Ricardo Reyes Mendoza

Expediente 1222/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1222/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Reyes Mendoza
  • Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Galeana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que negó el amparo a ****, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte en auto de trece de enero de dos mil veinte, se tuvo al Defensor General del Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial de Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, designando al licenciado Adrián Gutiérrez Balanzar, Asesor Jurídico adscrito a esa delegación, como defensor del quejoso Ricardo Reyes Mendoza, quien en el ocurso de doce de febrero siguiente, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Gran Vía Tropical, sin número, fraccionamiento Las Playas, edificio Alberto Vázquez del Mercado, en esta ciudad; sin embargo, se omitió hacerle del conocimiento la sentencia dictada el nueve de diciembre de dos mil veinte. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, se ordena notificar a dicha parte procesal la sentencia mencionada, para los efectos legales procedentes. En el entendido, que las notificaciones derivadas del presente acuerdo deberán practicarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, y privilegiando el uso de medios electrónicos, como lo establecen el párrafo segundo de la fracción I del artículo 11 del Acuerdo General 8/2020, y la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Notifíquese a las partes de manera electrónica, publíquese en la lista de la misma forma y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO Y PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN LA QUE SE RESOLVIÓ: V I S T O S los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 1222/2019, promovido por Ricardo Reyes Mendoza, contra actos del Magistrado de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y competencia en los Distritos de Azueta, Galeana y Montes de Oca, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, y de otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito domiciliados en Acapulco, Guerrero, remitido por razón de turno en esa fecha a este Juzgado Cuarto de Distrito, Ricardo Reyes Mendoza, , por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- Autoridades Responsables: 1.- EVELINA RAMÍREZ VENEGAS, JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE GALEANA. 2.- EFREN PALACIOS BARBOSA, JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE GALEANA. (.) EJECUTORAS: ? COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, DE TECPAN DE GALEANA DE LA POLICÍA (.) ? COORDINADOR DE ZONA DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO (.) "IV. - Acto Reclamado- De las autoridades señaladas como ordenadoras se reclama la orden de reaprehensión o aprehensión girada en mi contra. De la autoridad que señalo como ejecutoras, el cumplimiento y ejecución que pretenden dar a la orden que emitió la autoridad ordenadora". OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 2 SEGUNDO. Tramite del juicio y ampliación de la demanda. Por auto de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 1222/2019; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de veinticuatro de febrero del año que transcurre, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada de identidad reservada con las iniciales R.I de la C.M., misma que fue emplazada como se advierte de las constancias de autos. Mediante escrito recibido en este órgano de control constitucional, el doce de febrero de dos mil veinte, el asesor jurídico del quejoso, en desahogo del diverso de quince de enero de este año, amplió la demanda de amparo, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES: 4.- Magistrado de la Sala Penal Unitaria del Sistema de Justicia Penal Acusatorio con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Azueta, Galeana y Montes de Oca, (.) 5.- Lic. Evelina Ramírez Venegas, Jueza y Coordinadora de Control y de Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Galeana, (.). "ACTOS RECLAMADOS.- De la marcada con los números 4 y 5 se reclama la orden de aprehensión girada en contra de mi representado, al margen de todo procedimiento legal, aplicación de tormentos y posible privación de mi vida. De las ejecutoras se reclama la ejecución de dicha orden, así como la probable aplicación de golpes, tormentos y posible privación de la vida. En consecuencia, por auto de trece de febrero de dos mil veinte, se admitió la misma y se solicitó a las autoridades responsables antes precisadas su informe con justificación. OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1222/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 3 El treinta de noviembre de dos mil veinte, previos diferimientos de ley tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado asentado en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como conforme al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ya que el acto reclamado es atribuido a autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 4 reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda y ampliación de la misma, se advierte que en esencia, la parte quejosa reclama la conducta que a continuación se detalla: ? La resolución de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio de trece de junio de dos mil diecinueve, dictada en el SPU-20/0219, a través de la cual revocó la negativa de librar orden de aprehensión, por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la ciudad de Tecpan de Galeana, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Galeana, Guerrero, el siete de mayo de dos mil diecinueve, en la carpeta judicial C-25/2019, en favor de Ricardo Reyes Mendoza, por el hecho que la ley penal califica como delito de violación en agravio de la víctima de identidad reservada con las iniciales R.I de la C.M; y su ejecución. La anterior delimitación se extrae de los capítulos de actos reclamados y antecedentes de los mismos expuestos por la parte quejosa, y responde al imperativo que contiene el invocado artículo 74 de la ley de la materia, que ordena la fijación precisa de aquéllos, la que permita apreciarlos OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1222/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 5 separándolos de los calificativos o argumentos que les acompañen. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. En su parte conducente, resulta ilustrativa la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 76, Abril de 1994, Octava Época, página sesenta y ocho. Al efecto cabe señalar que es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y competencia en los Distritos de Azueta, Galeana y Montes de Oca, con sede en OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 6 Zihuatanejo, Guerrero, ya que al rendir su respectivo informe justificado, aceptó el acto que se le reclama, consistente en la emisión de la resolución de trece de junio de dos mil diecinueve, dictada en el SPU-20/0219, que revoca la negativa de librar orden de aprehensión, de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada en la carpeta judicial C-25/2019, por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la ciudad de Tecpan de Galeana, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Galeana, Guerrero, en favor de Ricardo Reyes Mendoza, por el hecho que la ley penal califica como delito de violación en agravio de la víctima de identidad reservada con las iniciales R.I de la C.M. Manifestación que se corrobora con las constancias que en copia certificada anexó a su informe justificado, a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible a página 206, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Por su parte, las diversas autoridades responsables ejecutoras Jueza de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Galeana, con sede en la ciudad de Tecpan de Galeana; Responsable de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Atoyac de Álvarez; y Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, en OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1222/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 7 su denominación correcta, con residencia en Zihuatanejo, todas del Estado de Guerrero, al rendir sus respectivos informes con justificación negaron el acto que se les atribuye. Sin embargo, el mismo se tiene por cierto, en atención a que el Magistrado de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Azueta, Galeana y Montes de Oca, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, aceptó la existencia de los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO", visible en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Octava Época. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.", localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Apéndice de 1995, tomo VI, página quinientos cincuenta y tres. OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 8 En tal sentido, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, este órgano de control constitucional no advierte la existencia de alguna causa que involucre tal improcedencia; además las partes no invocaron algún motivo por el que estimaran improcedente el juicio. SEXTO. Estudio de fondo. Precisado lo anterior, se procede el estudio de los conceptos de violación, y para ello, no es necesario trascribirlos, al no existir obligación legal de hacerlo, como así se estableció en la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." (Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830). Aun en suplencia de la deficiencia de la queja prevista por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se estiman infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa. En la especie, no se advierte alguna infracción procesal ni formal, por lo que procede el análisis de fondo de la litis constitucional y debe precisarse que la Sala responsable decretó revocar la negativa de librar orden de aprehensión, dictada el siete de mayo de dos mil diecinueve, por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la ciudad de Tecpan de Galeana, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Galeana, Guerrero, en la carpeta judicial C-25/2019, en favor de Ricardo Reyes Mendoza, por el hecho que la ley penal califica como delito de violación en OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1222/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 9 agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales R.I de la C.M. Ahora, el Magistrado responsable sustentó su resolución fundamentalmente en que el único punto de agravio expuesto por el Ministerio Público apelante, era fundado por las consideraciones siguientes: Primeramente estableció que no compartía el criterio del A quo, en relación con la valoración de los datos de prueba consistentes en las entrevistas de Isela Montor Navarrete y Jazmín Montor Navarrete, en el sentido de que el Ministerio Público, no citó en la solicitud de orden de aprehensión el contenido de las entrevistas realizadas a las testigos de referencia, esto es, lo que cada una expuso literalmente en ella, y que el Ministerio Público únicamente se limitó a realizar conclusiones subjetivas de esas entrevistas, con lo cual se encontraba imposibilitado a analizar por desconocer su contenido, por ello, no eran idóneos ni pertinentes para el fin propuesto, pues no se satisfacía lo previsto en los artículos 261, 263 y 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En segundo término, precisó el Magistrado responsable que como lo expusieron los recurrentes el estándar probatorio para esa etapa procesal (investigación), era mínimo, al establecer el artículo 16, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que para solicitar una orden de aprehensión, era necesario colmar requisitos de forma y de fondo, señalando los siguientes; 1) Que exista una denuncia por un hecho que la ley señale como delito; 2) Que ese hecho sea sancionado con pena privativa de libertad; 3) Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, que la ley señale como delito a ese hecho; OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 10 y, 4) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Posteriormente señaló, que en relación con los requisitos señalados en los incisos 3) y 4), bastaba que el A quo, subsumiera la conducta a la norma penal, que permitía identificar el tipo penal aplicable, independientemente de la metodología que adoptara. Ello dado que, el nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, que se traducen en la presentación del indiciado ante la autoridad judicial, para que se le formule la imputación y continuar la investigación en la face judicializada, a partir de la cual, interviene el juez para controlar las actuaciones que puedan derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, precisó que la emisión de la orden de aprehensión, no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque ese elemento será determinado en la resolución de vinculación a proceso y finalmente en el escrito de acusación, derivada de toda la información que se genere en la investigación, no solo de la fase inicial, sino también de la complementaria, lo cual no equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Motivo por el cual, señaló que de conformidad en lo establecido en el artículo 16, párrafo tercero constitucional, 141, 142 y 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, realizaría un estudio de razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social en la solicitud de la orden de aprehensión, así como de los datos de investigación en que se sustentó la imputación, y de los OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1222/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 11 elementos que resulten idóneos y pertinentes, para justificar racionalmente que el imputado -aquí quejoso-, sea presentado ante el juez de control, a fin de conocer formalmente la imputación o bien, quede sujeto a la investigación formalizada, respecto de un hecho previsto como delito por la ley penal, y que se sancione con pena privativa de libertad. Con base en las anteriores precisiones, el Magistrado responsable señaló que no compartía la postura del A quo, en relación con la valoración de los datos de prueba, consistentes en las entrevistas realizadas a los testigos circunstanciales Isela Montor Navarrete y Jazmín Montor Navarrete, el nueve de marzo de dos mil dieciocho, aun cuando el órgano investigador, no citó el contenido literal de las mismas, en la solicitud de orden de aprehensión, pues advirtió que, si fue precisó en señalar las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ejecución del hecho delictivo, por ser las primeras personas con las que tuvo contacto la víctima después de ocurridos los hechos, destacó además, que los datos de prueba se deben analizar de forma individual, para obtener inferencias y de forma conjunta para obtener presunciones. Motivo por el cual, después de transcribir lo expuesto por la víctima quien ante la representación social, señaló: "Que aproximadamente a las tres de la mañana, iba caminando para su casa, ya que el día anterior, veintiocho de enero de ese año, había acudido a los festejos de la Virgen de la Candelaria, Santo Patrono de la comunidad de las Tunas, Municipio de Benito Juárez, Guerrero, evento realizado en un terreno en la entrada de dicha población, por lo que una vez terminado dicho evento, se dispuso a retirarse del lugar junto con el ahora imputado Ricardo Reyes "N", a quien conocía de hace aproximadamente cuatro años, pues esté es su vecino, motivo por el cual no desconfiaba de él, y como iba tomado y drogado, la victima de identidad reservada dijo no percatarse de sus intenciones, pero que al pasar por una camioneta pick up color vino de cabina y media, sin saber el modelo y la OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 12 marca, pero que se encontraba cerca del domicilio del imputado, éste la aventó sobre la camioneta, jalándola de los cabellos y la metió a la fuerza a la cabina de la camioneta, y una vez que la empujo para que se acostará, le empezó a quitar a la fuerza el pantalón y también le bajo las pantaletas, subiéndose encima de ella, por lo que empezó a gritar pidiendo auxilio, y el imputado le empezó a apretar el cuello con las dos manos y le dijo que si seguía gritando la iba a desaparecer, le apretó tan fuerte que la víctima de identidad reservada no podía respirar, dejando de gritar, bajándose el imputado su pantalón y su trusa hasta las rodillas, abriéndole las piernas fuertemente queriéndola penetrar con su pene, pero como se le paraba, le empezó a meter los dedos a su vagina jugándosela a decir de dicha víctima, después logro obtener una erección metiéndole y sacándole el pene constantemente mientras ella forcejeaba con él para agarrar su celular, ya que se le había caído abajo del asiento ya que quería marcarle a sus familiares para pedirle ayuda, sin embargo no logró agarrarlo y solo escuchaba que le entraban mensajes por su cuenta de WhatsApp, y una vez que el imputado termino eyaculo dentro de ella aprovechando la víctima para empujarlo y se bajó de la camioneta y salió corriendo, así como estaba (desnuda), ya que llevaba únicamente su blusa, ya que su pantalón de mezclilla azul y sus pantaletas color fiusha, así como sus botas color café y su celular Samsung J7 Prime, color blanco con rosa, y como pudo llego a su domicilio y toco la puerta desesperadamente, abriéndole la puerta su madre Isela Montor Navarrete, y al ver la víctima a su madre por miedo a que le dijera algo, se orino, tranquilizándola su madre, preguntándole que, le había pasado, explicándole lo que había ocurrido, por lo que en ese instante decidieron ir a buscar a Ricardo, a su domicilio, pero antes fueron al lugar de los hechos en busca de sus pertenecías, la víctima, su madre y su tía Jazmín Montor Navarrete." Con el anterior dato de prueba, la responsable correctamente estableció que los hechos no fueron presenciados por persona diversa, sin embargo, se inferían circunstancias de tiempo, modo y lugar, que hacían verosímil lo dicho por la víctima, dado que permitían desentrañar una serie de circunstancias que rodearon el evento. Además, el Magistrado legalmente precisó que ese dato de prueba no estaba aislado, sino que al concatenarse OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1222/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 13 con lo expuesto por el Ministerio Público, en relación a las entrevistas de Isela Montor Navarrete y Jazmín Montor Navarrete, pues en la solicitud de la orden de aprehensión, precisó en esencia que ambas fueron acordes señalar la hora, fecha y lugar, donde ocurrió el hecho delictivo, al advertirse, que señalaron que aproximadamente a las tres horas, del veintinueve de enero de dos mil diecinueve, la víctima fue abusada sexualmente, cerca del domicilio del imputado, ubicado en avenida Vicente Guerrero, de la localidad de Las Tunas, municipio de Benito Juárez, Guerrero; destacando que los atestes, fueron precisas al establecer las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ejecución del hecho delictivo, al haber sido las primeras personas con quienes tuvo contacto la víctima, al ser abusada sexualmente por el imputado Ricardo Reyes Mendoza. De los anteriores datos de prueba, el Magistrado responsable correctamente estableció, que lo expuesto por la víctima, se encontraba corroborado con las entrevistas de los testigos antes mencionadas, además, señaló que la fiscalía es un órgano técnico y especializado en la persecución de los delitos, y está obligado a conducirse con legalidad, honradez y lealtad ante el órgano investigador, por lo que no se puede dudar sin causa justificada en relación con lo alegado con esos datos de prueba. Reiterando que la orden de aprehensión, es solo una forma de conducir al indiciado al proceso, lo cual, no implica que se esté frente a una resolución que tenga como finalidad fijar la litis en relación a un procedimiento, pues una vez que el indiciado sea presentado ante el órgano jurisdiccional, se formulara la imputación, dándole el derecho, de dar contestación a los cargos que se le imputan, y en caso de que los datos de prueba no sean acordes, la defensa lo podrá OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 14 hacer valer ante el juzgador, dado que él será quien inmediara la audiencia respectiva. Por las consideraciones anteriores el Magistrado responsable correctamente determinó que el dicho de la víctima, se encontró corroborado con lo expuesto por las entrevistadas Isela Montor Navarrete y Jazmín Montor Navarrete, en las que se establecieron las circunstancia de tiempo, modo, lugar del hecho con apariencia de delito de violación, en agravio de la victima de identidad reservada; además, destacó que su denuncia la víctima manifestó, que acudió al lugar donde ocurrieron los hechos en compañía de su madre y tía, con lo cual se corroboró lo asumido por el Ministerio Público, con relación a que estas manifestaron los hechos que les contó la víctima de identidad reservada. Por otra parte, en relación con el dato de prueba consistente en el dictamen médico ginecológico y proctológico, identificado con el número de oficio 268 de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, realizado a la víctima, por el médico legista adscrito a los Servicios Periciales del Distrito Judicial de Galeana, dependiente de la Coordinación General de Servicios Judiciales, que fue valorado por el A quo, como un dato aislado. El Magistrado responsable, legalmente estableció que contrario a esa valoración, el dato de prueba de referencia no era aislado, ya que al haberse asentado en el mismo, que después de exploración ginecológica, la víctima presentó, el introito vaginal edematizado (hinchado) hiperémico (irritado), con fisuras en los borde laterales, escoriaciones en la horquilla superior, con la conclusión de signos de copula reciente, estudio que fue realizado el mismo día que refirió la agraviada fue atacada sexualmente, al adminicularlo con el dicho de la OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1222/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 15 víctima, se desprendía que se le impuso la copula vaginal el día de los hechos. Además, señaló que las consideraciones establecidas por el A quo, relacionadas con el dato de prueba antes precisado, en el sentido de que resultaba incongruente el dicho de la víctima, de que se le impuso la copula, por medio de violencia, al expresar que fue apretada del cuello por el imputado con las dos manos, al grado que no pudo respirar, que le abrió con fuerza las piernas; y que, la víctima no presentó huellas, hematomas y demás laceraciones, con motivo de la posición de la víctima y la fuerza aplicada por el victimario. Contrario a ello el Magistrado responsable, correctamente determinó que esas apreciaciones realizadas por el A quo, no resultaban operantes, estableciendo que la entrevista de la víctima, tiene valor preponderante, con el cual hasta esa etapa de investigación, es suficiente para actualizar la violencia física. Por cuanto a las diversas consideraciones, expuestas por el A quo, de que no se demostró que el activo hubiera eyaculado dentro de ella, dado que en la exploración ginecológica, no se encontraron rastros de semen o líquido seminal, no obstante de haberse realizada dicho dictamen horas después del evento, por lo que fue considerado como un dato de prueba aislado, que no corroboraba la hipótesis planteada por la fiscalía. Contrario a ello, el Magistrado responsable en forma correcta precisó que el delito de violación protege la libertad sexual y sanciona la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, por lo cual, era irrelevante para esa etapa procesal, demostrar aun en grado probable, si el inculpado eyaculó, o no dentro de la vagina de la víctima, pues OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 16 basta la introducción del pene en la vagina para que el hecho delictivo se cometa. Además precisó que la víctima fue clara en señalar que el imputado introdujo sus dedos en la vagina, conducta que se equipara al hecho en estudio. Reiteró que las inferencias realizadas por el A quo, no resultaban validas, dado que del citado dato de prueba, adminiculado con el dicho de la víctima, eran datos de prueba idóneos y pertinentes, para establecer que la agraviada sufrió la imposición de la copula y la introducción de los dedos en la vagina. Por otra parte, en relación con el diverso dato de prueba consistente en el dictamen pericial en materia de psicología, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, respecto del cual el A quo, señaló que el mismo, no se desprendía como el experto arribó a su conclusión, ni que la afectación emocional que se asentó, este relacionada con el hecho, y no establece la posibilidad de que la imposición de la copula, haya sido a través de la violencia moral, pues la víctima no señaló, el tipo de conductas, presiones o amenazas le profirió el activo, para debilitar su resistencia y por temor le permitiera la imposición de la cópula. Las anteriores consideraciones no fueron compartidas por el Magistrado responsable, pues correctamente precisó, que para la etapa procesal en que se rindió, únicamente se requieren datos de prueba, entendiéndose como las referencias al contenido de un determinado medio de convicción, aun no desahogado ante el órgano jurisdiccional que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, motivo por el cual estableció que ese dato de prueba resultaba idóneo y pertinente, para establecer que la víctima tiene un daño OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1222/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 17 psicoemocional, pues los antecedentes de la investigación giran en torno a que la víctima, se duele de que le fue impuesta la copula, por medio de la violencia física y psicológica, por el imputado, de quien señaló le introdujo los dedos y el pene en la vagina. Por otra parte, en relación con el diverso dato de prueba consistente en el dictamen pericial en materia de criminalística de campo, identificado con el oficio 010/2018, de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, elaborado por perito adscrito a la Unidad de Servicios Periciales de la Costa Grande, dependiente de la Coordinación Regional de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, respecto del cual el A quo, consideró como un dato aislado, al no corroborar de manera lógica los hechos materia de la orden de aprehensión, que por insuficiencia en la congruencia de los datos de prueba, no tuvo por acredita la posibilidad de la existencia del hecho que la ley penal señala como delito de violación, ya que el hecho no resultó de manera indiciaria jurídicamente relevante . Contrario a las consideraciones precisadas, el Magistrado responsable, en forma correcta estableció que con ese dato se demostró la existencia del vehículo estacionado, que en el interior de la propiedad de Lucio Guido Montor, donde la víctima señaló ocurrieron los hechos materia de la denuncia, y por ello, resultaba idóneo y pertinente, para establecer que el hecho ocurrió probablemente dentro del vehículo de la marca Ford, color vino; pues se demostró la existencia del lugar de los hechos y vehículo narrado por la víctima, en el que fue sometida por el activo, lo cual robustece la denuncia de la víctima. De igual manera, el Magistrado responsable, legalmente no compartió el criterio del A quo, al valor cada OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 18 dato de prueba, pues señaló que exigió un grado de comprobación que va más allá de una referencia, dado que con los datos de prueba aportados por el fiscal al solicitar la orden de aprehensión, resultaban suficientes para actualizar el hecho que la ley penal califica como violación, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada, pues dado que de las entrevistas de la madre y tía de la agraviada, relacionada con lo expuesto por ella, se puso de manifestó que fue atacada sexualmente; lo que al concatenarse con las periciales en materia de medicina legal, psicología y criminalística de campo y fotografía forense, adminiculados con la entrevista de la pasivo del delito, estableció el hecho que la ley penal califica como violación. Por otra parte, el Magistrado responsable, de manera correcta precisó, que con los datos de prueba que le fueron proporcionados al A quo, se demostraba la probabilidad de que el -aquí quejoso-, participó en la comisión del evento delictivo, tomando en consideración para ello, lo establecido en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, pues el Estado, debe establecer procedimientos legales justos y eficaces, para que puedan acceder efectivamente a la justica, pues las mujeres de víctimas de violencia, en especial del tipo sexual, enfrenta barreras extraordinarias cuando intentan ejercer el derecho. Precisando que con el fin de remover esas barreras los testimonios de las víctimas que involucren violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas, dichas reglas de valoración se encuentran señaladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Fernández Ortega y Rosendo Cantú, y por el Pleno de la Suprema Corte de OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1222/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 19 Justicia de la Nación en la tesis P. XXIII/2015, de rubro "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL". Con base en lo anterior, el Magistrado responsable destacó correctamente, que la agravia en su entrevista, señaló a Ricardo Reyes Mendoza, como la persona que la agredió sexualmente, identificación que realizó del agresor por ser su vecino, y que momentos antes de la agresión la acompañaba con dirección a su casa, dado que ambos habían asistido a una velada, para lo cual destacó, que los delitos sexuales son un tipo de agresión que en general, se producen en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y la persona agresora, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas, de ahí, que no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye un dato de prueba fundamental sobre el hecho. Reiterando de manera correcta el Magistrado responsable, que la entrevista de la víctima se debía concatenar de forma armónica, con todos los datos de prueba aportados por la Fiscalía, porque de ellos pueden inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos, para arribar a la presunción de que el indiciado Ricardo Reyes Mendoza, cometió el hecho atribuido por la víctima, al precisar que la entrevista de esta, es un dato de prueba idóneo y pertinente para establecer su identificación. Además, de que el hecho se cometió por la noche y se consumó en secrecía, al ser hecho que por su naturaleza se realiza sin presencia de testigos o bien cuando el sujeto activo no corre riesgo de ser descubierto. De igual manera, señaló que con base en los diversos criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la declaración de la víctima, se traduce OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 20 en un indicio, que necesita ser corroborado por otros medios de convicción que hagan verosímil lo afirmado por la agraviada, es decir, que sea creíble su narrativa. Motivo por el cual, el Magistrado responsable al analizar los agravios expuestos por la fiscalía y apreciar los datos de prueba aportados en la solicitud de orden de aprehensión ante el A quo, de manera legal, no compartió las consideraciones establecidas por el inferior, considerándolos como idóneos y pertinentes, para establecer la acción copulativa, ello destacando la entrevista de la víctima, en la que expuso de forma clara los hechos, de los que fue objeto; declaración que entrelazó de manera armónica con las periciales en materia de medicina legal, psicología y criminalística de campo, los cuales le permitieron arribar a la posibilidad de que la víctima sufrido la imposición de copula, vía vaginal; datos de prueba a los cuales les concedió valor probatorio de indicio de conformidad a lo establecido en los artículos 261 párrafo primero, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que realizó una ponderación de manera conjunta, integral y armónica, con las entrevistas de la madre y tía, de la pasivo del delito de referencia. En apoyo de sus razonamientos citó las tesis de rubro "VIOLACIÓN. VALOR PROBATORIO DEL DICHO DE LA OFENDIDA" y "OFENDIDA. VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA." Orienta a lo anterior, la tesis XXVII.3o.28 P (10a.) Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1222/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 21 SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.", publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una "prueba fundamental sobre el hecho". De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Materia Penal, Página 1728) Proceso de relación que constituye la prueba circunstancial que parte precisamente de la concatenación conforme al hábito de vinculación mental de los hechos ciertos para dar lugar a la presunción de fundar una opinión sobre la OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 22 existencia del delito y su eventual imputación al activo como autor del mismo. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 133/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA PRESUNCIONAL. EL ARTÍCULO 261 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVÉ SU APRECIACIÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. La garantía de exacta aplicación de la ley penal contenida en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a las autoridades legislativas que al tipificar un hecho como delictivo precisen mediante normas claras la conducta reprochable, así como la penalidad por su comisión, y exige a las autoridades judiciales la aplicación exacta de la sanción expresamente establecida en la ley, para evitar confusiones que se traduzcan en aplicaciones por analogía o por mayoría de razón, lo cual redunda en la seguridad y certeza jurídica de los gobernados. En congruencia con lo anterior, se concluye que el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que dispone que los jueces y tribunales apreciarán en conciencia el valor de las presunciones hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, no viola la mencionada garantía constitucional en virtud de que el referido dispositivo legal no describe abstractamente alguna conducta como delito ni faculta a dichas autoridades para determinar sanciones o autoriza su imposición por analogía o mayoría de razón, sino que señala las condiciones para que el juzgador tenga como prueba plena el conjunto de presunciones que le permitan arribar a la verdad histórica de los hechos sometidos a su consideración. Además, si bien es cierto que el citado artículo 261 confiere atribuciones al juzgador para que haga una valoración personal y concreta del material probatorio, también lo es que correlativamente le impone el deber de exponer los razonamientos que haya tenido en cuenta para valorar jurídicamente la prueba y requiere que se encuentren probados los hechos de los cuales deriven las presunciones, así como la existencia de un enlace natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la buscada." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2118) OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1222/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 23 Siguiendo las reglas de integración de la prueba circunstancial, primero se deben sustraer los hechos ciertos de los indicios recabados por el órgano técnico para después inferir los desconocidos a través de una concatenación lógica y natural a través del sentido común de los estándares sociales de discernimiento. En este punto cabe destacar que al gobernado únicamente le corresponde poner al conocimiento del represente social los hechos acaecidos, será éste quien los clasifique y reúna el material de convicción para asegurar el ejercicio de la acción penal. Los hechos denunciados no deben quedar probados con la sola versión del ofendido, pues ni siquiera la confesión es apta para robustecer una condena si no se encuentra corroborada con diversos medios probatorios. Por ello, las autoridades jurisdiccionales deben valorar el dicho del denunciante de forma armónica con el resto del material probatorio y no pretender integrar los elementos del tipo penal solo con su dicho, sino que debe ser analizado y extraer de él los puntos ciertos para concatenarlos con el resto del sumario a fin de vislumbrar la realidad material. De ahí que el argumento relacionado con que el Magistrado responsable no funda ni motiva la resolución reclamada, sean infundados, pues es una apreciación personal y subjetiva de la parte quejosa, ya que no debe perderse de vista que la resolución aquí combatida se hizo atendiendo a las presunciones que obtuvo de cada dato de prueba, para relacionarlos en su conjunto y en especial con la declaración de víctima de delito, la cual es preponderante dadas las características del hecho ilícito que se imputa al aquí quejoso . OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 24 Además, si los datos de prueba no generan la certeza de que el quejoso cometió el ilícito que se le imputa, cabe destacar que para la emisión de una resolución de la naturaleza de la que por esta vía se combate, no es indispensable que los elementos probatorios generen certidumbre en el ánimo del juzgador, pues el grado de certeza está reservado para el momento de la sentencia. Aunado a ello, debe establecerse que es durante la etapa de proceso el momento en el que se puede restar valor de convicción a las pruebas de cargo al realizar el ejercicio de contrastación con los elementos de descargo, por lo que no es un ejercicio de ponderación exigible para una orden de aprehensión. En el caso, no se está en presencia de pruebas obtenidas en contravención a derechos fundamentales, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 33/2008,2 estableció las características que deben reunir las pruebas ilícitas. En esa ejecutoria, el máximo tribunal estableció que se consideran pruebas ilícitas aquellas que para su obtención se violó alguna disposición del ordenamiento jurídico - constitucional o legal-. También señaló que la ilicitud de las pruebas deviene de dos modos: respecto de su obtención o de su incorporación en el proceso respectivo. La ilicitud de la prueba respecto de su obtención, implica que la misma se hizo a partir de la infracción a una norma constitucional, pero su incorporación al proceso se hizo de manera lícita, y en ese caso, carece de eficacia probatoria, 2 "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materias Constitucional, Penal, Página 2058" OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1222/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 25 pues su origen resulta viciado, razón por la cual no puede ser válida. Y por lo que hace a las pruebas que se obtienen de manera lícita pero su incorporación al proceso genera la infracción de alguna disposición constitucional, es importante señalar que las mismas pueden ser reparadas, según la gravedad de la violación. En el caso, del análisis y consideraciones de los datos de prueba que fueron señalados por el Ministerio Público en la solicitud de orden de aprehensión, no se desprende que se estuviera en el supuesto de una prueba ilícita, pues no se verifica ninguna de las hipótesis establecidas por la Primera Sala del máximo tribunal para que sean declaradas como nulas. Pues si durante la etapa de investigación se obtuvieron datos de prueba que hicieron presumible la participación del quejoso en el hecho que la ley penal señala como delito de violación que se destaca, y al contar con la imputación de la víctima, las entrevistas de la madre y tía de la pasivo del delito, las periciales en materia de medicina legal, psicología y criminalística de campo, de ahí que no se está en el supuesto de que se hubieran obtenido violando alguna disposición legal o constitucional, ya que en uso de las facultades constitucionales del Ministerio Público, se encontraba en aptitud de realizar las diligencias que estimara conducentes para la integración de la carpeta de investigación, incluyendo la recopilación de información relativa a los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Además de que en el caso, el Magistrado responsable estaba obligado a velar por el interés la víctima, de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 1°, 20, OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 26 Constitucionales con la consecuente amplitud de la suplencia de la queja al operar en beneficio de la víctima o el ofendido, de ahí que se considere correcto que el Magistrado responsable revocara la negativa de librar orden de aprehensión en favor del -aquí quejoso-. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 29/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto, siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima u ofendido por el delito representa un cambio trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro país desde que se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no han podido encontrar en las instancias naturales del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado significativamente respecto a la visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes con marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el medio conductor que actualiza las disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1222/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 27 en desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. constitucional exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, no corresponde a la realidad constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal institución se extiende en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más hacia el fin primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Materia Constitucional, Penal, Común, Página 508) Por otra parte, no se advierte en ningún momento que se dejara de presumir la inocencia del probable responsable. El principio universal de presunción de inocencia del que todo inculpado goza, consiste en ser tratado como inocente hasta en tanto su culpabilidad no haya sido probada y declarada mediante una sentencia definitiva, con independencia de las sospechas o los cargos que sobre él recaigan. Esto es, dicho principio implica que el juzgador, al emitir la orden de aprehensión, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para en su caso, OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 28 conducir al imputado al proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. Por tanto, la verdad que pretende alcanzarse solo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En este sentido, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por lo que el libramiento de orden de aprehensión en lo que se refiere a los elementos del cuerpo del delito, es el acto que justifica que se traiga a proceso a una persona aun considerada inocente. Entonces, si la sala revocó el la negativa de librar orden de aprehensión en favor del aquí quejoso y libró la orden de aprehensión solicitada, ello solo es una consecuencia jurídica de la actualización de las hipótesis legales que así lo permiten, pero de ninguna manera implica que se le deje de considerar inocente hasta en tanto su culpabilidad quede probada mediante una sentencia definitiva. Orienta a lo anterior la tesis XV.3o.2 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. POR SÍ MISMA, CONSTITUYE UN ACTO MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE RESTRINGE PROVISIONALMENTE LA LIBERTAD AMBULATORIA DEL IMPUTADO Y SU FINALIDAD ES PASAR A UNA SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACIÓN SUPERVISADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, UNA VEZ REALIZADA LA IMPUTACIÓN Y DICTADO EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. La orden de aprehensión es una medida efímera, al cobrar vigencia únicamente desde el momento en el que se expide, se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a ésta a disposición del Juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1222/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 29 realizarse inmediatamente, ya que una vez que aquélla es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación, con el fin de que se dicte, en su caso, un auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización posterior para continuar con la investigación de los hechos, de manera formalizada y judicializada, en la medida en que la privación de la libertad ambulatoria sólo ocurre en el tiempo en el que el indiciado es presentado a una audiencia, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona; de ahí que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, constituye un acto mediante el cual sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Materia Penal, Página 2319). Además, precisó que el hecho imputado al ahora quejoso es de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa de conformidad al párrafo segundo del artículo 19 constitucional; y tomó en consideración la naturaleza y circunstancias del hecho delictuoso, existía presunción razonable de que la comparecencia o citación, pudiera verse demorada o dificultada, dada la naturaleza del delito de que se trata y la circunstancia de que la citación de Ricardo Reyes Mendoza, no garantizaría su presencia ante el juzgador, sino que por el contrario existiría un peligro de fuga, por lo que estimó la necesidad de cautela. Orienta a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 30 CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a1.64 02/09/21 10:02:09 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1222/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 31 procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, Materia Penal, página 2553) Decisión. Consecuentemente, al haber resultado infundados los conceptos de violación y al no advertirse violación que amerite la suplencia de la queja conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, de la ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva, en el sentido de esta sentencia respecto de los actos de ejecución que se reclaman de las autoridades señaladas como ejecutoras, sin atribuírsele vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 91, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.", visibles en las páginas 72 y 73, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 61, 63, 73, 76, 119 a 123 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ricardo Reyes Mendoza, por propio derecho contra el acto reclamado del Magistrado de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y competencia en los Distritos de Azueta, Galeana y Montes de Oca, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, consistente en la resolución de trece de junio de dos mil diecinueve, dictada en el SPU-20/0219, por los motivos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Visto; téngase por recibido el oficio signado por la Juez Mixto de Paz de San Jerónimo de Juárez, Guerrero, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 788/2020, que se le envió para que en auxilio de este órgano jurisdiccional se emplazara al presente sumario a la tercera interesada de identidad reservada de iniciales****por conducto de quien legalmente la represente; en consecuencia, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, de las constancias que integran dicha comunicación oficial, se advierte que ya feneció el plazo de tres días otorgados a la citada tercera interesada para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de octubre del presente año, y con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se ordena notificarle las subsecuentes actuaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional, para los efectos legales conducentes, hasta en tanto señale domicilio procesal en esta ciudad.

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