Ricardo Rincón Campos
Expediente 172/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/01/2023
Partes del expediente
- Ricardo Rincón Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal, en contra del proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda relativa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el presente expediente, es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EB/nit*
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Cúmplase. MHP/Akms
- Principal
dos de enero de dos mil veintitrés, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la parte quejosa Ricardo Rincón Campos, el acuerdo dictado (a) el nueve de marzo de dos mil veintidós, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, nueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por Ricardo Rincón Campos, por su propio derecho, por propio derecho, contra actos de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en Mexicali y de otras autoridades. Ahora, del análisis del escrito inicial de demanda se advierte que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción III inciso b) -aplicado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, debido a que los actos reclamados en el presente juicio, no son de imposible reparación, como a continuación se verá y, por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda relativa, con fundamento en el numeral 113 del propio ordenamiento legal, por las consideraciones que se exponen a continuación. Los preceptos invocados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la interpretación sistemática de los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo no será procedente contra actos dictados dentro de procedimientos seguidos en forma de juicio que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, es pertinente tener presente que el Máximo Tribunal del País ha señalado que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo anterior, derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Únicamente, en forma ilustrativa y en lo conducente, se cita la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quince, tomo I, libro veintinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, registro 2011428, de contenido siguiente (énfasis añadido): "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivossino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. En relación con los actos reclamados por la parte quejosa consistentes en: De la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en Mexicali: ? La resolución de doce de enero de dos mil veintidós, emitida dentro del expediente 217/2021/SERA, mediante la cual se establecieron las directrices para la debida reclasificación y presentación del nuevo informe de presunta responsabilidad administrativa con la falta administrativa grave; De la Directora de Investigación y Determinación de la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California: ? El informe de presunta responsabilidad administrativa emitido el tres de febrero de dos mil veintidós, bajo el expediente de investigación INV-SP- 0964/2018 emitido en cumplimiento a la mencionada resolución. Actuaciones que, conforme a lo antes expuesto, no pueden considerarse como de imposible reparación, debido a que, por su naturaleza y en términos del artículo 1231 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California, dichos actos únicamente constituyen una petición que se eleva a la autoridad sustanciadora del procedimiento de responsabilidad administrativa para que ésta analice los méritos de dicha solicitud y, en su caso, decrete la medida cautelar correspondiente. En ese tenor, es claro que tal petición no impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, pues será, en todo caso, la autoridad sustanciadora del procedimiento correspondiente quien determine si procede o no decretar la medida cautelar respectiva y, por consiguiente, será la determinación que decrete esa medida la que, en su caso, pueda generar una afectación de imposible reparación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Similar conclusión debe alcanzarse respecto del diverso acto reclamado a la autoridad responsable Director de Responsabilidades de la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, consistente en el acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa, dictado el ocho de febrero del año en curso, bajo el expediente RA-120-2021. Esto es así, porque tal actuación únicamente genera la consecuencia de que se tramite el procedimiento de referencia, en el cual el presunto infractor podrá obtener un resultado favorable a sus intereses. De manera que el acuerdo de inicio sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de un acto meramente adjetivo y no impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, puesto que el quejoso está en aptitud de comparecer a dicho procedimiento, ofrecer pruebas, formular alegatos y hacer valer todas las consideraciones que estime pertinentes para obtener un fallo favorable. Es pertinente destacar que en el caso concreto no resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", que cita la quejosa. Esto es así, porque dicho criterio se refiere específicamente a los miembros del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial de la -entonces- Procuraduría General de la República, pues respecto de ellos -así como de los miembros de las instituciones policiales locales- existe disposición constitucional que prohíbe su reinstalación en el puesto que venía desempeñando. En efecto, del contenido de la jurisprudencia aludida, así como de la ejecutoria que le dio origen, se desprende que el Máximo Tribunal del País consideró que, en el caso específico, los miembros del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial de la -entonces- Procuraduría General de la República, el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación, sí constituía un acto de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque en el Texto Constitucional existe prohibición absoluta de reincorporación al servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, del -entonces- Distrito Federal, de los Estados y Municipios, incluso en caso de que la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada. Situación que de ninguna manera se actualiza en este asunto, toda vez que el quejoso no pertenece a alguna institución policial, puesto que se desempeña como Juez Municipal en la Delegación La Presa Este adscrito a la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por lo que no se ubica en la hipótesis que regula la jurisprudencia invocada. En tales condiciones, al estar demostrado que los actos antes precisados, atribuidos a las autoridades responsables no afectan materialmente derechos sustantivos del quejoso, es claro que se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción III inciso b) -aplicado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, por lo que al actualizarse de forma manifiesta e indudable la referida causal de improcedencia se desecha de plano la demanda, con fundamento en el diverso numeral 113 del propio ordenamiento legal. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Aurora Padilla Marroquín, Jesús Olivas Lomelí y Mario Sánchez Cuen y, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Filiberto Madrigal Cortés y Cristian Salomón Ruelas Santos, por así haberlo solicitado expresamente. De igual forma, proporciona la cuenta de correo que señala en su ocurso, la que deberá ser tomada en consideración para, en su caso, establecer comunicación -no procesal- con la parte quejosa durante la emergencia sanitaria que enfrenta el país y facilitar el proceso de notificación; lo anterior, en conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2. Por otra parte, como lo solicita, se autoriza el uso de medios electrónicos a la parte quejosa, con el fin de reproducir las constancias que integran el expediente en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.) emitida por los tribunales colegiados de circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, registro 2008986, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Con motivo del esquema de trabajo implementado por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se faculta a los Actuarios de la adscripción para que las notificaciones que se ordenen en este asunto, se practiquen, incluso, a través de medios tecnológicos; en el entendido de que, en todos los casos, deberán recabar las constancias que permitan verificar plenamente la entrega al destinatario de la comunicación de que se trate. Tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por la emergencia sanitaria aludida, se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso.
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