Ricardo Ramírez Orozco
Expediente 738/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 738/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Ramírez Orozco
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Tanto de la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que no fue impugnado en legal término el auto que decretó el desechamiento de la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que causó estado. 1.1. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. 1.3. Devolución de documentos. De conformidad con el párrafo segundo del ordinal 21 del referido acuerdo, prevéngase al promovente de amparo para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificado del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que allegó con el escrito inicial. Apercibido que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente. 2. Apertura de cuaderno por separado. Del estado de autos, se advierte dilación injustificada en el impulso procesal para ordenar el archivo del expediente en que se actúa; en consecuencia, por separado, dese nueva cuenta al titular de este órgano jurisdiccional, a fin de proveer lo que en derecho corresponda.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Tanto de la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que no fue impugnado en legal término el auto que decretó el desechamiento de la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que causó estado. 1.1. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. 1.3. Devolución de documentos. De conformidad con el párrafo segundo del ordinal 21 del referido acuerdo, prevéngase al promovente de amparo para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificado del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que allegó con el escrito inicial. Apercibido que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente. 2. Apertura de cuaderno por separado. Del estado de autos, se advierte dilación injustificada en el impulso procesal para ordenar el archivo del expediente en que se actúa; en consecuencia, por separado, dese nueva cuenta al titular de este órgano jurisdiccional, a fin de proveer lo que en derecho corresponda.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...Por lo expuesto, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******* en contra de los actos que reclamó a la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán..
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1.1. REGISTRO. Por recibida la demanda de amparo promovida por Ricardo Ramírez Orozco, contra actos del director de la Procuraduría Federal del Consumidor y otras autoridades; regístrese en los libros de gobierno bajo el número 738/2021. 1.2. EXAMEN DE LA DEMANDA Y PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, cabe destacar que la quejosa hace consistir el acto reclamado en: La resolución de seis de julio del presente año, dictada por la Procuraduría Federal del Consumidor, dentro del procedimiento administrativo número PFC.MIH.C.1/000225-2021 y PFC.MIH.C.1/000227-2021, el cobro indebido de la multa administrativa por la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 m.n.). 1.3. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicho precepto establece el principio de definitividad, el cual consiste que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa está obligada a agotar las instancias ordinarias, siempre y cuando en éstas sea posible la suspensión de los efectos del acto reclamado con los mismos alcances que se obtienen en el juicio constitucional y sin exigir mayores requisitos que para tal efecto son requeridos en la Ley de Amparo ni plazo mayor que el señalado para el otorgamiento de la suspensión provisional. Además, prevé como excepciones al principio de definitividad, cuando el acto reclamado carece de fundamentación; cuando la parte quejosa reclama violaciones directas a la Constitución; o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, pues sólo en tales casos, no procede agotar las instancias ordinarias, antes de acudir al juicio de amparo. En lo que interesa, debe decirse que la excepción al principio de definitividad consistente en que en la demanda sólo sean alegadas violaciones directas a la Constitución, encuentra justificación en el hecho de que las violaciones directas a la Constitución General no tendrían la misma eficacia si fueran planteadas ante las autoridades ordinarias, pues éstas no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuyo conocimiento, en forma primordial, sólo compete al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se acompañan a los planteamientos que contienen la transgresión directa a la Constitución, cuestiones de legalidad, esta excepción, pierde eficacia, porque sí es factible para el accionante obtener la modificación, anulación o revocación de la resolución combatida, a través del recurso común, sin duda su conocimiento corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria. De manera que, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultaría, en consecuencia, innecesario que se estudien aquellas violaciones que se estiman directas a la Constitución. Sostener lo contrario, propiciaría el abuso del juicio de Amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que se regula en el artículo 61, fracción XX, de Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente el juicio de amparo obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Precisado lo anterior y al reclamarse: La resolución de seis de julio del presente año, dictada por la Procuraduría Federal del Consumidor, dentro del procedimiento administrativo número PFC.MIH.C.1/000225-2021 y PFC.MIH.C.1/000227-2021, el cobro indebido de la multa administrativa por la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 m.n.). En ese contexto, dicha resolución es susceptible de impugnarse a través del recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mismo que a continuación se transcribe, en la parte que interesa: "Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente". Numeral del que desprende que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene competencia para conocer de las resoluciones definitivas, actos administrativos o procedimientos que concluyan un procedimiento administrativo, una instancia o resuelvan un expediente en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como sucede en el presente asunto. Cabe indicar que, la definitividad de las resoluciones o actos es concluyente para la procedencia del juicio de nulidad, no radica en la inimpugnabilidad absoluta del acto o resolución, pues uno de los casos que torna definitiva la decisión es la opcionalidad del recurso administrativo. No obstante -sobre el particular-, la Segunda Sala de la Suprema Corte ha considerado que resulta contrario a derecho determinar el alcance de lo que es una "resolución definitiva" para efectos del juicio contencioso solamente con base en la expresión del texto normativo, y para lograr una adecuada intelección del concepto se estima necesario tener presente lo siguiente: La definitividad para efectos del juicio contencioso, además de ponderar la atacabilidad de la resolución administrativa a través de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resolución, la cual, debe constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa. Al respecto, se debe decir que dicho producto final o última voluntad, suele expresarse de dos formas: a) Como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o; b) Como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la Administración Pública. En virtud de lo expuesto, se puede colegir que las resoluciones definitivas son las que culminan un procedimiento administrativo, por tanto, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse como tales, en atención a que éstos sólo pueden serlo los fallos con los que concluya dicho procedimiento excluyéndose a las actuaciones instrumentales que conforman el procedimiento administrativo, entendido como el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas, que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad que para este caso es precisamente la producción de la resolución administrativa definitiva cuyo objeto consiste -a su vez- en crear efectos jurídicos-. Lo expuesto se robustece con la tesis 2a. X/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que establece: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados." Así como la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con quien se comparte criterio y a la letra dice: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL RECURSO DE REVISIÓN QUE CONFIRMA LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA ADMINISTRATIVA DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD PREVIAMENTE AL AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, deriva la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la resolución recaída al recurso de revisión en el que se impugnó la imposición de una multa administrativa, impuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor, toda vez que lo que procede en su contra es el juicio de nulidad en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracciones III y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No obsta a lo anterior que el artículo 143 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establezca que en contra de la resolución emitida para resolver un recurso no procederá otro, toda vez que el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede considerarse como un recurso; ni tampoco que el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo disponga que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, ya que dicha vía corresponde al juicio de nulidad, pues en atención al principio de definitividad, la vía jurisdiccional que corresponda no puede entenderse jamás como el juicio de amparo." En consecuencia, en el presente caso se actualiza el supuesto de improcedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra resolución reclamada, procede el juicio de nulidad, en términos del artículo 3º, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil dieciséis). Por otra parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no impone mayores requisitos ni plazos para conceder la suspensión del acto impugnado que los establecidos en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo; por consiguiente, el quejoso al pretender la modificación, anulación o revocación del acto que atribuye a las autoridades responsables, estaba obligada a agotar el principio previsto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, previo a la promoción del juicio de amparo. Lo anterior se sustenta en las tesis: 2a./J. 27/2016 (10a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tesis 2a /J 19/2015, registro 2008807, de rubros: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" y "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTICULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. 1.4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Díaz Orta y Salvador Arriaga Colin,, en razón de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, se registra cédula profesional que la acredita como licenciado en derecho; asimismo, al resto de las personas que indica en los términos restringidos que prevé el mismo numeral. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. 2.3. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. 2.6. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.7. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.8. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.8.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y publicarse en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.8.2. Se instruye a los actuarios para que en la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.8.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.8.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.8.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al siguiente medio de contacto: correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.8.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.8.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.8.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.9. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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