Ricardo Morales Aguirre

Expediente 1230/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1230/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Morales Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los informes justificados signados respectivamente por la presidenta y por los actuarios, todos adscritos a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con asentamiento en esta ciudad; en tal razón, agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan, sin que resulte necesario ponerlos a la vista de las partes en virtud de las consideraciones que enseguida se expondrán. Ahora bien, se precisa que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito advierte que los actos reclamados consistentes en las omisiones por parte de las autoridades responsables presidente y actuarios, todos adscritos a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de proveer lo conducente en relación al señalamiento de la fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral ********************; de igual forma, de ordenar el emplazamiento de la parte demandada, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, debido a que del contenido de los informes justificados con que se da cuenta se advierte que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, el día catorce de noviembre de dos mil veintitrés, señaló las once horas del doce de enero de dos mil veinticuatro, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, cuya omisión se dolía la parte quejosa; de igual forma, ordenó el emplazamiento de ********************, por lo que han quedado sin efectos los actos reclamados, puesto que, como se dijo, la autoridad responsable ordenadora dictó el acuerdo correspondiente, así como también ordenó las gestiones correspondientes con el emplazamiento de la parte demandada, todo ello dentro del expediente administrativo laboral ********************, de su índice, que era la causa de pedir en esta instancia constitucional. En tales condiciones, al haber cesado los efectos de los actos reclamados de la presidenta y de los actuarios, todos adscritos a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    I. De conformidad con el artículo 27, fracción I inciso c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por el licenciado ********************, en representación de las quejosas ********************; y, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria de seis de octubre del año en curso, dictada por este Juzgado de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el numeral 89 de la citada legislación, hágase del conocimiento de las partes el presente proveído y dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente este expediente, remítase al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas; de igual forma, los agravios respectivos y la copia que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Finalmente, fórmese el cuadernillo de revisión correspondiente, al que deberán glosarse las constancias necesarias para su debida integración. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

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