Ricardo Luna Sanchez
Expediente 687/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/06/2021
Partes del expediente
- Ricardo Luna Sanchez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Informe justificado. Téngase por recibido el oficio de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de ordenar la regularización del procedimiento en el juicio laboral *** del índice de la responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, se precisa que en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de ordenar la regularización del procedimiento en el juicio laboral *** del índice de la responsable; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias enviadas por la autoridad responsable, se advierte que ya se emitió pronunciamiento en relación a la regularización del procedimiento en el juicio de origen, tal como los demuestran las reproducciones siguientes: *** De lo anterior, se aprecia que la autoridad responsable el diecisiete de mayo de la presente anualidad, señaló las once horas del catorce de julio de dos mil veintiuno, a fin de que tenga verificativo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución en el juicio laboral *** y ordenó notificar a las partes. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión reclamada, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las dieciséis horas con veinte minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de junio de dos mil veintiuno. Diferimiento audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy; sin embargo, no está en aptitud de celebrarse, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado. En tales condiciones, y para dar margen a lo anterior, 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las DIECISÉIS HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sirven de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de junio de dos mil veintiuno. Gestiones. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Al respecto, se le tiene remitiendo la guía postal de envío del exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México a fin de notificar a la parte demandada en el juicio laboral D-1645/2019. Antecedentes período de ejecución. Durante el proceso de cumplimiento de la ejecutoria de amparo se han emitido las siguientes actuaciones de mayor relevancia: Por sentencia de doce de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo a la parte quejosa para los siguientes efectos: "42. En atención a lo expuesto a lo largo de este fallo, respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento a la parte demandada Corporativo Lanix, sociedad anónima de capital variable, y en consecuencia la omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral D-1/645/2019, del índice de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que en estricto acatamiento a los artículos 17 constitucional, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, tome las medidas necesarias para que se emplace a la tercera interesada Corporativo Lanix, sociedad anónima de capital variable y se efectúe el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral D-1/645/2019 de su índice; en la inteligencia de que deberá procurar su desahogo en la fecha ya señalada. 43. En el entendido de que para lograr el emplazamiento de la demandada, la autoridad responsable tiene la posibilidad de dar la oportunidad a la parte actora de aclarar el domicilio de la parte demandada o señalar uno nuevo para llamarla a juicio, incluso, bajo el apercibimiento de tener por no presentada la demanda y, en su caso, continuar el trámite respecto de la parte demandada que sí haya sido emplazada, sin que esté obligada a emplear oficiosamente los medios a su alcance para investigar un nuevo domicilio. 44. Asimismo, en el caso en que la parte actora haya designado un nuevo domicilio sin hacer mayor manifestación o expresar alguna imposibilidad que, de manera extraordinaria, pudiera ser valorada y que ameritara alguna actuación excepcional de la junta, regirá el apercibimiento anterior." Mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veinte, la mencionada sentencia causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento respectivo a la Junta responsable. Sin que hasta la presente fecha se haya logrado el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Los antecedentes antes relatados revelan que ha transcurrido un año sin que se logre el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo, lo cual justifica la necesidad de que la autoridad responsable adopte medidas urgentes y eficaces para lograr tal propósito. Se requiere cumplimiento a ejecutoria. En consecuencia, se requiere a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En el entendido que deberá ordenar todas las medidas de carácter urgente necesarias para lograr el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que la mencionada autoridad responsable deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acrediten su dicho. Lo anterior, para estar en aptitud de pronunciarse sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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