Ricardo Reyes Ceballos

Expediente 45/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
45/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Reyes Ceballos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 45/2023-III*R CUENTA. El tres de mayo de dos mil veintitrés, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 5723. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; tres de mayo de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de la mesa de amparos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, a través del cual solicita la devolución de los autos originales del toca familiar 600/2022. En atención a su contenido, tomando en consideración que en proveído de trece de abril actual, se ordenó el archivo de este sumario como asunto totalmente concluido, resulta innecesario que este órgano jurisdiccional siga conservando los autos originales del toca familiar 600/2022, constantes de tres tomos, que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado; por tanto, se ordena devolverlos, para los efectos legales conducentes, solicitándole el acuse de recibo relativo. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    ... JUICIO DE AMPARO 45/2023-III*R El trece de abril de dos mil veintitrés, Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA que: 1. El término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de veintidós de marzo del año en curso, transcurrió del veintisiete de marzo pasado al doce de abril actual, toda vez que fueron notificadas por lista el veintitrés del mes anterior, descontando los días veinticinco y veintiséis de marzo, uno, dos, cinco, seis, siete, ocho y nueve de abril, todos del año en curso, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que lo hayan hecho; lo anterior se confirmó después que el oficial de partes de este juzgado federal, hiciera una revisión minuciosa del libro de correspondencia que recibe este órgano jurisdiccional, sin encontrar promoción alguna en la que se interpusiera dicho recurso; 2. Existe tercera interesada; 3. No se tramitó incidente de suspensión; y 4. No obra agregado documento original con firma autógrafa e insustituible. Doy fe. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda CUENTA. El trece de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de abril de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veintidós de marzo del presente año; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 17:36:30 aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente principal es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 45/2023-III AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las DIEZ HORAS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 45/2023-III, promovido por Ricardo Reyes Ceballos, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, secretaria que da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. Cabe señalar que resulta innecesario que la presente audiencia se desarrolle vía videoconferencia; lo anterior, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Demanda de amparo y anexos (foja 1 a 8); auto admisorio de diecinueve de enero de dos mil veintitrés (foja 10 a 14); escrito mediante el cual se apersonó la tercera interesada Rosa Bustos Colón (foja 24 a 32); informe justificado rendido por la autoridad responsable (foja 36 y tres tomos de pruebas); proveído de nueve de febrero del año en curso, en el que se tuvo por rendido y con su contenido, se dio vista a las partes (foja 37); acuerdos en los que se difirió la audiencia constitucional; y constancias de notificación a las partes. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe justificado de la autoridad MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 responsable, mismo que será tomado en consideración al resolver este sumario. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta a la Jueza con las documentales, exhibidas por la autoridad responsable. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, dichas probanzas. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: La Secretaria da cuenta con los formulados por la tercera interesada Rosa Bustos Colón. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos dichos alegatos, mismos que de ser procedentes serán tomados en consideración al resolver este sumario. Al no haber diligencias o pruebas pendientes por desahogar, ni pedimento de la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano de justicia Federal, se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 45/2023-III, promovido por Ricardo Reyes Ceballos, por su propio derecho, en contra de actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en Acapulco, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Ricardo Reyes Ceballos, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 3 la autoridad responsable y por el acto reclamado que se precisan a continuación: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. SALA FAMILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. IV.- ACTO RECLAMADO: La resolución del trece de diciembre del dos mil veintidós, dictada por la SALA FAMILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, en el toca 600/2022." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda instaurada, la cual quedó registrada con el número 45/2023-III; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó emplazar a la tercera interesada Rosa Bustos Colón, y dar a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado no tiene ejecución material, y la demanda de amparo se presentó en la demarcación territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, previamente al estudio de la cuestión planteada deben fijarse clara y precisamente los actos reclamados en la instancia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención del promovente, analizando los anexos y la información allegada en esa inicial etapa por el justiciable. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 5 elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Abril de 2000, Tomo XI, página 32) En esa tesitura, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en: ? La resolución del trece de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el toca 600/2022, mediante la cual confirmó el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, que admite a trámite el incidente de ejecución y pago de pensión alimenticia deducida de convenio, dictado por la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente 438/2013-II, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por Rosa Bustos Colón, en contra de Ricardo Reyes Ceballos. CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda es oportuna, toda vez que el acto reclamado se notificó a la parte quejosa el quince de diciembre de dos mil veintidós. De ahí que, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del cuatro al veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, sin considerar en dicho cómputo los días sábados y domingos MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 por ser inhábiles en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, ni del diecinueve de diciembre pasado al tres de enero del año en curso, que comprendió el periodo vacacional de la autoridad responsable. Por tanto, la demanda se presentó oportunamente el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, esto es, dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó el Magistrado Presidente de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Guerrero, residente en Chilpancingo, al rendir su informe justificado. Ilustra lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, Tomo VI, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las actuaciones del Toca 600/2022, mismas que remitió la autoridad responsable; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 7 Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Apéndice, Tomo VI, página 153). SEXTO. Causales de improcedencia. Una vez que ha sido demostrada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de la materia de fondo, se procede al examen de las causales de improcedencia alegadas por las partes o que pudiesen apreciarse en forma oficiosa, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia 5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 222780, cuyo rubro y texto, indican: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, de manera oficiosa, se observa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; (.)" Del segundo precepto legal transcrito, se desprende que la Ley de Amparo establece que los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como se muestra, para otorgar mayor seguridad jurídica a los gobernados en la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, el legislador proporcionó una fórmula legal, según la cual para que los actos puedan ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 9 Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasen lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. Interpretación de la que se deducen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. ? La segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos?, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, registro digital 2006589, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 11 de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese sentido, atendiendo al texto de la ley, se ha considerado por regla general, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, etcétera. Así, de no demostrarse ninguno de los supuestos contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de actos dentro del juicio será improcedente. Ahora bien, a fin de evidenciar que el presente juicio de amparo es improcedente en términos de la causal referida, es pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado. En primer término, debe precisarse que el directo quejoso Ricardo Reyes Ceballos, figura como parte demandada en el expediente 438-2/2013, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 del Distrito Judicial de Tabares, en el que mediante escrito de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, Rosa Bustos Colón, promovió incidente de ejecución y pago de la pensión alimenticia. El veintitrés de febrero siguiente, se dictó el auto de radicación que literalmente establece: "Acapulco, Guerrero., a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. El Secretario de Acuerdos da cuenta a la Juez con un escrito presentado el veintidós de febrero del año en curso, signado por ROSA BUSTOS COLON.- DOY FE.- Acapulco, Guerrero., a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Por presentada a ROSA BUSTOS COLON, con su escrito de cuenta, mediante el cual demanda de RICARDO REYES CEBALLOS, INCIDENTE DE EJECUCIÓN Y PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, DEDUCIDA DE CONVENIO; mismo que se admite a trámite, en términos del dispuesto en los artículos 405, 406 y 407 del Código Procesal Civil; por tanto, con las copias simples, córrase traslado al incidentado personalmente, prevéngasele para que dentro del término de tres días, produzca contestación, ofrezca sus respectivas pruebas, y en caso de no hacerlo, como lo dispone el numeral 257 fracciones I, II y III del Código Adjetivo Civil, se tendrá por contestado en sentido negativo, así mismo señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Con la plantilla de liquidación de adeudo de pensión alimenticia que formula, se da vista al ejecutado, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. SE ORDENA APERTURAR EL CUADERNO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO. Se tiene a la promovente señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y designados como abogados patronos a los profesionistas que menciona y a las demás personas para los efectos que precisa, en términos de los artículos 94, 95 y 147 del Código Procesal Civil en vigor. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma la Licenciada MA. GUADALUPE URRUTIA MARTÍNEZ, Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, quien actúa ante el Licenciado ROBERTO GALEANA GALEANA, Segundo Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.- Publicado el día _27_ de febrero del 2022. Conste." MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 13 El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, Ricardo Reyes Ceballos, dio contestación a la demanda incidental e interpuso recurso de apelación en contra del aludido auto de radicación. Medio de impugnación que resolvió la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en la resolución de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca 600/2022, en la que dictó los puntos resolutivos siguientes: "R E S U E L V E PRIMERO. Este tribunal de alzada es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación, por las razones precisadas en el considerando primero de este fallo. SEGUNDO. Se confirma el auto de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós, que admite a trámite el incidente de ejecución y pago de pensión alimenticia deducida de convenio, dictado por la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, derivado del en el expediente número 438/2013-II, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por Rosa Bustos Colón, en contra de Ricardo Reyes Ceballos. TERCERO. Con testimonio debidamente autorizado de la presente resolución, comuníquese el resultado de la misma a la juzgadora del conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido. CUARTO. Notifíquese personalmente este fallo a las partes en los términos establecidos en la ley y cúmplase." La narrativa precedente evidencia que como se adelantó, la resolución de trece de diciembre de dos mil veintidós, en la que la autoridad responsable confirmó el auto de radicación del incidente de ejecución y pago de la pensión alimenticia, dictado por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, en el expediente 438-2/2013, no es un acto MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues se insiste, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con la obtención de una sentencia favorable en el procedimiento de origen, lo que en la especie no acontece. Lo anterior se estima así, toda vez que como se desprende del contenido del acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, contra el cual se interpuso el recurso de apelación que dio origen a la resolución reclamada, el juez natural solo radicó el incidente de ejecución y pago de la pensión alimenticia, promovido por Rosa Bustos Colón y ordenó correrle traslado al demandado Ricardo Reyes Ceballos para que en el plazo de tres días contestara la demanda incidental y ofreciera pruebas. Por lo que es evidente que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, dado que de lo que se duele el impetrante de amparo no rebasa lo meramente adjetivo, y puede no llegar a trascender si la resolución interlocutoria que en su momento se dicte en dicha incidencia, le es favorable. En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, procede decretar el sobreseimiento en este juicio. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 15 Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Ricardo Reyes Ceballos, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el resultando primero, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Lo resolvió Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 45/2023-III*R CUENTA. El veinte de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, no se puede celebrar, toda vez que en proveído de nueve de febrero del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de la Magistrado Presidente de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y con su contenido se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal convenga. Luego, tomando en consideración que el citado acuerdo fue notificado el diez de febrero actual, y surtió efectos el trece siguiente, aún no transcurre el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. En consecuencia, se difiere la misma y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración

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