a la autoridad responsable que sólo deberá remitir copia certificada de la misma, podrá desatender el requerimiento formulado sobre los diversos juicios de amparo promovidos y los datos de personas que sean terceros interesados. También se hace saber a la autoridad responsable que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Además, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización diarias, como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: ".a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días". Para lograr el eficaz cumplimiento de lo anterior, se instruye al secretario encargado de la tramitación del presente asunto, revisar la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo, para lo cual deberá firmar el espacio correspondiente a su cargo que se encuentra al final de la minuta que se deje para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión de los mismos, se deberá asentar una razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado que lo solicite. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos que tengan encomendada la revisión, tramitación y captura de este expediente que deberán verificar y cuidar los traslados y oficios de referencia y firmar el espacio relativo a su cargo, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. En términos de la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace saber a la responsable, con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Para lograr el cumplimiento de lo anterior, se les apercibe con la imposición de una multa por el importe equivalente a treinta unidades de medida y actualización diarias, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo. Una vez que se tengan las constancias requeridas a la autoridad responsable, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado (en su caso), en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo vigente. Pero desde este momento, se ordena remitir oficio con copia de la demanda de protección, al Agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que haga valer los derechos que le corresponden como tercero interesado, los cuales implican la posibilidad de formular alegatos y ofrecer pruebas, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo. Además, se le informa al citado agente del Ministerio Público que desde el acto del emplazamiento, queda sujeto a consultar las determinaciones que se notifiquen por lista, como las relativas al informe justificado que se reciba en este juicio, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Por otro lado, debido a que los quejosos manifiestan estar recluidos en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, y este lugar fue el único que señalaron en la demanda, se instruye al actuario se sirva notificar a los quejosos el presente acuerdo, en el centro de reclusión donde se encuentran internos y para tal efecto se anexa copia certificada del presente auto para su entrega. Además, requiera a los quejosos para que señalen domicilio para recibir notificaciones, y designen autorizados si conviene a sus intereses. También se hace saber a los quejosos que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por último, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a la denominación de la autoridad responsable y partes en el presente juicio, lo cual implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese; en forma personal a los quejosos en donde están recluidos y cúmplase. Así lo acuerda y firma Rafael González Castillo, Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Ignacio Aldrete González, secretario que autoriza y da fe.
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