Ricardo Ruiz Cano

Expediente 345/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
345/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Ruiz Cano
  • MAURICIO MONTAÑO MONTES y Otros.
  • Mauricio Montaño Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    A veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la licenciada Ana Elizabeth Montaño Dueñas, autorizada de los quejosos *******, el acuerdo dictado (a) el veinte de mayo de dos mil diecinueve, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de seis de mayo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que, al haberse tenido por no presentada la demanda relativa, el presente asunto es susceptible de destrucción, en términos del considerando vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y, por su contenido, se considera que el presente asunto no es de relevancia documental.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito y anexo presentado por los quejosos Ricardo Ruiz Cano y Mauricio Montaño Montes, mediante el cual hacen diversas manifestaciones, sin que resulte necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por auto de seis de mayo del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    A nueve de mayo de dos mil diecinueve, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la licenciada Ana Elizabeth Montaño Dueñas, autorizada de los quejosos ***********, el acuerdo dictado (a) el seis de mayo de dos mil diecinueve, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo otorgado a los quejosos **************, para que desahogaran la prevención realizada por auto de veintidós de abril del año en curso, sin que lo hubieren realizado, no obstante de estar notificados para ello; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en dicho auto, y se tiene como acto reclamado el señalado en el escrito de demanda, esto es, la omisión de brindar atención médica. Ahora bien, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"; se procede al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa. En el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]" Del referido precepto legal, se establece que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, entre otros supuestos, cuando sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado virtud de algún medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige la tramitación y substanciación del juicio constitucional, salvo los supuestos de excepción correspondientes; de lo contrario, se posibilitaría al impetrante de derechos fundamentales a acudir directamente al juicio de amparo por el sólo hecho de alegar violaciones a la Constitución. En ese sentido, resulta corolario destacar el contenido de los artículos 1, 2, 4, 25, 9, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo que aquí interesa, establecen: "Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y [.] Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales. Artículo 4. Principios rectores del Sistema Penitenciario. [.] Igualdad. Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, Tratados Internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades deben velar porque las personas sujetas a esta Ley, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad o inimputabilidad deben preverse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como el diseño universal de las instalaciones para la adecuada accesibilidad. Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; [.] III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables; [.] VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; [.] IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario; XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución. En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley; Artículo 30. Condiciones de internamiento. Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas. Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva [.] Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones. Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Artículo 122. Formulación de la controversia. La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Artículo 130. Revocación. El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido. Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; [.] IV. Medidas de seguridad; [.] VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; [.] VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y [.] IX. Las demás previstas en esta Ley. Artículo 133. Efectos de la apelación. La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste. Artículo 134. Emplazamiento y remisión. Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda. Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación. En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones." Énfasis añadido. Acorde a los numerales reproducidos se concluye que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento relativo a las peticiones que formulen las personas privadas de su libertad a la autoridad carcelaria de que se trate, derivadas de la posible afectación, incluso inconformidad, sobre sus condiciones en reclusión, entre las que destacan el formular peticiones o quejas por escrito, en casos urgentes, por cualquier medio, a las instancias correspondientes. Prevén además, que las peticiones sobre la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito --sin formalidad-- ante el Director del Centro, supuesto en el que la autoridad penitenciaria deberá auxiliar a las personas privadas de la libertad --cuando así lo soliciten-- a formular el escrito correspondiente, con la posibilidad de que el interno pueda ofrecer pruebas, mientras que la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Asimismo, la ley citada establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, a saber, recibida la petición la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente; en caso de prevención el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas para subsanarla, de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición; hecho lo anterior, se emitirá la resolución, en caso de no acudir a la citación se desechará la petición. Admitida la petición, el Director del Centro se allegará de la información necesaria dentro del plazo señalado para resolver, considerando la que en su caso, hubiese aportado el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera; el Director del Centro resolverá dentro de un plazo de cinco días y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo anterior evidencia que en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se contempla un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, entre otros aspectos, sus condiciones de internamiento, entre ellos el lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, horarios de actividades y de visitas, atención médica, alimentación; lo cual debe considerarse como medios de defensa judicializados. En ese contexto, debe decirse que los quejosos, en su calidad de internos, cuentan con un procedimiento administrativo o medio de defensa para combatir esa negativa u abstenciones de las autoridades responsables, pues el hecho de que se trate de una omisión que no es atendida, implica que sus efectos sean continuos o permanentes, por lo que la controversia puede plantearse ante el Juez de Ejecución en cualquier momento y quien determinaría las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, con lo cual el acto reclamado, podría ser revocado, modificado o nulificado. Además, que conforme con el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se suspenden los efectos de dicho acto, de oficio, mediante la interposición de ese medio de defensa legal, con idénticos alcances que los que prevé esta Ley, sin exigir mayores requisitos que los que dicha ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, pues el referido numeral establece que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motive la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Máxime, en el caso no se actualiza el supuesto de que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, pues en la especie se reclaman infracciones directas e indirectas a ésta, porque se reclaman temas regulados en los artículos 9, fracción II, 25, fracción 32, 34, 76, 77, 78 y 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Respecto al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 304/2018, la declaró sin materia, bajo la consideración de que ya se había pronunciado al respecto y determinó que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento -entre las que se encuentran la falta de atención o servicio médico- antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sí debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Por tanto, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia referida, toda vez que los promoventes ********* acudieron a la vía constitucional reclamando actos que se relacionan con las condiciones que guardan en el centro penitenciario en el que se encuentran internos; empero, no agotaron el procedimiento jurisdiccional ante el Juez del proceso o bien ante el Juez de Ejecución, tal y como se advierte de la lectura integral de la demanda. En ese contexto, se arriba a la conclusión de que el acto reclamado por ******, consistente en la negativa de brindar atención médica especializada, dentro del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California, en donde se encuentran privados de su libertad, son revisables y/o impugnables ante la propia autoridad carcelaria, o bien directamente ante el Juez del Proceso o Juez de Ejecución, (según la situación jurídica del agraviado) al estar vinculados con las condiciones en las que los peticionarios de amparo refieren actualmente se encuentran al interior del señalado establecimiento de reclusión, por lo que debe entenderse como una omisión y/o negativa de la autoridad penitenciaria, supuesto en el que, como se vio, tienen expedito su derecho de acudir directamente ante el Juez del Proceso o bien de Ejecución y abrir la controversia respecto de tales omisiones. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales que se analiza. Por otra parte, agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios que remite la autoridad responsable Coordinadora del Área Médica del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California, mediante los cuales cumple con el requerimiento efectuado por auto de veintinueve de abril del año en curso e informa respecto al cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo.

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