Ricardo Ramos Palomares
Expediente 981/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ricardo Ramos Palomares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de treinta de marzo del actual año, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, con lo informado por la autoridad responsable y la diversa vinculada, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se realizó el siete de los corrientes, desahogando la vista concedida, únicamente la parte quejosa, sin que hiciera manifestación alguna la tercera interesada; en consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional, procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable y la diversa vinculada, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En el caso particular, la parte quejosa reclamó entre otras cuestiones, la omisión de autorizar el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado mediante oficio 223 de treinta de enero de dos mil quince, por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 525/2013. En sentencia dictada el dieciocho de septiembre del actual año, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, acordara lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por la Juez de origen, y lo hiciera del conocimiento de la parte quejosa. Posteriormente, en auto de cinco de octubre del presente año, causó ejecutoria la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento al Gobernador responsable; asimismo, en proveído de once del mismo mes y año, se vinculó a dicho acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del estado, residente en esta capital. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Delegado en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, remitió mediante oficio CJ/DCL/OD/465/2017 de diez de octubre de la presente anualidad, copias certificadas de los similares DGOB/0483/2017 y CJ/DCL/OD/456/2017, de diecinueve de septiembre y cinco de octubre último, respectivamente, mediante los cuales el Gobernador Constitucional proporcionó el auxilio de la fuerza pública a su cargo, en las condiciones solicitadas en el oficio 223 de treinta de enero de dos mil quince, por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 525/2013, lo cual también hizo del conocimiento del aquí quejoso mediante la segunda de las citadas misivas. Asimismo, por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, mediante oficio SSP/DJ/30504/2017 de veintisiete de octubre del actual año, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, dicha autoridad programó el día nueve de noviembre de la presente anualidad, a las diez horas con treinta minutos, la diligencia de desalojo con auxilio de la fuerza pública, solicitada por la Juez de origen. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en vigor, se advierte que el Gobernador responsable se encontraba obligado a proveer respecto a lo solicitado en el oficio 223 en el cual la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, autorizó el uso de la fuerza pública en la diligencia de desalojo ordenada en autos del juicio 525/2013 de su índice; lo que en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, así se hizo acreditándolo fehacientemente con la copia certificada del oficio DGOB/0483/2017; de igual forma, el Secretario de Seguridad Pública vinculado a dicho cumplimiento, programó la diligencia de mérito para el día nueve de noviembre de la presente anualidad, a las diez horas con treinta minutos, lo cual acreditó con su oficio SSP/DJ/30504/2017; de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Por otra parte, no obstante que en auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se reservó proveer lo conducente a la solicitud del quejoso de requerir a las aludidas autoridades, para que a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada, señalaran día y hora para llevar a cabo la diligencia solicitada; sin que sea el caso emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que, mediante oficio de cuenta SSP/DJ/32206/2017, que hoy se ordena agregar a estos autos, el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del titular de dicha dependencia, remite copia certificada del acta circunstanciada de nueve de noviembre actual, relativa a la diligencia de desalojo con auxilio de la fuerza pública, de la que se advierte que la misma fue ejecutada. Luego, debe decirse que se ha respetado el derecho fundamental que se estimó vulnerado, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en vigor; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO D ELA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE OCNOFMRIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEYD E AMPARO }Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de treinta de marzo del actual año, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, con lo informado por la autoridad responsable y la diversa vinculada, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se realizó el siete de los corrientes, desahogando la vista concedida, únicamente la parte quejosa, sin que hiciera manifestación alguna la tercera interesada; en consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional, procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable y la diversa vinculada, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En el caso particular, la parte quejosa reclamó entre otras cuestiones, la omisión de autorizar el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado mediante oficio 223 de treinta de enero de dos mil quince, por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 525/2013. En sentencia dictada el dieciocho de septiembre del actual año, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, acordara lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por la Juez de origen, y lo hiciera del conocimiento de la parte quejosa. Posteriormente, en auto de cinco de octubre del presente año, causó ejecutoria la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento al Gobernador responsable; asimismo, en proveído de once del mismo mes y año, se vinculó a dicho acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del estado, residente en esta capital. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Delegado en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, remitió mediante oficio CJ/DCL/OD/465/2017 de diez de octubre de la presente anualidad, copias certificadas de los similares DGOB/0483/2017 y CJ/DCL/OD/456/2017, de diecinueve de septiembre y cinco de octubre último, respectivamente, mediante los cuales el Gobernador Constitucional proporcionó el auxilio de la fuerza pública a su cargo, en las condiciones solicitadas en el oficio 223 de treinta de enero de dos mil quince, por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 525/2013, lo cual también hizo del conocimiento del aquí quejoso mediante la segunda de las citadas misivas. Asimismo, por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, mediante oficio SSP/DJ/30504/2017 de veintisiete de octubre del actual año, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, dicha autoridad programó el día nueve de noviembre de la presente anualidad, a las diez horas con treinta minutos, la diligencia de desalojo con auxilio de la fuerza pública, solicitada por la Juez de origen. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en vigor, se advierte que el Gobernador responsable se encontraba obligado a proveer respecto a lo solicitado en el oficio 223 en el cual la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, autorizó el uso de la fuerza pública en la diligencia de desalojo ordenada en autos del juicio 525/2013 de su índice; lo que en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, así se hizo acreditándolo fehacientemente con la copia certificada del oficio DGOB/0483/2017; de igual forma, el Secretario de Seguridad Pública vinculado a dicho cumplimiento, programó la diligencia de mérito para el día nueve de noviembre de la presente anualidad, a las diez horas con treinta minutos, lo cual acreditó con su oficio SSP/DJ/30504/2017; de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Por otra parte, no obstante que en auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se reservó proveer lo conducente a la solicitud del quejoso de requerir a las aludidas autoridades, para que a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada, señalaran día y hora para llevar a cabo la diligencia solicitada; sin que sea el caso emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que, mediante oficio de cuenta SSP/DJ/32206/2017, que hoy se ordena agregar a estos autos, el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del titular de dicha dependencia, remite copia certificada del acta circunstanciada de nueve de noviembre actual, relativa a la diligencia de desalojo con auxilio de la fuerza pública, de la que se advierte que la misma fue ejecutada. Luego, debe decirse que se ha respetado el derecho fundamental que se estimó vulnerado, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en vigor; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el quejoso Ricardo Ramos Palomares, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de treinta de octubre del año en curso, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable; en tal virtud, en cuanto a las manifestaciones que realiza, resérvese para ser tomadas en consideración al resolverse sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos para los efectos legales condignos el oficio de mérito y su anexo, remitidos por el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación del titular de dicha Secretaría, en el que en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinticinco de los corrientes, realiza manifestaciones con relación al acatamiento de la sentencia ejecutoria emitida en este juicio. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada de lo anterior, para que dentro del término de tres días, al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente y cúmplase. se notifica al tercero interesado de conformdiad con los articulos 27 y 29 de la ley de amparo.
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