Ricardo Manuel Dominguez Figueroa

Expediente 859/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
859/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • Ricardo Manuel Dominguez Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Causa estado por no presentada. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de nueve de octubre de dos mil veinte, por el que se determinó tener por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó tener por no presentada la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó tener por no presentada la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Finalmente, devuélvase al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, la copia certificada del juicio de acción de nulidad o inexistencia de sociedad conyugal 2025/2019 de su índice, sin que sea necesario acuse de recibo, dado que el oficio por el cual se le notifica el presente proveído hace las veces de éste. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de octubre de dos mil veinte. Se tiene por no presentada la demanda. Vista la certificación de cuenta de la que se desprende que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en auto del veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, sin que haya desahogado la prevención formulada, a fin de que subsanara las irregularidades de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refieren los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo; en tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la citada legislación, se tiene por no presentada la demanda de promovida por Ricardo Manuel Domínguez Figueroa o Ricardo Domínguez Figueroa. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Quejoso pretende desahogar prevención. Por otra parte, visto el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual pretende desahogar la prevención en cuestión; no obstante, se advierte que lo presentó en la oficialía común de partes a las dieciocho horas con once minutos del ocho de octubre del presente año, pero dado que el plazo para presentarlo feneció el siete del mismo mes y año -como se pone de relieve con la certificación que se realizó al inicio de este acuerdo-, su presentación resulta extemporánea, por lo que no es posible tomarlo el consideración. En consecuencia, agréguese a los autos el escrito sin mayor proveído. Consideración adicional. Asimismo, tan sólo a título de a mayor abundamiento, cabe destacar que aun cuando el escrito aclaratorio del quejoso se hubiera presentado en tiempo -lo cual no ocurrió-, de todas formas no sería procedente admitir su demanda de amparo, en virtud de que se actualiza de forma notoria y manifiesta una causa de improcedencia que conduciría a su desechamiento. Para justificar lo anterior, en primer término debe destacarse que del escrito aclaratorio de demanda, se observa que el quejoso expresó que el acto que reclama es el auto admisorio dictado en el juicio de nulidad de sociedad conyugal 2025/2019, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, promovido por María Olga Hernández Ramírez o María Olga Hernández y Ramírez en su contra y, como consecuencia, todo lo actuado; asimismo, refiere que el juicio no se encuentra concluido, en virtud de que en la última actuación que se verificó se le tuvo formulando su contestación de demanda. En ese contexto, es importante apuntar que el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Incluso, el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que es factible desechar una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto". En ese contexto, respecto al auto admisorio dictado en el juicio de nulidad de sociedad conyugal 2025/2019, de oficio se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, se consideró que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Sentado lo anterior, se reitera que la promovente reclama el auto del diez de enero de dos mil veinte, por el que se admitió trámite el juicio de nulidad de sociedad conyugal 2025/2019, del índice del Juez Primero de lo Familiar del Judicial de Puebla, el cual se encuentra en trámite, en virtud de que la última actuación que se realizó es el acuerdo del veintiséis de agosto del presente año, en el que se le tuvo al impetrante formulando su contestación de demanda. No obstante, se considera que el acuerdo reclamado únicamente tiene efectos meramente procesales, pues sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicho proveído no constituye un acto de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior, ya que tal acuerdo únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener pueden no trascender a la esfera jurídica del justiciable. En efecto, se insiste que el auto que admitió a trámite el juicio natural sólo puede implicar una infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados, pues en el caso de que en el juicio de origen se dictara una sentencia favorable a los intereses del quejoso, las posibles violaciones del acuerdo reclamado se tornarían irrelevantes. Además, cabe precisar que en caso de que la sentencia le resulte adversa, entonces podría promover en su contra el juicio de amparo directo, en el que puede hacer valer todas aquellas cuestiones que estime como violaciones procesales. Por lo anterior, dado que el acuerdo reclamado no afecta algún derecho sustantivo del justiciable, no constituye un acto dictado en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, lo que denota que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la tesis 2a. CIII/2014, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viable en la página 1098 libro 11, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a octubre de 2014, que dice: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE AFECTE AL QUEJOSO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no es de imposible reparación ni constituye una violación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, pues si emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugne sólo puede promoverse contra el laudo, por violaciones cometidas en éste o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas el quejoso hubiere quedado sin defensa. Por consiguiente, el juicio de amparo promovido contra el auto indicado es improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, del ordenamiento citado, en relación con la disposición referida, al producir el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicho auto pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso." Igualmente es aplicable por identidad de razones jurídicas, la tesis 2a. L/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viable en la página 1095, libro 6, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a mayo de 2014, que dice: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO. El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; así es que el amparo promovido contra dicho auto es improcedente y debe sobreseerse, pues únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso." Finalmente es aplicable el siguiente criterio: "ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. La connotación jurisprudencial de actos o violaciones intraprocesales para efectos de la procedencia del amparo directo, alude a aquellas que se dan dentro del procedimiento y sólo producen efectos de carácter formal, en relación con normas adjetivas; pueden hacerse valer en los conceptos de violación hasta que se dicte la sentencia definitiva o en la resolución que ponga fin al juicio. Esto es, las violaciones que inciden en disposiciones procesales o adjetivas -a diferencia de lo que ocurre con las de naturaleza sustantiva- no implican un agravio actual, sino que la afectación depende de su trascendencia o no al desenlace del juicio o procedimiento." No se soslaya que el quejoso manifieste en la parte final de su escrito aclaratorio de demanda que el Juez responsable no es competente para conocer del juicio de nulidad de sociedad conyugal de origen, ya que el domicilio familiar que tuvo con la actora se encuentra en San Andrés Cholula, por lo que corresponde conocer del asunto al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, en turno. No obstante, tales manifestaciones no dan pauta para la procedencia del juicio de amparo. Para justificar lo anterior, cabe apuntar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que en términos del artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede contra los actos de autoridad que determinan declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre y cuando sean definitivos, entendiéndose como aquellos en que la autoridad a favor de quien se declina competencia la acepta, o cuando el órgano requerido acepta inhibirse del conocimiento del asunto, ya que es en ese momento cuando se produce una afectación a la esfera de derechos del gobernado. Así, el Máximo Tribunal del País, al hacer una interpretación extensiva y conforme del precepto legal citado, determinó que también procede el juicio de amparo en la vía indirecta contra la resolución definitiva que desecha o desestima una excepción de incompetencia, ya sea por declinatoria o inhibitoria, pues eso equivale a que la autoridad que conozca del asunto, al considerarse competente, continué conociendo de él hasta su conclusión, lo que podría conllevar que un juicio se sustancie por una autoridad que no es competente y con base en reglas distintas a la del fuero que debe corresponder, lo que ocasionaría daños que no se podrían reparar ni aun obteniendo un fallo favorable. Las consideraciones anteriores se plasmaron en la jurisprudencia P./J. 29/2015, visible en la página 22, Libro 22, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a septiembre de 2015, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." No obstante, en la especie no es aplicable el criterio en cuestión dado que el quejoso a pesar de que ya compareció al juicio de origen a contestar la demanda, no le ha planteado al Juez responsable algún argumento tendente a cuestionar su competencia, por el contrario, en el punto uno del capítulo V de su escrito de contestación -Derecho- expresó que el Juzgador era competente para conocer y resolver el asunto. Por tanto, es evidente que el Juez responsable no ha desechado o desestimado una excepción de incompetencia, ni ha postergado el estudio de esa cuestión hasta la sentencia -que tendría los mismos efectos que éstas últimas al someter a las partes a su jurisdicción-. En consecuencia, se estima que la jurisprudencia en cuestión no afecta el sentido del presente acuerdo, aunado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 356/2019, en sesión del diecinueve de febrero de dos mil veinte, sostuvo en un caso similar, que el tema si es o no competente la autoridad responsable, cuando no se está en los casos del artículos 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, no es procedente el juicio de amparo indirecto, ya que no existe una afectación a derechos sustantivos, en los siguientes términos: "(.) 48. Por otra parte, se estima pertinente señalar que con independencia de que el Tribunal Unitario Agrario responsable tenga o no competencia para conocer del referido juicio agrario, o bien si la posesión del lote del predio materia de litis fue o no con posterioridad al régimen ejidal de propiedad ante su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; sin embargo, contrario a lo sostenido por la recurrente, esa situación no haría procedente el juicio de amparo en contra del acto intraprocesal reclamado, pues como se ha explicado el amparo en contra de esos actos sólo procede cuando exista una afectación a derechos sustantivos de manera irreparable, lo que en la especie no acontece; de ahí lo infundado del agravio así formulado. (.)." Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Finalmente, no pasa inadvertido que el quejoso en su demanda de amparo y escrito aclaratorio formule conceptos de violación tendentes a atacar el emplazamiento que se le realizó en el juicio de nulidad de matrimonio 1508/2019, del índice del Juzgado Cuarto de los Familiar del Distrito Judicial de Puebla, así como la sentencia que se dictó el mismo; no obstante, como ya se precisó en el acuerdo del veinticuatro de septiembre de dos mol veinte, dictado en el presente juicio de amparo, esos actos ya son materia del juicio de amparo 476/2020, sustanciado ante el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en virtud de la separación de juicios que decretó. No obstante, en el supuesto de que el impetrante también pretendiera reclamar el emplazamiento en el juicio de nulidad de sociedad conyugal 2025/2019, su demanda seguiría siendo improcedente, ya que se actualizaría la causa prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con los diversos artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que como el mismo justiciable lo expresa, y como se corrobora de la copia certificada de ese procedimiento, se observa que se encuentra en trámite, por lo que no se ha dictado sentencia definitiva, lo que implica que el quejoso no pueda tener la calidad de tercero extraño por equiparación y, en su caso, se encuentre en aptitud de hacer valer en el juicio los medios de defensa ordinarios correspondientes, como lo es el incidente de nulidad de notificaciones. Lo anterior, encuentra sustento en las jurisprudencias siguientes: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." (Jurisprudencia 198/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 698, tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." (Jurisprudencia 67/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro XXIII, Tomo 1, correspondiente a agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia 47/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1627 del Libro V, Tomo 2, Décima Época, correspondiente a febrero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) En las relatadas condiciones, es claro que se actualizan de manera notoria, manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas; por lo que en caso de que el escrito aclaratorio del quejoso se hubiere presentado en tiempo -lo cual no sucedió-, lo procedente sería DESECHAR la demanda de amparo promovida por Ricardo Manuel Domínguez Figueroa o Ricardo Domínguez Figueroa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese el oficio de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el expediente original del juicio de amparo 400/2019-III, así como el testimonio de la ejecutoria del veinte de julio de dos mil veinte, en el amparo en revisión 353/2019, en cuyos puntos resolutivos establece: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, en la materia competencia delegada de este tribunal colegiado. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., respecto de los actos reclamados y autoridades responsables preciados en el resultando primero de la presente ejecutoria. TERCERO. Es infundado el recurso de revisión adhesiva. Acúsese de recibo al Tribunal oficiante respecto del testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinte de julio del año en curso y de los autos originales del juicio de amparo 400/2019-III. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de revisión y agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Depurable el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó negar el amparo en el presente juicio; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: (..) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada; por lo que se ubica en la hipótesis prevista en artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

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