Ricardo Lua Ceja

Expediente 1119/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1119/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Lua Ceja
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el cuaderno incidental respectivo. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos, en específico, las constancias remitidas mediante oficio TCA/PRES/AMP/3475/2021, por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de las cuales se advierte que la citada autoridad responsable, mediante auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones, acordó lo conducente con relación al escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, signado por ..., en el juicio ordinario laboral 322/2010, de su índice. Atento a lo anterior, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del texto literal que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Lo anterior es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Establecido lo anterior, de los presentes autos se advierte que mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por Gonzalo Moreno Solís y, María Consuelo Martínez Hincapie, apoderados de Ricardo Lua Ceja, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: "La omisión del emitir proveer lo conducente, al escrito que la responsable recibió las 10:15 (diez horas con quince minutos) del 26 veintiséis de octubre del año en 2021." Acto reclamado que, atento a la lectura íntegra de la demanda de amparo, derivan del juicio ordinario laboral 322/2010, del índice de la autoridad responsable. Ahora bien, se itera, de las constancias remitidas mediante oficio TCA/PRES/AMP/3475/2021, por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a saber, copias certificadas del juicio ordinario laboral 322/2010, de su índice, se advierte que la citada autoridad responsable, mediante auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones, acordó lo conducente con relación al escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, signado por Gonzalo Moreno Solís y, María Consuelo Martínez Hincapie; copias certificadas que adquieren pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2, por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, virtud a que la omisión reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394182, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se estima de esa manera, pues, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado la omisión de acordar lo conducente con relación al escrito presentado ante la autoridad responsable el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable, por proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, acordó lo conducente con relación al mismo. Por tanto, al surgir una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que pase inadvertido para el suscrito, la circunstancia de que, de conformidad con el numeral 5, fracción III, del ordenamiento jurídico en consulta, les resulta el carácter de terceros interesados en el presente juicio de amparo a la parte demandada en el juicio laboral de origen y, a la fecha, inexiste constancia que justifique su emplazamiento; sin embargo, como se advierte de líneas precedentes, en el caso concreto se objetivó la causa de improcedencia previamente analizada; de ahí que, ante tal situación, y a fin de no retardar la prosecución de este asunto, pues la resolución que se dicte no les ocasionará perjuicio alguno a dicho tercero, se estima innecesario su emplazamiento. Sustenta lo anterior, en lo que en ella interesa, la tesis aislada XIX.1o.P.T.20 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 2428, Tomo XXXIII, del mes de Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós , el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos, en específico, las constancias remitidas mediante oficio TCA/PRES/AMP/3475/2021, por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de las cuales se advierte que la citada autoridad responsable, mediante auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones, acordó lo conducente con relación al escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, signado por ..., en el juicio ordinario laboral 322/2010, de su índice. Atento a lo anterior, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del texto literal que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Lo anterior es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Establecido lo anterior, de los presentes autos se advierte que mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por Gonzalo Moreno Solís y, María Consuelo Martínez Hincapie, apoderados de Ricardo Lua Ceja, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: "La omisión del emitir proveer lo conducente, al escrito que la responsable recibió las 10:15 (diez horas con quince minutos) del 26 veintiséis de octubre del año en 2021." Acto reclamado que, atento a la lectura íntegra de la demanda de amparo, derivan del juicio ordinario laboral 322/2010, del índice de la autoridad responsable. Ahora bien, se itera, de las constancias remitidas mediante oficio TCA/PRES/AMP/3475/2021, por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a saber, copias certificadas del juicio ordinario laboral 322/2010, de su índice, se advierte que la citada autoridad responsable, mediante auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones, acordó lo conducente con relación al escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, signado por Gonzalo Moreno Solís y, María Consuelo Martínez Hincapie; copias certificadas que adquieren pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2, por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, virtud a que la omisión reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394182, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se estima de esa manera, pues, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado la omisión de acordar lo conducente con relación al escrito presentado ante la autoridad responsable el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable, por proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, acordó lo conducente con relación al mismo. Por tanto, al surgir una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que pase inadvertido para el suscrito, la circunstancia de que, de conformidad con el numeral 5, fracción III, del ordenamiento jurídico en consulta, les resulta el carácter de terceros interesados en el presente juicio de amparo a la parte demandada en el juicio laboral de origen y, a la fecha, inexiste constancia que justifique su emplazamiento; sin embargo, como se advierte de líneas precedentes, en el caso concreto se objetivó la causa de improcedencia previamente analizada; de ahí que, ante tal situación, y a fin de no retardar la prosecución de este asunto, pues la resolución que se dicte no les ocasionará perjuicio alguno a dicho tercero, se estima innecesario su emplazamiento. Sustenta lo anterior, en lo que en ella interesa, la tesis aislada XIX.1o.P.T.20 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 2428, Tomo XXXIII, del mes de Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra constancia que acredite que el tercero interesado Ayuntamiento de Zinapécuaro, Michoacán, haya recibido el oficio 21382/2021, por medio del cual se ordenó su emplazamiento. Por tanto, y para no retardar la prosecución del presente asunto, gírese atento oficio telegráfico a dicho tercero, para que informe de inmediato, si recibió el oficio citado, de ser así, informe la fecha de su recepción o remita la constancia que acredite dicha circunstancia. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS para su desahogo. Notifíquese.

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