Ricardo Rubén Rojo Alquicira

Expediente 1637/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1637/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Rubén Rojo Alquicira
  • H. Congreso de la Unión. Ciudad de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 216/2022-I, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dentro de los autos del conflicto competencial 5/2022, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, con sede en aquella localidad, en la que se declaró a este último legalmente competente para conocer del asunto; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, toda vez que el presente cuaderno se encuentra concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; éste es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 5565/2022, signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, a través del cual hace del conocimiento que ese órgano jurisdiccional determinó insistir en declinar la competencia planteada a este juzgado y, por ello, se ordenó remitir los autos del juicio de amparo 1640/2021, de su índice, promovido por Ricardo Rubén Rojo Alquicira, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, con residencia en aquella localidad, para que resuelva el conflicto competencial; en tal razón, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. En otro contexto, con fundamento en los mismo términos señalados en el párrafo que antecede agréguese a sus autos el diverso oficio 1510/2022, enviado por la Secretaria de Acuerdos del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México, por medio del cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado de Distrito señalado en el párrafo que antecede, para conocer de la demanda de amparo promovida por Ricardo Rubén Rojo Alquicira; mismo que quedó registrado como conflicto competencial 5/2022, del índice de la superioridad Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 2614/2022, signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, únicamente agréguese a sus autos para que obre como corresponda sin mayor proveído, toda vez que las constancias a que hace referencia en la documental de mérito, se tuvieron por recibidas y se acordó al respecto en proveído de diecisiete del mes y año en curso. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1122/2022, signado por la secretaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, en alcance a su diverso 60389/2021, remite el expediente relativo al 1640/2021, de su índice, promovido por Ricardo Rubén Rojo Alquicira, en virtud de que en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, ese órgano de control constitucional se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional respetuosamente no acepta la competencia planteada, por las consideraciones que enseguida se exponen. La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquéllos para los que está facultado por la ley; es decir, en los que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar la primera; es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General número 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquél al que se presente la demanda cuando la resolución reclamada no requiera ejecución material y que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." LEY DE AMPARO. REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora bien, de la demanda de amparo que se remite se advierte el quejoso Ricardo Rubén Rojo Alquicira, promueve juicio de amparo indirecto, en el que, como autoridades responsables y actos reclamados, señaló lo siguiente. Autoridades responsables: Congreso de la Unión. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Comandante de la Guardia Nacional General de Brigada Luis Rodríguez Bucio. Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Guardia Nacional. Consejo de Carrera de la Guardia Nacional. Consejos de Disciplina de la Guardia Nacional. Coordinación de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional. Dirección General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional. Dirección General de Recursos Financieros de la Guardia Nacional. Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional. Todos residentes en la Ciudad de México. Actos reclamados: "1. DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN se reclama la discusión y aprobación de los artículos 79 en relación con el artículo 80, ambos del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, así como el diverso artículo 34, fracción I de la Ley de la Guardia Nacional. 2. DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS se reclama la orden de publicación de los artículos 79 en relación con el artículo 80, ambos del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, así como el diverso artículo 34, fracción I de la Ley de la Guardia Nacional. 3. DEL COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL reclamo la orden de PREVENTIVA DE PAGO es decir, de suspenderme el pago de mi salario a partir del 16 de noviembre de 2021 más las que se sigan acumulando hasta dictarse resolución en el presente asunto y querer darme de baja de la Guardia Nacional sin la sustanciación de procedimiento administrativo en mi contra, violentando lo establecido en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de la Guardia Nacional. 4. DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA reclamo la amenaza de no seguir trabajando en la Guardia Nacional sino firmo mi conclusión de grado, violentando lo establecido en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de la Guardia Nacional, pues con ello se me priva de mi derecho constitucional de indemnización. 5. DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA reclamo la amenaza de no seguir trabajando en la Guardia Nacional sino firmo mi conclusión de grado, violentando lo establecido en los artículos 1, 4, 5, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de la Guardia Nacional, pues con ello se me priva de mi derecho constitucional de indemnización. 6. TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA GUARDIA NACIONAL reclamo la amenaza de no seguir trabajando en la Guardia Nacional sino firmo mi conclusión de grado, violentando lo establecido en los artículos 1, 4, 5, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de la Guardia Nacional, pues con ello se me priva de mi derecho constitucional de indemnización. 7. EL CONSEJO DE CARRERA DE LA GUARDIA NACIONAL, reclamo la omisión de sustanciar el procedimiento administrativo correspondiente para darme de baja en términos de los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de la Guardia Nacional, así como los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 8. CONSEJOS DE DISCIPLINA DE LA GUARDIA NACIONAL, reclamo la omisión de sustanciar el procedimiento administrativo correspondiente para darme de baja en términos de los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de la Guardia Nacional, así como los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 9. COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA GUARDIA NACIONAL reclamo los actos tendientes a la ejecución de darme de baja de la Guardia Nacional al haberse solicitado la entrega de todos los bienes de la Institución bajo mi resguardo para darme de baja, lo que se traduce en la Cédula de Registro de Control de Armamento de fecha 19 de noviembre de 2021, expedida por la Dirección General de Control de Armamento y Licencia Oficial Colectiva dependiente de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional, mediante la cual reciben arma, cargadores, cartuchos y estuche de plástico rígido, así como 01 comprobante de depósito bancario por la cantidad de $80.00 (OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) por concepto de cuatro arandelas dentadas para cacha. 10. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA GUARDIA NACIONAL reclamo la ejecución de PREVENTIVA DE PAGO es decir, de suspenderme el pago de mi salario a partir del 16 de noviembre de 2021 más las que se sigan acumulando hasta dictarse resolución en el presente asunto. Así como darme de baja de la Guardia Nacional.. 11. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA GUARDIA NACIONAL reclamo la ejecución de PREVENTIVA DE PAGO es decir, de suspenderme el pago de mi salario a partir del 16 de noviembre de 2021 más las que se sigan acumulando hasta dictarse resolución en el presente asunto. 12. TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA reclamo la ejecución de PREVENTIVA DE PAGO es decir, de suspenderme el pago de mi salario a partir del 16 de noviembre de 2021 más las que se sigan acumulando hasta dictarse resolución en el presente asunto. 13. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL reclamo el ejecutar la orden de presentarme a hacer entrega de los bienes bajo mi resguardo, tramitar mi hoja de no adeudo, lo que se desprende de los oficios GN/UOEC/DGSCI/CBSCIT/ESF/1650/2021 de fecha 10 de noviembre de 2021, GN/UOEC/DGSCI/CBSCIT/ESF/1666/2021 de fecha 15 de noviembre de 2021, GN/UOEC/DGSCI/CBSCITAM7316/2021 de fecha 10 de noviembre de 2021, GN/UOEC/DGSCI/CBSCIT/ESF/1661/2021 de fecha 15 de noviembre de 2021 y GN/UOEC/DGSCI/DA-EA/7601/2021 de fecha 18 de noviembre de 2021 que se exhiben como prueba en la presente demanda de garantías." (sic) Así las cosas, mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el juzgado oficiante determinó carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por el quejoso Ricardo Rubén Rojo Alquicira y ordenó remitirla a este Juzgado de Distrito, exponiendo para ello, en esencia, que: Los actos tildados de inconstitucionales tuvieron verificativo material en el estado de Tamaulipas, por ser la demarcación territorial en donde el nombrado agraviado se encontraba adscrito, es decir, donde se ejecutó su baja. En ese contexto, para este juzgado no resulta dable aceptar la competencia que se plantea pues no se comparte la decisión del juez declinante. En efecto, debe recordarse que el amparista no señala como acto reclamado su baja, sino una diversidad de actos reclamados, unos omisivos y otros de ejecución. Entre ellos, en esencia: La discusión, aprobación y publicación del artículo 79, en relación con el 80, ambos del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional y el diverso 34, fracción de la citada ley. La orden preventiva de pago. El amenaza de darlo de baja sin sustanciación de procedimiento. La omisión de sustanciar el procedimiento administrativo de baja; y, Actos tendientes propiamente a darlo baja de la Guardia Nacional, como la emisión de los oficios: GN/UOEC/DGSCI/CBSCIT/ESF/1650/2021. GN/UOEC/DGSCI/CBSCIT/ESF/1666/2021. GN/UOEC/DGSCI/CBSCITAM7316/2021. GN/UOEC/DGSCI/CBSCIT/ESF/1661/2021 ;y, GN/UOEC/DGSCI/DA-EA/7601/2021 Comunicados con los cuales se ordena su presentación para el efecto de hacer entrega de los bienes bajo su resguardo, lo que a la postre aconteció el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, tal como se desprende de la Cédula de Registro de Control de Armamento, expedida por la Dirección General de Control de Armamento y Licencia Oficial Colectiva con numero de resguardo 3278, ubicada en la Ciudad de México, documento en el que se hace constar la recepción del arma, cargadores, cartuchos y estuche de plástico rígido, así como un comprobante de depósito bancario. Así, si bien el ahora quejoso tiene o tenía su última adscripción de la Guardia Nacional en San Fernando, Tamaulipas, también es verdad que las autoridades responsables giraron oficios al ahora quejoso para efecto de que se presentara en la Ciudad de México a entregar los bienes que se encontraran bajo su resguardo, lo que, como se vio, finalmente sí aconteció, pues se trasladó a la capital del país para la entrega recepción de los objetos antes precisados. De lo anterior se advierte que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; así, como se dijo, algunos actos que se reclaman debe tener ejecución tanto en San Fernando, Tamaulipas (lugar donde se encuentra o se encontraba adscrito laboralmente el quejoso) como en la Ciudad de México (lugar a donde se presentó con motivo de la emisión de los oficios antes detallados), por lo que no se comparte el criterio de la autoridad federal oficiante. En ese contexto, del artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda de amparo; entonces, contrario a lo afirmado por el Juzgado de Distrito declinante, los actos reclamados fueron ejecutados en más de un circuito judicial o comenzaron ejecutándose en uno de ellos y siguió ejecutándose en otro; por lo que es de concluir que se está en el supuesto del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, la competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, corresponde al Juez de Distrito de esas jurisdicciones que previno en el conocimiento del asunto, como es en este caso, la Jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Lo que encuentra apoyo en la tesis 3a. XLIX/93, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XII, Septiembre de 1993, página 13, Octava Época, Materias Común, cuyos rubro y texto son: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión "a prevención" que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." Así como en la tesis XXVII.3o.13 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1941, Décima Época, Materia Común, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO EJECUTADO O EJECUTABLE EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE CUALQUIERA DE ESAS DEMARCACIONES, A PREVENCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.". Sin embargo, ese enunciado normativo no debe entenderse literal y aisladamente en el sentido de que podrá conocer del asunto cualquier Juez de Distrito del país. Antes bien, es necesario interpretarlo en armonía con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto deberá presentarse "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". De esta disposición se infiere que, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Así, mediante la interpretación de la norma secundaria conforme al precepto constitucional, se concluye que cuando el acto reclamado haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención." Además, cabe resaltar que el quejoso aseveró que su domicilio particular se encuentra ubicado en la Ciudad de México, lo que si bien no es concluyente para determinar la competencia, también es verdad que todas las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia en dicho lugar, donde se advierte que el impetrante del amparo tuvo mayor facilidad para presentar su demanda, por lo que, en el caso, también dicha circunstancia es de tomarse en consideración para privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que le permitirá tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados. Por consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Federal de Control Constitucional no acepta la competencia declinada; por ende, se ordena la devolución del expediente al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que se encuentre en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Por otra parte, se solicita el acuse de recepción correspondiente; asimismo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y hacer las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito. Sin que haya necesidad de ordenar de manera personal a la parte quejosa o a las autoridades responsables el sentido del presente acuerdo en virtud de que no se aceptó el conocimiento del asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario adscrito al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme el ordinal 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

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