Ricardo Rafael Peñuelas Galindo

Expediente 494/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
494/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
22/10/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Rafael Peñuelas Galindo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primero de los Cuerpos de Leyes citados, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, acorde con el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como la fracción II, del numeral Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que en auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tal motivo, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese este expediente al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del numeral noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto 1/2009. Por otra parte, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de un expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el diez de septiembre de dos mil dieciocho, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, sí como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica; dichos datos deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS JONATHAN GONZÁLEZ GASPAR, JOAS GONZÁLEZ URREA Y CONGREGACIÓN CRISTIANA BAUTISTA JEHOVA NISI A.R.A., POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL, EL AUTO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO POR ESTE JUZGADO, QUE A LA LETRA DICE: Vistos los oficios de cuenta signados por los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante los cuales rinden informe justificado y remiten documental; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes. Bajo ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad mencionada y dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, téngase por exhibida la documental allegada consistente en la copia certificada del oficio 1765 de veinticinco de septiembre del año en curso, suscrito por el Presidente y la Secretaria de Acuerdos de la citada junta laboral y dirigido a la Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Pues bien, el suscrito juzgador advierte la actualización de una causal de improcedencia de este juicio de amparo, derivada del informe justificado de referencia, cuyo análisis se hace valer de manera oficiosa por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, acorde con el numeral 62 de la Ley de Amparo. Tiene observancia la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Así también, cobra aplicación la tesis aislada I.7o.P.13 K, visible en la página 1947, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Tal proceder no vulnera el derecho humano reconocido en los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo, ya que el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tal motivo, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a su efectividad, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Así lo sostuvo, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), visible en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, de la literalidad que sigue: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". En ese tenor, se precisa que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esto es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". De la transcripción anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando del acto reclamado hayan cesado sus efectos, en virtud de un actuar de la autoridad responsable. En efecto, en este juicio de amparo dicha causal de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado, toda vez que el acto atribuido a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, ha dejado de existir, por tanto, sus efectos ya no podrán surtir en perjuicio del quejoso, puesto que se le restituirá en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en relación con lo establecido por el artículo 77, fracción II del Cuerpo de Leyes en estudio. Lo anterior es así dado que, el acto reclamado por el quejoso consiste en la omisión de enviar el oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social en el juicio laboral de origen J.E.No.2-09-479/2016, promovido por el propio justiciable contra los terceros interesados CONGREGACIÓN CRISTIANA BAUTISTA JEHOVA NISI A.R.A., Joas Emigdio González Urrea y Jonathan González Gaspar, desde el cinco de enero de dos mil dieciocho, en el entendido de que dicho oficio constituye el único medio de convicción pendiente para el cierre de instrucción en el juicio laboral de origen; sin embrago, los integrantes de la junta responsable remitieron la copia certificada del oficio 1765 de veinticinco de septiembre del año en curso, dirigido a la Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y derivado del juicio laboral de origen, el cual fue recibido por la citada subdelegación el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, según el sello plasmado en la referida documental; de ahí que, los efectos del acto reclamado han cesado y ya no se causará un perjuicio para el quejoso. Cierto, al remitirse el oficio 1765 a la Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a fin de desahogar la totalidad de probanzas en el juicio laboral de origen y proceder al cierre de instrucción -lo cual consiste en el acto reclamado-, se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, por lo que, en caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, se tornaría jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos que se estimen violados, al no existir más la violación o, bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria de amparo, si varió la materia del acto reclamado y se modificó sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del amparista, susceptible de reparación, lo cual impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan al gobernado y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Sobre el tópico, el artículo 77 de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional es un medio de control, pues tiene por objeto reparar las violaciones de derechos humanos que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le han sido transgredidos y, si la fracción XXI, del artículo 61, de la propia Ley, previene que el juicio resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, entonces, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo si no puede alcanzarse su objetivo protector, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la propia legislación; por consiguiente, la audiencia constitucional programada para las nueve horas con diez minutos del once de octubre de dos mil dieciocho, se deja sin efectos.

  3. Principal

    Vistos los oficios de cuenta signados por los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante los cuales rinden informe justificado y remiten documental; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes. Bajo ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad mencionada y dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, téngase por exhibida la documental allegada consistente en la copia certificada del oficio 1765 de veinticinco de septiembre del año en curso, suscrito por el Presidente y la Secretaria de Acuerdos de la citada junta laboral y dirigido a la Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Pues bien, el suscrito juzgador advierte la actualización de una causal de improcedencia de este juicio de amparo, derivada del informe justificado de referencia, cuyo análisis se hace valer de manera oficiosa por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, acorde con el numeral 62 de la Ley de Amparo. Tiene observancia la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Así también, cobra aplicación la tesis aislada I.7o.P.13 K, visible en la página 1947, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Tal proceder no vulnera el derecho humano reconocido en los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo, ya que el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tal motivo, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a su efectividad, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Así lo sostuvo, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), visible en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, de la literalidad que sigue: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". En ese tenor, se precisa que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esto es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". De la transcripción anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando del acto reclamado hayan cesado sus efectos, en virtud de un actuar de la autoridad responsable. En efecto, en este juicio de amparo dicha causal de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado, toda vez que el acto atribuido a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, ha dejado de existir, por tanto, sus efectos ya no podrán surtir en perjuicio del quejoso, puesto que se le restituirá en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en relación con lo establecido por el artículo 77, fracción II del Cuerpo de Leyes en estudio. Lo anterior es así dado que, el acto reclamado por el quejoso consiste en la omisión de enviar el oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social en el juicio laboral de origen J.E.No.2-09-479/2016, promovido por el propio justiciable contra los terceros interesados CONGREGACIÓN CRISTIANA BAUTISTA JEHOVA NISI A.R.A., Joas Emigdio González Urrea y Jonathan González Gaspar, desde el cinco de enero de dos mil dieciocho, en el entendido de que dicho oficio constituye el único medio de convicción pendiente para el cierre de instrucción en el juicio laboral de origen; sin embrago, los integrantes de la junta responsable remitieron la copia certificada del oficio 1765 de veinticinco de septiembre del año en curso, dirigido a la Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y derivado del juicio laboral de origen, el cual fue recibido por la citada subdelegación el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, según el sello plasmado en la referida documental; de ahí que, los efectos del acto reclamado han cesado y ya no se causará un perjuicio para el quejoso. Cierto, al remitirse el oficio 1765 a la Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a fin de desahogar la totalidad de probanzas en el juicio laboral de origen y proceder al cierre de instrucción -lo cual consiste en el acto reclamado-, se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, por lo que, en caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, se tornaría jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos que se estimen violados, al no existir más la violación o, bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria de amparo, si varió la materia del acto reclamado y se modificó sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del amparista, susceptible de reparación, lo cual impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan al gobernado y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Sobre el tópico, el artículo 77 de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional es un medio de control, pues tiene por objeto reparar las violaciones de derechos humanos que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le han sido transgredidos y, si la fracción XXI, del artículo 61, de la propia Ley, previene que el juicio resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, entonces, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo si no puede alcanzarse su objetivo protector, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la propia legislación; por consiguiente, la audiencia constitucional programada para las nueve horas con diez minutos del once de octubre de dos mil dieciocho, se deja sin efectos.

  4. Principal

    Vista la demanda con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; artículos 1, fracción I, 2, 3, 5, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116 y 117, todos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Ricardo Rafael Peñuelas Galindo, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 494/2018-4, sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Bajo ese contexto, requiérase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo por escrito, en medios magnéticos, a través del fax institucional al número telefónico 668 815 32 08 o al correo electrónico institucional 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el cual se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; con el apercibimiento que de no rendir el informe justificado respectivo o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se impondrá al omiso una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los artículos 75, 117 y 260, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual modo, se precisa que cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia de este juicio de amparo, deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa por el equivalente de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pues bien, se señalan las nueve horas con diez minutos del once de octubre de dos mil dieciocho, para el verificativo de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5, fracciones III, inciso b) y IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en el presente juicio constitucional al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano judicial y como terceros interesados para los efectos de este asunto a CONGREGACIÓN CRISTIANA BAUTISTA JEHOVA NISI A.R.A., Joas Emigdio González Urrea y Jonathan González Gaspar. De acuerdo a lo anterior, conforme a lo dispuesto por los preceptos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción a fin de que emplace a juicio a los terceros interesados CONGREGACIÓN CRISTIANA BAUTISTA JEHOVA NISI A.R.A., Joas Emigdio González Urrea y Jonathan González Gaspar, para lo cual deberá correrles traslado con copias de la demanda de amparo e informarles la hora y fecha programadas para el verificativo de la audiencia constitucional, en el domicilio ubicado en Benito Juárez número 412, interior 25 altos, entre las calles Gabriel Leyva y Ángel Flores, de la colonia Centro, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Por otro lado, con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Serapio Rendón número 185 poniente, de la colonia Centro, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; de igual manera, téngase como su autorizado legal para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Oscar Olegario Lugo Moreno. En virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y, a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Por otra parte, hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad o, bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella; lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Por último, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

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