Ricardo Rodríguez Martínez

Expediente 862/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
862/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2016

Partes del expediente

  • Ricardo Rodríguez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de diecinueve de febrero de dos mil quince, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Se hace constar que no obran documentos originales ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(III)

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.(III)

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso...Por ello puede establecerse que el Titular de la Subdelegación Aguascalientes Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien señala como autoridad responsable no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que se cristaliza la causa de improcedencia invocada. De ahí que, el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevea que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia PC.XV. J/10 K (10a.) del Pleno del Decimoquinto Circuito, visible en la página 1931, libro 16, Marzo de 2015, tomo II, décima época, materia común, cuyo rubro y texto establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO SE RECLAMA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009). Conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 54/2012 (10a.), el auto inicial no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos en los que sí se actualice, por determinadas circunstancias, la consideración de que los actos reclamados no son de autoridad para efectos del juicio constitucional, ya que, de existir elementos de juicio indubitables de que se actualiza la causal de improcedencia; verbigracia, en los casos de que la actuación y sujeto (autoridad) a quien se les atribuya, subsumen en alguna hipótesis definida por el Alto Tribunal en el que se precise que determinado tipo de actuación u omisión no puede atribuirse a los emisores como autoridades para efectos del juicio de amparo, no sería posible arribar a una convicción diversa, de modo que, con independencia de los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, son innecesarios para configurar de manera notoria y manifiesta una improcedencia; dicho de otra forma, no se está en un supuesto de interpretación por parte del juzgador, sino de aplicación exacta de un criterio jurisprudencial por encuadrar en el caso concreto definido, pues denota que la causal se encuentre plenamente probada y no requiere inferirse con base en presunciones. En concordancia con ello, si la Sala referida, en la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, precisó que contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de ente asegurador, es improcedente el juicio constitucional, al no estar en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad), es indudable que si en una demanda inicial de amparo, el Juez de Distrito advierte de su lectura que se actualizan de manera patente las hipótesis indicadas en el criterio jurisprudencial aludido, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, pues sólo tendrá que aplicar los supuestos del caso concreto al criterio jurisprudencial reseñado. Ahora bien, el contenido de dicha jurisprudencia continúa vigente en el régimen jurídico de la actual Ley de Amparo, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y de las contenidas en la vigente, no ha cambiado su naturaleza jurídica y, por ello, no es autoridad para efectos del juicio constitucional, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la omisión de dar respuesta, en su carácter de ente asegurador, a una solicitud elevada en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De igual manera, tiene aplicación al caso la tesis número III.1.T.Aux. 11 a que se encuentra en la página 1273, tomo XXIII, de septiembre de 2010 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX Época, cuyo rubro y texto dicen:" "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SU ACTUACIÓN U OMISIÓN SE MATERIALIZA EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES COMO ENTE ASEGURADOR Y EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN, COMO CONSECUENCIA DEL VÍNCULO LABORAL ENTRE ÉSTE Y EL TRABAJADOR Y NO SÓLO CUANDO SE RECLAME LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009). De la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, publicada en la página 303 del Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", se advierte que para que al Instituto Mexicano del Seguro Social no se le considere como autoridad en el amparo, se requiere que en la demanda se reclame la falta de respuesta a una solicitud en ejercicio del derecho de petición consagrado por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, de la ejecutoria que le dio origen se conoce la razón jurídica que justifica ese criterio, y ésta se relaciona con el doble carácter que el referido organismo tiene legalmente reconocido, a saber: 1. Como organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales, caso en el cual actúa como autoridad con los atributos propios que la ley le otorga, esto es, bajo una relación de supra a subordinación; y 2. Como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. De ahí que, siguiendo esos lineamientos, cuando se trata de establecer si el indicado instituto efectivamente tiene el carácter de autoridad responsable, el rasgo determinante no obedece al tipo de garantías que el quejoso aduzca como violadas ni a la circunstancia de que reclame la falta de respuesta a una petición en términos del artículo 8° constitucional, pues ello sólo tiene que ver con el contenido de los conceptos de violación y con lo que el agraviado decida señalar como acto reclamado, pero no necesariamente involucra el tipo de atribuciones que, con su actuación u omisión ejerce, las que deben coincidir con las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación identifica como propias de un organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales. A partir de lo anterior se afirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando su actuación u omisión se materializa en función de sus atribuciones como ente asegurador en los términos descritos, pues entonces la expresión de sus atribuciones se agota en un plano de igualdad y no de supra a subordinación, sin importar que el acto reclamado no se identifique exclusivamente con el derecho de petición, ya que, según lo expuesto, no es esa la única hipótesis a la que resulta aplicable la citada jurisprudencia."" Por otro lado, no pasa desapercibido para este juzgador la jurisprudencia 54/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Empero, la jurisprudencia transcrita no resulta aplicable a este asunto, debido a que la Segunda Sala no realizó un pronunciamiento general en el sentido de que en todos los casos no es procedente analizar en el acuerdo inicial de trámite si el acto reclamado proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente cuando se reclama el acuerdo por el que se autoriza la modificación y restructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, por lo que esa jurisprudencia únicamente es aplicable cuando se señale como acto reclamado el acuerdo mencionado, lo que, como ya se vio, no aconteció en el caso porque se trata de un acto reclamado distinto. De manera que, la regla normativa que se puede obtener de ese criterio jurisprudencial, radica en que el juez federal no está en aptitud de desechar la demanda de amparo en el acuerdo inicial de demanda, bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por el estudio que hace en relación a si el ente que emite el acto, tiene el carácter de autoridad. Ello siempre que dicho carácter no sea evidente, claro y fehaciente porque se requiera un análisis profundo para determinar su naturaleza, dado que ese estudio es propio de la sentencia definitiva. Lo que no ocurre en el caso porque el tipo de relación entre el quejoso y el Instituto Mexicano del Seguro Social, deriva del contenido de la propia ley, ya que en los numerales 295 y 296 de la ley que regula a ese organismo, se establece de manera expresa la naturaleza jurídica de la relación que existe entre éste y sus asegurados, esto es, en un plano de coordinación, por lo que, se insiste, cualquier diferencia que surja entre ellos debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o ante el propio instituto mediante queja administrativa. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito en la contradicción de tesis 2/2014, que es del tenor siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." (énfasis añadido) Finalmente, tampoco pasa desapercibido el criterio aislado VI.1o.T.13 L (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible con el registro 2010562, en la página 3534 del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CUANDO SU ACTUACIÓN SE DA EN UN PLANO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN, COMO SUCEDE CUANDO EL QUEJOSO NO ES ASEGURADO Y EXIGE SU INSCRIPCIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE COTIZACIONES, DEBE CONSIDERARSE COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009).En la jurisprudencia invocada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 303, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y tiene a su vez un doble carácter: como órgano fiscal autónomo y como ente asegurador, y que el juicio de amparo es improcedente cuando se trate de actos de omisión para responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición en su carácter de órgano asegurador, porque en esa hipótesis no se está en presencia de un acto de autoridad, en virtud de que la relación existente entre el asegurado y el instituto es de coordinación, en la que ambos se encuentran en un plano de igualdad. Sin embargo, cabe advertir que no existe esa relación de igualdad cuando la quejosa no tiene el carácter de asegurada ante el referido instituto, sino que lo que pretende es su inscripción y el reconocimiento de cotizaciones, y con ese carácter solicita el ejercicio de facultades de comprobación para fincar capitales constitutivos, ya que en tales supuestos -el ejercicio del derecho de petición y de facultades de órgano fiscal- se erige como autoridad y resulta procedente el análisis de sus actos en el juicio de amparo indirecto." El caso excepcional que se analiza en la tesis transcrita, estima procedente el juicio de amparo respecto de supuestos relacionados con el derecho de petición y las facultades del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando el quejoso no tiene el carácter de asegurado, por estimar que en esa hipótesis, el organismo si tiene el carácter de autoridad y, por tanto, se encuentra en una relación de supra a subordinación respecto del quejoso. No obstante, en la especie no se actualiza el caso excepcional expuesto, pues el quejoso en este sumario si se encuentra asegurado, como se advierte de sus manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, las que constituyen una confesión de su parte, así como de los anexos que acompaña, donde refiere que se encuentra asegurado hasta la fecha en el régimen voluntario, con número de afiliación Y 4599999408; además de que ha cotizado al Instituto Mexicano del Seguro Social desde el veinte de agosto de mil novecientos noventa hasta el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. Manifestaciones que se corroboran con el documento que se acompaña a la demanda de amparo, consistente en el Recordatorio de Pago, Recepción Automatizada de Pagos de Seguros Especiales, expedido por el organismo a nombre del asegurado Rodríguez Martínez Ricardo, el once de mayo de dos mil dieciséis (foja 21). Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta....(III)

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