Ricardo Rosas Colín

Expediente 2/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/02/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Rosas Colín

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de enero de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve ***, en representación de ****, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 2/2021-IV-D. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la orden de ingresar al quejoso ***, al Centro Preventivo y de Reinserción Social de Lerma de Villada, Estado de México, desde el veinticinco de noviembre del año en curso y su ejecución. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En ese tenor, con fundamento en el 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 15 y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la demanda de que se trata se desecha de plano por notoriamente improcedente. Dichos artículos establecen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II.." ".Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes: a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes." En el caso, ***, en representación de ***, reclama de conformidad con sus manifestaciones y atento al contenido de su escrito inicial, la orden de ingreso de este último al Centro Preventivo y de Reinserción Social de Lerma de Villada, Estado de México, desde el veinticinco de noviembre del año en curso y su ejecución. Ahora, conviene establecer que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, es el de la instancia de parte agraviada, previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; principio que estriba esencialmente en que, únicamente podrá acudir a la instancia constitucional, quien resienta de manera directa una lesión en su esfera jurídica, con motivo de un acto de autoridad. No obstante, existe una excepción a al principio de instancia agravia, consagrada precisamente en el artículo 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso concreto, los actos que se reclaman no están contemplados dentro del supuesto de excepción, en virtud de que no consisten en aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, sino que se trata de una medida impuesta al quejoso; por tanto, dada la naturaleza de ésta, no es permisible que la demanda sea suscrita por una tercera a favor del directo quejoso. Además, según se advierte del libelo constitucional, ***, no se encuentra imposibilitado (incomunicado o segregado, por ejemplo) para promover el juicio de amparo, pues aun cuando se encuentra privado de su libertad, ello no constituye un obstáculo para que pueda suscribir la demanda de amparo por sí mismo, máxime que tienen conocimiento de la autoridad que emitió el acto de molestia, que ahora constituye el acto reclamado. En estas condiciones, es inconcuso que los actos que reclama ***, en representación de ***, no se ubican en alguna de las hipótesis contempladas en los artículos 15 de la Ley de Amparo ni 22 constitucional, para que la demanda de amparo pueda ser suscrita a favor de este último, por lo cual debe considerarse que la promovente Norma Angélica Valencia, carece de legitimación procesal para intentar el presente juicio, por lo que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 15 y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo y 22 Constitucional. Máxime que ***, tampoco acreditó ser representante legal o defensora en el proceso de origen del quejoso Ricardo Rosas Colín, sino que, como ella misma lo refiere, es cónyuge de este último, razón por la que se insiste, la primera de las mencionadas carece de legitimación para solicitar la protección constitucional a nombre del quejoso, pues considerar lo contrario implicaría contravenir el principio de instancia agraviada que rige al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de diciembre de 2004, en la página 1347, de rubro y texto siguiente: "GESTOR OFICIOSO. CON TAL CARÁCTER NO PUEDE PROMOVERSE UN JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE OTRA PERSONA". El juicio de garantías no puede promoverse con el carácter de gestor oficioso, a nombre de otra persona, porque el caso no se encuentra dentro de lo previsto por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, pues únicamente puede pedirse amparo sin intervención de legítimo representante cuando se trata de menores, conforme al artículo 6o. de la citada ley, y en contra de los actos específicos previstos en el artículo 17 del mismo ordenamiento.". En razón de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 15 y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo y 22 Constitucional, se desecha de plano la demanda. DOMICILIO Se tiene como domicilio para recibir notificaciones la lista que se fija en lugar visible de este órgano federal, en términos de los ordinales 26, fracción III, por así haberse señalado en el proemio de la demanda de amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 13/2020) Conforme al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se exhorta a la parte quejosa para que si es su deseo y atendiendo a las posibilidades con que cuente haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO De igual forma, solicítese a la parte quejosa número telefónico y correo electrónico, para establecer contacto con mayor prontitud.

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