Ricardo Ramírez Flores
Expediente 687/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/07/2016
Partes del expediente
- Ricardo Ramírez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la primera parte de la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa hubiese recurrido el proveído de catorce de junio de la presente anualidad, por el que, se desechó de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable procedencia; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y en su oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Atendiendo a la segunda parte de la certificación, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil dieciséis. AGREGA OFICIO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, desahoga el requerimiento que se le formuló en proveído de dieciocho de mayo del año en curso. Atento a lo anterior, se tiene por desahogado el requerimiento en cita y se deja sin efectos el apercibimiento con que había sido conminado en dicho auto. Atento a lo anterior, toda vez que el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se reservó acordar lo conducente por cuanto hace a la comparecencia del quejoso, por la que ratifica su escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, donde desahoga los requerimientos formulados, se provee lo relativo a la demanda de amparo instaurada por Ramiro Ramírez Flores, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Atento a las constancias remitidas por la responsable, así como por la parte quejosa, se concluye que la demanda de derechos es improcedente, atendiendo a las siguientes consideraciones. El artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] PRECISIÓN DE ACTO RECLAMADO. Una vez analizada la demanda en su integridad, resulta necesario precisar los actos reclamados, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de literalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario del amparo reclama: - El auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 47/2016, donde se turnan los autos al ejecutor respectivo para llevar a cabo la diligencia de desocupación de la bodega objeto de arrendamiento, con apercibimiento de hacer uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras. ESTUDIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Se aprecia que en el caso concreto se surte la causa de improcedencia que establece el numeral en cita, en relación con el diverso 61, fracción XXIII de la misma ley; ya que el acto que por esta vía reclama, no se refiere a la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, en el expediente del cual emana el acto reclamado y decide cuestiones relativas a la misma; sino que se trata de actos previos y derivados de la propia ejecución de sentencia que se emiten para llevar a cabo la diligencia en comento a fin de que se tenga por debidamente cumplimentado el fallo que se encuentra firme y resolvió el fondo de la controversia. Debe entenderse con la frase "última resolución", que se recoge en el actual artículo 107 fracción IV de la nueva Ley de Amparo, señalando que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento o las que ordenan el archivo del expediente, lo cual sirve de lineamiento para identificar cuál de las determinaciones que se dictan en el período de ejecución de sentencia, es factible de ser impugnada vía amparo indirecto, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Esto es, por regla las violaciones cometidas en los procedimientos de ejecución de sentencia deberán ser impugnadas hasta el dictado de la última resolución en dicho período, pudiéndose impugnar excepcionalmente los que se dicten en dicho segmento procesal siempre y cuando afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Por tanto, la determinación reclamada, de ninguna manera versa o tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional; por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento consideren le hayan dejado sin defensa, incluida la diligencia que puso en posesión del inmueble a su contraparte y como consecuencia la resolución emitida en el incidente de nulidad, así como la dictada en segunda instancia. En ese sentido, como la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Entonces, al tratarse el acto aquí reclamado en el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 47/2016, donde se turnan los autos al ejecutor respectivo para llevar a cabo la diligencia de desocupación de la bodega objeto de arrendamiento, con apercibimiento de hacer uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras; y atendiendo a que el promovente es parte en el juicio de origen y que en la determinación de la cual emana el acto aquí reclamado consiste en ordenar la desocupación de la bodega objeto de arrendamiento, es por lo que se estima que el acto reclamado no es el último acto en el procedimeinto de ejecución de sentencia del procedimiento, dado que el siguiente sería el que ordena el archivo definitivo del expediente. Por tanto, de las manifestaciones vertidas por el promovente, así como de las constancias allegadas, se advierte que fue en acuerdo de nueve de mayo pasado, cuando el juzgado de origen decidió respecto del punto destacado en el párrafo que precede. Se trae a contexto el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por las consideraciones que expone: EJECUCIÓN DE SENTENCIA CIVIL. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA RESOLUCIONES AUTÓNOMAS, MEDIDAS DE APREMIO Y ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESA ETAPA. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Este concepto se ha definido en forma genérica como la que declara cumplida la sentencia o convenio que tiene la calidad de cosa juzgada; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla. Esto implica la culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa y se observaron las formalidades esenciales del procedimiento. Acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica: a) resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena que es cosa juzgada, o sea que tienden a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada; b) resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; c) interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones; d) sentencias que resuelven una cuestión que guarda autonomía con la ejecución; y, e) actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, sea por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o que tenga autonomía o sea preparatoria, por modificar, extinguir o crear un derecho sustantivo distinto al objeto de la controversia que tenga la calidad de cosa juzgada, es posible establecer cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que tiene naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, porque crea, modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías. (9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Julio de 2010; Pág. 1941.) Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, de la 9° Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federción y su gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, materia civil, págin 198, de rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LA EXCEPCIÓN SUSTANCIAL Y PERENTORIA QUE OPONE EL EJECUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE DEBE HACERSE VALER EN EL AMPARO QUE SE INTENTE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: 1) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y 2) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquéllos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), por ser en ésta en la que se materializará el agravio. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria opuesta por el ejecutado en la fase de ejecución de sentencia (como la de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución) es impugnable en el amparo que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, puesto que será hasta dicho momento que se actualice en agravio, si es que el sentido de dicha resolución final es adverso al ejecutado. Cabe destacar que la finalidad que se persigue con este criterio, es el de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. De la misma forma, se actualiza la diversa causal improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 217, ambos de la Ley de Amparo, atento a lo que a continuación se explica. En ese sentido es necesario asentar algunas notas que giran en torno al contenido, funcionalidad y alcance de la causa de improcedencia denominada "acto derivado de otro consentido", para lo cual se tiene que traer a la vista el contenido de las porciones normativas precitadas, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Las reproducciones que preceden ponen de manifiesto, en primer lugar, que las causas de improcedencia del juicio de garantías tienen su fundamento -además de la Constitución Federal- en el numeral 61 de la Ley de Amparo, en donde se hace un listado de supuestos que prevén diversos motivos de la improcedencia de la acción constitucional; sin embargo, en el propio numeral en cita se encuentra previsto en la fracción XXIII, una cláusula abierta que permite hacer operable otros supuestos de improcedencia que deriven de la interpretación de cualquier dispositivo de la propia norma legal. En ese sentido, es claro que el legislador de la Ley de Amparo estimó que una causa de improcedencia del juicio de garantías también puede tener origen -a manera normativa en un criterio interpretativo producido por alguno de los órganos de Justicia Federal que están dotados de la facultad para sentar criterios obligatorios, esto es, Jurisprudencia, tal y como se sostiene en la tesis 1.30.C.67 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1762 del tomo XVIII, agosto de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "IMPROCEDENCIA. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN ESTABLECER UNA CAUSAL CON BASE EN SU FACULTAD DE CREAR JURISPRUDENCIA". Con base en lo anterior debe decirse que los órganos de Justicia Federal facultados para crear criterios interpretativos que en forma de precedente tienen obligatoriedad para las autoridades jurisdiccionales del país, han estimado que la relación sistemática que deriva de los supuestos normativos previstos en las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, radica un motivo de improcedencia distinto de los que en dichas porciones normativas se encuentran expresamente reguladas, como lo es el supuesto de ineficacia de la acción constitucional conocida como acto derivado de otro consentido En apoyo a lo anterior, se transcribe la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito,de rubro y texto siguientes: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. (9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Mayo de 1996; Pág. 582) De igual forma ilustra lo anterior la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". (8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988; Pág. 52 Como complemento de lo anterior, también es necesario precisar que, la funcionalidad de la causa de improcedencia que se viene comentado lo es en la medida en que la acción de amparo se enderece contra actos que sean consecuencia inmediata y directa de otro que habiendo afectado los intereses del particular no hubiera sido impugnado oportunamente, por lo que entonces se consideran derivados o consecuentes de aquél que se consintió; en este sentido, a efecto de que se actualice tal hipótesis es necesario que se reúnan los siguientes elementos, a saber: La existencia de un acto anterior que sea fuente u origen del perjuicio y que hubiese sido consentido (primario); La existencia de un acto posterior que cuyo perjuicio irrogue esté fundado o encuentre sustento en el acto primario, esto es, que esté vinculado al precedente de tal forma que la materialidad del agravio que en él se consigne no pueda entenderse de forma autónoma o aislada, sino vinculada con el que el acto anterior o primario; esto es, que el acto derivado sea en estricto sentido una mera consecuencia del primero, es decir, que entre el acto reclamado derivado y el anterior que fue consentido, exista una relación de causa a efecto que íntimamente los vincule; y, Que aun concurriendo las exigencias anteriores, el acto reclamado (secundario o derivado) no se impugne por vicios propios, pues en tal caso el amparo sí procederá sólo contra esos vicios. Sustenta la anterior determinación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. (7a. Época; Pleno; S.J.F.; Volumen 217-228, Primera Parte; Pág. 9) En armonía con lo anterior debe decirse que la característica esencial para apreciar si un acto es derivado de otro consentido es la precisión o fijación del acto o resolución en que se originó el perjuicio o agravio que afecta al particular, pues la funcionalidad de la causa de improcedencia que se comenta tiene como presupuesto lógico que exista un acto de autoridad anterior consentido -entendiendo por consentido que debió haberse impugnado porque agraviaba o perjudicaba al gobernado- de donde se sigue que si el particular no se defendió del acto anterior o precedente, se considera que las consecuencias que del mismo se generen también deben aceptarse de modo conforme, esto es, que ya no se puede considerar expedito el derecho de defensa contra los actos derivados o consecuentes al encontrar su fundamento en el acto primario o anterior que se consintió. La lógica en que se basa la causa de improcedencia de mérito no es más que un paralelismo del principio jurídico que reza: "lo accesorio sigue la suerte de lo principal"; de donde lo accesorio es el acto derivado y lo principal el acto primario consentido; principio que se explica en la medida de la existencia de un vínculo medular entre el acto consecuente y el primario, esto es, que el acto derivado no tiene vida propia, sino que su existencia depende del primero, siendo el "perjuicio" -en el paralelismo mencionado- para el supuesto de la causa de improcedencia que se comenta, el hilo conductor que debe ponderarse como vínculo entre ambos actos, esto es, que lo importante para considerar a un acto como derivación de otro que fue consentido es la precisión de la génesis del agravio que el gobernado aduzca se ocasiona en su contra; así, el perjuicio, esto es, la causa generadora del agravio que el gobernado aduzca sufrir en su esfera jurídica es la característica que permite identificar qué acto de autoridad es el primario y cuál su consecuente o derivado. El argumento que precede encuentra sustento en la propia mecánica constitucional y legal de procedencia del juicio de garantías que exige forzosamente la existencia de un perjuicio existente cometido contra el gobernado a fin de considerar que su interés jurídico se lastimó -o cuando menos que se consideró lastimado-, esto es, la materialidad de una afectación a alguno de sus derechos para que deba ser corregida mediante el medio de control constitucional denominado juicio de amparo, porque la naturaleza misma de la acción de amparo es la de ser un control constitucional de carácter reparador, lo que implica que para el ejercicio de dicha acción es necesaria e ineludiblemente la existencia de un perjuicio que deba ser reparado, tal y como así lo prevé la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, 6° y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo conducente disponen lo que sigue: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del Artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.) Presupuesto el que se viene comentando que en la teoría se ha dado en conocer como principio de agravio personal y directo al que ya en párrafos anteriores se explicó con más amplitud y que se encuentra en armonía con la propia lógica que hace posible la existencia de la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de donde precisamente se exige como requisito la existencia de un acto de autoridad que haya sido consentido por el particular -sea de forma tácita o expresa-, pero aún más, la condición lógica que se requiere para actualizar la improcedencia de mérito es que el acto que se estime consentido efectivamente haya sido el productor de perjuicio, afectación o agravio contra el particular, pues de otra forma no se podría entender la figura del consentimiento porque no sería posible considerar que se consintió algo que no existía, no siendo la nada materia de consentimiento. Para comprender de mejor forma lo que se viene explicando conviene precisar el significado de los vocablos "consentido" y "derivado", así como sus modalidades verbales; así, el Diccionario de la Lengua Española, editorial Espasa Calpe, define al primer vocablo como "Del verbo consentir. Permitir o dejar que se haga una cosa: verbigracia: no consientas que te falten al respeto"; además precisa que es sinónimo de conformidad, entendiendo por tal "La tolerancia y resignación ante las circunstancias desgraciadas o difíciles: verbigracia: el equipo aceptó la derrota con conformidad'~ en cuanto al vocablo "derivado", dicho diccionario indica que significa: "Tener origen o proceder de algo: verbigracia: su maestría deriva de una larga práctica. Producto que se obtiene de otro a través de una o varias transformaciones"; en ese sentido debe entenderse que por consentido implica la aceptación, conformidad o admisión de algún hecho o acto -beneficioso o perjudicial-, pero finalmente el consentimiento de algo, esto es, de un acto o hecho de la materialidad del ser humano, porque sostener lo contrario implicaría que se puede consentir lo que no existe. Con lo anterior se puede concluir de forma categórica que para la debida actualización de la causa de improcedencia que se viene comentado el factor "perjuicio" -al constituir presupuesto y característica necesaria que se exige para el ejercicio de la acción de amparo- se torna imprescindible que su origen o génesis deba radicar precisamente en el acto perjudicial que el gobernado hubiera consentido en un momento anterior, esto es, en el acto primario, para de ahí estimar que el agravio mismo reproducido en otro acto que emita la autoridad en razón de la ejecución del anterior (derivado), ya no pueda ser analizado en virtud de que el derecho de defensa contra el contenido medular en que se basa el acto secundario quedó consentido al no haberse controvertido el acto génesis del perjuicio (primario). Ahora, atendiendo a que el acto reclamado se hace consistir en el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 47/2016, donde se turnan los autos al ejecutor respectivo para llevar a cabo la diligencia de desocupación de la bodega objeto de arrendamiento, con apercibimiento de hacer uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras; luego, del escrito de demanda y constancias que obran en autos, se advierte que la actuación de la cual derivó dicho acto lo fue el proveído de dos de mayo de dos mil dieciséis, por el cual la responsable admitió sin efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de doce de abril del mismo año; determinación respecto de la cual el aquí quejoso no interpusiera medio de defensa alguno dentro del término establecido para ello. Por tanto, el acto reclamado que en este juicio se estudia, no es más que una consecuencia directa del auto que admitió sin efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. En ese sentido, si la parte quejosa consintió la determinación de dos de mayo de dos mil dieciséis del índice del juzgado responsable, dado que no interpuso medio de defensa alguna contra dicha determinación dentro de los plazos establecidos para ello, por ende, debe considerarse también como consentido en su contenido jurídico y material el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 47/2016, donde se turnan los autos al ejecutor respectivo para llevar a cabo la diligencia de desocupación de la bodega objeto de arrendamiento, con apercibimiento de hacer uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras. En efecto, del análisis "a priori" del acto aquí reclamado, así como de los conceptos de violación hechos valer, se obtiene que no se puede estudiar el fondo de la controversia (si fue correcto o no que la responsable continuara con el procedimiento de ejecución), pues ello implicaría analizar la determinación de dos de mayo de dos mil dieciséis, la cual, se reitera, fue consentida por el amparista, al no hacer valer algún recurso legal en su contra. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia que se surten de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la circular CCJ/05/2016 de diez de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que después de haber realizado una revisión integra del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales. En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, entendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, del dicho punto, al ser un juicio en el que se sobreseyó el amparo solicitado. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se negó y concedió la medida cautelar solicitada; igualmente, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurrido el plazo a que alude dicho acuerdo; por ende, desglósese el mismo previa certificación que obre en actuaciones. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. Asimismo, pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es DESTRUIBLE. Las anotaciones pertinentes háganse en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el escrito de cuenta, signado por el quejoso Ricardo Ramírez Flores, por el cual pretende desahogar los requerimientos dictados en proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis (fojas 8 a 10). Sin embargo, tomando en consideración que la firma que calza el ocurso antes citado difiere notoriamente de la que se encuentra plasmada en su escrito inicial de demanda, y dado que la firma o suscripción es el signo gráfico material y jurídicamente eficaz y apto para que una persona respalde promociones por escrito, pues constituye la manifestación de su voluntad para accionar al órgano jurisdiccional, de tal manera que el suscriptor se responsabilice de su contenido; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que dentro del plazo de tres días, ratifique el escrito de cuenta, entre las nueve y las quince horas, comparezca al local de este órgano jurisdiccional, con documento oficial con fotografía vigente y copia simple del mismo a ratificar su escrito. Con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término, se entenderá que no fue suscrito por el quejoso y, por ende, se tendrá por no presentado. Todo lo anterior, en atención a que, de proveer lo conducente en relación a la demanda, sin antes aclarar esa situación, es decir, sin tener la certeza que la persona que la promueve efectivamente manifestó su voluntad, iría en franco perjuicio del sistema de impartición de justicia, al permitir que cualquier persona, sin el consentimiento del gobernado supuestamente afectado, a su arbitrio, acudiera a instar los mecanismos legales del estado.
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