Ricardo Solís Martínez
Expediente 90/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 18/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ricardo Solís Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la invocada ley, en relación con el diverso numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívese este asunto como concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos b), del citado Acuerdo General, se establece que el original del incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente
- Principal
Córdoba, Veracruz, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la invocada ley, en relación con el diverso numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívese este asunto como concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos b), del citado Acuerdo General, se establece que el original del incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente
- Principal
TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Fiscales 4. Quinto, 5. Sexto, 6. Fiscal de Distrito, Fiscal Séptima del Distrito XV de Orizaba, Veracruz, encargada del despacho de la Fiscalía Investigadora de 8. Tezonapa y de las Fiscalías Municipales de 7. Omealca, Cuichapa, Cuitláhuac y Amatlán de los Reyes, Veracruz, y 9. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, negaron la existencia de la totalidad de los actos reclamados que se les atribuyen. Los Fiscales 1. Primero, 2. Tercera y 3. Cuarta de la Unidad Integral de Procuración Justicia Número Uno Distrito XIV de Córdoba, al rendir su informe justificado, negaron únicamente la existencia del acto reclamado consistente en la solicitud de orden de detención, aprehensión y/o presentación. La parte quejosa no aportó medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados; en consecuencia, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Se aplica a lo anterior, la jurisprudencia (...) CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Fiscales 1. Primero, 2. Tercera y 3. Cuarta de la Unidad Integral de Procuración Justicia Número Uno Distrito XIV de Córdoba, al rendir sus informes justificados, omitieron pronunciarse en cuanto al acto consistente en la integración de una carpeta de investigación; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el relativo a las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, este órgano de control constitucional estima que respecto del acto consistente en la integración de una carpeta de investigación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, al no acreditar el quejoso contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. En efecto, los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen (...) De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo que reclama el peticionario de amparo es la integración de una carpeta de investigación. Ahora, es menester precisar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica allegarse de los medios que acrediten la participación del imputado en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada a dicha representación social, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias, como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. En consecuencia, es improcedente la demanda de amparo que se promueve en contra de la integración de una carpeta de investigación, dado que el procedimiento de investigación constituye una labor de la institución del Ministerio Público conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; y de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, no se advierte algún acto de molestia concreto del que derive en la afectación real y actual a algún derecho subjetivo, que lo legitime a instar este juicio constitucional, pues incluso en el considerando tercero de este fallo se declaró la inexistencia de los actos reclamados tendentes a privar de la libertad al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se impone sobreseer en el presente juicio, respecto al acto y autoridades materia de este considerando, acorde con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de radicación se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se. R E S U E L V E. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto de este fallo y por los motivos expuestos en el tercero y quinto. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se desprende que la Titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia en términos de los artículos 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 183, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial; y el primer numeral mencionado únicamente autoriza al secretario encargado del despacho a practicar diligencias y dictar las providencias de trámite, así como a emitir resoluciones de carácter urgente, y la celebración de la audiencia constitucional no se encuentra prevista dentro de los supuestos antes señalados. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y objetivamente atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS; para su celebración. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. En el supuesto de que alguna de las partes esté interesada en comparecer a la audiencia, ésta se llevará a cabo por videoconferencia, de conformidad con el citado numeral 257, fracción II, del Acuerdo General; por tanto, tres días hábiles antes de la fecha señalada para la audiencia constitucional, sin contar el día de la propia audiencia ni el de su presentación, por ser necesario realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional; deberá hacerlo saber a este juzgado y proporcionar el correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, además de exhibir copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma, quien deberá estar legitimada para tal efecto. De no hacerlo se realizará sin su comparecencia. Notifíquese.
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