Ricardo Popoca Gonzalez
Expediente 878/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 878/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ricardo Popoca Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de veintiocho de junio del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo que promueve RICARDO POPOCA GONZALEZ, por derecho propio, contra actos del Juez de Paz del Municipio de Temixco, Morelos y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 878/2019-IV-B, que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, de su análisis integral del escrito de cuenta, se desprende que el acto reclamado es el siguiente: "La negativa del C. Juez de Paz Municipal de Temixco, en diligenciar el exhorto número 12/2019, relativo al Juicio Oral Mercantil, que corresponde al emplazamiento dictado en el auto de fecha 22 de febrero del año 2018, por el C. Juez de Paz del Municipio de Cuernavaca" Por consiguiente, dado que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que si se actualiza, en este asunto, la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 1, ambos de la ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..." Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del contenido integral de la demanda, se desprende que la peticionaria de amparo reclama en esencia la omisión de la autoridad señalada como responsable Juez de Paz Municipal de Temixco, de diligenciar debidamente el exhorto número 12/2019, enviado por el Juez de Paz del Municipio de Cuernavaca, a efecto de realizar el emplazamiento concerniente al juicio oral mercantil de origen, sin soslayar que señala a diversas autoridades como responsables como lo es Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, habida cuenta que no existe duda en cuanto al señalamiento del acto reclamado y que éste en particular se lo atribuye al Juez de Paz de Temixco; de ahí que la determinación aquí adoptada abarca la totalidad de autoridades responsables al derivar su señalamiento del mismo acto reclamado. De lo anterior se desprende claramente que no existe una petición efectuada por parte de la quejosa que haya sido dirigida al Juez de Paz Municipal de Temixco, para que pueda determinarse, en el juicio de amparo, la presencia de una autoridad cuya actitud omisa pueda ser susceptible de violar derechos fundamentales y sus garantía, y con ello se le pueda atribuir el carácter de responsable. Se afirma lo anterior, ya que en términos del artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, para determinar la presencia de una autoridad en el juicio de garantías, hay que atender al hecho de que ésta pueda ordenar, ejecutar o intentar ejecutar el acto combatido, precisamente por haber recibido una petición por parte del gobernado y colocarse en una relación de supra a subordinación, lo que en la especie no acontece, como se detallará a continuación: La parte quejosa refiere que en el juicio natural, el Juez de Paz del Municipio de Cuernavaca, envió el exhorto 12/2019 al Juez de Paz Municipal de Temixco, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento del juicio laboral de origen, lo que coloca a dichos juzgadores en un plano de coordinación, sin que pueda afirmarse, válidamente, que la quejosa se encuentre en un plano de supra a subordinación respecto de dichas autoridades señaladas como responsables por no haberles efectuado solicitud alguna y que, en caso de no dar respuesta, en términos del artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, pueda estimarse trasgresión de garantías constitucionales en perjuicio de la parte quejosa. De acuerdo con la estructura constitucional orgánica, el ejercicio de las funciones de autoridad está supeditado a la regulación de su propio desempeño emanado de la Constitución y de las normas derivadas de ella. Así, las autoridades como tales, están constreñidas a cumplir con sus obligaciones surgidas de la Ley, sean éstas de carácter positivo o negativo. En tal virtud, la autoridad debe acatar la obligación de hacer lo que la ley le ordena, o de abstenerse de realizar lo que la ley prohíbe. El incumplimiento a esas obligaciones (traducido en actos positivos o negativos), que pueda repercutir en la esfera jurídica de los particulares, da lugar al surgimiento de un derecho público subjetivo a favor de éstos, que permite acudir al juicio de amparo; de manera que, de no existir un supuesto de obligación para determinadas autoridades, no puede hablarse entonces de un incumplimiento o de una trasgresión formal o material respecto de precepto legal o disposición constitucional alguna y, por tanto, en esos casos, el actuar por parte de la autoridad, queda al margen de su actividad jurídicamente regulada y sujeta a control, lo que se traduce en que, en tales supuestos, la conducta o comportamiento del ente público no constituya un acto de autoridad para efectos del amparo. En consecuencia, es de concluirse que la obligación del Juez de Paz Municipal de Temixco de diligenciar el exhorto enviado por el Juez de Paz del Municipio de Cuernavaca, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento respectivo, no tiene el carácter de vinculante en relación al reclamo formulado por la parte quejosa, al no existir una obligación legal de su acatamiento forzoso, precisamente al actuar la autoridad exhortada en plano de coordinación o coadyuvancia con la exhortante quien es precisamente la rectora del juicio y quien se le podría atribuir en su caso una actitud contraria al principio de acceso a la justicia; por tanto, es evidente que el comportamiento indiferente o de omisión respecto de diligenciar o no los exhortos girados por el Juez de Paz del Municipio de Cuernavaca, no representa el incumplimiento a un deber por parte de la autoridad, como acto de autoridad para los efectos del amparo. La anterior determinación encuentra sustento, por analogía, la tesis II.2o.P.70 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 1023, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de dos mil tres, Novena Época, cuyo rubro y texto se citan a continuación: "AMPARO, JUICIO DE. NO PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA QUE SUPLA CAPRICHOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS JURÍDICO-PROCESALES QUE PREVÉ EL MARCO NORMATIVO NACIONAL, NI SER SUSTITUIDO POR OTRAS INSTANCIAS SUPRANACIONALES, NO VINCULANTES EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CONTEXTO DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL." En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 1, ambos de la ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados para los mismos efectos a todas las personas indicadas en la demanda, toda vez que ninguna acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado como lo exige el artículo 12 de la Ley de la materia, por lo que una vez que registren su cédula profesional y se haga del conocimiento de lo anterior a este tribunal, se proveerá de nueva cuenta sobre el carácter y facultades con las que en el caso concreto se les autoriza y en tanto no exista este último acuerdo, se insiste, sólo será para efectos de oír y recibir notificaciones. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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