Ricardo Miranda Torres
Expediente 1400/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1400/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/11/2018
Partes del expediente
- Ricardo Miranda Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN DE EXHORTO Intégrese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 399/2018, orden 273/2018, del índice de este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes. Ahora bien, respecto a las manifestaciones que vierte el quejoso Ricardo Miranda Torres en la constancia de notificación de trece de septiembre de dos mil dieciocho, en las que refiere: "me desisto del amparo de la autoridad exhortante", no ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, en virtud de que el dieciocho de septiembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo, causando estado el uno de octubre siguiente.
- Principal
Toluca, Estado de México, uno de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 288/2018-III-A (orden 417/2018), de este índice. Sin que ello implique generar el acuse de recibo correspondiente dada la naturaleza de la comunicación oficial. Háganse las anotaciones respectivas. Téngase al quejoso por legalmente notificado del proveído de dieciocho de septiembre de la presente anualidad, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio signado por la autoridad que lo suscribe, por medio del cual da cumplimiento a lo ordenado en auto de siete anterior, e informa que la causa penal 102/2009 instruida al aquí quejoso, se encuentra en la etapa de instrucción; atento a ello, este juzgado toma conocimiento. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. Del estudio integral del escrito de demanda se aprecia que el quejoso reclama: La prueba testimonial desahoga el veintiuno de abril de dos mil diez, dentro de la causa penal 102/2009 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. DESECHAMIENTO Al respecto, se actualiza de forma la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la ley de la materia establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Lo anterior es así, pues es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y tratados internaciones, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese tenor, es preciso señalar que los denominados derechos adjetivos o procesales sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia P./J.37/2014(10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". En esa tesitura, el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto combatido consistente en la prueba testimonial desahoga el veintiuno de abril de dos mil diez, dictada en la causa penal 102/2009 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación; lo anterior, porque dicho acto, en todo caso, sólo afecta derechos procesales del impetrante de garantías. Lo anterior, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de garantías indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, pues, que produzca afectación material, no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no causa algún daño jurídico que no sea reparable directa e inmediata en sus derechos sustantivos protegidos por las garantías constitucionales, y cualquier afectación que pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro del procedimiento de origen. En efecto, como se advierte de párrafos precedentes, el acto impugnado por la parte quejosa no es de aquellos que afectan materialmente algunos de los derechos fundamentales o sustantivos del gobernado tutelados por la Constitución General de la República o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que, en su caso, se trata de una violación de carácter intraprocesal que no causa un perjuicio de imposible reparación, pues ello sólo podrá ocurrir en caso de que dicha violación trascienda en el resultado del fallo en la causa penal 102/2009, de la estadística del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, y de ser así, esa transgresión podrá ser motivo de impugnación en el amparo directo que se promueva en contra la sentencia que se dicte en el juicio o del acuerdo o resolución que ponga fin al mismo. En consecuencia, el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, en tanto que no genera efectos materiales sobre ella, sean de carácter real o personal, sino sólo la posibilidad de que pueda ocurrir al dictarse la sentencia o auto y/o resolución que ponga fin al juicio, en la medida en que influya para que el fallo sea adverso a sus intereses; por tanto, como se dijo, el acto combatido únicamente tiene efecto de carácter formal o intraprocesal, por lo que se puede extinguir en la realidad de los hechos sin originar alguna afectación a los derechos sustantivos del peticionario de garantías y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda promovida por Ricardo Miranda Torres. En tal sentido, dada la naturaleza de la presente determinación, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, envíese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional ordene a quien corresponda, notificar al quejoso Ricardo Miranda Torres en el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", con sede en Tepic-Nayarit, el presente proveído. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Envíese mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía.
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