Ricardo Morones Landeros
Expediente 119/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 119/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ricardo Morones Landeros
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 19 a 25), mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio inicio a este expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el precitado proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso coinciden en su totalidad. Notifíquese
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. DEMANDA. Vista la demanda de amparo recibida vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, promovida por Ricardo Morones Landeros, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, y regístrese con el número 119/2023. ACTO RECLAMADO. La parte quejosa como acto reclamado, señala: - La resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dictada en el expediente 334/2018, relativo al juicio sumario civil sobre reparación de daño moral y pago de daños y perjuicios, promovido por Raquel Romero Lozano en contra del ahora quejoso Ricardo Morones Landeros, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por este último en contra del auto de veinte de enero del citado año, que negó decretar la caducidad de la instancia. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Previo a la admisión de la demanda de amparo, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Luego, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, de manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Se cita al caso, la tesis de la Octava Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Como se dijo, el quejoso señaló como acto reclamado la resolución de veintitrés de febrero del año en curso, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en el expediente 334/2018, relativo al juicio sumario civil sobre reparación de daño moral y pago de daños y perjuicios, promovido por Raquel Romero Lozano en contra del ahora quejoso Ricardo Morones Landeros, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinte de enero del citado año, que desestimó la solicitud de caducidad de la instancia. Ahora bien, de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación que plasma la parte quejosa en el escrito de demanda, se desprende lo siguiente: 1. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se tramita el expediente 334/2018, relativo al juicio sumario civil sobre reparación de daño moral y pago de daños y perjuicios, promovido por Raquel Romero Lozano en contra del ahora quejoso Ricardo Morones Landeros. 2. Dentro del mencionado procedimiento, Ricardo Morones Landeros, por escrito de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, el citado demandado, solicitó la caducidad de la instancia. 3. Mediante acuerdo de veinte de enero siguiente, se negó la caducidad citada, auto que fue recurrido vía recurso de revocación. 4. En resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se declaró infundado el referido medio de impugnación, resolución que constituye el acto reclamado. Bajo esa precisión, se estima operante la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción V, precepto 107, del mismo ordenamiento legal, los cuales textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" Concatenado con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, el cual dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De los preceptos legales transcritos se advierte, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos durante un procedimiento seguido en forma de juicio, que causen al gobernado una ejecución de imposible reparación. En relación con lo anterior conviene precisar que un acto tiene una ejecución de imposible reparación cuando es susceptible de afectar de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de las garantías individuales; es decir, aquellos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas -como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otras-, cuyos efectos no pueden repararse en el juicio del que dimanan tales actos; así como sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento; y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna. Esto es, la afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos reconocidos y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, significa que no pueden ser reparados con el dictado de la sentencia definitiva. Sin embargo, el juicio de amparo indirecto es improcedente respecto de actos cuyos efectos sean intraprocesales o adjetivos, que puedan ser reparados si se obtiene fallo favorable en el fondo; o en caso contrario, se puede hacer valer dicha violación a través del juicio de amparo directo, en términos de los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo; y al respecto este último numeral, estima entre otros actos, que violan las reglas esenciales del procedimiento, los siguientes: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". Por otra parte, cabe precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en relación con el tema de personalidad con motivo de la nueva Ley de Amparo, sostuvo que únicamente era procedente el juicio de amparo indirecto, respecto de actos dictados dentro de juicio que fueran de imposible reparación por afectar derechos sustantivos. Que lo anterior era así, porque de la interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se deducían dos condiciones que el legislador secundario había dispuesto para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dicha jurisprudencia es del contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De ahí que son actos de ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Y, contrario sensu, son actos intraprocesales aquellos que no afectan inmediatamente derechos fundamentales, sino que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene fallo favorable a sus intereses en el fondo, ya sea en primera o en segunda instancia; o en caso contrario, de seguir siendo desfavorable a sus intereses, se puede hacer valer dicha violación a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, es claro que en el caso a estudio el acto reclamado consistente en la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinte de enero del citado año, que negó la solicitud de la caducidad de la instancia, en el expediente 334/2018, relativo al juicio sumario civil sobre reparación de daño moral y pago de daños y perjuicios, promovido por Raquel Romero Lozano en contra del ahora quejoso Ricardo Morones Landeros, no constituye un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos sino intraprocesales, ya que puede ser reparado si la parte quejosa obtiene sentencia favorable a sus intereses en primera instancia y, en caso contrario, puede hacer valer dicha violación en el recurso de apelación que se interponga en contra de la sentencia de primera instancia en términos del artículo 926 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, y en caso de seguir siendo desfavorable la sentencia de segunda instancia, puede hacer valer la violación de referencia al promover el juicio de amparo directo. De ahí que el acto reclamado no constituye un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos sino intraprocesales, pues sus efectos consisten en la continuación del procedimiento de que se trata. Por tanto, es claro que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VIII.2o.C.T.11 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Octavo Circuito, que se comparte, de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DIVERSA QUE NO LA ACUERDA DE CONFORMIDAD, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), visible en la página 15 del Libro 29, Tomo I, abril de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas, de título y subtítulo: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", determinó que es improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que revoca la diversa que decretó la caducidad en la primera instancia; esto es, aquella de segundo grado en que no se decrete la caducidad de la instancia, porque no constituye un acto de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos y, por ello, dicha resolución únicamente podrá combatirse como violación procesal mediante el amparo directo que se interponga contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Por tanto, es improcedente el amparo indirecto cuando se reclama la resolución que confirma la diversa que no acuerda de conformidad la caducidad de la primera instancia, al actualizarse la causal establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, toda vez que esa resolución no constituye un acto de imposible reparación, porque no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o procesales". De igual forma es aplicable la tesis aislada (VIII Región) 2o.3 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.)]. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", estableció que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, conforme a la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", al establecer que por estos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Así pues, se estima que aquel supuesto es análogo a la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad en juicios ordinarios, pues tiene también el efecto de continuar el trámite del juicio respectivo; y sus efectos son sólo intraprocesales; por lo que, el criterio en cita también debe aplicarse en dicho caso. En consecuencia, la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad de la instancia no es impugnable en amparo indirecto, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta materialmente los derechos sustantivos del quejoso; por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamada como violación procesal en la vía del amparo directo." En mérito de lo expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Ricardo Morones Landeros, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados del quejoso en términos amplios, a los licenciados Francisco Javier Batres Antonio, Javier Santos Antonio de la Cruz y Aidee Olascoaga Santibañez, en virtud de que se encuentran registrados en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Como lo solicita, se autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo con el nombre de usuario "********************", así como la presentación de promociones y recibir notificaciones electrónicas de aquellos autos que se ordenen personalmente. Para efectos de esto último, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, deberá ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esa ley, en un plazo máximo de dos días. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, se tendrá por hecha la notificación. En ese contexto, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "********************", únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, se le tiene proporcionanado el correo electrónico para contacto que cita la parte quejosa en su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Finalmente, se ordena al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Cynthia González López, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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