Ricardo Roberto Pech Tamayo
Expediente 1126/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1126/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 30/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ricardo Roberto Pech Tamayo
- Ricardo Roberto Pech Tamayo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el auto dictado en este juicio, el cinco de octubre del presente año, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión; en tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, ya que se concedió la suspensión de plano, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el citado expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Por último, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil diecisiete. Agréguense a este expediente para los efectos legales correspondientes, el informe justificado y oficio de cuenta SSP/DJ/27946/2017, del Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite, de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del titular de dicha Institución, así como los anexos en copia certificada que a los mismos se acompañan, de los cuales se desprende que los directos quejosos ****, estuvieron detenidos en la cárcel pública de esa Secretaría, por haber incurrido en una conducta sancionada con arresto. Sin embargo, al cumplir doce horas con veinte minutos de las treinta y seis horas impuestas, el nueve de septiembre del año en curso, a las catorce horas con cuarenta minutos, obtuvieron su libertad; documentales que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Sin que sea el caso dar vista de los mismos a las demás partes, toda vez que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la invocada ley de la materia, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, José Dolores Pech Martín, promovió demanda de amparo reclamando de las responsables, la detención, incomunicación, privación ilegal de la libertad, malos tratos y tortura, de los directos quejosos Ricardo Roberto Pech Tamayo y Jorge Alfonso Pérez Sánchez. Empero, de las constancias que el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, en representación del titular de dicha Secretaría, adjuntó a su informe de ley y oficio de cuenta, consistentes en las actas de salida de la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de nueve de septiembre pasado, a las cuales ya se les otorgó validez probatoria plena; de las que se advierte que los directos quejosos Ricardo Roberto Pech Tamayo y Jorge Alfonso Pérez Sánchez, estuvieron en dicha cárcel pública, cumpliendo una sanción administrativa consistente en arresto por treinta y seis horas; y, posteriormente, el nueve de septiembre del año en curso, a las catorce horas con cuarenta minutos, al cumplir doce horas con veinte minutos de las treinta y seis horas impuestas, obtuvieron su libertad. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues como quedó asentado, éstos se hicieron consistir, en la detención, incomunicación, privación ilegal de la libertad, malos tratos y tortura, de los directos quejosos; los cuales ya cesaron y por tanto indudablemente se actualiza la causal de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, en razón de que debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, ya que por su propia naturaleza, sería imposible restituirlos en el goce de los derechos que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es, como antes se dijo, sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos, del dieciséis de octubre del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. se notifica a los quejosos de conformidad con los articulos 27 y 29 de la ley de amparo.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los informes justificados de cuenta, rendidos por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos, por suplencia del Fiscal General y por el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General, ambos del Estado, con sede en esta ciudad; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Toda vez que los actos reclamados por los directos quejosos Ricardo Roberto Pech Tamayo y Jorge Alfonso Pérez Sánchez, lo hicieron consistir en la detención, incomunicación, privación ilegal de la libertad, malos tratos y tortura, dictados en su contra y que al respecto, la responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, por conducto del Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite, de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, en su informe rendido por oficio SSP/DJ/25539/2017 (foja 24), manifestó que los nombrados quejosos no se encontraban recluidos en la cárcel pública de esa corporación, ya que si bien fueron detenidos el nueve del actual mes y recluidos en la cárcel pública, fueron puestos en libertad ese propio día a las catorce horas con cuarenta minutos, al haber cumplido un arresto administrativo de doce horas con veinte minutos, de treinta y seis horas, según se determinó en su acta de calificación de sanción administrativa; SE ACUERDA: En razón a que no obran en autos las constancias relativas que acrediten lo informado por la responsable, las cuales son necesarias para la resolución del presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Protección y Vialidad del Estado, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que quede notificado de este proveído, remita a este órgano de control constitucional dichas constancias en copia certificada. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se le impondrá multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 237, 238 y 260, fracción II, de la Ley de la Materia. Notifíquese y cúmplase.
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