Ricardo Rafael Peñuelas Galindo

Expediente 696/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
696/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
17/01/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Rafael Peñuelas Galindo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primero de los Cuerpos de Leyes citados, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, acorde con el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como la fracción II, del numeral Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que en auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por ende, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese este expediente al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del numeral noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otra parte, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de un expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el siete de diciembre de dos mil dieciocho, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, sí como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica; dichos datos deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LAS PARTES

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LA PARTE TERCERO INTERESADA JOAS EMIGDIO GONZÁLEZ URREA, JONATHAN GONZÁLEZ GASPAR Y CONGREGACIÓN CRISTIANA BAUTISTA JEHOVA NISI A.R.A., POR CONDUCTO DE SU APODERADO O AUTORIZADO LEGAL, EL AUTO DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Visto el oficio de cuenta signado por los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante los cuales rinden informe justificado y remiten diversas documentales; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. Bajo ese contexto, acorde al artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad mencionada y dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, téngase por recibidas en este acto las documentales allegadas, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Pues bien, el suscrito Encargado del Despacho advierte la actualización de una causal de improcedencia de este juicio de amparo, derivada del referido informe justificado, cuyo análisis se hace valer de manera oficiosa por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo. Tiene observancia la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Así también, cobra aplicación la tesis aislada I.7o.P.13 K, visible en la página 1947, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Tal proceder no vulnera el derecho humano reconocido en los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo, ya que el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tal motivo, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a su efectividad, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Así lo sostuvo, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), visible en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, de la literalidad que sigue: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". En ese tenor, se precisa que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esto es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". De la transcripción anterior se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando del acto reclamado hayan cesado sus efectos, en virtud de un actuar de la autoridad responsable. En efecto, en este juicio de amparo dicha causal de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado, toda vez que el acto atribuido a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, ha dejado de existir, por tanto, sus efectos ya no podrán surtir en perjuicio del quejoso, puesto que se le restituirá en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en relación con lo establecido por el artículo 77, fracción II del Cuerpo de Leyes en estudio. Lo anterior es así dado que, el acto reclamado por el quejoso consiste en la omisión de acordar el oficio emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el juicio laboral de origen J.E.No.2-09-479/2016, promovido por el propio justiciable contra los terceros interesados CONGREGACIÓN CRISTIANA BAUTISTA JEHOVA NISI A.R.A., Joas Emigdio González Urrea y Jonathan González Gaspar, desde el uno de octubre de dos mil dieciocho, en el entendido de que dicho oficio constituye el único medio de convicción pendiente para el cierre de instrucción en el juicio laboral de origen. Así, la junta responsable al rendir el informe justificado allegó la copia certificada del acuerdo dictado el trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el juicio laboral J.E.No.2-09-479/2016 de su índice, en el cual se tuvo por recibido el oficio expedido por la Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, el uno de octubre del año en curso, y por tanto, se tuvo por desahogada la citada prueba documental en vía de informe ofrecida por la parte actora, aquí quejosa; de ahí que, los efectos del acto reclamado han cesado y ya no se causará un perjuicio para el quejoso. Cierto, al acordarse en el juicio laboral de origen el oficio remitido por la Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a fin de desahogar la totalidad de probanzas en el juicio laboral de origen y proceder al cierre de instrucción -lo cual consiste en el acto reclamado-, se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, por lo que, en caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, se tornaría jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos que se estimen violados, al no existir más la violación o, bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria de amparo, si varió la materia del acto reclamado y se modificó sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del amparista, susceptible de reparación, lo cual impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan al gobernado y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Sobre el tópico, el artículo 77 de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional es un medio de control, pues tiene por objeto reparar las violaciones de derechos humanos que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le han sido transgredidos y, si la fracción XXI, del artículo 61, de la propia Ley, previene que el juicio resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, entonces, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo si no puede alcanzarse su objetivo protector, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la propia legislación; por consiguiente, la audiencia constitucional programada para las nueve horas con treinta minutos del nueve de enero de dos mil diecinueve, se deja sin efectos.

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