Ricardo Salazar de Lira

Expediente 2784/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2784/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
26/05/2016

Partes del expediente

  • Ricardo Salazar de Lira
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el doce de abril de dos mil dieciséis, por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas se concedió el amparo para los siguientes efectos: "B. Con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica de los quejosos, la que si es en el mismo sentido que el acto reclamado, deberá: 1) Especificar los preceptos legales que sustentan su competencia por materia y territorio para emitir el auto de formal prisión; asimismo, exponer las razones que la actualizan en el caso concreto. 2) Considerar como prueba ilícita la declaración rendida por los quejosos ante los agentes aprehensores al momento de su captura; por ende, no debe considerar dichos medios de convicción para la emisión de la resolución que defina la situación jurídica. 3) Deberá precisar la legislación sustantiva aplicable, es decir, Código Penal Federal o Código Penal para el Estado de Aguascalientes y antes de citar tesis que analizan preceptos del Código Penal Federal, estudiar si esas hipótesis efectivamente son compatibles con lo regulado por la legislación aplicable. Mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado, el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, la Juez Segundo de lo Penal del Estado, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución con lo que se dio vista. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Estado, dejó insubsistente el auto de formal prisión de catorce de octubre de dos mil quince, dictado en los autos de la causa penal .... de su índice, instruida en contra del hoy quejoso Ricardo Salazar de Lira, por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en la hipótesis de posesión de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína con fines de comercio en la variante de venta, en agravio a la sociedad. Asimismo; determinó la competencia para conocer y resolver la situación jurídica del inculpado -hoy quejoso- en razón al fuero, deriva de lo establecido por los artículos 73 fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 474 de la Ley General de Salud. Por otra parte, en términos del artículo 15 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, no concedió valor probatorio a las declaraciones de los quejosos realizadas por los agentes aprehensores Juan Alberto Gallegos Lona y Brenda Anahí Cruz González, a los que supuestamente les exteriorizaron de manera espontánea que se dedican a la venta de droga, pues tales declaraciones no colmaron los requisitos de los artículos 235 y 251 del código adjetivo en mención. Estableció que la legislación aplicable sería el Código Penal y de Procedimientos Penales ambos del Estado de Aguascalientes. Finalmente, estableció que al encontrase reunidos los requisitos exigidos por los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 fracción I del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, 165, 166, 167 y 249 al 254 del Código de Procedimientos para el Estado de Aguascalientes, y 234, 235, 247, 473, 477 y 479 de la Ley General de Salud, y al haberse comprobado el cuerpo del delito Contra la Salud en la Modalidad de narcomenudeo, en la hipótesis de posesión de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína con fines de comercio en la variante de venta previsto y sancionado por el artículo 476, en relación con el 473, 474 y 479 de la ley General de Salud, decretó auto de formal prisión en contra del hoy quejoso Ricardo Salazar de Lira, por el delito antes precisado. En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el doce de abril de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 2. El cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos al juzgado auxiliar es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha probable de destrucción el veintiocho de noviembre dos mil dieciséis; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al referido Tribunal auxiliar, las cuales deberán integrarse al expediente principal para que obren como corresponda. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(I)

  2. Principal

    Visto el oficio de la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Estado, por medio del cual informa que da cumplimiento al fallo protector y exhibe los documentos respectivos. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y al tercero interesado en su caso, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos.(I)

  3. Principal

    Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo para recurrir la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, en Zacatecas, Zacatecas, ha transcurrido sin que se haya hecho valer el recurso de revisión; con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Por ende, con apoyo en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Estado, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, de cumplimiento a la sentencia, o bien, informe los actos realizados para ese efecto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el plazo fijado, o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Precisando que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En el entendido que dicha autoridad ordenadora jurisdiccional no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de ejecutorias de amparo, de conformidad a la tesis de jurisprudencia de registro 2007295, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el 29 de agosto de 2014 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época que dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Por tanto, dese cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad en comento para los efectos a que hubiere lugar. Finalmente, devuélvase a la Juez Segundo de lo Penal del Estado el duplicado de la casusa penal 222/2015, de su índice, que acompañó a su informe justificado y el cual se formó en tomo por separado.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente...(I)

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