Ricardo Javier Bustos Villarreal
Expediente 19/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ricardo Javier Bustos Villarreal
- Juez de Control de la Cuarta Región Judicial con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Juicio de amparo indirecto 19/2022 El treinta de marzo de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta a la jueza con la promoción registrada en la oficialía de partes de este juzgado con el folio 2953. Conste. Nuevo Laredo, Tamaulipas, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, a través del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se admitió el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, mismo que quedó registrado con el número 89/2023. Al respecto agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomándose conocimiento de lo comunicado por la Superioridad para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que la totalidad de las partes se encuentran notificadas de la sentencia terminada de engrosar el uno de febrero de la presente anualidad (fojas 121 a 132); así como del proveído de quince de ese mismo mes y año (foja 378), por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa; consecuentemente, remítanse los autos originales de este juicio de amparo, el escrito original de expresión de agravios y una copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al órgano colegiado, al Tribunal Colegiado en turno del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Se comisiona al secretario para que certifique si con anterioridad algún tribunal colegiado tuvo conocimiento previo del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Ricardo Javier Bustos Villarreal, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el uno de febrero del año que transcurre, dictada dentro del presente juicio de amparo 19/2022 (fojas 121 a 132). En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa; por lo tanto, agréguese una copia de dicho escrito y una vez notificadas las partes, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el mismo al Tribunal Colegiado en turno del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para su substanciación, junto con el original del escrito de expresión de agravios, así como la copia correspondiente para el Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado. Obténganse las impresiones correspondientes y distribúyanse entre las partes para los efectos legales conducentes. Dese vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTOS, los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 19/2022-4, promovido por Ricardo Javier Bustos Villarreal; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito firmado y depositado electrónicamente en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Nuevo Laredo, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, Ricardo Javier Bustos Villarreal solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- AUTORIDAD REPONSABLE ORDENADORA.- JUEZ DE CONTROL (Isaías Contreras Tamayo) DE LA CUARTA REGION JUDICIAL CON RESIDENCIA EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Con domicilio ampliamente conocido ubicado en Boulevard Municipio Libre, número 146, en la colonia SUTERM 1, con código postal 88000, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, AUTORIDAD EJECUTORA: Oficina Fiscal del Estado de Tamaulipas, con domicilio conocido en esta ciudad. (.) IV.- ACTO RECLAMADO.- La ilegal multa interpuesta al quejoso RICARDO JAVIER BUSTOS VILLARREAL, por la cantidad 50 veces el valor de medida de actualización, dentro de la audiencia de continuación inicial por duplicidad de término, llevada a cabo el 10 de enero de 2022, dentro de la carpeta procesal CP/200/2021. Así como también se reclama la violación de los principios que rigen al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas en relación a la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado que se rige hacia los ciudadanos, específicamente en cuanto a los principios fundamentales de ética judicial que son: la independencia, la imparcialidad, la objetividad, la probidad, el profesionalismo y la excelencia en el ejercicio de la judicatura que debe impartirse hacia los ciudadanos que seamos sujetos del procedimiento penal en Tamaulipas, como en el caso particular, lo es el suscrito, de acuerdo al artículo 105, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales." El promovente del amparo manifestó que se infringen en su perjuicio los derechos fundamentales tutelados por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda de amparo a este juzgado de distrito, mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, se registró con el número 19/2022-4, se admitió a trámite, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, fue celebrada al tenor del acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana. Se afirma lo anterior, pues la conducta reclamada tiene ejecución en esta jurisdicción, por tanto, este juzgado de distrito es competente para conocer sobre este asunto. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Del análisis íntegro del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso Ricardo Javier Bustos Villarreal reclama lo siguiente: Del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial. ? La imposición de una multa por cincuenta veces la unidad de medida y actualización, decretada en la audiencia de formulación de la imputación celebrada el diez de enero del dos mil veintidós; De la, Oficina Fiscal del Estado. ? El cobro de la multa que le fue impuesta, por la ordenadora. Apoya a lo anterior, la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Novena Época, registro 192097, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial (Isaias Contreras Tamayo), residente en esta Ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 36). Lo que se corrobora con las copias autorizadas de diversas constancias que obran en la carpeta procesal CP/200/2021, y que envió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, así como del disco compacto que contiene la audiencia de diez de enero de dos mil veintidós, a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo (fojas 37 a 109 y 115 a 116). Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, la Oficina Fiscal del Estado, con sede en esta Ciudad, representada por la Directora Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, al rendir su informe previo, negó el acto que se le atribuye, sin embargo, dadas las funciones que le fueron encomendadas se tiene como inminente la ejecución del acto que se le reclama, lo que se corrobora con el oficio 74/2022, de doce de enero de dos mil veintidós (foja 115), por medio del cual la autoridad ordenadora, solicita al Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a fin de que haga efectiva la multa que le fue impuesta al quejoso Ricardo Javier Bustos Villarreal, por tal razón, queda desvirtuada su negativa y se tiene por cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio las advierta este juzgado federal, en virtud de ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, esta Juzgadora advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". De la interpretación del precepto transcrito, se desprende que de acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, para estar en aptitud de ocurrir a promoverlo, los particulares deben agotar previamente el medio de defensa que prevé la ley ordinaria a efecto de lograr con ello modificar, revocar o nulificar el acto tildado de ilegal. En ese contexto, los medios de defensa se encuentran instituidos en la legislación ordinaria que rige el procedimiento de que se trata para que el afectado los haga valer conforme al principio de definitividad, ya que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito suplantaría las facultades de aquélla. Resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 17/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 183862, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 15, de contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad." En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la determinación dictada en la audiencia de diez de enero de dos mil veintidós, en la carpeta judicial 200/2021, en la que se impuso una multa al quejoso por cincuenta veces la unidad de medida y actualización, por el supuesto comportamiento indebido que advirtió el juez responsable, sin embargo, contra dicha determinación es procedente el recurso de revocación a que se refiere en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los términos siguientes: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." El precepto legal transcrito, por una parte, establece las fases procesales en las cuales será procedente el recurso de revocación (en cualquier etapa del procedimiento en donde interviene la autoridad judicial) y, por otro lado, precisa las características que deben revestir las resoluciones susceptibles de ser recurridas mediante dicho medio de impugnación, es decir, aquellas que sean de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Por lo que respecta a las fases procesales de procedencia del recurso vertical de mérito, debe decirse que el numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica lo siguiente: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas:. I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) [.] II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [.] El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." Así del dispositivo legal anterior se desprenden las etapas del procedimiento penal y que éste inicia con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación; en cambio, el proceso penal da inicio con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme. Respecto de la intervención de la autoridad judicial, conviene destacar que conforme a la fracción VII del artículo 31 del código adjetivo de mérito, el juez de control es el órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio. En cuanto a las características que deben revestir las resoluciones que emita el juez de control revocables, debe tenerse presente que se entiende por "cuestiones demero trámite" a todas aquellas determinaciones en las que no se puedan esbozar consideraciones que impliquen analizar cuestiones de fondo del asunto o su estudio concienzudo, propio de una resolución y no de un acuerdo. Mientras que la expresión "sin sustanciación" se refiere a aquellas resoluciones emitidas de plano; es decir, sin agotar una tramitación especial. Cobra aplicación la jurisprudencia 35/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2760, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." En consecuencia, las resoluciones a las que hace referencia el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aparte de constituir cuestiones de mero trámite (ajenas al fondo), deben ser emitidas de plano, sin agotar previamente un procedimiento específico. Bajo ese tamiz, una vez analizada la determinación impugnada, resulta evidente que ésta cuenta con los requisitos enlistados con antelación para que en su contra proceda el recurso de revocación, ya que, de acuerdo con la información que se desprende de las constancias que integran el presente juicio de amparo, la carpeta de origen se encuentra en etapa de Investigación complementaria; fase del procedimiento penal en la cual tiene injerencia el juez de control. Asimismo, se aprecia que la resolución que en esta vía se combate es de aquellas consideradas como de mero trámite, pues el juez responsable no analizó cuestiones del fondo del asunto ni realizó un estudio concienzudo del mismo; de igual forma, la adoptó sin debate previo de las partes; además, se emitió sin sustanciación, ya que, la autoridad responsable únicamente individualizó a las partes que asistieron a la audiencia de formulación de imputación y escuchó sus manifestaciones, además de las realizadas por la defensa de la imputada, a fin de que no fuera vinculada a proceso su representada.En efecto, la determinación reclamada se estima de mero trámite, en la medida que, la autoridad responsable al encontrase resolviendo sobre la vinculación a proceso de la imputada, al considerar una conducta inadecuada del aquí quejoso y el desacato a la prevención que le realizó durante su desarrollo, determinó imponerle un correctivo disciplinario, en el caso, una medida de apremio consistente en una multa por cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en ese momento, lo que implica un pronunciamiento de trámite que no analizó ninguna actuación sobre el fondo de la audiencia, pues se trata de un acto independiente y no vinculante a lo que se encontraba resolviendo en ese momento, en virtud de que la multa impuesta al quejoso no formó parte de la resolución de vinculación a proceso de su defendida. En ese contexto, si las documentales públicas que se tienen a la vista reportan que el quejoso no interpuso el recurso de revocación que prevé el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales contra la determinación reclamada, es evidente que el presente juicio constitucional es improcedente. Máxime que de conformidad con el artículo 467de Código Nacional de Procedimientos Penales la determinación reclamada no es de aquellas que admitan apelación, por tanto, como se dijo, el quejoso debió interponer el recurso de revocación previo a promover el presente juicio de amparo. Lo que tiene sustento en la jurisprudencia 85/2019 (10a.), registro digital 2021251, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página 283, que señala: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." En adición de lo anterior, debe decirse que en el caso concreto no se actualiza ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, resulta evidente que la determinación reclamada no constituye un auto de vinculación a proceso, una orden de aprehensión o reaprehensión, un auto que establezca providencias precautorias o que imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, una orden dearresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Inclusive, debe destacarse que a la parte quejosa no le reviste el carácter de persona extraña al procedimiento penal de origen, ya que de acuerdo con la información que se desprende de las constancias correspondientes a la carpeta judicial de origen, tiene el carácter de defensor de la imputada, por tanto, al resultarle el carácter de parte, es evidente que se encontraba obligado a agotar el recurso ordinario, previo acudir al juicio de amparo. A fin de clarificar lo anterior, conviene transcribir el contenido del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece quienes son los sujetos en el procedimiento penal: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V.El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidascautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico." Así las cosas, en atención al contenido del dispositivo legal antes transcrito, se evidencia que el defensor del imputado o imputada, tiene la calidad de parte en el procedimiento penal, por lo que, se reitera, en el caso, el quejoso Ricardo Javier Bustos Villarreal, al estar desempañando su cargo de defensor (audiencia de diez de enero de dos mil veintidós), fue cuando el juez responsable le impuso la medida de apremio que ahora combate, la cual no impugnó mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consecuentemente, como se dijo, el presente juicio de amparo es improcedente, por no haber agotado el principio de definitividad que lo rige. Ilustra lo anterior, por su contenido, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, identificada con el número I.4o.P.3 P (11a.), de la Undécima Época, del Libro 12, Abril de 2022, Tomo IV, página 2854, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. NO ESTÁN OBLIGADOS A AGOTARLO QUIENES NO TIENEN LA CALIDAD DE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación de la Jueza de Control de hacer efectivo en su contra el apercibimiento de la medida de apremio consistente en multa, toda vez que, en su carácter de subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, incumplió con el requerimiento judicial de trasladar al imputado en la hora indicada a la audiencia intermedia. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo, al considerar que debió agotarse el principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, e interponer contra aquella decisión el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que sólo los sujetos del procedimiento que tienen la calidad de parte procesal en términos del artículo 105, fracciones I (víctima u ofendido), II (asesor jurídico), III (imputado), IV (defensor) y V (Ministerio Público), del Código Nacional de Procedimientos Penales, están legitimados para interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del mismo código. No lo están, en cambio, quienes carecen de tal calidad, aun cuando intervengan en el proceso penal por cualquier razón. Por tanto, las decisiones del órgano jurisdiccional que estos últimos consideren les causan agravio no están sujetas al principio de definitividad al ser impugnadas en amparo indirecto; de ahí que no están obligados a agotarlo previamente a instar la acción constitucional. Justificación: El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales está previsto para quienes son parte en el procedimiento penal acusatorio, pues procede contra actos dentro o fuera de audiencia; en el primer caso debe interponerse en ese momento y, en el segundo, se tienen dos días para ello. Tratándose de las partes se asume que, o bien están asistidas por un profesional en derecho (defensa o asesor) o son un órgano técnico que, por su propia naturaleza, puede realizar su defensa. En ambos supuestos están en posición de controvertir en la propia audiencia los acuerdos de trámite. En cambio, cualquier otro interviniente no está en esa situación, razón por la cual estaría en clara desventaja cuando el acuerdo de trámite se dicte en audiencia; además, el plazo perentorio de dos días para recurrir respecto de autos dictados fuera de ésta es demasiado corto para quienes, como tales sujetos (o incluso auxiliares) pudieran recibir una asesoría jurídica suficiente para defenderse; por tanto, no se les puede atribuir la carga de agotar ese medio de impugnación previamente a promover el juicio de amparo indirecto." QUINTO. Decisión. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 19/2022-4, promovido por Ricardo Javier Bustos Villarreal. SEGUNDO Publíquese esta resolución con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hoy uno de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, asistida de Adolfo Arreygue y Arreygue, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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