Ricardo Ortega Reynoso

Expediente 1862/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1862/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Ortega Reynoso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 156/2018-A signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 395/2017, interpuesto por RICARDO ORTEGA REYNOSO, concluyendo con el punto resolutivo que es del tenor siguiente: "PRIMERO. Se tiene por desistido a Ricardo Ortega Reynoso, del presente recurso de queja. SEGUNDO. Se deja firme el auto impugnado de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo indirecto 1862/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en le Estado de Morelos. " En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 395/2017. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente juicio se interpuso recurso de queja en contra del auto por el cual se desechó de plano de demanda de garantías promovida y el Tribunal de Alzada, declaró infundado el recurso de queja, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Laura Yanzín González Ceballos, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibo el oficio DMOR/641/2018 signado por el titular de la Delegación del Instituto de la Defensoría Pública en el Estado de Morelos, por medio del cual designa al licenciado José Valenzuela Hernández, como asesor jurídico del quejoso Ricardo Ortega Reynoso; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de febrero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el Titular de la Delegación del Instituto de la Defensoría Pública Federal, por medio del cual solicita copia del presente juicio de amparo; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y en atención a su solicitud, remítanse las copias que solicita el promovente, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso, por medio del cual solicita copias simples de todo lo actuado en el presente juicio, asimismo, solicita se le designe un defensor público; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y como lo solicita la parte promovente, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, párrafo segundo de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos del artículo 2°, de la Ley de la Materia, expídase a su costa las copias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos. En el entendido de que el horario para que se traslade personal de este Juzgado con la parte solicitante al negocio donde realizan el fotocopiado, es de nueve a diez horas treinta minutos de lunes a viernes; en atención a que es reducida la plantilla del personal que labora este tribunal federal, y a la carga excesiva de trabajo existente, además, de que incumplir con lo anterior, afectaría el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los procesos que se llevan a cabo de forma cotidiana habida cuenta que se han considerado dejar de celebrar otras diligencias de suyo trascendentes; autorizando para recibirlas a la persona propuesta. Ahora bien, por lo que respecta a la solicitud de defensor público, tomando en consideración que el quejoso se encuentra privado de la libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", con apoyo en el artículo 8° de la Ley de Amparo, aplicado analógicamente, requiérase al Titular de la Delegación en Morelos del Instituto de la Defensoría Pública Federal, para que tan pronto se encuentre notificada de este acuerdo, designe un asesor jurídico que funja como representante del quejoso RICARDO ORTEGA REYNOSO y le comunique que debe comparecer al local de este juzgado dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de su designación, para aceptar y protestar el cargo conferido, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Asimismo, se hace del conocimiento al Titular de la Delegación en Morelos del Instituto de la Defensoría Pública Federal, que, el artículo 6 de la Ley Federal de Defensoría Pública, dispone que los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a: I. Prestar personalmente el servicio de orientación, asesoría y representación a las personas que lo soliciten en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y las demás disposiciones aplicables; II. Representar y ejercer ante las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos de los defendidos o asistidos, a cuyo efecto harán valer acciones, opondrán excepciones o defensas, interpondrán incidentes o recursos y realizarán cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a Derecho que resulte en una eficaz defensa; III. Evitar en todo momento la indefensión de sus representados; IV. Vigilar el respeto a las garantías individuales de sus representados y formular las demandas de amparo respectivas, cuando las garantías individuales se estimen violadas; V. Llevar un registro y formar un expediente de control de todos los procedimientos o asuntos en que intervengan, desde que se les turnen hasta que termine su intervención; VI. Atender con cortesía a los usuarios y prestar sus servicios con diligencia, responsabilidad e iniciativa, y VII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales aplicables. En ese orden de ideas, de los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once y 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que el Estado Mexicano reconoce ciertas garantías judiciales como uno de los derechos fundamentales integrantes del sistema jurídico nacional, entre las que se destacan el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado; así se vislumbra del contenido de ese numeral que a continuación se transcribe: Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Luego, si la Constitución Política y los tratados que están de acuerdo con ella, entre otros, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, en términos del artículo 133 constitucional, es inconcuso que todas las autoridades de nuestro país, incluidos, desde luego, los órganos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, se encuentran jurídicamente constreñidas a respetar y hacer cumplir el derecho humano relativo a esa garantía judicial. Por lo expuesto, teniendo como premisa la estricta observancia de lo fijado en los artículos 1° y 17 Constitucionales, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en los numerales 1° y 6° de la Ley de la Defensoría Pública, que tutelan el derecho efectivo a la administración de justicia, así como diversas garantías judiciales, entre las que destacan la obligación del Estado de brindar a los gobernados la asistencia gratuita de una persona que brinde apoyo legal en todo proceso del orden judicial. Lo anterior, aunado a que como se desprende del escrito inicial de demanda el quejoso se encuentra recluido y que manifiesta ser una persona de escasos recursos económicos y nulos conocimientos jurídicos, es de concluirse que el impetrante de amparo no cuenta con la capacidad para representarse en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto, se solicita al Titular de la Delegación en Morelos del Instituto de la Defensoría Pública Federal, designe a un profesional del derecho que garantice al quejoso, el derecho de asistencia jurídica en defensa de sus intereses que hizo valer en este juicio de amparo, y que funja, no como defensor de oficio, sino como representante especial que dé asesoría jurídica durante la tramitación de este juicio de amparo al aludido quejoso y le comunique que debe comparecer al local de este juzgado dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de su designación, para aceptar y protestar el cargo conferido; con el apercibimiento antes citado. Se precisa al Titular de la Delegación en Morelos del Instituto de la Defensoría Pública Federal, que para el caso de que no remita dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de este auto, las constancias que acrediten la designación del asesor jurídico y su requerimiento para que comparezca al local de este juzgado, se le hace extensivo el apercibimiento decretado en el párrafo precedente, para el caso de que no remita la constancia en cita. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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