Ricardo Jafet Hernández Romero
Expediente 271/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Jafet Hernández Romero
- Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la determinación que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Estado de autos. De la demanda de amparo que dio origen a este expediente, se advierte que se reclama a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, lo siguiente: a) La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio ordinario laboral 4B-2430/2021. b) La omisión de notificar a las partes dicha determinación. 2. Análisis de causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el juzgado aún de oficio, como así lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo. 2.1. Acto reclamado con el inciso a). Ahora, al rendir informe justificado, dicha Junta manifestó que no es cierto el acto reclamado marcado con el inciso a), ya que el treinta de noviembre de dos mil veintiuno -previo a la presentación de la demanda de amparo-, se emitió auto donde se señalaron las once horas con treinta minutos del siete de abril de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio ordinario laboral 4B-2430/2021. Lo que se corrobora con la documental que adjuntó a dicho informe, a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Sin que la parte quejosa haya aportado al juicio prueba tendente a desvirtuar dicha negativa. Por tanto, ante la inexistencia del acto atribuido a la autoridad mencionada, al momento de la de presentación de la demanda, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio. En apoyo se invoca la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento". 2.2. Acto reclamado con el inciso b). Respecto al acto reclamado consistente en la omisión de notificar a las partes el referido auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el referido juicio laboral, este juzgador advierte que el juicio de amparo es improcedente porque se actualiza la hipótesis del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional la parte quejosa también reclamó que no se notificó a las partes el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno en el que se señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio ordinario laboral 4B-2430/2021. En ese sentido, de las constancias remitidas por la responsable, recibidas en esta fecha, se desprende que el diecisiete de marzo del presente año, la parte actora fue notificada del citado auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en tanto que la parte demandada fue emplazada por medio de instructivo el veintitrés de marzo siguiente. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que la omisión reclamada dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (once de marzo de dos mil veintidós), toda vez que la responsable el diecisiete y veintitrés de marzo del año que transcurre, notificó a la parte actora y emplazó a la parte demandada, respectivamente, el auto donde se señala fecha para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones en el juicio ordinario laboral 4B-2430/2021, la cual se celebró el siete de los actuales. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, pues la propia autoridad responsable, ya realizó la notificación y emplazamiento respectivos. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de las omisiones atribuidas a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". 3. Sin efectos audiencia constitucional. Se ordena dejar sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional respectiva.
- Principal
1. Estado de autos. De la demanda de amparo que dio origen a este expediente, se advierte que se reclama a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, lo siguiente: a) La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio ordinario laboral 4B-2430/2021. b) La omisión de notificar a las partes dicha determinación. 2. Análisis de causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el juzgado aún de oficio, como así lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo. 2.1. Acto reclamado con el inciso a). Ahora, al rendir informe justificado, dicha Junta manifestó que no es cierto el acto reclamado marcado con el inciso a), ya que el treinta de noviembre de dos mil veintiuno -previo a la presentación de la demanda de amparo-, se emitió auto donde se señalaron las once horas con treinta minutos del siete de abril de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio ordinario laboral 4B-2430/2021. Lo que se corrobora con la documental que adjuntó a dicho informe, a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Sin que la parte quejosa haya aportado al juicio prueba tendente a desvirtuar dicha negativa. Por tanto, ante la inexistencia del acto atribuido a la autoridad mencionada, al momento de la de presentación de la demanda, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio. En apoyo se invoca la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento". 2.2. Acto reclamado con el inciso b). Respecto al acto reclamado consistente en la omisión de notificar a las partes el referido auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el referido juicio laboral, este juzgador advierte que el juicio de amparo es improcedente porque se actualiza la hipótesis del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional la parte quejosa también reclamó que no se notificó a las partes el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno en el que se señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio ordinario laboral 4B-2430/2021. En ese sentido, de las constancias remitidas por la responsable, recibidas en esta fecha, se desprende que el diecisiete de marzo del presente año, la parte actora fue notificada del citado auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en tanto que la parte demandada fue emplazada por medio de instructivo el veintitrés de marzo siguiente. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que la omisión reclamada dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (once de marzo de dos mil veintidós), toda vez que la responsable el diecisiete y veintitrés de marzo del año que transcurre, notificó a la parte actora y emplazó a la parte demandada, respectivamente, el auto donde se señala fecha para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones en el juicio ordinario laboral 4B-2430/2021, la cual se celebró el siete de los actuales. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, pues la propia autoridad responsable, ya realizó la notificación y emplazamiento respectivos. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de las omisiones atribuidas a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". 3. Sin efectos audiencia constitucional. Se ordena dejar sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional respectiva.
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a los integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, rindiendo INFORME JUSTIFICADO, al cual acompañan diversas constancias como soporte al mismo. Con lo que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. 2. Se difiere la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional y se fijan las once horas con cincuenta y un minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, para su verificativo.
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