Ricardo Napoleón Molina Quintanar
Expediente 410/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/04/2019
Partes del expediente
- Ricardo Napoleón Molina Quintanar
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, once de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, uno de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal, se advierte que la determinación de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, no fue publicada en las listas que se fija en los estrados de este juzgado. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción para que realice la publicación correspondiente. EN ATENCION A LO ANTERIORMENTE ORDENADO, SE NOTIFICA A LAS PARTES POR LISTA EL SIGUIENTE ACUERDO: Toluca, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda de cuenta, promovida por Ricardo Napoleón Molina Quintanar, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 410/2019-IV-C. DESECHAMIENTO En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, en principio debe analizarse el escrito de demanda y si existiera alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia; debe desecharse. PRECISIÓN ACTO RECLAMADO Del estudio integral del escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama: a) La resolución de catorce de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Civil de Primera Instancia de Jilotepec, Estado de México, en el expediente 1805/2018. b) La sentencia interlocutoria de siete de marzo de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación 76/2019, del índice de la Segunda Sala Civil Colegiada de Toluca, Estado de México. En ese orden, debe precisarse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no afectan derechos sustantivos protegidos por la Constitución Federal y los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, a favor del quejoso, como se expondrá a continuación. Los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De los preceptos anteriores se colige que no procede el juicio de amparo cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el legislador estableció de manera precisa que los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, son los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tal virtud, dentro de ellos se encuentran la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la posesión o la propiedad, dado que esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, pues ello sería imposible por la inexistencia de materia, dado que no habría aspecto alguno que reparar porque las violaciones ya se habrían consumado en forma irreparable. En cambio, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia sólo una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal cuyos efectos son meramente formales, por ello, dentro de la expresión de imposible reparación no pueden ubicarse las violaciones que sólo recaen sobre derechos procesales, al no originar afectación alguna a derechos fundamentales, ni dejar huella en la esfera jurídica del particular, de modo que sólo podrían repararse a través del juicio de amparo directo, junto con la sentencia de fondo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2014 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, tomo I, libro 7, junio de 2014, página 39, con el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". Ahora, en el caso concreto, el quejoso cuestiona en esta vía de amparo, la resolución de catorce de enero de dos mil diecinueve, así como la sentencia interlocutoria de siete de marzo del presente año, emitidas en el expediente 1805/2018 y en el toca de apelación 76/2019, respectivamente, en la cual el Juez responsable determinó desechar la excepción de falta de personalidad de Ignacio Santos Molina Quintanar, misma que fue confirmada por los Magistrados responsables en el toca citado. De lo anterior, se colige que las determinaciones apuntadas no son un acto de los que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tiene la naturaleza de un acto procesal. En esas circunstancias, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto, sólo tiene como consecuencia que se continúe con el juicio de origen sin provocar en el impetrante una afectación de imposible reparación; por lo que, únicamente podrá impugnarse en la vía de amparo directo al promoverse éste contra la sentencia que al respecto se dicte en el juicio de origen, en caso de que le sea desfavorable. Por tanto, el acto combatido no puede ser considerado como un acto de imposible reparación, pues se ubica en aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. En esa tesitura, con fundamento 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario y 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. DOMICILIO QUEJOSO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda, es decir, las listas. AUTORIZADOS En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avala en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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