Ricardo Sotomayor Pérez Grovas
Expediente 370/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 370/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ricardo Sotomayor Pérez Grovas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el veintisiete de julio del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por*** para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente*** Por tanto, la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía emitir el laudo que resolviera la controversia planteada en el juicio laboral*** de su índice. Por auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria dicha sentencia; por ende, se requirió a la autoridad el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, y en auto de veintiséis de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la Junta responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte la emisión del laudo dictado el veinte de diciembre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral número*** de su índice, así como la notificación realizada a las partes. Por tanto, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues han restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Asimismo, se considera que el cuaderno principal en que se actúa no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso b), de dicho Acuerdo, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia. Notifíquese; y por oficio al tercero interesado.
- Principal
Córdoba, Veracruz, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil veintidós, mediante la cual SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, los efectos de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, son los siguientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, cumpla puntualmente con la ejecutoria de amparo e informe a este Juzgado Federal sobre ello, con la remisión de las constancias que avalen dicho acato. Apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida de Actualización conforme a su valor diario, de conformidad con lo previsto por los artículos 237, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En el entendido que si no cumple con el requerimiento señalado en párrafos precedentes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, conforme a lo establecido por los párrafos segundo y tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, doce de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio mediante el cual se le notificó la sentencia dictada el veintisiete de julio del año en curso. Cúmplase.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 370/2022 promovido por. contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Orizaba, Veracruz, que consideró violatorios en perjuicio de su derecho fundamental consagrado en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, que hizo consistir en. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Mediante acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó el emplazamiento del tercero interesado y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento del tercero interesado. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se emplazó a juicio al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que se reclama un acto que no requiere ejecución material, por lo cual la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, en términos del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, pues así lo manifestó su Presidente, ello en su representación al rendir su informe justificado. Lo que, además, se corrobora con las copias certificadas deducidas del juicio laboral. de su índice, que remitió la citada responsable en apoyo a su informe con justificación; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme a lo establecido en el precepto 2, de la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; en el caso, no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado lo alegado por la parte quejosa respecto a que la omisión de la Junta responsable de dictar el laudo correspondiente, en el término que establece el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, transgrede en su perjuicio el derecho de que la justicia pronta, consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna. Previo a exponer los razonamientos que sustentan tal tesis, conviene precisar que el juicio de origen se rige por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de noviembre de dos mil doce, en vigor a partir del uno de diciembre del citado año, ya que el contencioso natural inició el veinte de junio de dos mil diecinueve. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que asiste razón al impetrante, en la medida que la responsable viola en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no cumplir con el término que establece la Ley Federal del Trabajo para dictar el laudo respectivo. A fin de demostrar la tesis anterior, resulta imperativo mencionar que el artículo 17 Constitucional, en lo conducente, establece lo siguiente. El citado precepto consagra el derecho de acceso a la impartición de justicia, la cual contiene como uno de sus principios la justicia pronta. Este principio consiste en que las autoridades deben tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezca las leyes aplicables. Por su parte, los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en San José, Costa Rica, el día veintidós del mes de noviembre del año de mil novecientos sesenta y nueve, establecen en lo conducente lo siguiente. De una interpretación sistemática de tales dispositivos, se desprende el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en exigir a los jueces del proceso, que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que pudiesen conducir a la impunidad y debida protección judicial de los derechos humanos. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por otro lado, los artículos 884 a 890, de la Ley Federal del Trabajo aplicables al caso disponen lo siguiente. Los invocados preceptos establecen los plazos y términos en que deben desarrollarse las diversas etapas que conforman el procedimiento ordinario laboral y que son ulteriores al dictado del cierre del periodo instructivo. De las mencionadas disposiciones es posible obtener el término con que cuenta una Junta para emitir el laudo que resuelva en definitiva el juicio laboral, una vez declarado el cierre de la instrucción en el controvertido de que se trate. Así es, tales artículos establecen que una vez declarada cerrada la instrucción. Como se ve, en suma, como término máximo para emitir laudo en un asunto en el que se ha declarado cerrada la instrucción, la Junta laboral correspondiente cuenta con treinta y tres días hábiles contados a partir de que decretó dicho cierre instructivo. Luego, la junta laboral que en contravención a los artículos 885 a 889, de la Ley Federal del Trabajo, omita dictar el laudo respectivo en el citado lapso contado a partir de la emisión del auto de cierre de instrucción, infringe el derecho de acceso a la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. En el caso, se aprecia que la omisión atribuida a la Junta responsable, ha vulnerado los anteriores preceptos, pues de las constancias que integran el juicio laboral. se desprende, en lo que trasciende, lo siguiente. Es así, pues de las constancias anteriormente relatadas, se desprende que el tres de enero de dos mil veintidós, turnó los autos a efecto de elaborar la resolución correspondiente en el juicio laboral. sin que a la fecha en que se emite esta sentencia exista en autos constancia alguna que demuestre que la citada autoridad emitió el laudo que resuelve en definitiva el indicado controvertido laboral, por lo cual, resulta evidente que al día de hoy han transcurrido más de treinta y tres días hábiles (término máximo con que cuenta la Junta para dictar el laudo), sin que la autoridad responsable hubiera dictado tal resolución. Luego, resulta inconcuso que la Junta responsable no respetó los términos legales que prevén los artículos 885 a 889, de la Ley Federal del Trabajo, en los que deben desarrollarse las diversas etapas que conforman el procedimiento ordinario laboral y que son ulteriores al dictado del cierre del periodo instructivo. Términos que en total, suman un lapso de treinta y tres días hábiles contados a partir de que se haya decretado el cierre de instrucción, en el que la Junta responsable debe emitir el laudo respectivo. Por tanto, la omisión de la autoridad responsable violó el artículo 17 Constitucional, al retardar indebidamente la solución de la controversia planteada en el juicio laboral, por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Cabe señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el efecto de las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contra actos negativos u omisiones, es obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y cumplir a lo que el mismo exija. En ese contexto, para cumplir con la presente sentencia, una vez que ésta cause ejecutoria, la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, de inmediato deberá emitir el laudo que resuelva la controversia planteada en el juicio laboral. de su índice. SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar, que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se. ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a. contra el acto reclamado a la Junta Especial número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, para los efectos precisados en el considerando sexto del presente fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes
- Ricardo Resendiz Durán895/2023
- Ricardo Rodríguez Nava480/2019
- Ricardo Rodríguez Tentzohua649/2018
- Ricardo Román Quevedo385/2018
- Ricardo Santiago Hernández324/2023
- Ricardo Solís Martínez90/2023
- Ricardo Torres Villagómez819/2023
- Ricardo Velázquez Cervantes1007/2023
- Ricardo Velázquez Hernández58/2023
- Richard Michael Monroy Orozco1042/2018
- Richard Paz Casillas403/2019
- Richard Paz Castilla510/2018